Por María Paula González, coordinadora del área de Alternativas al Desarrollo de Ambiente y Sociedad.
A primera vista, la respuesta a esta pregunta podría parecer sencilla y debería ser un rotundo sí. Sin embargo, al adentrarnos en la segunda semana de negociaciones en Belem, Brasil, la balanza se inclina hacia una respuesta menos optimista: es probable que no haya suficiente financiamiento para la acción climática en los próximos años.
Desde que se planteó la agenda oficial para la COP30 de cambio climático, se subrayó la necesidad de seguir impulsando los debates sobre la financiación a largo plazo para el clima, especialmente en lo que respecta a la movilización de al menos 1.3 billones de dólares anuales en financiamiento climático, más conocida como la ruta de Bakú a Belem. Se espera que esta iniciativa se dirija a mitigar los impactos del cambio climático de los países en desarrollo, priorizando especialmente las acciones de adaptación, y enfocándose en la igualdad de género, la transparencia, el acceso a la información, así como la priorización de actividades lideradas por las comunidades locales.
En este contexto, se presentó el informe del Comité Permanente de Financiación, sobre los avances hacia el objetivo de movilizar 100,000 millones de dólares anuales para el clima. Este documento será revisado, evaluado y aprobado, si las Partes están de acuerdo con su contenido.
El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, destacó que “sin financiamiento, no hay acción climática”. Stiell resaltó que el camino propuesto para la COP30 de cambio climático es una señal positiva de que es posible alcanzar la meta de 1.3 billones de dólares anuales para financiar la acción climática hasta 2035. Además, agregó que este enfoque sugiere tres puntos para actuar de manera rápida y justa:
(i) aumentando las subvenciones y reduciendo deudas;
(ii) utilizando instrumentos financieros innovadores; y
(iii) asegurando que el financiamiento beneficie a los pequeños negocios y a las comunidades locales.
A pesar de estas declaraciones alentadoras, el borrador de decisión propuesto sobre el financiamiento evidencia las preocupaciones de muchas de las Partes, especialmente en relación con la insuficiencia de los fondos destinados a la adaptación. Estas preocupaciones se centran en que la meta propuesta no responde adecuadamente a las necesidades y prioridades reales de los países en desarrollo.
En este contexto, se recuerda que el Acuerdo de París reconoció explícitamente la importancia de que los flujos financieros estén alineados con un camino hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Y esta obligación no deja lugar a interpretaciones.
Aún queda mucho por definir y esto seguirá siendo debatido en los próximos días. No hay, por ahora, un consenso claro sobre la dirección que tomarán las negociaciones sobre financiamiento, como quedó claramente evidenciado durante el primer día de la plenaria ministerial, llevada a cabo el 17 de noviembre. En esa jornada, el Grupo de los 77 + China, a través de varios de sus representantes, hicieron un llamado para triplicar los fondos aportados por los países desarrollados para apoyar las medidas de adaptación. Sin embargo, los países del norte global continúan resistiéndose a un aumento en los recursos destinados a la bolsa de financiamiento climático.
Este desacuerdo se hizo aún más evidente con las declaraciones de Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, quien afirmó durante una rueda de prensa que no vale la pena reabrir la discusión sobre el compromiso alcanzado en Bakú, ya que lo considera una “pérdida de tiempo”. En lugar de ello, Hoekstra sugirió centrarse en cómo poner en práctica el acuerdo al que se llegó en la COP anterior.
Las discusiones sobre el financiamiento apenas comienzan a tomar forma con la publicación del borrador de decisión en la página oficial de las Naciones Unidas. En Ambiente y Sociedad, esperamos que las negociaciones culminen con un acuerdo que refuerce la necesidad de que el financiamiento climático sea crucial para implementar las acciones de adaptación que requieren los países en desarrollo, especialmente aquellos más vulnerables.
Este llamado no es nada nuevo para las Partes. El propio Acuerdo de París lo establece claramente en sus artículos 2.1 (c) y 9.1, donde se destaca que los flujos financieros deben contribuir a un desarrollo resiliente al clima, y que son los países desarrollados los que deben proporcionar los recursos necesarios tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. Además, este proceso debe seguir los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, respetando los derechos humanos y promoviendo mecanismos innovadores de financiamiento que reduzcan las deudas de los países en desarrollo, al tiempo de su dependencia de los recursos privados.