Derechos ambientales, gobernanza territorial y la biodiversidad

Escribir: Wilmar Niño

La conservación de la biodiversidad ha implicado la adopción de complejos enfoques y modelos de gobernanza dentro de los territorios. En Colombia, existen alrededor de 5.5 millones de hectáreas tituladas colectivamente a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En estos territorios, con un valor cultural, espiritual y social, se superponen una serie de ecosistemas estratégicos muy importantes para la biodiversidad como son los páramos, humedales, sistemas marino-costeros, entre otros. No obstante, la gestión y administración de estas áreas, en muchos casos, están a cargo de agentes externos que no forman parte del territorio étnico. Además, estos modelos no surgen desde las comunidades. 

El papel que tienen las comunidades negras, como administradoras y gestoras colectivas de la biodiversidad, debe ser de interés prioritario para los gobiernos. En especial, cuando las tradiciones, los sistemas de producción, los sistemas de conocimiento, usos y costumbres, así como la gobernanza territorial pueden permitir una conservación más eficaz. En ese sentido, los territorios colectivos y sus distintos instrumentos de gobierno propio pueden contribuir de mejor manera a implementar las metas del Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica. 

Tal es el caso de la meta 3 o iniciativa 30×30, que tiene como objetivo conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas para el 2030. La participación que tienen las comunidades negras en la conservación de los ecosistemas estratégicos, representa un derecho reconocido que se tiene sobre el territorio colectivo y sus recursos naturales. 

Colombia enfrenta desafíos significativos sobre los modelos de conservación que no se originan o tienen en cuenta a quienes habitan áreas colectivas. Estos enfoques, métodos y estrategias, han impuesto formas de gestión y administración que desconocen los saberes, conocimientos y sistemas propios de las comunidades étnicas. Actuando como cajas de resonancia, han generado o exacerbado conflictos relacionados sobre los usos y derechos dentro de los territorios colectivos. Estos modelos de conservación puede agravar la situación de estas comunidades por la violencia o la presencia de economías que no son propias de sus territorios

Una iniciativa para la conservación de la biodiversidad es impulsar la plena garantía de los derechos ambientales de las comunidades negras, reconocidos en el marco constitucional, la Ley 70 de 1992 y el Convenio 169 de la OIT. Reconocer estos derechos es un paso crucial para asegurar que las estrategias de conservación sean más eficaces, lo cual puede comenzar con asegurar su derecho a la propiedad colectiva.

Desde el 2002, Colombia experimenta un descenso considerable en la titulación colectiva a favor de comunidades negras. Según el mapeo realizado por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Javeriana y el Proceso de Comunidades Negras, para el 2021, más de 400 solicitudes de títulos colectivos se encuentran sin resolver. Además, la falta de respuestas de las solicitudes, que más de 300 de estas se concentran en la zona Caribe y en los valles interandinos, donde algunos casos coinciden con áreas de conservación como páramos, áreas protegidas, ampliación de Parques Nacionales Naturales, entre otros. 

Ahora bien, la falta de reconocimiento a la titulación colectiva causa pérdidas considerables de biodiversidad, puesto que impide la realización de la función ecológica de la propiedad colectiva. La cual busca garantizar la persistencia de los recursos naturales (art. 19, Ley 70), la conservación de la vegetación protectora (art. 2, Ley 70), la persistencia de ecosistemas ambientales (art. 21, Ley 70) y el desarrollo de actividades o modelos de producción conforme a la conservación del ambiente (art. 6, Ley 70).

Los consejos comunitarios tienen el derecho a gobernarse según su autonomía, ya que son la máxima autoridad dentro de los territorios colectivos. Esta autoridad les otorga la facultad de administrar sus territorios por medio de instrumentos de gobierno propio, lo que permite que estas comunidades ejerzan una gestión y administración de los recursos naturales de sus territorios.

Plan de manejo ambiental

Este plan es la principal herramienta que fomenta estrategias de protección ambiental y promueve sistemas de desarrollo local orientados al cuidado de los territorios colectivos , así como el mantenimiento de las relaciones sociales y culturales. En opinión de un líder ambiental de un consejo comunitario del Pacífico colombiano (por temas de seguridad omitimos el nombre de él y del consejo comunitario) nos señaló que:

“El Plan de Manejo es una herramienta que aterriza el trabajo organizativo, en el sentido de que todos los programas y proyectos del Gobierno Nacional tienen que ir encaminados a ese documento. Porque, si no se tiene construido el plan de manejo, cualquier proyecto o programa no tendrá éxito.

El apoyo del Estado no ha sido el que nosotros esperamos. El consejo comunitario tiene una estructura organizativa que tiene varias medidas que buscan cómo representar el territorio. En ese mismo orden, una de las herramientas es el plan de manejo ambiental. Nos encontramos con el Gobierno; en este caso, estamos adelantando unas conversaciones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y nos encontramos con que no tienen una estructura montada de cómo fortalecer al consejo comunitario en el tema jurídico y ambiental. Ya tienen unos programas diseñados sobre lo que quieren trabajar en el territorio, de una manera como ellos lo plantean. Pero para que eso tenga éxito, hablamos del plan de manejo y entramos en esa oferta que tiene el Gobierno.”

La adopción de este plan permite a estas comunidades poder zonificar y delimitar los espacios y las áreas destinadas, como a la conservación y recuperación de acuerdo a sus costumbres. Asimismo, posibilita la identificación y caracterización de los factores de deterioro ambiental que afectan el territorio colectivo. Por tal motivo, tiene como finalidad que los consejos comunitarios puedan organizar el territorio titulado a partir de categorías que surgen desde la autoridad étnica.  

“El plan de manejo nos da pie para estar en los territorios e, internamente, organizar el tema de los aprovechamientos. Pero no hemos podido definir cuáles son las áreas de trabajo, cuáles son las áreas de conservación, cuáles son las áreas de interés ambiental, y el plan de manejo nos permitiría identificar esas áreas. Eso nos daría la posibilidad de entrar en los programas de Gobierno y poder hacer un gobierno propio. Esa es la herramienta que se va a presentar a cualquier oferta nacional o internacional (programas y proyectos). Entonces, tener el plan de manejo construido, pensado y trabajado por las comunidades es una herramienta muy fundamental que hoy necesita el consejo comunitario y las comunidades.”

Lograr el fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades negras en Colombia debe partir de la garantía constitucional de la participación y toma de decisiones sobre manejo de ecosistemas en sus territorios que opte por reconocer a las autoridades étnicas como verdaderas tomadoras de decisiones sobre lo que afecte a los espacios que habitan. 

En todo caso, los derechos ambientales de las comunidades negras son indivisibles e interdependientes entre sí, pues el cumplimiento de uno depende del otro y estos no pueden ser fragmentados. Esto permite garantizar un avance significativo en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad basados en los derechos humanos, los cuales pueden ser liderados por consejos comunitarios a través de sistemas de conservación tradicional, instrumentos de gobierno propio y reconocimiento de áreas protegidas dentro de sus territorios que sí sean compatibles a las características socioculturales de los mismos.

En Colombia, Rights + Resources sostuvo que los consejos comunitarios pueden ejercer una gobernanza de áreas de especial interés ambiental en Buenaventura y el norte del Cauca. En este caso, se formalizaron sistemas de conservación tradicionales y comunitarios en áreas ubicadas cerca al río Yurumanguí, las cuencas de los ríos Cauca y Calima y las microcuencas de los ríos Mazamorrero, Mayorquín, Payal, Raposo, Dagua y Teta. En total fueron cerca de 9118 hectáreas, donde las comunidades ejercen gobernanza entre la ausencia del Estado y una presencia constante de violencia. 

De manera similar, el Consejo Comunitario del Río Naya conserva la biodiversidad de 9425 hectáreas de ecosistemas costeros y terrestres, y 15.174 hectáreas de ecosistemas marinos, a través de prácticas comunitarias sostenibles como la caza, la pesca y el ecoturismo. Este caso se dio en el área marina protegida Isla Ají, lo que ha permitido contribuir a la meta 30×30 desde la misma iniciativa de las comunidades, quienes son conocedoras de las medidas necesarias para cuidar la biodiversidad.

Según el Informe del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de The Nature Conservancy sobre áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación por áreas presentando en el 2023, evidenció que el manejo de bosques comunitarios en 51 países permitió observar que las condiciones ambientales mejoraron un 56 % de los casos.

Desde Ambiente y Sociedad consideramos que la gobernanza territorial requiere del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales frente a la apropiación y defensa de sus territorios. En este marco, el respeto a sus derechos permitiría integrar sus sistemas de gestión étnica como una estrategia efectiva para conservar la biodiversidad. Además, apoyaría la permanencia y recuperación de tradiciones, usos y modos de vida de estas comunidades.