- Lo que ocurre en Leticia, capital del departamento de Amazonas, tiene preocupados a los indígenas. En menos de un mes los casos de COVID-19 ya se aproximan a los 1000. La ciudad y el departamento tienen poco personal e insumos médicos y no cuentan ni siquiera con una cama de UCI.
- Expertos aseguran que hace falta mayor control en la frontera con Perú y Brasil. Si el virus llega a otros departamentos amazónicos muchos pueblos indígenas podrían estar al borde del exterminio pues sus poblaciones son pequeñas, no hay buena comunicación y es difícil trasladarlos a ciudades principales de Colombia.
(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona)
Entre el 60 y el 70 % de los 79 020 habitantes del departamento de Amazonas en Colombia pertenecen a algún pueblo indígena y desde hace varios días su capital, Leticia, ha sido foco de las noticias por el incremento en el número de casos positivos para COVID-19.
Hasta el pasado 11 de mayo, el departamento de Amazonas reportaba 718 casos y 26 muertos. De esos 718 casos, 717 están en Leticia, según las cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Aunque el Instituto no desagrega los casos por grupos étnicos, la gobernación de Amazonas en su reporte del 6 de mayo de 2020, informó que los casos de COVID-19 en indígenas ascienden a 41: considerando 11 confirmados en las áreas rurales de Leticia, 29 en áreas urbanas y un caso en el municipio de Puerto Nariño.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva su propio reporte y, de acuerdo con su último boletín publicado el pasado 7 de mayo, seis indígenas en el país han muerto y el virus se ha registrado en los pueblos amazónicos tikuna, miraña, tariano, yukuna y ocaina. ¿Cómo Amazonas se convirtió en el departamento colombiano con más contagios por millón de habitantes y por qué los indígenas están en grave riesgo?
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¡Leticia se salió de control!
El 17 de abril se reportó el primer caso de COVID-19 en Leticia, capital del departamento de Amazonas, y en menos de un mes ya hay 717 y un caso más en el municipio de Puerto Nariño. La situación en esta región del sur de la Amazonía colombiana ya era crítica desde hace mucho y diversas autoridades indígenas, desde el inicio de la pandemia, pedían especial atención para el departamento y su capital.
Desde principios de marzo, cuando se reportó el primer caso en el país, autoridades indígenas como la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) ya habían dicho que en Amazonas, y en general en toda la Amazonía del país, no había suficiente personal e insumos médicos y que Leticia solo contaba con una clínica y un hospital público que no estaban en capacidad de atender una situación de salud como la que podría presentarse.
“Las Empresas prestadoras de Salud (EPS) no quieren atender. Si no había un doliente para la salud en tiempos normales, menos durante la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizar la crisis de la Amazonía al resto del país”, le dijo Julio César López, presidente de la Opiac, a Mongabay Latam.
De acuerdo con López, no se tomaron las medidas a tiempo y lo que está pasando en el departamento de Amazonas, en particular en Leticia, “para nosotros no es algo nuevo: es la respuesta a la negligencia del Estado y tampoco hay empresas de salud privadas que ayuden a mitigar un poco esta situación”.
La crisis se veía venir cuando, a los pocos días de registrar los primeros casos de COVID-19 en Amazonas, el personal médico del hospital público departamental San Rafael de Leticia renunció masivamente. Al menos 30 profesionales de la salud denunciaron que no contaban con elementos de protección personal suficientes para atender a los pacientes de coronavirus en el Amazonas, departamento que para el 20 de abril ya presentaba cuatro casos confirmados, entre los que se encontraba un médico.
No solo esto, el asunto empezó a tener más interés nacional e internacional cuando se conoció que el pasado 30 de abril, Antonio Bolívar, uno de los últimos y mayores sabedores tradicionales de los pueblos Ocaina y Huitoto y actor principal de la reconocida película El abrazo de la serpiente, falleció al parecer víctima del coronavirus. Bolívar estuvo internado en el hospital de Leticia y un día después murió, aunque las autoridades de salud todavía no han confirmado la causa de la muerte.
Al poco tiempo de conocerse la noticia, la Superintendencia de Salud, que vigila a todos los prestadores de salud, intervino el hospital San Rafael por no garantizar la atención a los usuarios. Además se removió del cargo al gerente del hospital y se nombró un Agente Especial Interventor.
Todo esto hizo que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, viajara el fin de semana del 2 y 3 de mayo a Leticia para revisar el plan de contingencia del departamento frente a la pandemia del coronavirus. “Ya se realizó una intervención y ahora viene todo el apoyo que daremos desde el Ministerio de Salud, con provisión de respiradores y elementos de protección personal, así como protocolos. Vinimos con la Nueva EPS [empresa prestadora de salud] para traer un médico intensivista y un enfermero especializados en entrenamiento para operación de hospitales en torno al COVID-19”.
Ruiz aseguró que ya se contrataron cuatro médicos, tres enfermeros jefes y se entregaron tres ventiladores. El ministro se comprometió a entregar al departamento de Amazonas, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, los siguientes insumos: 550 máscaras de alta eficiencia N95, 1000 mascarillas quirúrgicas, 200 caretas de protección facial, 1000 guantes desechables y 182 batas desechables. Así mismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregará 6500 tapabocas para pueblos en zonas de frontera, 1500 unidades de gel, 750 pares de guantes, 500 jabones y 1500 tapabocas.
