Bolivia: deforestación y narcotráfico arrasan bosque del parque Amboró

• Un análisis satelital realizado por Mongabay Latam y El Deber muestra que desde febrero de 2019 hasta octubre de 2023 la deforestación al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró pasó de 14 a 107,5 hectáreas.
• Estas cifras coinciden con las denuncias realizadas por la ex directora del parque, Andreina Tolavi, quien fue destituida recientemente tras acusar que los cultivos de coca se dispararon al interior del parque y también con los cálculos realizados por los pobladores que habitan en el municipio de El Torno y hasta donde llegó este equipo periodístico para investigar los avasallamientos al interior del Amboró.

En este preciso instante, mientras usted lee este reportaje, en el Parque Nacional Amboró crecen plantaciones ilegales de hoja de coca en parches de bosque que fueron arrasados para ese fin. Quienes deforestan lo hacen favorecidos por la topografía de difícil acceso y por la escasa presencia del Estado en esta área protegida que provee agua y purifica el aire que se respira en Santa Cruz, uno de los departamentos de mayor superficie y más poblado de Bolivia.

A finales de octubre, la dirección de esa área protegida, a cargo en ese momento de Andreina Tolavi, informó que 20 nuevas hectáreas de hoja de coca habían sido identificadas al interior del parque y que podrían ser más. La noticia capturó el interés público en Bolivia. De inmediato el Gobierno de Luis Arce trató de minimizar la coca hallada en el área natural, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo públicamente que esos cocales no eran destinados al narcotráfico, sino a consumo interno de las comunidades cercanas. Lo que no dijo Del Castillo, es que la ley boliviana prohíbe los cultivos de hoja de coca al interior de las áreas protegidas del país. De inmediato, la oposición a Arce cuestionó las declaraciones y lo vinculó con mafias destinadas al narcotráfico. Cinco días después del anuncio hecho por la dirección del parque, Andreina Tolavi fue destituida de su cargo provocando un remezón político en Bolivia.

Tras la controversia surgen preguntas como: ¿Qué tan grave es la situación de los avasallamientos al interior del parque? ¿Cuántas hectáreas realmente han deforestado los invasores en esta área protegida?

Esta actividad ilícita no sólo ha sido puesta en evidencia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su último informe, sino que ahora el equipo de Mongabay Latam y El Deber —tras recorrer recientemente la zona— aporta nueva evidencia de los puntos deforestados, testimonios de comunarios recogidos en el área y suma un análisis satelital de los puntos en los que existirían cultivos ilícitos, a partir de las coordenadas proporcionadas por guardaparques y activistas ambientales.

De hecho las imágenes satelitales muestran un panorama preocupante, sobre todo por la deforestación que se observa en la zona norte del parque, que comprende los municipios de Yapacaní, San Carlos y Buena Vista. Esta información revela que al menos 58 nuevos parches de deforestación se abrieron entre febrero de 2019 y el 22 de octubre de 2023.

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Los chaqueos en el Amboró y la coca

En Bolivia el Gobierno ha establecido que 22 000 son las hectáreas de coca permitidas, cuyo uso es para el consumo tradicional o acullico, y solo pueden ser cultivadas en ocho provincias de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Las áreas protegidas son lugares prohibidos, sin embargo, esa regla no se está cumpliendo.

El reporte anual del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia realizado por la UNODC da cuenta de 7900 hectáreas de coca que excedieron lo permitido en el 2022 y de esa cantidad, 435 están sembradas en cinco áreas protegidas. Una de ellas, es el Amboró.

Este reporte muestra que, con 29 hectáreas, el Amboró ocupa el quinto lugar con la mayor cantidad de sembradíos de la hoja milenaria. En primer lugar está su vecino, el Parque Nacional Carrasco con 224 hectáreas.

Para Andreina Tolavi, que el 31 de octubre de este año fue destituida de la dirección del Parque Nacional Amboró tras denunciar que los cultivos de coca se dispararon en el interior de esta área protegida, la cantidad reportada por la UNODC se queda corta frente a las cifras reales.

