La violencia se extiende en Guatemala: por qué los asesinatos a defensores ambientales aumentaron un 500 % en 2024 | INFORME

• En 2023, Guatemala había reportado cuatro homicidios de defensores del ambiente pero un año después la cifra escaló a al menos 20 casos, según la organización Global Witness.
• La crisis política entre poderes, la criminalización y la expansión del crimen organizado están aumentando la violencia contra comunidades y defensores indígenas.
• Esto sucede pese al cambio de gobierno encabezado por el presidente Arévalo, cuyo movimiento fue respaldado por comunidades indígenas.
• El despojo de tierras, órdenes masivas de captura y la criminalización son cada vez más comunes, junto con el uso de la fuerza, denuncian defensoras y activistas de derechos humanos.

Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

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El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

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El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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