La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

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Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan establecer las autoridades competentes, el caso plantea una reflexión de fondo sobre uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la prohibición de utilizar la función pública para favorecer intereses políticos o electorales.

Los servidores públicos administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, no a proyectos políticos particulares. Por esa razón, la Constitución y la ley imponen límites claros frente a la participación en política, especialmente cuando existe el riesgo de que se utilicen cargos, contratos, programas sociales o estructuras administrativas para influir en procesos electorales.

Las denuncias conocidas hacen referencia a presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas, así como a la posible utilización de recursos institucionales para fines electorales. De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a conductas que vulneran principios fundamentales de la administración pública y afectan la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni condicionamientos.

Particularmente preocupante resulta cualquier señalamiento relacionado con la supuesta vinculación entre la continuidad contractual o el pago de obligaciones y la participación en actividades políticas. La libertad del sufragio es un derecho esencial en cualquier democracia y no puede verse condicionada por relaciones laborales, contractuales o de dependencia frente al Estado.

Sin embargo, es igualmente importante recordar que las denuncias constituyen apenas el punto de partida de un proceso investigativo. Corresponde ahora a la Fiscalía verificar la autenticidad de las pruebas aportadas, establecer los hechos y determinar si existieron conductas sancionables. De la misma manera, la Procuraduría deberá evaluar la eventual existencia de faltas disciplinarias, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.

Lo verdaderamente valioso en este momento es el mensaje institucional que deja la actuación de quienes han solicitado la investigación: las denuncias sobre posibles irregularidades electorales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Por el contrario, deben ser examinadas con rigor, transparencia e imparcialidad para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

En una época en la que la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones públicas representa uno de los mayores desafíos para la democracia, resulta indispensable reafirmar una premisa básica: el Estado no puede estar al servicio de campañas políticas. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los ciudadanos, no a estructuras electorales.

La transparencia no es una opción; es una obligación. La neutralidad de la función pública no es una recomendación; es un deber constitucional. Y la protección de la libertad del voto no es una formalidad jurídica; es una condición indispensable para que la democracia siga siendo legítima.

Las investigaciones determinarán si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder por los hechos. Mientras tanto, el país debe insistir en un principio irrenunciable: ninguna institución pública puede convertirse en instrumento de presión política ni en plataforma electoral. La confianza ciudadana se construye con transparencia, legalidad y respeto absoluto por las reglas democráticas.

Nota recomendada: El Partido Liberal, un partido sin memoria ni coherencia

No es posible que justamente el partido que en el pasado se puso la camiseta para que Colombia expidiera una ley que permitiera la reparación a las víctimas del conflicto armado y la restitución de las tierras a quienes fueron despojados, hoy decida apoyar a un personaje como Abelardo De La Espriella, a quien poco o nada parecen importarle esas víctimas y que, por el contrario, ha utilizado su profesión como abogado para defender a narcotraficantes y paramilitares responsables de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y despojo de tierras.

Tampoco se entiende cómo un partido que defendió a capa y espada la firma del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC hoy termine al lado de quienes se opusieron a él mediante campañas cargadas de mentiras, desinformación y posverdades, y que desde entonces han buscado hacerlo trizas a cualquier costo.

De igual manera, resulta incomprensible que el partido que defendió la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respalde ahora a un candidato que ha prometido cerrarla, siguiendo motivaciones que nadie termina de explicar con claridad.

Ese tipo de incoherencias son las que han provocado que muchos colombianos desconfíen de la política y de los partidos políticos, porque, en lugar de entender lo que pide y necesita la sociedad actual, se han dedicado a darle rienda suelta al apetito burocrático de sus dirigentes y congresistas, defendiendo causas y visiones propias de la Constitución de 1886 más que los principios consagrados en la Constitución de 1991.

Lo más preocupante es que estas decisiones no parecen obedecer a una discusión ideológica seria ni a una revisión programática de fondo, sino a la simple búsqueda de cuotas de poder y espacios de influencia.

El Partido Liberal, que durante décadas se presentó como una fuerza reformista, progresista y comprometida con la ampliación de derechos, da hoy la impresión de haber renunciado a cualquier identidad política reconocible. Sus dirigentes parecen más interesados en acomodarse al candidato que mejor garantice su supervivencia burocrática que en defender las banderas históricas que alguna vez le dieron sentido a su existencia.

