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Coronavirus y Economía: Choques de oferta y demanda.

Hernando Zuleta

Una de las aproximaciones más completas a las posibles implicaciones macroeconómicas del coronavirus la presentan Guerrieri et al (2020).  La perspectiva de estos autores se basa en la noción de que la oferta y la demanda están entrelazadas: la demanda es endógena y se ve afectada por el shock de oferta y otras características de la economía.  La intuición básica es simple: cuando los trabajadores pierden sus ingresos, reducen sus gastos y provocan una contracción de la demanda. Sin embargo, la pregunta es si este mecanismo es lo suficientemente fuerte como para causar un exceso de oferta. La respuesta corta a esta pregunta es que, en un entorno multisectorial, con restricciones al crédito, la caída en la demanda agregada puede ser superior a la caída inicial en la oferta.

Si hay restricciones al crédito, los individuos que derivan sus ingresos de los sectores afectados no pueden ajustar el gasto de acuerdo con el cambio en su ingreso permanente, por lo cual la caída en la demanda se magnifica por la restricción al crédito.

Cuando el choque de oferta se concentra en unos sectores, como sucede en cuarentena, el hecho de que algunos bienes ya no estén disponibles hace que sea menos atractivo gastar en bienes complementarios. Por ejemplo, la supresión de los servicios de bares, restaurantes y hoteles hace que la caída la demanda por licores, cierto tipo de comida y servicios de transporte, entre otros.  Por esto, el empleo cae en sectores no directamente afectados por la cuarentena.

El hecho de que la demanda agregada provoque una recesión más allá de la reducción de la oferta podría llevar a pensar que las intervenciones de política fiscal son poderosas para estimular la demanda agregada. No obstante, en un momento de incertidumbre en el cual las ayudas del gobierno pueden ser transitorias es probable la propensión marginal al consumo sea baja, motivo por el cual el multiplicador keynesiano también es bajo.

Empresas y Empleo

Las empresas tienen costos fijos que deben pagar para permanecer abiertas y operativas. El choque de oferta hace que empresas del sector afectado cierren. Esto, a su vez, genera una caída en la demanda de otros sectores, por lo cual muchas empresas de sectores no directamente afectados por el choque inicial vean reducidos sus ingresos. En estas circunstancias, estas firmas empresas no pueden o no quieren permanecer abiertas porque los costos fijos son muy altos comparados con sus ingresos. Cuando cierran, despiden a sus trabajadores, y nace un nuevo choque endógeno que amplifica el choque inicial. Esto crea un efecto multiplicador que puede ser lo suficientemente fuerte como para cerrar la mayor parte de la economía.

Los sectores más vulnerables son aquellos cuyas actividades se ven sujetas a las restricciones de movilidad impuestas durante la emergencia y que, por su naturaleza, tienen muchas limitaciones para adoptar modalidades virtuales de actividad. Las cifras que presentan las construyen utilizando datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE de 2019, para el Total Nacional y de las encuestas anuales manufacturera, de comercio y de servicios, del mismo DANE. Estos cálculos indican que los sectores afectados directamente por el choque emplean a 9,042,203 trabajadores. Evidentemente, si estos trabajadores pierden sus ingresos laborales (o parte de ellos) el choque de demanda es gigantesco.

Ante esta caída en la demanda, las firmas tienen la posibilidad de ajustar costos variables. Por ejemplo, pueden retener a una parte de sus trabajadores asumiendo pérdida. En este caso, aunque hay una gran pérdida de empleo durante la crisis, la recuperación puede ser más ágil. Sin embargo, cuando los incentivos para mantener a los trabajadores no son lo suficientemente grandes, las firmas cierran y el empleo se destruye. Sin embargo, la decisión de despedir o no a los trabajadores es una decisión inter-temporal, las firmas comparan el efecto del despido en las pérdidas presentes con el efecto de mantener el vínculo en los beneficios futuros.  Así, para tasas de interés lo suficientemente bajas, las empresas ponen más peso en las ganancias futuras que en las actuales pérdidas y deciden retener y pagar a sus trabajadores.

En este entorno, los subsidios a las firmas o los recortes de impuestos sobre la nómina del empleador, políticas que ha adelantado el gobierno, son efectivos para mantener a flote a las empresas y evitar cierres. Sin embargo, estas políticas solo funcionan si las transferencias están condicionadas a que las firmas permanezcan abiertas; una transferencia de suma fija a las empresas no necesariamente evitaría cierres. Por otro lado, cuando los costos fijos de las empresas provienen de las obligaciones de deuda, la política monetaria puede ser útil pues, al reducir los pagos de deuda, puede ayudar a evitar que las empresas cierren.