Durante los casi dos años que estuvo al frente de esta dirección, Tolavi asegura que logró registrar, in situ y a través de monitoreo satelital, 50 hectáreas de cultivos de coca dispersas en parcelas de comunarios que habitan en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Amboró, correspondiente al municipio de Yapacani. Se trata de una zona del área protegida que permite el desarrollo de ciertas actividades por parte de la población local pero que, de ninguna manera, permite el cultivo de coca.

Tolavi también contabilizó 18 hectáreas dentro del parque, es decir, al interior de la zona de conservación estricta. Sin embargo, las imágenes satelitales revelan que la expansión de los cultivos ilícitos en el Amboró podría ser mayor, a juzgar por el avance de la pérdida de bosque. Desde el 2019 a la fecha, según el análisis realizado por Mongabay Latam y El Deber, se pueden observar al menos 58 parches de deforestación en la zona norte del parque, al interior de la zona de protección estricta, y que suman una pérdida de 107 hectáreas.

Esta información, validada por dos geógrafos expertos en teledetección de Bolivia y Perú, confirma que el avance de la deforestación dentro del parque es una realidad. Sobre los cultivos ilícitos, lo que se puede afirmar es que al menos en dos áreas específicas analizadas, la pérdida de bosque coincide con los sitios que el mismo equipo periodístico visitó en enero de 2020 confirmando que, al menos en ese momento, se trataba de hoja de coca. Hoy,  las imágenes satelitales muestran que en esos dos puntos -entre los ríos Ichilo y Alto Ichilo, y en el margen derecho del río Alto Ichilo- los parches de deforestación o chaqueos se han multiplicado.

De hecho, el Viceministerio de Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, le confirmó a esta alianza periodística que desde el 2021 hasta la fecha se han erradicado 443 hectáreas de cultivos de coca dentro del parque.

La mayoría de los más de 50 parches detectados abarcan de una a dos hectáreas, y es posible observar claramente que han ido avanzando desde la zona del ANMI hacia el interior del parque. Pero hay dos casos que llaman particularmente la atención por su tamaño. El primero de ellos de 32 hectáreas fue abierto en agosto de 2021 y afecta 13 hectáreas de la zona de protección estricta del parque. Un segundo gran parche de dimensiones similares comenzó a abrirse en septiembre de 2023 y abarca 41 hectáreas, de las cuales 21 están dentro de la zona de protección estricta.

La tendencia de esta pérdida de bosque se puede observar con claridad en los últimos cinco años. De hecho de forma sistemática, sobre todo entre agosto y noviembre, se han ido incrementando las áreas deforestadas o chacos. Este rango coincide con el período de quemas o incendios en Bolivia, que en 2022 arrasaron con 4 466 540 hectáreas a nivel nacional.

De hecho, en esta misma área analizada, la plataforma de monitoreo Global Forest Watch emitió 4156 alertas de deforestación en los últimos dos años. Cabe destacar, sin embargo, que en toda el área protegida son un total de 256 025 alertas entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. Cada alerta que realiza esta plataforma de monitoreo significa una pérdida de espacios de 30×30 metros en un bosque tropical, equivalente a una cancha de básquetbol. La mayor cantidad de alertas en el área analizada—3890— se originaron entre agosto y noviembre de 2022 y agosto y octubre de 2023, que son los meses secos cuando se suelen producir los incendios para ampliar el espacio para cultivar.

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Las autoridades sí conocían la situación del parque

Aunque no ha sido posible verificar si esa pérdida es por cultivos ilícitos de coca, Román Vitrón, un especialista en medio ambiente que ha trabajado en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y en municipios del norte cruceño que forman parte del Amboró, sostiene que son altas las posibilidades de que esas nuevas áreas se hayan abierto para ese fin. “¿Usted cree que alguien interesado en cultivar banana o papaya se va a internar en el parque para chaquear con lo difícil que es llegar por tierra a este lugar?”, dice.

