El Concejo de Bogotá: la virtualidad convertida en excusa y salario asegurado

Si la ciudadanía pusiera un mínimo de atención a la ligereza con la que el Concejo de Bogotá decide sesionar desde la comodidad de una pantalla, otro sería el mapa político de la capital. Más de un cabildante estaría hoy empacando cajas. Y no porque su labor de control político fuese mala o buena, sino por algo más grave: porque han convertido la virtualidad en un refugio conveniente, una excusa perfecta y, sobre todo, un abuso de la confianza pública.

Lo que comenzó en enero de 2024 —con la propuesta del entonces presidente del Concejo, Juan Baena, de sesionar virtualmente “por salud pública” debido a los incendios en los cerros— terminó siendo el desayuno que anunció el almuerzo: los concejales descubrieron que, bajo cualquier pretexto, podían trabajar desde casa mientras ocho millones de bogotanos salían a cumplir sus obligaciones sin que el humo, el agua o la falta de ella, les impidiera poner un pie en la calle.

Después vinieron los racionamientos de agua. Y, como si se tratara de una extensión natural de esta nueva comodidad institucionalizada, la virtualidad volvió a imponerse. El Congreso de la República, no queriendo quedarse atrás, se sumó a la tendencia, mientras colegios, universidades, bancos, centros comerciales y toda empresa imaginable operaban con normalidad. El mensaje fue claro: para estas dos instituciones públicas, un día sin agua amerita quedarse en casa. Para el resto de la ciudad, no.

Pero la verdadera puerta giratoria del abuso institucional está en otra práctica aún más inquietante: conectarse virtualmente a sesiones presenciales bajo la figura de “incapacidad médica” o, peor, la caja negra de las excusas públicas: la “calamidad doméstica”. Un término tan amplio, tan imposible de verificar y tan conveniente, que hoy sirve lo mismo para justificar una gripa que para decir que se rompió una tubería. ¿Prueba? Ninguna. ¿Consecuencia? Un día de trabajo pagado puntualmente.

Semana tras semana, Bogotá ve desfilar a concejales que se conectan desde donde mejor les convenga, o que aparecen diez minutos antes de finalizar la sesión para registrarse y cobrar más de 1.5 millones de pesos. Lo de menos es el compromiso con el debate público. Lo importante es asegurar el pago.

Ahí están los datos que obligaron al Concejo a entregar vía Derecho de Petición a Confidencial Noticias: entre enero y noviembre de 2025, sin excusa médica de por medio, Rocío Dussan registró 24 asistencias virtuales; Donka Atassanova, 15; Edisson Julián Forero, 13; Quena Ribadeneira, 13; Óscar Ramírez Vahos, 13… y así hasta completar un vergonzoso top 15. Una lista que, en un país con mayor rigor cívico, sería suficiente para provocar indignación pública y sanción electoral inmediata.

La concejal Dussan aseguró que sus ausencias se deben a una situación familiar delicada. Atassanova, en cambio, negó la información. Lo cierto es que Confidencial Noticias tiene los documentos oficiales firmados por la Secretaría General. Se acabaron las ambigüedades.

El vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, intenta justificar la práctica señalando que los concejales trabajan más en la calle que en el recinto. Una afirmación que busca desplazar la discusión, pero no responde el punto central: si el trabajo de calle es tan fundamental, ¿por qué entonces se conectan virtualmente solo cuando conviene, y no cuando realmente el trabajo externo lo requiere? ¿Por qué coinciden tantas conexiones virtuales con protestas o simples jornadas de conveniencia personal?

Más indignante aún es su defensa de las conexiones virtuales frente a quienes “llegan diez minutos antes de que finalice la sesión citada o convocada” para registrarse y cobrar. Como si la existencia de una mala práctica justificara otra. Como si los ciudadanos debieran agradecer que no les roben por varias vías al mismo tiempo.

El problema no es la virtualidad. Es la desfachatez. Es la construcción de un sistema de excusas que convierte al Concejo en una institución donde algunos trabajan cuando quieren, como quieren y desde donde quieren, sin consecuencias reales.

Y mientras tanto, Bogotá sigue pagando. Paga el salario, paga el tiempo, paga la negligencia y paga, sobre todo, el costo de un Concejo que ha confundido la representación con la comodidad, el deber con la conveniencia y la virtualidad con el ausentismo.

Si algo necesita esta ciudad con urgencia no es una nueva reforma política ni más discursos sobre la transparencia. Lo que necesita es que los votantes empiecen a usar su memoria en las urnas. Porque, si la ciudadanía decidiera castigar estas prácticas, no quedaría duda: más de un concejal estaría hoy buscando trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, Bogotá ganaría.

Este es el top de los concejales de Bogotá que parecen estar encantados con la virtualidad:

1. Rocío Dussan (24)
2. Donka Atassanova (15)
3. Edisson Julián Forero (13)
4. Quena Ribadeneira (13)
5. Óscar Ramírez Vahos (13)
6. María Clara Name (9)
7. Ana Teresa Bernal (8)
8. Óscar Bastidas (8)
9. Cristina Calderón (7)
10. Leandro Castellanos (7)
11. Rolando González (7)
12. Andrés Barrios (6)
13. Juan Manuel Díaz (6)
14. Andrés Onzaga (6)
15. Clara Lucía Sandoval (5)

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