Voces por el Ambiente

Publicado el Voces por el ambiente

PDET en el Caquetá: una iniciativa para la paz sin participación de las comunidades

Aunque el principal objetivo de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial es lograr la participación local, representantes del municipio El Doncello y San José del Fragua denuncian varias irregularidades en el proceso, incluyendo deudas y demoras en los pagos. La ART y el Fondo Colombia en Paz dicen que son los consorcios los que deben responder por estos problemas.

Comunidades que le han hecho seguimiento a las infraestructuras PDET en la región encontraron varias irregularidades. / Cortesía 

El Acuerdo de Paz firmado entre la ex guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano también prometía mejorar la vida y gobernanza de los que viven en zonas rurales. Como parte de la Reforma Rural Integral, por ejemplo, nacieron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un instrumento que buscaba mejorar las condiciones de vida en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza al garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones y en la ejecución de distintos proyectos. Sin embargo, cinco años después de la firma, en algunos municipios del Caquetá estos programas se han convertido en una pieza más de incumplimiento institucional.

Cuenta Mauricio Cardona, miembro del grupo motor PDET de Doncello, Caquetá, que varios de los contratos suscritos entre el consorcio FAM y las Juntas de Acción Comunal (JAC) para que estas últimas realicen proyectos de infraestructura han estado cargados de irregularidades. Como los recursos vienen del Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz y los PDET, se supone, deben estar orientados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) la idea es que su proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación cuente con la participación de las comunidades. Además, las entidades deberían ayudarles a las JAC para que se fortalezcan en temas administrativos y de gestión de estos proyectos. Pero, a ojos de la comunidad, la realidad ha sido muy distinta.

“Se supone que los PDET eran una herramienta para cerrar la brecha entre campo y ciudad, para transformar los territorios al fortalecer sus capacidades. En los contratos, por ejemplo, se decía que los consorcios debían capacitar a las JAC en temas administrativos antes de iniciar las obras, para que estas sepan cómo se ejecuta el proyecto. Pero eso nunca se hizo, solo se convocó a la gente a hablar del tema una vez las obras estaban terminadas”, comenta.

De hecho, tras hacer un seguimiento de caso a tres proyectos de infraestructura PDET desarrollados en Puerto Hungría, Puerto Manrique y las Ceibas, en el municipio el Doncello, la Mesa de Diálogo de Caquetá y Sur del Meta encontró varios problemas. Se trata de los contratos firmados entre el consorcio FAM con la JAC de la Vereda Puerto Manrique por un valor de $90.317.594 para construir un parque bio-saludable, otro con la JAC de Puerto Hungría por $253.337.346 para construir un cerramiento perimetral de la sede educativa y uno más con la JAC de la Ceiba por 58.639.412 para la construcción de tres alcantarillas en los que “existen serias barreras para la participación de las organizaciones sociales”.

Alguno de los inconvenientes que menciona el documento es que las cláusulas de confidencialidad no les permiten a las personas obtener toda la información sobre el contrato, se les define un porcentaje arbitrario que debe destinarse a temas de bioseguridad, se les descontó dos veces la retención en la fuente (cuando las JAC no deberían ser sujetos de esta retención), los pagos no se cumplieron, no hubo interventoría y no se les otorgó espacios de fortalecimiento.

“Se supone que el consorcio debía guiar a las JAC, socializar las hojas de ruta de los proyectos, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque no les conviene que la comunidad tenga capacidad administrativa”, también cuenta Rigoberto Abello, miembro de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac).

Además, Angélica Rodríguez, parte del equipo técnico de la Mesa de Diálogo del Caquetá y del sur del Meta explica que en varios casos hay retrasos en los pagos a las JAC. “El esquema consistía en un anticipo del 30%, luego 40%, 20% y finalmente 10%. Pero en muchos casos a las JAC solo les llegó el anticipo, a pesar de que la obra se ejecutó en un mes”, comenta. “Las JAC terminaron las obras a su 100%, a tiempo, a pesar de que no recibieron los pagos porque les salía más costosa la obra si esperaban, pero esto implicó que se endeudaran. Fue una mala experiencia”.

