Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

En ese sentido, considero que tienen toda la razón los proveedores y contratistas del colegio Gimnasio Santana del Norte que han hablado conmigo para manifestar su profundo malestar por los constantes incumplimientos en el pago de las obligaciones adquiridas y formalmente pactadas por el centro educativo. No se trata, por tanto, de simples inconformidades aisladas ni de reclamos carentes de fundamento, sino de situaciones que, según relatan quienes las padecen directamente, vienen afectando de manera seria el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Es perfectamente entendible que estos proveedores y contratistas estén molestos. Muchos de ellos dependen de los pagos que reciben del colegio para cumplir con la nómina de sus trabajadores, atender compromisos con sus propios proveedores, cubrir obligaciones tributarias y mantener en funcionamiento los servicios que prestan. Cuando una institución contrata un servicio, recibe el beneficio de este y establece unas condiciones de pago, lo mínimo que puede esperarse es que honre oportunamente lo pactado. Cumplir un contrato no debería presentarse como un favor, sino como una obligación elemental derivada de la palabra empeñada y de la responsabilidad empresarial.

No creo que sea necesario recordar al colegio ni a su propietaria, la señora Jackeline Santana, que detrás de cada factura pendiente, de cada cuenta sin pagar y de cada obligación incumplida hay personas, familias, trabajadores y pequeñas empresas que también tienen compromisos que atender. Mucho menos debería ser necesario recordar que una institución educativa, por la naturaleza de su actividad y por el ejemplo que pretende transmitir a sus estudiantes, debería distinguirse precisamente por el respeto, la responsabilidad y la ética en sus relaciones con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.

Lo que resulta aún más preocupante, según manifiestan las personas que han hablado conmigo y cuyos nombres no voy a mencionar para protegerlas, es la presunta falta de canales efectivos de comunicación para atender estos reclamos. Afirman que en repetidas ocasiones no reciben respuesta a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos y que, incluso cuando acuden personalmente en busca de una explicación, no encuentran una atención adecuada. Si esto ocurre de manera sistemática, estaríamos frente a una situación mucho más grave que un simple retraso en un pago: estaríamos hablando de una preocupante ausencia de responsabilidad y de respeto frente a quienes legítimamente exigen el cumplimiento de lo que se les debe.

Una institución puede atravesar dificultades financieras, administrativas o de cualquier otra naturaleza. Lo que no resulta aceptable es convertir esas dificultades en una carga que deban soportar unilateralmente quienes prestaron un servicio de buena fe. Si existen problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, lo correcto es dar la cara, explicar la situación, establecer acuerdos serios y cumplirlos. El silencio, la evasión y la indiferencia no solucionan las obligaciones pendientes; por el contrario, profundizan la desconfianza y deterioran relaciones comerciales construidas durante años.

Tener una posición dominante o contar con mayor capacidad económica, contractual o institucional no otorga licencia para desconocer los derechos del otro, ignorar sus reclamos o tratarlo con desprecio. Mucho menos cuando se trata de personas y empresas que prestan servicios vitales para la operación de un colegio. Ningún proveedor debería sentirse obligado a rogar por un pago que le corresponde, perseguir indefinidamente a quien tiene la obligación de pagarle o soportar malos tratos simplemente porque se encuentra en una posición contractual más débil.

El respeto hacia los proveedores también hace parte de la responsabilidad social y de la cultura institucional de cualquier organización. Un colegio no solo educa dentro de sus aulas; también educa con sus decisiones, con la manera como trata a sus trabajadores, con la forma en que responde ante sus obligaciones y con el comportamiento que adopta frente a quienes dependen de su actividad. Por eso, resulta particularmente contradictorio que una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes pueda transmitir, por acción u omisión, la idea de que las obligaciones pueden incumplirse y que quienes reclaman legítimamente pueden ser ignorados.

Por ello, sería deseable que el Gimnasio Santana del Norte y su administración asuman con seriedad los reclamos que vienen haciendo sus proveedores y contratistas, revisen las obligaciones pendientes y establezcan mecanismos claros, transparentes y verificables para ponerse al día. La solución no pasa por guardar silencio ni por cerrar las puertas a quienes reclaman; pasa por responder, reconocer las obligaciones y cumplirlas. Al final, la verdadera medida de una institución no está únicamente en lo que ofrece a quienes pagan por sus servicios, sino también en la manera como responde frente a quienes, desde otras posiciones, hacen posible que esos servicios puedan prestarse.

La educación exige coherencia. No se puede hablar de valores, responsabilidad, respeto y principios mientras, al mismo tiempo, quienes hacen parte de la cadena que sostiene la actividad educativa deben enfrentar incertidumbre, silencio o incumplimientos para recibir aquello que legítimamente se les adeuda. Los proveedores también merecen respeto, respuestas oportunas y, sobre todo, que se honre la palabra empeñada. Esa debería ser una obligación básica de cualquier institución, pero mucho más de una que tiene como propósito formar a las nuevas generaciones.

Nota recomendada: El adoctrinamiento de Viviane Morales

No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

Nota recomendada: ¿Exceso emocional? Pregunta para la magistrada Cristina Lombana

No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

Nota recomendada: Presidente De La Espriella, menos espectáculo y más resultados

Por eso, tampoco me resultó extraño que diseñara una ceremonia de posesión con alfombra roja y backing fotográfico, como si se tratara de los Premios Óscar, los Billboard, los Grammy o cualquier otro espectáculo de celebridades. Mucho menos me sorprendió verlo, durante una rueda de prensa en la que anunciaba medidas de urgencia frente a la tragedia que afecta a miles de familias por el terremoto, lanzando besos al aire.

Puede que algunos consideren ese comportamiento una estrategia de comunicación. