- Los habitantes de Chocó que han sufrido el impacto de la guerra civil, ahora se enfrentan a la eliminación de cultivos y los efectos del cambio climático. Esta nota llega desde un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lo más profundo de la selva al oeste de Colombia.
(Mongabay Latam / Maximo Anderson)
Una mañana lluviosa de noviembre en lo más hondo de la selva de Chocó al oeste de Colombia, los combatientes rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se repartían en un campo de fútbol fangoso en grupos de ocho para realizar su entrenamiento diario. Los rebeldes practicaban con palos en lugar de pistolas para evitar que se atascaran con el barro y llevaban pantalones de vestir en lugar de uniforme.
Desde lejos parecía un partido de béisbol, pero en realidad los combatientes entrenaban porque la guerra podría estar a punto de estallar. Otra vez.
Un líder del frente Che Guevara que utiliza el alias de “Yerson” se sentaba cerca mientras sus compañeros acababan el entrenamiento matutino y culpaba a la élite de Colombia por el continuo conflicto. Llevaba atuendo militar y una boina con una imagen roja del Che Guevara.
“La gente ve las guerrillas como algo anticuado”, dijo. “Pero el capitalismo es más antiguo y seguiremos luchando contra la injusticia si tenemos que hacerlo”.
Yerson hablaba sobre la insurgencia que su organización ha realizado contra el estado colombiano durante cinco décadas, hasta que se negoció el alto el fuego sin precedentes en octubre.
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(El alto el fuego acabó oficialmente el 9 de enero, pero todavía no está claro si se volverá al estado de guerra o las fuerzas armadas y rebeldes seguirán mostrando contención).
En 1964, inspirados por la revolución cubana, un grupo de estudiantes radicalizados y campesinos declararon la guerra contra el gobierno en las montañas del centro de Colombia. Su objetivo era romper el yugo de la élite liberal conservadora que controlaba el sistema político, redistribuir la riqueza a los pobres y establecer un estado marxista. Ahora, el ELN lucha por las mismas razones, pero ha abandonado su objetivo de hacerse con el estado.
El frente Che Guevara del ELN se desplazó al pueblo de Noanamá situado en la cuenca de San Juan en el estado de Chocó durante la relativa calma del alto el fuego. La cuenca de San Juan recibe su nombre por el río principal que fluye en la región. La situación geográfica de Chocó, escondido entre las montañas andinas al este y el océano Pacífico al oeste, lo convierte en uno de los lugares más húmedos y biodiversos de la tierra.
Para los luchadores del frente Che Guevara, el fin temporal de las hostilidades no es necesariamente una promesa de paz ni un futuro brillante para la región de Chocó. Repetidas “provocaciones” de las autoridades, como sobrevuelos en helicóptero, han creado una atmósfera de tensión y han añadido presión a las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en la capital de Ecuador, Quito.
El estado de Chocó es emblemático de muchos problemas que aún plagan Colombia.
Rico en recursos naturales como Madera, oro y platino, además de un vasto bosque tropical primigenio cada vez más amenazado, Chocó ha sido el enclave de una guerra de posiciones entre el ELN y los grupos paramilitares que compiten por el territorio que quedó sin dueño cuando las FARC se desmovilizaron. (Los paramilitares son los restos de milicias encubiertas apoyadas por el estado que se crearon para aniquilar a los rebeldes del país, aunque el gobierno afirma que ya no existen después de haber sido disueltas oficialmente a mediados de la primera década del 2000).
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Como consecuencia, la población predominante afrocolombiana e indígena se ha visto atrapada en el fuego cruzado.
Para empeorar las cosas, las autoridades colombianas han destruido cultivos de coca, el ingrediente base de la cocaína, y pequeños dragados para minería de oro como parte de un impulso para deshacerse de las industrias ilegales, tal como se acordó en el proceso de paz.
No obstante, eso ha aumentado la tensión con los lugareños, que protestan porque se han quedado sin nada. Con cultivos escasos y un futuro incierto por delante, los residentes de la región están desesperados.
Eliminación de cultivos y cultivos débiles
Noanamá es hogar de alrededor de 800 campesinos afrodescendientes y está rodeada de una copiosa y verde selva. A pesar de su paisaje esplendoroso, es imposible no ver la contaminación: la ciudad y el río están regadas de basura y, por ello, sus habitantes ya casi no pescan.
Los habitantes locales solían pescar, cazar y talar en esa región con métodos tradicionales, pero la expansión de la coca y la fiebre del oro cambiaron sus vidas de forma irrevocable y transformaron su cultura y su dieta, además de contaminar el ambiente. Ahora plantan cultivos de coca para tener ingresos y pancoger —un pequeño cultivo alimentario— para sustento.
El joven líder de la comunidad Noanamá, al que llaman Indio, explicó en una tarde de calor sofocante cómo cada familia cultiva, de media, dos acres de coca.