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No hay suficientes recursos para brindar atención
A pesar de la visita del ministro de Salud, la preocupación por lo que sucede en la región continúa. “Leticia es un territorio muy particular porque no solo limita con Brasil sino con Perú. Es evidente que los tránsitos que allí ocurren son muy fáciles de hacer, hay muy poco control de las autoridades del Estado para el tema sanitario y ese fue uno de los determinantes del contagio. Prácticamente Leticia es una misma ciudad con Tabatinga en Brasil”, asegura Diana Quigua, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.
Quigua además dice que el departamento de Amazonas en Colombia tiene un sistema de salud que no tiene las condiciones para atender este tipo de situaciones.
Por su parte, Paulo Bacca, director de la línea de Antidiscriminación Étnico Racial de Dejusticia, destaca que en Amazonas no existen unidades de cuidados intensivos y que la situación es tan grave que en Puerto Nariño, otro municipio del departamento, solo hay un médico en un puesto de salud. “Los indígenas han fortalecido su sistema de salud propio pero este funciona para lo conocido, para algo desconocido como el coronavirus es un problema porque el sistema médico tradicional necesita un proceso para acoplarse a lo nuevo”, indica.
En una carta abierta al presidente Iván Duque, la Fundación Gaia Amazonas pidió analizar la pertinencia de incrementar las condiciones para un cerco epidemiológico departamental, el cual no sólo garantice el aislamiento de personas sintomáticas, asintomáticas o sospechosas, sino que proteja al conjunto de la sociedad. “Para ello se requiere implementar en cantidad y calidad las acciones de la fuerza Pública para hacer efectivo el cierre de fronteras tanto en la ciudad de Leticia como en los puntos sobre los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá que nos conectan con Brasil y Perú”, dice.
La fundación también considera el toque de queda como medida necesaria para contener la transmisión del virus desde los espacios urbanos y cabeceras municipales hacia las comunidades indígenas en sus territorios.
Por ahora, lo único que se sabe es que el 3 de mayo el presidente Iván Duque anunció que coordinarán con «los Gobiernos del Perú y del Brasil para que ellos también contribuyan a que esos controles sean cada vez más estrictos”.
A los pueblos indígenas también les preocupa que desde el gobierno nacional no existan protocolos detallados para los grupos étnicos del país. De hecho, entre toda la normativa desarrollada para el COVID-19 solo dos documentos se refieren a la población indígena. La primera de ellas es la circular 15 del 13 de marzo de 2020 firmada por los ministerios de Salud y del Interior en la que se dan lineamientos generales como permanecer en sus territorios, evitar el ingreso y salida de personas, limitar actividades comunitarias, aislar personas con síntomas de enfermedades respiratorias y desarrollar protocolos desde su cultura.
La segunda fue emitida por el Ministerio de Cultura tres días después. En la circular 3 se indica que atendiendo unas instrucciones de la Presidencia de la República, “este ministerio recomienda a gobernadores, alcaldes, responsables de cultura de las entidades territoriales, resguardos indígenas y comunidades el cierre temporal de los espacios de uso cultural en el territorio (bibliotecas públicas, casas de la cultura, escuelas de formación artística y cultural, escuelas taller, museos, archivos, parques arqueológicos) a partir de la fecha”.
De acuerdo con Julio César López, presidente de la Opiac, estuvieron muy preocupados con la circular de los ministerios de Salud e Interior “porque este es un tema que nuestra generación no había vivido, fue algo nuevo para nosotros. La enfermedad como tal no la podíamos contener, lo único que hicimos fue recurrir a lo que nuestros abuelos y mayores nos habían enseñado: aislarse en la selva en estos casos, no tener contacto con nadie”, dice. Sin embargo, esto no es tan fácil ya que cada vez quedan menos espacios totalmente intactos en la Amazonía colombiana.
Según indica López, los abuelos han dicho que necesitan la información científica que se tiene desde occidente para saber de qué enfermedad se trata y así ellos revisar sus medicinas y conocimientos ancestrales para atender la situación.
A los indígenas les preocupa que la atención del gobierno ha sido construida de manera unilateral, “no han sido procesos concertados ni coordinados. Sabemos que hay que coordinar nuestro conocimiento propio con la ciencia occidental, pero no nos han tenido en cuenta. No han querido reunirse con Opiac”, indica López.
El 4 de mayo, el Ministerio de Salud hizo algunas recomendaciones para los grupos étnicos del país, pero estas no son muy diferentes a las que debe cumplir, en general, toda la población colombiana. “Finalmente, se hace un llamado a los actores de salud para monitorear los casos que se presenten en esas comunidades y, a su vez, las EPS e IPS deben reforzar sus canales de notificación en los grupos étnicos, como garantizar la atención en salud para la enfermedad por coronavirus”, dice un comunicado del Ministerio.
López asegura que el gobierno tampoco ha coordinado con ellos la entrega de ayudas humanitarias y dice que la Opiac, de manera informal, está tratando de hacer incidencia. Por ejemplo, lograron llevar 2000 ayudas para familias indígenas en Mocoa, capital del departamento de Putumayo.
Paulo Bacca de Dejusticia afirma que no está mal que lleguen alimentos y ayudas pero que es muy importante que todo esto sea concertado con los indígenas. “Si de un momento a otro, así sea de buena fe, les envían alimentos procesados con los que las comunidades no han tenido contacto se puede generar acción con daño; también se termina afectando su salud”, asegura.
Una versión ampliada del reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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