Si esa tendencia continúa, el liberalismo corre el riesgo de convertirse en una simple franquicia electoral sin principios, capaz de respaldar cualquier proyecto político independientemente de sus contradicciones con la historia del partido. Y cuando una colectividad deja de actuar con base en ideas y valores para hacerlo únicamente en función de conveniencias coyunturales, deja de ser un actor relevante para la democracia y se transforma en uno de los principales factores del desencanto ciudadano.

Después, los mismos dirigentes se preguntan por qué crece la abstención, por qué aumenta el rechazo hacia los partidos tradicionales y por qué cada vez más colombianos consideran que la política se ha convertido en un ejercicio de oportunismo antes que en una herramienta para transformar la sociedad.

Peor aún, el Partido Liberal parece haber llegado al punto en el que ya ni siquiera intenta justificar sus contradicciones. Ha pasado de ser una colectividad con una visión reconocible del país a convertirse en una organización que adapta sus principios a las conveniencias del momento.

Lo que antes se presentaba como una defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de la paz y de las instituciones democráticas, hoy parece reducirse a un discurso vacío que se abandona tan pronto aparecen cálculos electorales o beneficios burocráticos. Si el liberalismo puede respaldar sin mayor reparo a quienes cuestionan o combaten las causas que durante años afirmó defender, entonces la conclusión inevitable es que para buena parte de su dirigencia esas banderas nunca fueron convicciones profundas, sino simples herramientas retóricas utilizadas mientras resultaron políticamente rentables.

Esa es una degradación política que no solo traiciona su propia historia, sino que contribuye a erosionar aún más la credibilidad de las instituciones democráticas ante una ciudadanía cada vez más cansada de la incoherencia y el oportunismo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Petro y Uribe son los grandes perdedores de la primera vuelta

En el caso de Uribe Vélez se empieza a demostrar que no es ni de cerca el gran elector que fue en las elecciones de 2010 cuando gracias a su evidente participación en política desde la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos ganó la presidencia, y luego en 2018, logró que Iván Duque ganara.

Hoy la realidad le fue contraria, porque por más que quiso influir en el electorado con sus intrigas y cizañas queriendo enlodar el nombre de Iván Cepeda no logró, ni que Paloma Valencia pasara a la segunda vuelta, ni que sus seguidores y militantes del Centro Democrático le obedecieran ciegamente como sucedía en el pasado.

Para nadie es un secreto que más de la mitad del Centro Democrático estaba ya con Abelardo De La Espriella mucho antes del 31 de mayo.

Álvaro Uribe Vélez comienza a verse como lo que realmente es: un pasado, que ni el ni su circulo cercano quieren aceptar, y lo que es peor, cree que la Colombia es igual a la del año 2002 cuando fue elegido presidente de la república, que sus problemas son iguales y que por tanto las soluciones también.

No entienden que de ese tiempo acá han corrido dos generaciones y que los tiempos cambiaron y que aunque los problemas de una u otra manera se mantenga, las fórmulas para solucionarlos son otras.

Les sucede lo mismo que le pasa a algunos funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán cuando se les pide mayores escenarios de educación en lo que tiene que ver con cultura ciudadana, y lo primero que se les ocurre es sacar la foto de Antanas Mockus, como si todavía estuviésemos en el año 1995 y lo que es peor, como si los ciudadanos fuesen los mismos de aquel entonces.

Otro perdedor fue el presidente Gustavo Petro, no porque Iván Cepeda no lograra la mayor votación en la primera vuelta, no. Sino porque el ciudadano del común le demostró la inconformidad que siente por los desastres de su mandato en materia de seguridad, por la crisis de la salud y por su costumbre de generar caos, desorden y mayor grado de discusión y enfrentamientos verbales, en momentos en que el país pide calma y discusiones moderadas.

Si a los resultados electorales de la primera vuelta le sumamos los de las pasadas elecciones locales, podemos concluir sin ninguna duda que es la segunda derrota electoral que sufre Gustavo Petro durante su presidencia.

