Mañana jueves 22 de mayo Colombia tendrá una nueva terna para elegir magistrado en la Corte Constitucional, responsabilidad que la Corte Suprema de Justica tiene en sus manos y que genera una seria y fuerte responsabilidad porque debe garantizar la composición de un grupo de tres candidatos que garanticen pluralidad.
Las altas cortes no pueden seguir siendo vitrinas de poder donde unos pocos se disputan la corona del prestigio académico y la pertenencia a círculos cerrados. Como quizá diría Rubén Blades en una de sus canciones: “una corte plástica”, de esas que no quiero ver. Colombia necesita una Corte que no solo interprete la Constitución con rigurosidad jurídica, sino también con sensibilidad social. Una Corte que, además de conocer y aplicar muy bien el derecho, y por supuesto, saber que Colombia no solo diverso sino además complejo.
La elección del reemplazo de la magistrada Diana Fajardo es la oportunidad para construir una Corte que combine dos virtudes que no deberían ser excluyentes: la excelencia técnica y la representación de las minorías. Una Corte que no solo resuelva demandas, sino que encarne las luchas históricas de quienes siguen al margen de las grandes decisiones.
Hay tres nombres con la suficiente fuerza al interior de la contienda: Lisneider Hinestroza, Jorge Fernando Perdomo y Carmen Inés Vásquez. Lo interesante no es que compitan, sino que juntos revelan un nuevo modelo de liderazgo constitucional: sólido, diverso y profundamente humano.
Lisneider Hinestroza es una abogada chocoana y magistrada auxiliar, que ha forjado su carrera desde abajo. Conoce el funcionamiento de la justicia por dentro, pero también sabe lo que significa venir de un territorio históricamente olvidado por el Estado. Su voz no es solo la de una jurista; es la de una región que ha exigido dignidad durante décadas.
En la contienda se encuentra también el exvicefiscal y exviceministro de Justicia, Jorge Perdomo, un hombre que tiene una trayectoria jurídica impecable y una preparación académica reconocida. Pero lo que llamó la atención en su intervención reciente ante la Corte Suprema fue su claridad para decir que también representa a las minorías. No solo por lo que ha defendido institucionalmente, sino porque reconoce su compromiso con los derechos de las diversidades sexuales. Esa capacidad de poner en el centro la dignidad de las personas LGBTIQ+ desde una perspectiva constitucional y no desde una moda coyuntural, es valiosa y necesaria.
La terna la completa la abogada Carmen Vásquez, nacida en Buenaventura, con una trayectoria impecable en el servicio público, aporta una mirada integral del Estado y los derechos humanos. Su paso por el Ministerio de Cultura y la diplomacia no la alejan del derecho: la conectan con una visión de justicia más amplia, donde la Constitución también protege la identidad, la cultura y la diferencia.
Esa mezcla —preparación y conciencia— es la que necesita hoy la Corte Constitucional. Porque los fallos que se redactan allí deben tener la firmeza del derecho, pero también la calidez de la inclusión. No podemos seguir creyendo que lo técnico está reñido con lo representativo, ni que las luchas sociales están peleadas con la jurisprudencia.
La Corte no solo debe resolver si una ley se ajusta a la Constitución. Debe interpretar esa Constitución a la luz de un país complejo, desigual, y profundamente diverso. Y para eso, necesita más que conocimiento: necesita empatía, historia y coraje.
Hoy más que nunca, una Corte verdaderamente incluyente no es una consigna. Es una exigencia de país.
Oscar Sevillano