En esta entrevista Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, explica los avances y obstáculos que ha tenido este proceso. Aunque hay una disposición a abrir la participación con las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, aún falta que se incluyan varias recomendaciones de la ciudadanía.
Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad. / Cortesía
Detrás de los grandes proyectos de infraestructura y del fortalecimiento de políticas públicas que rodean a Colombia, está la banca multilateral. Gigantes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deciden en dónde y cuánto invertir. Medidas que, a la vez, definen el camino del país y de las comunidades que se ven directamente afectadas por estos proyectos. Desde hace un par de años tanto la rama pública del BID, como la privada (el BID Invest), han actualizado sus políticas sociales y ambientales.
Vanessa Torres, investigadora de Ambiente y Sociedad, al igual que diversos representantes de organizaciones y comunidades en toda la región, ha estado en el detrás de bambalinas de este proceso. En esta entrevista cuenta cuáles han sido los logros y los desafíos para lograr que el grupo BID no sólo tenga políticas más sostenibles, sino que incluya a la comunidad en este tipo de decisiones. (Lea acá las recomendaciones que Ambiente y Sociedad hizo a las políticas del BID)
¿Qué ha pasado recientemente con las políticas ambientales y sociales del BID Invest?
A finales de 2018 el BID Invest anunció la actualización de su política ambiental y social durante 2019. Ellos dicen que esta actualización se va a hacer con participación de la ciudadanía de manera virtual, pero ahí vimos un problema. Entonces como organizaciones de la sociedad civil de América Latina les pedimos un espacio de diálogo en las oficinas en Bogotá y sugerimos que esas consultas deberían ser presenciales porque en la región no todas las personas, sobre todo comunidades étnicas y campesinas, tienen acceso a internet. Además, en un proceso presencial se garantiza el acceso a la información, la transparencia y participación ciudadana.
¿Y ellos aceptaron?
Sí. Y eso lo vemos como un avance. El BID Invest acepta esas conversaciones y define cuatro consultas públicas en la región, una de ellas en Colombia. Acá, como Ambiente y Sociedad, lo que hicimos fue impulsar la participación de comunidades que han sido afectadas por proyectos financiados por el banco. Y también hicimos la recomendación de que esos documentos técnicos de política ambiental y social, con lenguaje jurídico, fueran presentados de una manera más sencilla para que la ciudadanía lo entendiera. Eso fue lo bueno.
¿Y lo malo?
Nosotros pedimos que nos compartieran previamente la agenda para decirles qué puntos priorizar ¿Por qué? Porque esa consulta duró medio día , era muy corta y no podíamos perder tiempo.Esta recomendación fue ignorada y la agenda se enfocó en un análisis preliminar de la política, el cual ya había sido hecho previamente en articulación con las comunidades en un proceso de formación en torno a la nueva política y al proceso en curso. Esto fue complejo porque comunidades del Chocó, Antioquia y Santander se desplazaron a Bogotá para participar en esta sesión y esperábamos que tuviera un espacio más amplio para garantizar una retroalimentación.
Es decir que el BID Invest no aceptó ninguna recomendación…
Como resultado del proceso de actualización el BID Invest no tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas en las consultas presenciales y en los documentos técnicos enviados a la institución. A pesar de todo el esfuerzo de movilizar a la sociedad civil. Aprobó el mismo marco normativo que se había planteado en el primer borrador.
En resumen, ¿cuál fue el mayor avance?
Que hubo una disposición a hablar, dialogar, con la sociedad civil y las comunidades. El BID Invest no tenía como costumbre generar espacios de diálogo con la ciudadanía, actualmente, además de las consultas hemos logrado dialogar con el Directorio Ejecutivo, importante instancia de representación del Banco, el cual está abierto a continuar fortaleciendo el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de la región.
¿Cómo fue el proceso con el BID desde su rama de financiación pública?
Lo primero que hay que decir es que el BID encargado de financiar a los Estados, ha dejado de invertir en proyectos de desarrollo, como infraestructura, por los impactos sociales y ambientales generados. En cambio, se ha dedicado más a financiar políticas públicas. Por ejemplo, está financiando el fortalecimiento institucional de la Procuraduría, ente de control fundamental para garantizar derechos humanos en un contexto de inversión. Pero el problema es que la política ambiental y social no incluye aquellos préstamos que financian políticas públicas, y eso es una primera crítica que le hacemos. Solo aplica para proyectos puntuales. Ahí vemos una contradicción.
¿Cómo se ha dado el proceso de actualizar esta política?
En el 2020 empiezan esta actualización. Nosotros también tuvimos un espacio de diálogo con ellos, en abril de este año, donde conversamos sobre la necesidad de hacer consultas públicas. Como ya tenían el antecedente del proceso con el BID Invest, dijeron que existía la disposición de hacer estas consultas, que empezaron en el mes de febrero. Se alcanzaron a hacer cuatro presenciales en Perú, Panamá, Argentina y Jamaica, antes la pandemia. Como Ambiente y Sociedad pudimos participar en las de Panamá y Perú. Principalmente en la consulta de Lima hubo una gran participación de pueblos indígenas. En el caso de Colombia participaron representantes de comunidades campesinas y afro, últimos que fueron clave para impulsar la inclusión de pueblos afro en el interior de la política social y ambiental, dado que habían sido excluidos en el primer borrador. Eso fue uno de los logros.
¿Y qué fue lo bueno?
Uno, fue que el proceso duró dos días. Ellos escucharon la recomendación que les habíamos dado cuando se dio el proceso con el BID Invest. Lo otro, fue que el marco de Derechos Humanos incorporado en la política era débil, faltaba reconocer instrumentos regionales como el Acuerdo de Escazú. Precisamente en el borrador final esta recomendación es atendida y se incluye el respeto de los derechos al acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental con base en el articulado del Acuerdo de Escazú.
Otro logro importante, es que se incorporó una lista de exclusión, que es básicamente qué actividades no va a financiar el BID. Quedaron por fuera los proyectos mineros y de hidrocarburos en exploración y explotación. Como sociedad civil insistimos en la exclusión de actividades como el fracking o los proyectos hidroeléctricos precisamente por los impactos sociales y ambientales generados por Hidroituango en Colombia. Se demuestra a partir de estos avances, la necesidad de una articulación constante por parte de la sociedad civil y lo fuerte y poderosa que puede ser la participación civil en estos escenarios de alto nivel. De hecho, lo que queremos hacer con este proceso es que la ciudadanía entienda el rol de estas instituciones y se acerque los procesos de incidencia y presión para evitar impactos ambientales y sociales que afectan directamente la vida de comunidades enteras y alteran la flora y fauna de ecosistemas estratégicos. La ciudadanía debe entender que es posible exigirles a estas instituciones.
(Lea: Si el BID se vuelve más verde, Latinoamérica será más sostenible)