Por: Jorge Tovar
Hace un tiempo se ha disparado la discusión sobre el ingreso básico universal (IBU), la idea de que el Estado entregue un monto de dinero por período de tiempo a cada hogar (o individuo) del país. El concepto no es nuevo y ha existido en otras latitudes, casos de Irán y Alaska, por ejemplo. En el estado norteamericano, desde 1982 se le entrega un cheque anual a cada residente. En Irán, cuando en 2010 se decidieron a bajar subsidios, se compensó tal disminución de ingreso disponible, con un cheque a todos los hogares el país. En este caso, las sanciones de Naciones Unidas poco tiempo después, desvirtuó buena parte de sus intenciones.
En cualquier caso, la idea ha prosperado como argumento para eliminar la pobreza. El IBU tiene la ventaja de menores costos administrativos pues, si todos reciben plata, hay poca necesidad de gastar millones en burocracia buscando identificar los recipientes. Esto es filosoficamente cierto cuando se compara con programas condicionados como puede ser en Colombia familias en acción. En la práctica, sin embargo, los números sugieren que en general los costos administrativos no son tan altos como para justificar el IBU per se.
Ante la ausencia de un generoso fondo petrolero que financie tal programa, la financiación vendrá de impuestos. Pero el IBU puede ser regresivo si no se cuenta con un esquema tributario que lo impida. Si se entrega un monto igual a todos los hogares, la idea es que sean los ingresos altos quienes terminen financiando el programa, es decir que en la práctica “devuelvan” el cheque al Estado vía impuestos.
En los programas de transferencia condicionados tal regresividad no existe. O mejor, no debería existir. Focalizando apropiadamente se lograría entregar dinero (condicional o no) a los hogares necesitados. En la práctica, sin embargo, existen errores de inclusión y de exclusión. Es decir, se incluyen unos hogares que no deberían recibir dinero, y se excluyen hogares que deberían recibir dinero. Esto es debido a que se basa en encuestas que no son periódicas y que en ocasiones carecen de transparencia sobre su operabilidad pues se ven obligadas a mantener en secretos las características que ubican a un hogar a un lado u otro de la línea divisoria entre recibir o no recibir la ayuda.
En un país desarrollado la tarea de implementar un IBU es relativamente sencilla. Debido a que sus ciudadanos declaran impuestos (que no es lo mismo que pagar), el Estado tiene claridad sobre quienes son los que necesitan, quienes tienen, y cómo diseñar un esquema tributario que permita que quienes más tengan devuelvan en impuestos. En países en desarrollo, con una informalidad rampante, con evasión presente, en la práctica terminan pagando impuestos los trabajadores del sector formal con cierto nivel de ingresos. Que por definición son una minoría de la población.
Esta incapacidad de identificar los ingresos de la población, ricos y pobres, se ha visto particularmente acuciante durante la actual pandemia en Colombia. Los gobiernos locales, regionales y el central, hicieron su mejor esfuerzo de identificación de hogares necesitados con las herramientas disponibles, pero fue inevitable que hubiese algunos colados, y sobre todo que muchos se quedaran por fuera de las ayudas oficiales. De ahí los trapos rojos.
La discusión, por tanto, no debería girar en torno a si se requiere un programa de ingreso básico universal, o si hay que continuar con programas condicionados de lucha contra la pobreza. Si algo, la literatura ha demostrado que los programas condicionados han cumplido con su tarea de reducción de pobreza, mejoras de consumo, mayor educación y mejores hábitos de salud. Al menos en el corto y mediano plazo. Es cierto, que la evidencia de largo plazo es menos halagüeña. Pero tampoco hay evidencia que sugiera que un IBU va a reducir la pobreza en el largo plazo. Si algo, hay evidencia que muestra que las mejoras de bienestar de los programas de transferencia condicionados (los que ya existen) son superiores a los de un ingreso básico universal (Hanna and Olken, 2018 )
Dado lo anterior, el debate, al menos en Colombia y países similares, tiene que girar en torno al problema de identificación de la población y cómo reducir los niveles de informalidad. Los grandes problemas que ha desnudado el coronavirus. Se requiere un proceso de identificación periódico que permita hacer un seguimiento permanente del estado de los hogares. Es decir, que declaren impuestos. Declarar, insisto, no es pagar. Es reportarse.
El proceso, por supuesto, no puede darse en el corto plazo, y más que una estrategia de gobierno, deber ser una estrategia de Estado. La condicionalidad no debe estar únicamente en ser mayor, o niño, en estudiar o ir al doctor, sino que es necesario que el colombiano declare sus ingresos al Estado para decidir sobre las ayudas que está recibiendo, así como sobre las ayudas futuras. Los diferentes subsidios, desde transferencias monetarias, hasta los de servicios públicos, deben ser contingentes a la presencia del ciudadano, del hogar, en las bases de datos estales. Al comienzo, por supuesto, habrá errores, trampas, negligencia y desconocimiento, pero con un esquema diseñado para hacer la transición, digamos en 5 o 10 años, se puede atacar de manera directa la informalidad y será posible reaccionar mejor ante las pandemias que, dicen algunos expertos, volverán.
Las propuestas actuales de dar mercados o dinero a hogares necesitados en las actuales circunstancias son acertadas. Hablan de ayudas por uno, dos o tres meses. Pero estos no son ingresos universales, de ahí el título de la columna. Son ayudas temporales que están proponiendo para una situación de crisis. Aún queda por ver los detalles, operativos y de fondeo. En alguna medida, son ayudas condicionadas por la pandemia y en la situación actual, deberían estar condicionados a mantener la cuarentena cuando la autoridad local lo exija.
De las crisis hay que intentar sacar lo mejor. Quizás el virus nos permita entender como sociedad que una economía operando con más del 50% de sus recursos por fuera de la ley (eso es la informalidad), no es sostenible en el largo plazo. La solución no es implementar instrumentos desconociendo sus efectos. El camino está en buscar atacar el problema estructural: conocer a los ciudadanos, a los necesitados y a los que no lo son.