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Los defensores de la tierra en Colombia: “Nos están matando uno a uno”

  • En la Zona Humanitaria del oeste de Colombia, los líderes comunitarios, sin pelos en la lengua, temen por sus vidas después de que otros 32 activistas ambientales y defensores de la tierra fueran asesinados el año pasado en su país

(Mongabay Latam / Taran Volckhausen)

CARMEN DEL DARIÉN, Colombia – Los líderes comunitarios en Chocó en el occidente de Colombia reclaman al gobierno que garantice su seguridad después de recibir amenazas constantes por parte de individuos que acusan de trabajar para los propietarios de negocios de la agroindustria locales y nacionales. Dicen que esos intereses comerciales están ocupando e invadiendo sus tierras y se niegan a permanecer en silencio a pesar de la reciente violencia en la zona.

En noviembre y diciembre de 2017, dos defensores de la tierra en comunidades cercanas fueron supuestamente asesinados por sicarios paramilitares en un plazo de unos diez días: Mario Castaño y Hernán Bedoya.

Hernan Bedoya. Foto cortesía de Frontera Invisible
Hernan Bedoya. Foto cortesía de Frontera Invisible

Después de las muertes de Castaño y Bedoya, representantes de la región viajaron a la capital, Bogotá, este pasado diciembre con el grupo de los derechos humanos colombiano, la Comisión Intereclesial por la Justicia y la Paz en Colombia (CIJP). Su objetivo era denunciar la amenazas que circulan ampliamente contra otros defensores de la tierra destacados, parecido a un informe reciente publicado conjuntamente por el diario The Guardian y Global Witness, como parte de un esfuerzo por documentar todos los asesinatos en el mundo. El informe subrayó que 32 ecologistas y defensores de la tierra fueron asesinados solo en Colombia en el 2017, que ocupa el segundo lugar después de Brasil.

Sobre todo en los municipios en el occidente de Chocó de Carmen del Darién y Riosucio, donde la presión violenta de todo tipo continúa aumentando.

El 28 de enero, el Defensor del Pueblo colombiano emitió una advertencia por el “riesgo inminente” al que están expuestas 32 000 personas debido a la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo neoparamilitar. El informe dice que ambos grupos armados ilegales se han aprovechado de la desmovilización de las guerrillas de las FARC para consolidar el control territorial en la región que está habitada por seis comunidades indígenas y 12 territorios colectivos afrocolombianos.

Mapa del Tapón de Darién y la interrupción en la Carretera Panamericana entre Yaviza, Panamá y Turbo, Colombia. Mapa de los contribuidores de CMG Lee y OpenStreetMap.
Mapa del Tapón de Darién y la interrupción en la Carretera Panamericana entre Yaviza, Panamá y Turbo, Colombia. Mapa de los contribuidores de CMG Lee y OpenStreetMap.

Además, el informe hizo un llamamiento al ejército, la policía y las entidades gubernamentales locales para que proporcionasen “mecanismos de protección” a los líderes amenazados en la región.

Según la CIPJ, los ganaderos y los productores de aceite de palma y de plátanos han contado con el apoyo de las AGC para intimidar, amenazar y matar a los líderes comunitarios que están defendiendo sus tierras de la expansión de la agroindustria y los intereses de la tala comercial en la región. Chocó es donde está más de la mitad de toda la cubierta forestal perdida en Colombia debido a las actividades mineras.

Un representante de la CIPJ que trabaja en la zona pero que ha pedido no ser identificado por motivos de seguridad dijo que las empresas de la agroindustria en la zona están enviando productores delegados dentro del territorio colectivo con el objetivo de invadir las granjas de los demandantes de las tierras. Según el miembro del personal de la CIPJ, el objetivo es “expandir la frontera agrícola y la extracción de la madera” e la entrada, en gran medida sin desarrollar, de la remota selva tropical sin carreteras del Tapón del Darién.

El parque nacional del Tapón de Darién son 6o millas de selva tropical, pantanos y montañas que están entre Colombia y Panamá. Es una brecha sin terminar en la Carretera Panamericana que un día conectará América del Norte y América del Sur.

