- La deforestación de bosque nativo y la falta de permisos ambientales en la construcción de la tubería habría causado daños ambientales y culturales a la comunidad Siona de San José de Wisuyá en la ribera del río Putumayo, entre Ecuador y Colombia.
Un oleoducto que cruza el río Putumayo desde Colombia hacia Ecuador fue la solución que encontró la compañía Amerisur Resources para los largos viajes de traslado de crudo desde esta zona limítrofe en la Amazonía hacia las ciudades de Mocoa en el departamento del Putumayo y Neiva en el Huila. Esta alianza con la petrolera ecuatoriana PetroAmazonas permitió ahorrar costos de transporte y evitó el pago de la famosa “vacuna” ─impuesto paraestatal que cobran los grupos armados colombianos para mantener una convivencia relativamente pacífica en las zonas en las que operan─.
Foto: Mateo Barriga Salazar.
El oleoducto atraviesa parte del territorio de la comunidad indígena siona de San José de Wisuyá, en la provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador, y aunque la tala de bosque se venía dando desde mediados de 2015, solo hasta noviembre de ese año los Wisuyá se dieron cuenta de que los trabajadores de Amerisur estaban destruyendo selva en su territorio. Uno de los taitas (mayores en su idioma) escuchó ruidos extraños en el bosque no muy lejos de su casa y cuando fue a ver qué pasaba, encontró una cuadrilla de obreros y maquinaria desbrozando el bosque para hacer una vía de acceso.“Estaba todo tumbado cerca de su casa. No le dijeron nada”, dice uno de los dirigentes de la comunidad.
En el convenio entre Amerisur y PetroAmazonas, esta última asumía como su obligación “las relaciones con las comunidades locales”. Debía, además, conseguir todas las licencias que la legislación ecuatoriana le exigiera, entre ellas, la licencia ambiental —el permiso que el Ministerio de Ambiente otorga previo a la ejecución de cualquier proyecto para prevenir, mitigar o corregir los efectos ambientales imprevistos que se produjeran—. El día en que el taita encontró a los trabajadores de Amerisur tumbando árboles ancestrales y adentrándose en el territorio que los Siona consideran sagrado, la construcción del oleoducto no tenía ese permiso.
Amerisur nunca contestó los pedidos de Mongabay Latam para una entrevista. Tampoco lo hizo PetroAmazonas. María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y asesora legal de los Siona en su reclamo, dice que el argumento de la petrolera británica es que el terreno donde emerge la tubería no le pertenece a la comunidad y que tendrían la autorización privada del dueño del terreno. “Ahí hay una gran discusión. La comunidad no tiene un título de propiedad como tal porque nadie en la zona lo tiene”. Según comenta, al ser una zona de frontera hay una serie de limitaciones y en 2010, sin consulta previa, el territorio siona fue incluido en un bosque protector llamado Triángulo de Cuembí. Las comunidades Siona y también Kichwa asentadas en la zona, se oponen a este tipo de declaratorias porque interfieren con sus prácticas culturales ancestrales. Según la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (Fonakise), esta declaratoria limitaría “las actividades tradicionales que las comunidades indígenas realizan en sus territorios”.
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Sin licencia y sin consulta previa
Cuando vieron su bosque talado, los Siona presentaron una denuncia en el Ministerio del Ambiente, que abrió un expediente por la tala ilegal. El 15 de marzo de 2016, Jorge Salazar, técnico de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Ministerio, hizo una inspección en el territorio indígena de la comunidad San José de Wisuyá para determinar si existía la tala de bosque nativo denunciada.
Un mes después, Salazar presentó el informe 0209-2016 con ocho conclusiones, en las que encontró incumplimientos a las normativas ambientales vigentes. “El proyecto ‘Ampliación del RODA para la Evacuación de Crudo desde el Campo Platanillo hasta la Estación VHR Bloque 58’, no cuenta con licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente”. PetroAmazonas admitiría, nueve días después, ante la Defensoría del Pueblo —una de las dependencias ante las cuales los Siona denunciaron la incursión en su territorio— que la consulta previa se había hecho recién entre el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de enero de 2016, cuando ya el oleoducto estaba en construcción. En abril de ese último año, la tubería comenzó a bombear el crudo de un lado de la frontera a otro.
Dos años más tarde, en mayo de 2018, mediante un oficio el Ministerio del Ambiente confirmó a Mongabay Latam que solo hasta el 29 de enero de 2016 se había aprobado el estudio de impacto ambiental de la ampliación del RODA.
Una de las conclusiones de la inspección de Salazar era que se había removido un área de 3000 metros cuadrados de bosque primario dentro del territorio comunidad de San José de Wisuya. El informe además advertía de la alteración del paisaje por la “implantación de infraestructura ajenas al entorno”. Dicho reporte fue impugnado por PetroAmazonas y elevado a la sede nacional del Ministerio del Ambiente, en Quito.
Por su parte, Amerisur ha dicho que remedió el daño causado al talar el bosque mediante una reforestación. Sin embargo, esa presunta remediación fue inefectiva. María Espinosa y líderes Siona dicen que de las 150 especies que plantaron en la reforestación, el 70 % no eran endémicas de la zona. Además, “no se corresponden con las condiciones inmateriales y el valor espiritual” de las que fueron deforestadas.
Adicionalmente, funcionarios jurídicos del Ministerio del Ambiente explicaron que había dos procesos contra PetroAmazonas por violaciones ambientales en territorio siona: uno por tala ilegal y otro por violación a normas de calidad ambiental. Los dos tienen ya resoluciones de primera instancia. En el primero, la petrolera fue condenada a pagar una multa insignificante de 40 dólares por talar ilegalmente y, además, 9000 dólares por costos de reparación. En el otro, PetroAmazonas había sido condenada a pagar 73 000 dólares en multas. Ambos expedientes están apelados por la petrolera.
A pesar de esto, los Siona no han cedido un centímetro en su batalla. Llevaron su caso ante la Defensoría del Pueblo en 2016 y un año después la entidad les pidió un informe sobre las afectaciones del territorio. El tema estuvo quieto hasta principios de 2018 cuando la dirección de la Defensoría del Pueblo pasó a estar en cabeza de Gina Benavides, una respetada activista de Derechos Humanos. Por fin se les concedió una cita con el defensor adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Francisco Hurtado Caicedo, a quien le dijeron que el pueblo Siona vivía “en abandono estatal”.
Aunque la reunión fue esperanzadora, aún no hay resultados concretos. Lo que los indígenas tienen claro es que, además de la tala de árboles ancestrales, se habría contaminado una fuente de agua que utilizaban para preparar el yagé y que al parecer está taponada con desechos de la construcción del oleoducto. “Ahora baja un agua sucia, que produce una medicina defectuosa”, dice uno de los dirigentes de la comunidad. “Esto impide que los taitas puedan tomar el yagé. Cuando el agua está contaminada no hay visiones, nos quedamos en la oscuridad. Nos cortan la energía del sagrado remedio”, dice el taita Pablo Manihuaje, máxima autoridad de San José de Wisuyá.
Ya han pasado dos años desde esa contaminación. Dos años en que el reclamo Siona se ha perdido en los vericuetos de las marañas burocráticas. Sin embargo, aunque se resolviera en ese plazo y los dictámenes ministeriales fuesen favorables a los Siona, las petroleras podrían impugnarlos ante una Corte y luego tener recursos jurídicos extraordinarios. La espera de los Siona por una reparación definitiva al daño que denuncian podría tardar aún mucho más.
Una versión ampliada de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.
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