“Además de la minería, ese es nuestro único ingreso”, dijo. No obstante, explicó, el precio de mercado de la coca ha caído drásticamente en el último año, en parte por un auge de la coca. Eso ha hecho que sea más difícil comprar productos básicos, que tienen que ser importados a través del río a precios elevados.
Indio añadió que además de eso, su pancoger, normalmente de arroz y maíz, no ha prosperado a causa de las graves inundaciones que, personalmente, atribuye al herbicida tóxico que se utiliza para destruir los cultivos de coca y al cambio climático.
Los lugareños segaban los cultivos desde noviembre de forma tradicional, pero ahora la estación lluviosa se alarga hasta enero.
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Una persona anciana de la comunidad conocida como Mama Emma, que ha vigilado la estación meteorológica en Noanamá desde 1973, hacía una evaluación similar. Afirmó que el tiempo había cambiado en los últimos años y las estaciones eran más extremas. Con tristeza, añadió: “el gobierno viene una vez al año para ver las lecturas del tiempo y ya está. Ni se han molestado en pintar la estación climática en años”.
Indio dijo que la policía había ido a Noanamá en los últimos meses durante el alto el fuego para destruir los cultivos. Otros residentes afirmaron que las autoridades también habían intimidado a agricultores, preguntándoles si habían “apoyado a los rebeldes”, ya fueran las FARC o el ELN, en el pasado.
Los acusaban de hacer eso para señalarlos y destruir sus cultivos. Eso podía significar cualquier cosa desde pagar el llamado impuesto revolucionario obligatorio sobre sus beneficios hasta vender pan a los combatientes en una panadería.
Los lugareños estaban enfadados con las autoridades; señalaron que la única presencia del gobierno en la región durante este periodo turbulento había sido negativa: gastando dinero en sobrevuelos y eliminación de cultivos pero dejando a los residentes sin cosas básicas como atención sanitaria y un recurso para vivir. Chocó tiene la peor asistencia sanitaria de Colombia, y el 40 por ciento de los chocoanos viven en absoluta pobreza. Solo hay un hospital en la capital de Quibdó.
Por separado, Yerson acusó a las autoridades de utilizar la erradicación de la coca como una artimaña para violar el alto el fuego al llevar helicópteros sobre su territorio y provocarles para combatir.
El ELN es oficialmente la última insurgencia armada que queda en el continente después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más grandes y poderosas, firmaran un histórico tratado de paz con el gobierno en noviembre de 2016. El tratado dio fin a una guerra civil de 53 años de duración que había acabado con la vida de más de 200 000 personas y desplazado a más de siete millones.
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Puso fin a la guerra con las FARC, pero muchos de los elementos que hicieron que floreciera el conflicto, como el auge del mercado de la cocaína, siguen vivos, siendo una espina para el gobierno, que quiere presentar Colombia como una nación transformada a la comunidad internacional.
Al contrario de las FARC, que conseguían gran parte de su dinero a través del tráfico de cocaína, el ELN ha evitado participar de forma importante en el comercio. La mayor parte de sus ingresos provienen de la extorsión y los rescates de secuestros, y ha extraído una cantidad incalculable de millones del oleoducto Caño-Limón, propiedad del estado, desde los 80 a través de la extorsión a empresas petroleras y amenazas de sabotaje.
El bloque oeste del ELN que opera en Chocó, sin embargo, sí que cobra una tasa a los cultivadores de coca.
Aunque el ELN afirma tener un plan ambiental, su rama en Chocó reconoce que se tiene que adaptar a las realidades locales, lo cual en la práctica significa cobrar a los lugareños por realizar actividades que dañan el medioambiente, como la tala y la minería y aplicando prohibiciones de extracción en las cabeceras de los ríos.
El gobierno colombiano tiene un plan ambicioso para erradicar la coca y otras industrias ilegales como la minería de oro sin licencias. Ha prometido destruir 250 000 acres de cultivos de coca, la mitad a través de la eliminación y la otra mitad con un plan voluntario de sustitución de cultivos. El año pasado, la cantidad total eliminada fue de no más de 45 000 acres.
Pero la producción de coca es más alta de lo que ha sido en 20 años, lo cual también ha contribuido a la deforestación a gran escala. Desde que se desmovilizaron las FARC, la deforestación ha aumentado un 44 por ciento y un total de 690 millas cuadras de bosque se han perdido, según Amazon Watch. Uno de los extraños beneficios de la guerra civil es que mantuvo grandes trechos del bosque de Colombia intactos.
A causa de esas tendencias, los residentes de Noanamá dudan que el gobierno vaya a cumplir con su plan de sustitución de cultivos, ya que intentos similares fracasaron en el pasado.
Una versión ampliada de esta historia fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.
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