El bosque es vida- IRI Colombia

Publicado el IRI Colombia

Escazú: un tratado que Colombia reclama

Por: Monseñor Francisco Duque*

El Acuerdo de Escazú por varias razones. Una de ellas es que busca garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Pero hay otra razón muy poderosa para aprobarlo: el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que impone el deber estatal de respetar y garantizar los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad de los defensores del ambiente.

Ello reviste particular importancia en Colombia, porque este es uno de los países donde la defensa del ambiente y de los derechos humanos resulta altamente peligrosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su informe anual de 2021 que Colombia registró el asesinato de 147 activistas. Aún así, ni el gobierno nacional, que se ha limitado a defenderlo muy tibiamente, ni el Congreso de la República han tenido verdadera voluntad para incorporar el Acuerdo a la legislación nacional.

La oposición al Acuerdo de Escazú se ha visto alimentada y reforzada por un fuerte cabildeo de sectores y gremios empresariales que han desarrollado una verdadera campaña de desinformación y de falacias contra el tratado como, por ejemplo, que el proyecto de ley para su adopción se debe someter a consulta previa con las comunidades indígenas; que tal acuerdo atenta contra la soberanía nacional; que amenaza la seguridad jurídica de las inversiones; o que resulta innecesario porque la legislación nacional ambiental es amplia y suficiente.

Esas falacias fueron desmentidas por miembros del gobierno nacional. No obstante, el proyecto de ley no recibió ninguna votación en 2020 y, en consecuencia, se archivó por tránsito de legislatura.

El gobierno nacional volvió a radicar el proyecto de ley para aprobar el Acuerdo de Escazú en octubre de 2021. Esta vez lo radicó sin mensaje de urgencia, clara señal de que el presidente Duque no ha tenido tiene verdadero interés en lograr su aprobación a pesar de las retóricas declaraciones que ha hecho en sentido contrario. De hecho, durante los primeros meses de su administración declaró que este acuerdo resultaba innecesario para Colombia. Accedió a suscribirlo y presentarlo al Congreso como parte de las concesiones hechas para desactivar la fuerte protesta social que se vivió en octubre de 2019.

Un grupo de tres senadores de oposición radicó el 16 de febrero pasado ponencia positiva para primer debate del proyecto en la comisión segunda del Senado. Esta comisión aprobó dicha ponencia y el 29 de abril pasó a plenaria del Senado para segundo debate. Probablemente la legislatura terminará sin cumplir este debate.

En esta oportunidad se volvieron a escuchar los argumentos engañosos empleados anteriormente para torpedear la aprobación del Acuerdo, aunque, según se indicó, muchos de esas afirmaciones fueron desmentidas por el propio gobierno.

Sin embargo, hay un argumento que no ha sido suficientemente desmentido: que el Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía del Estado. Quienes emplean tal argumento olvidan que en 1948 nació una rama del Derecho Internacional Público que impone límites a la soberanía de los Estados cuando se trata del respeto y garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Acuerdo de Escazú hace parte de esta rama del ordenamiento internacional por razón de naturaleza, principios y objetivos.

El estado colombiano es parte en múltiples tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de manera que al ratificarlos y adoptarlos ha decidido voluntariamente aceptar límites en el ejercicio de su soberanía. En realidad, el Estado colombiano suscribe frecuentemente tratados que comprometen su soberanía ante la comunidad internacional: de comercio o de fronteras, por ejemplo.

De aceptarse que el Acuerdo de Escazú no debe ratificarse porque supuestamente violaría la soberanía nacional, habría que concluir que resultan inaceptables todos los acuerdos que limitan la soberanía de país.

¿Estaría dispuesto el gobierno nacional a renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a los tratados en materia de derechos de la mujer o de los niños o en materia de prohibición de desaparición forzada o de torturas, entre otros, con el argumento de que violan la soberanía del Estado colombiano? Más aun, ¿estaría dispuesto a renunciar a los tratados de libre comercio con ese mismo argumento? Poco probable.

Argumentar que el Acuerdo de Escazú no debe aprobarse porque violenta la soberanía nacional no es de recibo. En el fondo las razones para oponerse al mismo son otras. ¿Tal vez porque otorga a la ciudadanía herramientas para defender el ambiente que enfrenta numerosas amenazas de poderosos intereses económicos? ¿Tal vez porque obligaría al Estado a afrontar con seriedad los deberes de prevenir y reprimir la violencia contra quienes defienden el derecho al ambiente sano?

El Estado colombiano debe saber que ratificar el Acuerdo de Escazú es una forma de honrar sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.

 

Monseñor Francisco Duque es Obispo de la iglesia Anglicana de Colombia, presidente del Consejo Interreligioso de Colombia y miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques tropicales, IRI-Colombia.

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