La destrucción de vínculos entre trabajadores y firmas puede tener consecuencias más prolongadas en la productividad, haciendo que la recuperación después del choque sea más difícil. Las restricciones de liquidez y crédito afectan las decisiones de retener o despedir trabajadores (y la decisión de cerrar o no las firmas). Por esto, las políticas que mitigan estos problemas de liquidez o mejoran los balances de las empresas, al tiempo que proporcionan un incentivo para mantener a los trabajadores, pueden mejorar el resultado.

Informalidad y Pobreza

Así como los vínculos laborales en el sector formal pueden romperse en medio de la crisis. Las actividades informales también se ven afectadas por la caída en demanda. Dado que los trabajadores informales suelen tener ingresos bajos y, por lo tanto, baja capacidad de ahorro, un choque de estas magnitudes puede dejarlos en situación de pobreza. Por estas razones, la crisis actual puede incrementar la pobreza tanto en el margen extensivo como en el margen intensivo.

Por esta razón y para facilitar el cumplimiento de la cuarentena, programas de transferencias no condicionadas (como Ingreso solidario o la compensación del IVA a la población pobre) son fundamentales para contener el aumento en la pobreza.

Choque externo y choque fiscal

Además de los choques descritos hasta el momento, la economía colombiana se ve impactada por dos choques exógenos importantes: el choque externo y el choque fiscal. Los fuertes efectos del COVID 19 sobre las economías de China, Europa y Estados Unidos está generando una caída en la demanda por exportaciones y una gran reducción en los precios de las materias primas. Esto implica que hay otro choque de negativo de demanda para los sectores exportadores y una caída en los ingresos fiscales derivados de los ingresos petroleros.

Las materias primas ocupan el primer renglón en las exportaciones de Colombia. En particular, carbón y petróleo representan alrededor de dos tercios de las exportaciones totales. Por tanto, caídas en los precios de las materias primas tienen consecuencias significativas para el valor total de las exportaciones.  La caída en los precios del petróleo y el carbón también afectan el déficit fiscal del país. Los precios afectan los ingresos del Gobierno por dos canales: por su efecto sobre ingresos tributarios adicionales y por el pago de dividendos de la empresa petrolera nacional (Ecopetrol).

Además, la recesión genera una gran reducción el recaudo. Goldman Sachs prevé una contracción del 2,5% del PIB en 2020, lo cual generaría una caída cercana al 3% en el recaudo tributario.

¿Es posible financiar estas políticas?

Hasta el momento es claro que se requiere un programa de gasto generoso y las discusiones que están actualmente sobre la mesa son (i) si se debe ampliar la base de beneficiarios (firmas e individuos), (ii) si se debe aumentar el monto de transferencias por individuo o por firma. En otras palabras, el gasto público está creciendo de forma acelerada y, probablemente, crecerá más. Pero además de la presión por el lado del gasto, estamos experimentando una caída importante en el recaudo tributario. Estas dos cosas implican que el déficit fiscal alcanzará records históricos al finalizar el año.

Si bien el déficit se ha mantenido constante desde la reforma tributaria de 2012 la deuda pública ha seguido aumentado (el 42,7% del PIB en 2019). Este elevado nivel de reduce el espacio fiscal del que dispone para incrementar el gasto público.

Por supuesto, los costos totales de los programas de protección de empleos, empresas y hogares dependen de la duración de los programas y del monto de las transferencias y, en este sentido, la viabilidad fiscal de los programas de gasto depende de la duración de las medidas de aislamiento preventivo. No obstante, los costos de estos programas pueden llegar a 2,5% del PIB, lo cual sumado a la caída en recaudo tributario y la tendencia en déficit con la cual venía el país hace que el déficit fiscal de 2020 pueda llegar al 6% del PIB.

Dadas las limitaciones fiscales existentes, el Gobierno Nacional ha optado por recurrir a las fuentes de ahorro existentes (el FONPET, un fondo de pensiones público, el FAE, Fondo de Ahorro y Estabilización, y el FRECH, de conformidad con el decreto 444 del 21 de marzo de 2020) por un valor de 14,8 billones de pesos. En segundo lugar, el Gobierno decretó la inversión forzosa por parte del sector financiero por un monto de 9 millones de pesos a través de unos Títulos denominados de Solidaridad (TDS). Una tercera fuente de financiación proviene de solicitar préstamos a bancos multilaterales. Al respecto, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por 250 millones de dólares, equivalente a 0,1% del PIB. También fue renovada una línea de crédito por el FMI por 11.000 millones de dólares.

En conjunto, todas estas fuentes suman 69 billones disponibles para realizar el gasto necesario (cerca de 7% del PIB).  Así, las necesidades de gasto pueden financiarse aun con la caída en recaudo tributario. No obstante, la pregunta que surge es ¿Cómo y cuándo comenzaremos a pagar la deuda?

 

 

 

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