Según Vitrón, si se deforesta con el objetivo de sembrar algo, ese algo no es otra cosa que la hoja de coca, una producción que, asegura, está directamente relacionada con el narcotráfico. Las hojas de este arbusto se pueden cosechar hasta cuatro veces al año, por lo que se convierte en un negocio ilícito rentable y seguro para producir pasta base, más aún bajo la protección que otorga la inaccesibilidad del bosque, explica.

Cuando Tolavi denunció la presencia de coca al interior del parque a finales de octubre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó a los guardaparques por no haber denunciado los cultivos de coca y también criticó a la Gobernación cruceña. “Tiene guardaparques y gente que está en estos lugares y cómo puede ser que estén cultivando 20 hectáreas de coca y esta gente no haya evidenciado esto con anterioridad”, sostuvo en contacto con los medios locales.

“El ministro (de gobierno, Eduardo Del Castillo) nos acusó de no haber informado que había coca en plena reserva natural. Solo para que el ministro (de Gobierno) sepa, nosotros realizamos los respectivos informes señalando e informando sobre las plantaciones de coca. Se cumplió con el procedimiento emitiendo informes a la directora de ese entonces (Andreína Tolavi) y ella le transmitió al Sernap, que es nuestra máxima autoridad”, agregó un guardaparques que pidió proteger su identidad.

Este equipo periodístico confirmó que las autoridades sí tenían conocimiento de la situación del parque. Mongabay Latam y El Deber accedieron a copias de una veintena de informes y requerimientos,  que la dirección de esta área protegida le hizo llegar, entre 2022 y 2023, a Theodoro Mamani, Omar Tejerina y Johnson Jiménez Cobo (actualmente es el director), que en este lapso estuvieron al frente del Sernap.

Entre estos documentos se encuentra el “Informe de presuntas actividades ilícitas y pistas clandestinas dentro de los límites del parque nacional y ANMI Amboró”, del 7 de febrero de 2023, en el que la entonces directora Andreína Tolavi expone coordenadas de presuntas narcopistas y de otras actividades ilícitas, y pide que se gestione, a través del Ministerio de Defensa, la verificación con sobrevuelos. Una aeronave de la Fuerza Aérea surcó en abril el espacio aéreo de Comarapa y confirmó que la posible pista de aterrizaje clandestina era, en realidad, una plantación de hoja de coca. Mongabay Latam pudo constatar mediante imágenes satelitales, que es un espacio de entre 200 a 250 metros de largo en medio del bosque y que existe, al menos, desde junio de 2016.

Tolavi le explica al equipo periodístico que el sobrevuelo no se pudo realizar en la zona de Ichilo (provincia a la que pertenecen los municipios de Yapacaní, San Carlos y Buena Vista) debido a las condiciones climáticas por lo que no se pudo verificar la existencia de helipuertos en las coordenadas reportadas. Desde entonces hasta finales de octubre, cuando fue apartada del cargo, afirma que no tuvo conocimiento de que se hayan realizado otros sobrevuelos o que se haya ingresado a erradicar los cocales confirmados.

Al respecto, se le solicitó información a Jiménez Cobo, actual director del Sernap, pero hasta el cierre del reportaje no hubo respuesta.

En el informe que la dirección del parque le entregó a Sernap además, se confirman cinco de los parches deforestados que observamos en imágenes satelitales dentro del parque y se menciona la existencia de dos áreas deforestadas más, cerca del límite entre el parque Amboró y el parque Carrasco.

Por otra parte, el Viceministerio de Defensa Social no solo confirmó que se han erradicado en los últimos tres años más de 400 hectáreas de hoja de coca al interior del parque, sino que se han realizado, desde el 2021 a la fecha la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutó dos operativos antinarcóticos.

En el primero, realizado el 11 de diciembre de 2020, se erradicaron e incineraron plantaciones de marihuana, con un peso total de siete toneladas. “El segundo caso se desarrolló en octubre de 2022, dando cumplimiento al Plan de Operaciones “Colmena”, donde se encontró un laboratorio de cristalización de cocaína, el cual fue destruido e incendiado en presencia del fiscal de sustancias controladas”, indica.