Recordemos que Bogotá estrenaba segunda vuelta y lo que sucedió fue la elección contundente de Carlos Fernando Galán en la primera vuelta, claro mensaje de los bogotanos a Gustavo Petro, de que no permitirían más interferencias de la presidencia en las decisiones de la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con grandes obras de infraestructura como el metro, TransMilenio por la avenida 68, la ampliación de la Autopista Norte, etc.

En estas elecciones quedó claro que a los colombianos poco les importa lo que digan expresidentes, incluso el mismo presidente de la república si no esta ejerciendo un buen mandato y que están dispuesto a ejercer un voto castigo si el caso lo merece. Por ahora hay que esperar que resulta en la segunda vuelta y ya el tiempo dirá si el remedio fue peor que la misma enfermedad.

Nota recomendada: Nueva preocupación por aparentes manejos turbios en Ecopetrol

Por lo anterior, cualquier duda o inquietud que pueda generar crisis en la empresa será motivo de cuestionamientos a sus directivas por parte de la opinión pública.

Recientemente se conoció una denuncia de La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, quien acaba de prender las alarmas por supuestos malos manejos del vicepresidente downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo.

La organización recopila una serie de denuncias anónimas de trabajadores, documentos entregados a la línea de ética de la empresa y movimientos sospechosos que ya habrían llegado incluso a la UIAF en las que se afirma de supuestas presiones ejercidas para firmar, en plena ley de garantías y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo, contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todo a velocidad récord, con posibles extensiones de cinco a ocho años. Y lo más grave: se habla abiertamente de coimas del 3 %.

No quiero entrar a juzgar al doctor Trujillo, entre otras porque no lo conozco, y tampoco me corresponde lanzar juicios desde la opinión pública porque no me corresponde y tampoco es de mi interés. Pero, si quiero preguntar si esto es cierto.

Una denuncia por temas de coimas en cualquier escenario es algo supremamente delicado.  No se trata de una irregularidad menor ni de un “error administrativo”. Es un señalamiento que no solo mancha el nombre de la persona en cuestión, sino que además daña la reputación de la empresa como tal, en donde prestan sus servicios miles de colombianos, y es una empresa que valga decirlo, ha beneficiado a todas las regiones a donde ha llegado con temas de responsabilidad social.

Es poner en entredicho miles de millones de pesos que salen del bolsillo de la Nación para terminar, presuntamente. Es afirmar que en plena transición política alguien intenta apurar jugosos contratos con el riesgo evidente de que el 3 % de coima termine siendo el verdadero motor de la decisión. Eso no es un detalle: es un escándalo de proporciones nacionales.

Ecopetrol no es una cualquier empresa; es el corazón energético de Colombia. Es por esto que cada vez que salen a la luz pública este tipo de señalamientos y pedidos para que se investigue, sin importar de quien se trata, la opinión pública cumple el papel de alertar, vigilar y cuestionar si es el caso porque más allá de que esto sea cierto o no, no se puede permitir que la empresa se convierta en botín de unos pocos.

Por todo lo anterior, me uno a quienes piden se investigue este asunto, brindando todas las garantías para la legítima defensa de las personas que resulten involucradas, para que ejerzan su derecho de demostrar su inocencia como nuestra Constitución y nuestras leyes lo establecen.

Sin embargo, hay algo que todos comparten, sin importar de qué tipo de tigre se hable: son animales seguros y valientes. El tigre calcula muy bien si puede intimidar una amenaza o si debe retirarse. Al ser el superdepredador de su ecosistema, no huye inmediatamente; por el contrario, utiliza advertencias físicas y sonoras antes de recurrir a un ataque defensivo si el peligro persiste.

Analizando la manera de actuar del tigre, me surgió inmediatamente una pregunta: ¿qué clase de tigre es el autodenominado “tigre colombiano”, es decir, Abelardo De La Espriella?

El tigre es un animal que genera respeto entre los demás habitantes del territorio donde se encuentra. No huye ni se esconde en medio de una manada, porque es un ser solitario por naturaleza. Abelardo, en cambio, cuando se presenta en público se refugia detrás de un séquito de escoltas que no permiten que nadie se le acerque.

Por eso, dudo que muchos de quienes están enceguecidos con él, y se emocionan con la extravagancia de sus gritos y la agresividad de sus palabras, hayan tenido la oportunidad de estrecharle la mano o compartir una empanada o una arepa de huevo, como suelen hacer los candidatos en campaña. Entre otras cosas, porque Abelardo parece desentenderse de la comida típica colombiana, algo extraño que incluso me lleva a otra pregunta: ¿acaso durante su niñez en el departamento de Córdoba nunca probó el calducho? ¿En Semana Santa no comía mongo mongo, bollo dulce, arroz con frijoles o enyucado?

El tigre es valiente. Abelardo, más bien, parece una de esas personas a quienes les falta valor para enfrentarse a la realidad de un país que vive entre la incertidumbre y la zozobra, pero a quienes les sobra lengua para destilar veneno y lanzar insultos a diestra y siniestra, creyendo que con eso intimidan, cuando en realidad lo que generan es risa.

Lo anterior lo digo porque basta observar el escenario desde el cual le habla a su fanaticada, sin importar si se trata de una plaza pública o de un recinto cerrado. Habla detrás de una urna de cristal, rodeado de un séquito de personas que parecen sacadas de la Fuerza Delta, y cuando recorre las calles lo hace protegido por escoltas que llevan escudos para impedir que alguien se le acerque. ¿Qué otro candidato hace eso? Ni siquiera Gustavo Petro, quien durante la campaña presidencial de 2018 —según él mismo ha contado— estuvo a punto de ser asesinado en una plaza pública de Cúcuta, apareció rodeado de semejante despliegue.

El tigre conoce su territorio. Abelardo, en cambio, parece no conocer ni comprender las necesidades de las regiones de Colombia, porque durante los últimos años se ha dedicado a darse la gran vida entre Italia y Miami, actuando como si perteneciera a la alta sociedad europea emparentada con la élite neoyorquina. En otras palabras, haciendo alarde de su ya conocida extravagancia.

Para concluir, Abelardo De La Espriella ha construido toda una puesta en escena para presentarse como “el tigre”, pero dicha imagen resulta completamente contraria a lo que realmente representa un tigre de verdad. Y precisamente por eso vuelvo a preguntarme: ¿qué clase de tigre es Abelardo?

Los recientes resultados hablan por sí solos. Diez Premios India Catalina en apenas dos años, ocho de ellos obtenidos en 2026, no son producto del azar ni de una coyuntura favorable. Son la consecuencia de una visión gerencial que entendió que la televisión pública no puede resignarse a sobrevivir: debe competir, emocionar y representar al país con estándares de calidad cada vez más altos.

Uno de los mayores aciertos de esta transformación fue apostar por contenidos capaces de conectar tradición e innovación. Producciones como La Vorágine y Francisco el Hombre no solo rescatan relatos profundamente ligados a la identidad colombiana, sino que evidencian una ambiciosa apuesta estética y narrativa que logró posicionar al canal como el más premiado de la edición 2026 de los India Catalina.

Pero quizá el aspecto más significativo de este proceso es la manera en que Amanda Jaimes Mendoza entendió el papel de la innovación tecnológica dentro de la televisión pública. La incorporación de inteligencia artificial en la producción audiovisual regular marcó un precedente en el país y demostró que los canales regionales también pueden liderar procesos de modernización, optimizar recursos y explorar nuevas formas de creación sin perder el enfoque humano y cultural que caracteriza al servicio público.

Ese equilibrio entre tecnología y sensibilidad cultural ha sido fundamental. Porque el éxito no radica únicamente en acumular premios, sino en consolidar un modelo sostenible que permita seguir contando las historias de las regiones con dignidad, profundidad y calidad internacional.

La frase pronunciada por Amanda Jaimes Mendoza al cierre de su intervención resume el espíritu de esta transformación: “La televisión pública tiene la responsabilidad de representar nuestras regiones con calidad y de proyectar nuestras historias al mundo”. Más que un discurso institucional, parece una declaración de principios en tiempos donde muchas veces se subestima el valor de lo público.

Hoy, cuando buena parte de la industria audiovisual busca fórmulas rápidas y contenidos desechables, resulta valioso encontrar liderazgos que entiendan que la cultura, la identidad y las historias regionales siguen teniendo un enorme poder. La gestión de Amanda Jaimes Mendoza no solo revitalizó un canal regional; también dejó una lección para el país: la televisión pública todavía puede innovar, competir y ganar, sin renunciar a su esencia.

El Caribe colombiano es, no por casualidad, una de las regiones con más problemas en la prestación del servicio de salud del país. Pacientes sin cita. Hospitales sin giros. Ciudadanos esperando autorizaciones que nunca llegan. Gente enferma, gente muriendo, en la región más vulnerable de Colombia.

Coosalud EPS no le pertenece a Jaime González. La EPS es propiedad de una cooperativa cuyos dueños reales son miles de colombianos que aportaron sus ahorros confiando en el modelo solidario. Un macroinforme radicado en marzo de 2026 ante la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales lo describe con precisión. Y para entenderlo no hace falta ser abogado.

Imagínelo así. Usted tiene una deuda con el banco. En lugar de pagarla, la convierte mediante un documento contable en una inversión. En el papel ya no debe nada. La deuda desapareció. Pero la plata real, no. Eso es lo que describe el macroinforme: deudas de la EPS fueron transformadas contablemente en inversiones, obligaciones de la empresa terminaron en los hombros de los cooperados, y un Fondo de Aportes Sociales que debía contener quince mil millones apareció con apenas quinientos cincuenta millones. La plata de los socios. Esfumada. Sin que nadie les pidiera autorización.

En 2025 el Gobierno Nacional actuó. La Supersolidaria intervino la Cooperativa. Supersalud intervino la EPS. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Un tribunal de Bolívar ordenó levantar la intervención sobre la EPS y se la entregó con nombre propio a Jaime González. Con nombre propio.

Esa expresión no es retórica: en el fallo aparece su nombre escrito, lo cual deja, como mínimo, una sospecha legítima sobre el juez que decidió hacerlo. Volvió al cargo. Y durante semanas bloqueó sistemáticamente la convocatoria de una asamblea de accionistas, a pesar de que el Estado colombiano controla el 94% de las acciones. Fue necesaria una orden expresa de la Superintendencia de Sociedades para que esa asamblea finalmente ocurriera. Ocurrió esta semana. Hay nueva junta. El miércoles se elige nuevo gerente.

Por eso esta columna termina siendo un llamado directo. Al tribunal de Bolívar. A los jueces del Caribe colombiano. Porque hay que decirlo con todas las letras: Jaime González, con su riqueza acumulada, puede contratar grandes bufetes de abogados que en la práctica terminan enredando los procesos, y porque no, colocando las decisiones a su favor. Esa es una realidad que el país conoce y que la región Caribe ha vivido más que cualquier otra.

El llamado es simple. No se presten para sostener monopolios privados disfrazados de gestión cooperativa. No se presten para devolverle la corona a quien ya demostró que el sistema de salud del Caribe, bajo su administración, no funciona para los enfermos sino para sus propios intereses. Porque mientras los abogados litigan en oficinas refrigeradas, en los pueblos del Bolívar profundo, en los corregimientos del Magdalena, en las veredas de córdoba y sincelejo y en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla, hay gente esperando una cita que no llega. Hay gente muriendo por una autorización que nunca firmaron. Esa gente merece que las instituciones del país, todas, incluida la justicia regional, estén de su lado.

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Los resultados de esta nueva encuesta muestran a Cepeda liderando con 34,3 % y a Valencia consolidándose con 27,9 %. Más allá de las cifras individuales, el dato políticamente más relevante es que ambos fortalecen la percepción de inevitabilidad de una segunda vuelta entre izquierda y derecha, dejando poco espacio para candidaturas de centro o figuras alternativas.

Sin embargo, al comparar esta medición con la primera encuesta publicada por la misma firma, aparecen movimientos interesantes que permiten interpretar tendencias más profundas del electorado.

Cepeda sigue arriba, pero pierde impulso

En la primera medición, Iván Cepeda registraba 35,1 %. Hoy marca 34,3 %. Aunque la caída es moderada —menos de un punto porcentual— sí puede interpretarse como una señal de estabilización de su techo electoral.

Cepeda conserva un voto sólido y altamente fidelizado. Su liderazgo sigue siendo claro y ningún otro candidato logra disputarle el primer lugar. Pero el descenso, aunque pequeño, sugiere que parte del electorado indeciso comienza a mirar otras opciones o que la capacidad de crecimiento del Pacto Histórico empieza a encontrar límites naturales fuera de sus bases tradicionales.

