Mis Apuntes judiciales

Número Uno:

El alcalde de Neiva, German Casagua Bonilla, tendrá que explicar a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación las razones para otorgar el contrato del Programa de Alimentación Escolar a la Comercializadora Disfruver S.A.S, firma que hace parte de la unión temporal Ut Propae Neiva 2025.

Según el abogado, Kevin Oliver keep, “las firmas ganadoras fueron sancionadas y al parecer presuntamente falsificaron documentos para hacerse al multimillonario contrato”.

Así las cosas, el mandatario local deberá justificar su actuación a la hora de adjudicar este contrato, que según el denunciante, se hizo por 18 mil millones de pesos.

Número Dos:

El ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, suma una nueva demanda a la larga lista de investigaciones que ya tiene en curso.

El autor de esta demanda es nada más y nada menos que el exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, quien considera importante que la Corte Suprema de Justicia indague si son ciertas las declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en las que señaló a Benedetti de supuestamente influir en nombramientos en las direcciones de la entidad de Cartagena y Barranquilla.

De seguir así, el ministro Benedetti podría ser nominado a los Guinness Récords por ser el funcionario público con más investigaciones judiciales en los últimos tiempos.

Número Tres:

La defensa del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, alista la presentación de una tutela en busca de la anulación de la sentencia emitida por el Juzgado 32 Civil de Bogotá, que lo obliga a indeminizar al excandidato a la Alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo, quien demandó al congresista por daño al buen nombre.

En el pasado Ávila señaló a Araujo de “cómplice de paras”, “heredero de la estructura de la parapolítica de la familia Araújo” y hasta “el verdadero contacto con los paramilitares”, lo que motivó la demanda del excandidato, quien se asesoró del abogado, Abelardo de la Espriella.

El senador Ariel Ávila no quedó muy contento con la decisión que le obliga a pagar a la contraparte la suma de 15 millones de pesos, ¿será porque el sueldo de congresista no alcanza? o ¿hay desconfianza en la sentencia?