Sin embargo, después del último operativo la deforestación al interior del parque no se ha detenido. El análisis de las imágenes satelitales muestra que 12 nuevos parches se han abierto en 2023, los que suman alrededor de 35 hectáreas.

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La comunidad que frenó los avasallamientos

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró es una de las 22 áreas protegidas nacionales de Bolivia y tiene una extensión de 636 000 hectáreas. Está ubicado en una posición geográfica única en la confluencia de tres ecosistemas diferentes: la Amazonía, el norte del Chaco boliviano y los Andes, de los municipios de Comarapa, Pampa Grande, Mairana, Samaipata, Buena Vista, San Carlos, Yapacaní, El Torno y Porongo.

Allí habitan especies de animales de las tierras altas y bajas, árboles valorados por su madera fina como la mara (Swietenia macrophylla), la palmera chonta (Bactris gasipaes) o la caoba (Swietenia); una gran variedad de bromelias (Bromeliaceae), orquídeas (Orchidaceae) y bosques de helechos gigantes (Cyathea arbórea). Además, esta reserva es la casa del jaguar (Panthera onca), del oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y de otras especies de mamíferos nativos de la Amazonía, además de 800 especies de aves.

El equipo de Mongabay Latam y El Deber ingresó al Amboró en octubre pasado por el municipio de El Torno. Exactamente, por la comunidad Jardín de las Delicias que se encuentra dentro del área ANMI y que es uno de los principales atractivos turísticos por las tres cascadas de singular belleza que posee.

Los comunarios que viven en Jardín de las Delicias, así como dirigentes del distrito 6 a donde pertenece esta zona y de quienes se reserva su identidad por razones de seguridad, señalan que al habilitarse esta zona ecoturística y la carretera vecinal es difícil controlar a los foráneos que se internan en el parque para cultivar coca, establecer fábricas de cocaína y sacar madera en callapos— pequeña embarcación de río construida con troncos de madera unidos entre sí, que sirve para transportar tablones de madera— por el río Banegas hasta llegar a Yapacaní.

Tampoco olvidan lo acontecido en 2013, cuando dos buses llenos de gente llegaron con el propósito de avasallar sus predios. “Nos organizamos y fuimos a confrontarlos, hasta que logramos que salgan”, cuenta un dirigente.

“El parque Amboró es muy grande, por acá intentaron asentarse, pero no los dejamos. Querían plantar maíz. Han desmontado parte del bosque. Nos organizamos y evitamos esos asentamientos. Pero más allá está lo terrible, hay (hoja de) coca, hay plantaciones ilegales, pero es difícil llegar ahí, es bien lejos para llegar caminando”, relata María, una vecina de Jardín de las Delicias, a quien por seguridad se le ha cambiado el nombre.

Así como María, otros pobladores consultados apuntan a las comunidades 15 de Mayo y San Antonio, ubicadas más al norte de Santa Cruz (por el municipio de Yapacani), en las que calculan se ha desmontado hasta 100 hectáreas para cultivar coca. Estos señalamientos coinciden con las denuncias realizadas por Tolavi antes de ser relevada de la Dirección del Parque Nacional Amboró.

Limber Vargas, el nuevo director del parque, concuerda con Tolavi en que Comarapa, otro municipio cuyo territorio forma parte de esta área protegida, también está siendo amenazado por las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. En octubre de este año, los pobladores, guardaparques y Alcaldía de esta localidad fueron agredidos por los vigilantes de estas actividades ilícitas mientras erradicaban plantaciones de marihuana y coca.

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Solo hay un vehículo de cuatro ruedas para cuidar al Amboró

Milton Cortés es el presidente de Gestión Social del Parque Amboró, una entidad que está compuesta por representantes de los nueve municipios que componen el área protegida, la gobernación de Santa Cruz, sindicatos del parque nacional y representantes de la zona sur del área protegida. El dirigente pidió a las autoridades del Gobierno nacional que detengan los avasallamientos que están incrementando en el centro y norte del parque Amboró.