Aun así, el dirigente de izquierda mantiene una ventaja considerable y continúa siendo el candidato con mayor reconocimiento y estructura política entre todos los aspirantes medidos.

Paloma Valencia: la candidata que más crece

La gran ganadora de la encuesta es, sin duda, Paloma Valencia. En la primera medición obtenía 25,4 %; ahora alcanza 27,9 %, creciendo 2,5 puntos porcentuales.

Ese aumento no es menor. En escenarios electorales altamente fragmentados, subir más de dos puntos en tan corto tiempo suele indicar consolidación política, mejor posicionamiento mediático y transferencia efectiva del voto de opinión conservador.

Abelardo de la Espriella se mantiene, pero no despega

El abogado Abelardo de la Espriella pasa de 21,6 % a 21,7 %. En términos estadísticos, prácticamente no hay variación.

Esto revela un fenómeno interesante: De la Espriella tiene una base electoral muy visible mediáticamente, pero hasta ahora no logra expandirse más allá de ella. Su discurso confrontacional y altamente mediático le permite mantenerse competitivo, pero no crecer.

El problema para su candidatura es estratégico: mientras Cepeda conserva el liderazgo y Valencia sigue creciendo, De la Espriella empieza a correr el riesgo de quedarse atrapado en un “tercer lugar permanente”. Y en política presidencial, la percepción de viabilidad es casi tan importante como los votos mismos.

El centro político aparece prácticamente desaparecido

Los números de Claudia López y Sergio Fajardo son quizá los más preocupantes para el llamado centro político.

Claudia López cae de 3,6 % a 3,1 %, mientras Fajardo baja de 2,9 % a 2,4 %. Ninguno logra romper el umbral simbólico del 5 %, tradicionalmente considerado el mínimo para aspirar a protagonizar una campaña competitiva.

La lectura es contundente: el electorado colombiano parece haberse desplazado hacia posiciones más emocionales y polarizadas, reduciendo el espacio para discursos moderados o conciliadores.

La narrativa del “centro racional” que tuvo fuerza en elecciones anteriores hoy parece desconectada de un país marcado por la confrontación ideológica, la inseguridad y el desgaste institucional.

Roy Barreras y los demás: candidaturas testimoniales

El desplome de Roy Barreras también es significativo. Pasó de 0,7 % a 0,3 %, una caída que evidencia enormes dificultades para consolidar una opción propia.

Mientras tanto, nombres como Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros aparecen con porcentajes marginales que hoy no alteran el panorama electoral.

Lo que realmente está diciendo la encuesta

Más allá de quién sube o baja unas décimas, la encuesta deja tres conclusiones centrales.

Primero, Colombia se encamina hacia una elección altamente polarizada entre izquierda y derecha, con un centro político debilitado y sin narrativa movilizadora.

Segundo, Paloma Valencia emerge como la candidata con crecimiento relativo.

Y tercero, aunque Iván Cepeda sigue liderando, su candidatura parece haber entrado en una etapa de consolidación más que de expansión.

En el camino que falta, podrían darse alianzas que podrían alterar las cosas, aunque no mucho porque las cifras muestran un país dividido en dos grandes corrientes políticas que vuelven a convertir la presidencia en un plebiscito ideológico.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién llegará a la Casa de Nariño, sino qué tan profunda será la fractura política y social que dejará esta campaña presidencial.

Nota recomendada: Encuesta de la Fundación Génesis Crea pone a Iván Cepeda y Paloma Valencia en segunda vuelta

La encuesta refleja un escenario político altamente polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Aunque Iván Cepeda lidera con una amplia ventaja del 35,3%, el verdadero foco del debate político se concentra en la disputa por el segundo y tercer lugar entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes representan dos sectores ideológicos distintos de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, con el 27,5% de intención de voto, demuestra una consolidación importante como figura política tradicional del uribismo y del conservadurismo institucional. Su desempeño evidencia que aún existe una base electoral sólida que busca continuidad en propuestas asociadas con seguridad, autoridad y defensa del modelo económico tradicional. Además, el hecho de que su porcentaje de rechazo (“nunca votaría”) sea del 17%, considerablemente menor que el de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, le otorga una ventaja estratégica. Esto significa que, aunque no sea la candidata favorita de todos, genera menos resistencia entre sectores moderados y podría crecer en una eventual segunda vuelta.