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Medidas de seguridad

De vuelta en Carmen del Darién, María Chaverra es uno de los nombres que la CIPJ y otros miembros de la comunidad han dicho que fue señalada como un objetivo de los sicarios paramilitares y los agricultores industriales. A sus 67 años, Chavera es una líder vocal y aboga por los derechos de la tierra de los campesinos desplazados de Curvaradó. La CIPJ se refiere a ella como una “matriarca de la comunidad”.

Como explicó por ella su hijo Wilson Martínez, “No hay nadie más como [Chaverra]… vamos donde ella nos dice, todos la respetamos y seguimos su palabra”.

Chaverra dijo que hubo llamadas amenazadoras en diciembre al teléfono de la comunidad. Un interlocutor anónimo señaló a Chaverra como “uno de los líderes” que estaban buscando.

María Chaverra, una líder social en la cuenca del río Curvaradó, en su casa en febrero. Fotografía de Pablo Cuella/Mongabay.
María Chaverra, una líder social en la cuenca del río Curvaradó, en su casa en febrero. Fotografía de Pablo Cuella/Mongabay.

Se ha puesto en marcha algo de seguridad, pero no es suficiente.

El defensor del pueblo local ha proporcionado guardaespaldas y coches blindados para la protección de Chaverra y un puñado de otros demandantes de tierras amenazados. A otros, la Unidad de Protección de Víctimas (UNP) les ha proporcionado chalecos antibalas y teléfonos móviles. Sin embargo, Chaverra dijo que los guardaespaldas solo trabajan turnos de 10 horas, lo que significa que los líderes sociales a menudo están solos sin protección durante la noche.

“Proporcionar medidas de protección durante unas pocas horas al día no llega a la raíz del problema”, dijo Chaverra.

Un transbordador de madera lleva a residentes y sus vehículos a través del río Curvaradó. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.
Un transbordador de madera lleva a residentes y sus vehículos a través del río Curvaradó. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.

Chaverra sostiene que la eliminación de los defensores de la tierra beneficia a los terratenientes de la agricultura industrial que se aprovecharon del prolongado conflicto armado de Colombia y sus conexiones con los grupos paramilitares para expandir sus proyectos comerciales en la región después de que las familias de agricultores fueran desplazadas.

“Los empresarios son los que nos quieren fuera de aquí porque estamos reclamando nuestros derechos y nuestras tierras. Somos como una piedra en su zapato”, dijo Chaverra. “Nos quieren fuera y para asegurarse de que nos vayamos, nos están matando uno a uno”.

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Cuestiones relativas a la restitución de tierras

Juan Guillermo es un representante legal de la empresa del cultivo de palma, Cultivos Recife S.A. La empresa de palma llegó a la cuenca del río Curvaradó en el 2002 cuanto los campesinos fueron desplazados de su territorio. Guillermo dijo que los campesinos están reclamando las tierras que fueron “compradas legalmente en acuerdos de buena fe”.

Guillermo dijo que rechazaba cualquier tipo de asociación entre la empresa de palma y los paramilitares.

“Vendieron las tierras y luego volvieron para reclamarlas unos años más tarde”, dijo Guillermo. “Las tierras no estaban arrendadas, fueron vendidas”.

Un aguacatero da sombra a una palma de aceite muerta en la Zona de Biodiversidad Tuberquía. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.
Un aguacatero da sombra a una palma de aceite muerta en la Zona de Biodiversidad Tuberquía. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.

Guillermo señaló que su empresa tiene documentación y títulos que demuestran sus compras de tierras, “algo que los campesinos no tienen”.

Otro defensor de la tierra en la región amenazado, Alfredo Méndez, que pidió que se le cambiase el nombre debido a problemas de seguridad, reconoció que muchos de los demandantes de tierras al final habían vendido sus tierras a finales de la década de los 90 y a principios de la década del 2000. Sin embargo, dijo que vendieron las tierras porque habían sido desplazados de la región por la violencia.

“Habíamos dejado el territorio porque los paramilitares estaban masacrando a los campesinos”, dijo Méndez. “[La agroindustria] aparecía y decía, aquí hay 10, 20, 100 dólares por hectárea… [sentíamos] que no teníamos más remedio que vender a cualquier precio que nos diesen”.

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A través de la presión llevada a cabo por los defensores de la tierra y los grupos de derechos humanos, al menos 18 productores de palma que ocuparon tierras de campesinos en la cuenca del río Curvaradó han sido encausados ante los tribunales y están cumpliendo sentencias de entre siete y 12 años. En el 2009, el Tribunal Constitucional Supremo del país ordenó que las tierras usurpadas por los negocios agrícolas conectados con los paramilitares fuesen devueltas a los territorios colectivos afrocolombianos en la región, que son administradas por los consejos comunales.

Según el periódico El Espectador Guillermo fue arrestado en el 2010 bajo cargos relacionados con el desplazamiento forzado, pero fue puesto en libertad días después de entregarse a una investigación. Se ordenó a la empresa Cultivos Recife a que devolviese las tierras a los consejos comunales de Curvaradó y Pedeguita-Mancilla en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2009.

La CIPJ acusa al consejo comunal de Pedeguita-Mancilla en el territorio colectivo afrocolombiano adyacente de irregularidad electoral y de ignorar los derechos de restitución de las tierras de los campesinos desplazados dentro del territorio colectivo. Recientemente, el activista Hernán Bedoya fue asesinado en la zona.

El cartel de la Zona de Biodiversidad nombrada por el padre de Uriel Tuberquía. El cartel dice en español: “Por la defensa de la vida y el territorio: Área de protección, conservación y recuperación de los ecosistemas nativos y de afirmación al derecho a la alimentación familiar”. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.
El cartel de la Zona de Biodiversidad nombrada por el padre de Uriel Tuberquía. El cartel dice en español: “Por la defensa de la vida y el territorio: Área de protección, conservación y recuperación de los ecosistemas nativos y de afirmación al derecho a la alimentación familiar”. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.

Méndez y la CIPJ dijeron que el consejo comunal había alcanzado un acuerdo con los agricultores industriales para mantener el ganado comercial, la tala y la palma en el territorio. Dijo que el consejo comunal, junto con los propietarios de los negocios, están promocionando una mayor expansión a través de invasiones delegadas de las reservas de biodiversidad. Dijo que estaban destruyendo las selvas vírgenes y las granjas de subsistencia familiares.

Mongabay contactó con el representante legal del consejo de Pedeguita-Mancilla para que comentase, pero al momento de la publicación no habíamos recibido ninguna respuesta.

El miembro de la comunidad de Curvaradó, Uriel Tuberquía, dijo que muchos negocios agrícolas todavía tienen sus ojos puestos en la región porque “cualquier cosa que plantes aquí crece”.

Dos niños se sientan en un ciruelo nativo al lado de una palma de aceite cortada en la Zona Humanitaria Las Camelias. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.
Dos niños se sientan en un ciruelo nativo al lado de una palma de aceite cortada en la Zona Humanitaria Las Camelias. Fotografía de Pablo Cuellar/Mongabay.

“Es un lugar único para cultivar alimentos, para la agricultura, la cría de animales”, dijo Tuberquía. “Estas tierras son muy ricas”.

La región al noroeste de Colombia también es una zona comercial estratégicamente importante por su proximidad a Urabá, una zona productora de plátanos con rutas de exportación internacionales a sus puertos caribeños cerca del Canal de Panamá.

Pero la zona está amenazada.

La región Urabá fue clasificada como un punto caliente de la deforestación en el 2016por la agencia de vigilancia ambiental del país, IDEAM. Cerca del puente que la conecta con América del Norte, las regiones combinadas de Urabá y Chocó son el hogar de una biodiversidad rica con organismos endémicos como el buco de Noanomá (Bucco noanamae).

El buco de Noanomá aparece en la Lista Roja de la UICN como una especie casi amenazada que se enfrenta a una constante disminución de la población debido a la deforestación asociada con “la tala y el cambio hacia las plantaciones de plátanos y de palmas de aceite… con los asentamientos humanos, el desarrollo de infraestructuras, la ganadería y otros usos agrícolas de la tierra siendo también amenazas significativas”.

Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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