Al respecto, otro documento elaborado por la Asociación Ambiente y Sociedad, esta vez estudiando casos de implementación de pequeñas infraestructuras comunitarias en el municipio de San José del Fragua, encontró que el Consorcio Caguán 2018 aún les adeuda a las JAC de la siguiente manera:

    • A la JAC de la Vereda El Jardín se le deben $6.232.000 por el mejoramiento de vías, mediante la construcción de alcantarillas y placa huellas en el núcleo Yurayaco cordillera. El contrato terminó en septiembre de 2019.
    • A la Asociación Integral Agropecuaria Marginal de la Selva se le deben $4.456.866 por la construcción de un cerramiento en una sede educativa. El contrato terminó en junio de 2020.
    • A la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San José del Fragua se le deben $8.269.241 por la construcción de una placa deportiva en la sede secundaria y la construcción de la loza (zona dura) para realización de eventos escolares en una sede de primaria.
    • A la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bella Vista se le deben $4.221.726 por la construcción de alcantarillas en el núcleo – platanillo, municipio de san José de la fragua.

Frente a las denuncias registradas tanto por la comunidad como por AAS, la ART explicó que “el último pago para cada uno de los proyectos mencionados ya fue radicado ante el Fondo Colombia en Paz, y se espera que en los próximos días el Consorcio Caguán 2018 reciba el dinero y a su vez ellos le cancelen a las Juntas de Acción Comunal los saldos restantes por el trabajo en la obra”. Además, señaló que las cifras corresponden a los últimos pagos establecidos en el contrato que, según lo pactado, se deben cancelar con la liquidación del contrato con el visto bueno del supervisor que, en este caso, es la ART.

Por su parte, el Fondo Colombia en Paz dice que debido a que las JAC fueron contratadas por el Consorcio FAM, y no por el Fondo, no pueden pronunciarse. Igualmente, manifestó que la ART es la entidad ejecutora de la subcuenta PDET del Fondo, a través de la cual se materializa la estrategia denominada PDET III (en la que están los proyectos señalados en este artículo). “Es importante considerar que la ART como entidad responsable de la implementación los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en Colombia es la encargada de articular los procesos intersectoriales e intrasectoriales que garanticen intervenciones integrales que contribuyan al cierre de brechas rural-urbano y la transformación de los territorios priorizados, a través de la estructuración y ejecución de proyectos, la puesta en marcha de alternativas de desarrollo y el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias de manera sostenible en el marco de la implementación de los PDET”, recordó.

En encuentro de los grupos motor del PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y del PDET Sur del Tolima los días 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Neiva, se emitió un comunicado público en el que manifestaron: “tras cinco años de la implementación del Acuerdo de Paz y cuatro años de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las organizaciones sociales que hemos vivido el rigor del conflicto armado y ahora hacemos parte de los grupos motor vemos con desesperanza el negocio en el que se ha convertido la implementación de las iniciativas PDET, la desarticulación que sufren estos instrumentos con el punto 1 de la Reforma Rural Integral (RRI) y la falta de garantías para la vida y la participación”.

A la espera de una mesa de concertación

En el marco del paro nacional que se dio este año, el Gobierno Nacional y la Mesa de Diálogo de Caquetá y sur del Meta firmaron lo que se conoce como los acuerdos de Altamira, entre ellos el Acuerdo sobre PDET. Aunque son varios los puntos que establece, uno de ellos dice que se debe generar una mesa, convocada por la ART, con los contratistas, implementadores e interventorías para revisar estas observaciones sobre las infraestructuras PDET.

Sin embargo, y a pesar de que se ha avanzado en el tema, la mesa no se ha iniciado. “Tenemos un avance, hay un documento borrador con algunas diferencias. Pero la verdad es que en seis mese la mesa no ha empezado a funcionar porque desde las instituciones siguen en una política de validación”, agrega Rodríguez, de la mesa campesina del Caquetá y del sur del Meta.

“Estamos en conversaciones para montar esta mesa técnica para hacer seguimiento y control, pero la han dilatado. Ya hablamos con el GIZ (la cooperación Alemania Colombia) para que nos ayuden y en una reunión la ART se comprometió a agilizar esta mesa”, recuerda Abello. Es así como la comunidad se mantiene a la espera de que no se termine de romper la apuesta por transformar la ruralidad colombiana, como lo propuso el Acuerdo de Paz.

Comentarios