Sociedad civil latinoamericana intercambia experiencias sobre rendición de cuentas y acceso a reparación en proyectos financiados por el Banco Mundial 

• Organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Panamá para fortalecer su capacidad de usar los mecanismos de rendición de cuentas de la institución financiera internacional más influyente del mundo. El reto no es solo conocerlos: es garantizar que funcionen.

El Banco Mundial financió en 2025 más de 118 mil millones de dólares en proyectos alrededor del mundo. Solo para América Latina y el Caribe, el monto alcanzó los 25 mil millones. Detrás de esas cifras hay represas, carreteras, programas sociales y concesiones que transforman territorios enteros y que, cuando se diseñan o ejecutan sin respetar estándares ambientales y sociales, pueden causar daños irreversibles a comunidades que nadie consultó. Lo que pocas personas saben es que existe un mecanismo para que esas comunidades puedan reclamar.

Un derecho que existe, pero que no siempre llega

Desde 1993 el Banco Mundial cuenta con el Panel de Inspección, el primer mecanismo independiente de rendición de cuentas establecido por una institución financiera internacional. Su propósito: permitir que comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco presenten una queja formal para que un órgano independiente investigue si la institución cumplió con sus propias políticas ambientales y sociales. El Panel determina la elegibilidad de las quejas y conduce investigaciones de cumplimiento sobre si el Banco aplicó correctamente sus políticas y procedimientos en el diseño, evaluación e implementación de un proyecto. 

En 2020, el Banco Mundial reformó su sistema de rendición de cuentas con la creación del Mecanismo de Rendición de Cuentas (Accountability Mechanism – AM), que entró en funcionamiento hasta el 2021. Esta reforma incorporó el Servicio de Resolución de Disputas (DRS), una instancia paralela al Panel de Inspección que ofrece a las partes la posibilidad de participar en procesos voluntarios e independientes de diálogo y mediación para buscar soluciones a las preocupaciones planteadas. l,. Tanto el Panel de Inspección como el Servicio de Resolución de Disputas son mecanismos que cubren exclusivamente proyectos de financiamiento público y reportan de forma independiente a los Directores Ejecutivos. 

Para los proyectos del sector privado financiados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), existe un mecanismo distinto: el CAO (Compliance Advisor Ombudsman), establecido en 1999 y que reporta directamente a los Directorios de ambas instituciones. Su mandato es atender, de manera justa, objetiva y constructiva, las quejas de personas afectadas, así como contribuir a mejorar el desempeño social y ambiental de los proyectos. 

Que estos mecanismos existan es resultado de décadas de presión de la sociedad civil. Pero para que generen cambios transformadores en los territorios depende, en gran medida, que los mecanismos de rendición de cuentas sean conocidos. Por ello, es fundamental fortalecer la difusión de estas herramientas y garantizar que tanto las comunidades como las organizaciones que las acompañan cuenten con la información necesaria para utilizarlas de manera efectiva.  

Ganar la queja no es el final: el seguimiento importa tanto como la denuncia

El caso de la Chiquitanía en Bolivia evidencia con precisión tanto el potencial como los límites de estos mecanismos. Los pueblos indígenas de la región lograron que sus preocupaciones fueran examinadas por el Panel de Inspección y discutidas en el Directorio del Banco Mundial. La investigación derivó en un Plan de Acción.

Pero ese Plan de Acción nunca fue socializado adecuadamente con las comunidades afectadas. ¿Qué significa ganar si nadie te dice qué comprometió el Banco? ¿Qué implica un acuerdo que las personas directamente afectadas no conocen, no entienden y no pueden exigir?

Ahí reside uno de los desafíos más urgentes que señalaron las organizaciones participantes en el taller de Panamá: la rendición de cuentas no termina con la queja ni con el informe. Termina cuando los compromisos se cumplen y las comunidades lo verifican.

Estos mecanismos no son solo una herramienta legal, son un reconocimiento político: las comunidades no son beneficiarias pasivas del desarrollo, sino actores con derechos propios. Cuando una comunidad logra que el Banco Mundial responda por sus actos, sienta un precedente que puede transformar la forma en que se diseñan proyectos futuros.

Ese efecto preventivo es tan valioso como el correctivo. Un banco que sabe que sus proyectos pueden ser investigados por un órgano independiente tiene incentivos para cumplir sus propias políticas desde el inicio, como condición real de operación.

Sin embargo, para que este mecanismo genere un impacto real, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con las capacidades necesarias para utilizarlo de manera efectiva. Esto implica conocer cuándo y cómo presentar una solicitud, comprender las particularidades de los distintos procedimientos y poder acompañar a las comunidades a lo largo de procesos que, en muchos casos, pueden extenderse durante varios años. 

También, resulta clave que estas organizaciones puedan identificar y gestionar los riesgos asociados, brindando apoyo para la protección de quienes presentan reclamaciones frente a posibles represalias. Más allá de la presentación de una queja, su papel es esencial para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, facilitar el acceso a la información y garantizar la participación de las comunidades en los espacios donde se toman decisiones que afectan directamente sus territorios y medios de vida. 

Lo que reveló el taller de Panamá

El encuentro realizado los días 28 y 29 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá reunió a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en rendición de cuentas en América Latina. El objetivo no era solo informar: era construir capacidad colectiva para interactuar con mecanismos que siguen siendo poco conocidos y difíciles de acceder para muchas comunidades.

Las discusiones evidenciaron que las barreras no son solo de información. Son barreras de lenguaje institucional, de recursos para sostener procesos largos, de distancia geográfica y cultural entre las comunidades afectadas y las instancias donde se toman decisiones. Son barreras que la sociedad civil puede ayudar a reducir si tiene las herramientas para hacerlo. Este taller fue también un espacio de intercambio de experiencias entre organizaciones que han acompañado casos concretos. 

El encuentro también puso sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar las personas defensoras del ambiente, líderes comunitarios y comunidades afectadas al participar en procesos de rendición de cuentas. Las y los participantes destacaron que el acceso a estos mecanismos requiere garantías para que quienes presentan información, denuncian impactos o impulsan reclamaciones puedan hacerlo sin temor a amenazas, intimidaciones o represalias. En este contexto, se recordó que el Banco Mundial mantiene una política de tolerancia cero frente a las represalias, reconociendo que la protección de quienes participan en estos procesos es una condición esencial para una rendición de cuentas efectiva.