A la crisis de la salud, una reforma imprescindible

El debate de la reforma a la salud (que lleva 5 meses de discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes y una aprobación del 49% del articulado) nuevamente fue aplazado con el argumento de que “la reconfiguración del poder local implica un análisis detallado del contenido de la reforma”. Los intereses políticos y económicos que están en contra de la reforma a la salud emergen en un marco de crisis del sistema con el anuncio de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas a partir del próximo 15 de noviembre.

Según señaló Cruz Verde, hay una deuda que no ha cancelado Sanitas, que asciende a los 400 mil millones de pesos, y que podría afectar a 33 mil usuarios. Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, y Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), mencionaron que el dinero que gira el gobierno a las EPS es insuficiente para cubrir los gastos mensuales de los usuarios.

Por su parte, el ministro de salud, Alfonso Jaramillo, refiere que a las EPS se les a pagado cumplidamente y el problema de fondo es que éstas están cubriendo los gastos de sus IPS y proveedores -en el marco de la “integración vertical”- y retienen el pago a hospitales, clínicas y proveedores que no son de su propiedad, como es el caso, a Cruz Verde. Según las cifras presentadas por Alfonso Jaramillo, las utilidades devengadas el año pasado por Sanitas fueron de alrededor de 235 mil millones de pesos, dinero que fue a parar a las arcas de los propietarios de esta EPS.

He aquí el quid del asunto. No hay control sobre los recursos que entrega el Estado de forma anticipada a las EPS, porque no hay auditoría sobre su administración. Algunas EPS, que hacen parte de emporios económicos, invierten sus ganancias en otros negocios, razón por la cual se desfinancia la salud de los colombianos. Hay que decirlo claramente: desde la promulgación de la ley 100 de 1993, que configuró el sistema mixto de prestación del servicio, la salud se convirtió en un negocio, bastante lucrativo, para algunos actores del sistema de seguridad social integral; en concreto, las EPS.

Incluso, este sistema de salud administrado por las EPS ha generado bochornosos escándalos de corrupción. Vale recordar, por ejemplo, el “carrusel de recobros a la salud”: en mayo de 2011, pago y recobro de medicamentos de alto costo no entregados, tratamientos inexistentes, sobrecostos en contratos de EPS que se convertían en coimas, fueron algunas de las prácticas ilícitas que descubrió la fiscalía y que ascendían al robo de alrededor de 4,5 billones de pesos de la época. En este desfalco a la salud se vieron involucrados varios directivos de EPS.

El debate se ha querido desviar. Es cierto que los “presupuestos máximos” -dineros destinados a tratamientos No PBS- son insuficientes, que la pandemia represó parte de la atención en salud, que algunas EPS tienen pacientes con mayor complejidad que otras, que los cambios en el SOAT han generado gastos adicionales al sistema, que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) – valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema para cubrir las prestaciones del PBS- no se han actualizado como se requiere; sin embargo, la mala administración de los recursos del sistema de salud ha sido la problemática permanente desde 1993 y a estos cambios es a lo que se debe apuntar.

La esencia de la reforma a la salud está en que la administración de los recursos sea encabezada por la ADRES, y que sea esta entidad la encargada de pagarle directamente a las IPS y a los proveedores medicamentos, insumos, tecnologías y tratamientos. Uno de los puntos de la reforma que el gobierno no puede entrar a negociar es que las EPS sigan administrando, como lo están haciendo, los recursos de la salud.

Pueden ser auditores de los recursos que entrega ADRES directamente a los hospitales y cobrar por dicha fiscalización, pero -si se quiere mejorar el sistema- no es posible continuar con su intermediación. Es entendible que los poderes económicos que están detrás de las EPS quieran continuar con el negocio, y tienen influencia política en el Congreso de la República para frenar la reforma; pero el pueblo colombiano debe ser consciente que, si quiere un cambio en el sistema de salud, es imprescindible que los privados dejen de administrarlo.