“Los asentamientos llegan por el lado del departamento de Cochabamba. Esos asentamientos, lamentablemente, están creciendo en varios puntos. Vimos que hay asentamientos antiguos donde hay coca, que hay asentamientos nuevos donde se explota madera. Eso ya lo denunciamos y pedimos más control”, exige el representante.

El Gobierno boliviano culpó a la Gobernación de Santa Cruz —contraria en corriente política— de permitir la toma de tierras para diferentes actividades. A su vez, el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, anunció —antes de arremeter contra la Gobernación cruceña— que la Policía Boliviana intercederá en este problema. “Yo quiero señalar como responsables a la guardia forestal, que depende de nuestra Gobernación (de Santa Cruz), pues lamentablemente se han efectuado asentamientos y plantaciones de coca. Jamás se debió tolerar que este parque sea avasallado”, dijo en conferencia de prensa.

Para Cortés, lo dicho por Aguilera y Del Castillo —quien acusó a la dirección del parque de no haber informado a las autoridades sobre la existencia de cultivos de coca— es frustrante.  Sostiene que es cargar la responsabilidad de la protección de  636 000 hectáreas en los hombros de 11 guardaparques —que dependen del Sernap, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es decir del Gobierno nacional— a los que no se les brinda las condiciones ni los medios de trabajo.

Los 11 guardaparques deben distribuirse en grupos en cada una de las bases de los nueve municipios que abarca el Amboró. En El Torno, a donde llegó este medio de comunicación, la base de los guardaparques está en condiciones precarias. No hay equipos de telecomunicación y el único vehículo con el que cuentan no tiene combustible.

Un guardaparques del Amboró, que pidió proteger su identidad por miedo a represalias, sostuvo que pese a los limitados recursos, él y sus camaradas ponen en riesgo sus vidas para cuidar esta área protegida. “Nosotros no podemos enfrentarnos solos con los cocaleros o narcos, porque simplemente nos matan”, sostuvo.

Limber Vargas, que asumió la Dirección del Amboró tras la salida de Tolavi, dice que se ha encontrado con condiciones de precariedad extrema al punto de que actualmente solo hay un solo vehículo operando, los otros cuatro asignados requieren intervención mecánica. Eso no es todo, de las ocho motocicletas, solo cuatro están operativas.

Para cuidar el Amboró varios guardaparques hacen uso de sus motocicletas personales.

En estas condiciones trabajan los 11 hombres a los que el ministro endilga la responsabilidad de evitar los sembradíos de coca y otros delitos ambientales.

La función de los guardaparques, así como de su dirección y del Sernap, explica Vargas, es emitir informes de la presencia de ilícitos y son entidades del Ministerio de Gobierno y de Defensa, como la Policía y los militares, las que deben intervenir con operativos.

¿Qué hacer ante un escenario tan sombrío? Vargas señala que el reto es grande por lo que se ha propuesto apostarle, además de la coordinación entre los gobiernos nacional y departamental, a coordinar con los municipios, impulsar acuerdos institucionales y gestionar financiamiento externo.

La misma pregunta fue trasladada a la exdirectora de este parque Andreína Tolavi, y al exdirector del Sernap, Maikol Melgar. Ambos coincidieron en que si no se dejan a un lado los intereses políticos y se trabaja mancomunadamente en los tres niveles del Estado, el  Amboró se convertirá en un botín de las mafias criminales y los habitantes de Santa Cruz se quedarán sin su pulmón natural de agua y aire.

Además, resaltó Melgar, es clave educar a las nuevas generaciones para que crezcan con conciencia de que cuidar las áreas protegidas es cuidar la vida.

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*Análisis de datos: Vanessa Romo. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez

*Imagen Principal: Al ingreso del Amboró, en la comunidad Nuevo Surutú, se talaron los árboles para implementar terrenos de cultivos. Foto: Iván Paredes

El artículo original fue publicado por Nelfi Fernández Reyes y Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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