Por otro lado, Abelardo de la Espriella alcanza un 20,4%, una cifra significativa para un candidato cuya trayectoria ha estado más vinculada al debate mediático y contestatario, más que a la confrontación de ideas y a la política electoral tradicional. Su crecimiento parece apoyarse en un discurso confrontacional y de oposición fuerte frente a la izquierda. Sin embargo, su principal debilidad está en el nivel de rechazo: el 28% asegura que nunca votaría por él. Esto indica que, aunque posee una base de apoyo considerable, tiene dificultades para ampliar su electorado hacia sectores independientes o moderados.

El caso de Iván Cepeda es particularmente interesante porque, a pesar de liderar ampliamente la intención de voto con el 35,3%, también encabeza el nivel de rechazo con un 31,5% de personas que afirman que nunca votarían por él, quizás por el lastre que carga al ser el candidato del Pacto Histórico, partido de Gobierno.

Cepeda parece concentrar el respaldo de sectores progresistas, sindicales y de izquierda que respaldan cambios estructurales en el país, especialmente en temas sociales y de paz. Sin embargo, el alto rechazo demuestra que todavía existe un temor o resistencia importante frente a proyectos políticos asociados a la paz total y los malos resultados que hoy arroja la presidencia de Gustavo Petro en esta materia. Su principal reto será convertir su liderazgo inicial en una mayoría más amplia, capaz de atraer votantes independientes y moderados que podrían definir una eventual segunda vuelta presidencial.

Continúa Claudia López quien aparece débil en esta medición con apenas un 2,1% de intención de voto. Aunque fue una figura política de gran relevancia durante los últimos años y logró posicionarse como una alternativa de centro y anticorrupción, la encuesta refleja dificultades para recuperar apoyo ciudadano. Su porcentaje de rechazo, aunque relativamente bajo frente a otros candidatos principales, tampoco se traduce en intención efectiva de voto. Esto podría indicar que muchos electores no la consideran una opción prioritaria dentro del panorama actual, posiblemente debido al desgaste político de su gestión en Bogotá o a la pérdida de fuerza del discurso de centro frente a una elección dominada por la polarización ideológica.

El resto de candidatos presenta cifras marginales que muestran poca capacidad de consolidar una opción competitiva. Sergio Fajardo, Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Roy Barreras y Mauricio Lizcano no superan el 2% individualmente, lo que refleja dificultades para conectar con un electorado que parece inclinarse hacia figuras más visibles y polarizantes. Algunos de estos candidatos representan sectores regionales o técnicos, pero aún no logran construir un discurso nacional fuerte. También llama la atención el porcentaje de voto en blanco (5,7%), superior al apoyo de la mayoría de candidatos minoritarios, lo que evidencia un nivel importante de inconformidad o falta de identificación política entre los ciudadanos.

También resulta relevante observar que la encuesta muestra una participación electoral potencialmente alta: más del 88% afirma que votaría o probablemente votaría. Esto indica un ambiente político de fuerte movilización ciudadana, posiblemente motivado por la polarización y la incertidumbre económica y social del país.

La composición de género de la encuesta —48,7% hombres y 51,3% mujeres— sugiere además un electorado equilibrado, donde las campañas deberán conectar tanto con preocupaciones económicas y de seguridad como con temas sociales y de representación. En este contexto, Paloma Valencia podría beneficiarse de una imagen de liderazgo político institucional, mientras Abelardo de la Espriella mantiene atractivo entre votantes inconformes que buscan figuras más radicales y disruptivas.

En conclusión, aunque Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto, la verdadera batalla política parece estar ocurriendo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Valencia proyecta mayor viabilidad electoral por su menor nivel de rechazo y capacidad de atraer votantes de centro-derecha, mientras De la Espriella representa un fenómeno de opinión fuerte pero más limitado por la polarización que genera.

Por su parte, Cepeda deberá enfrentar el desafío de reducir la resistencia que despierta en amplios sectores del electorado.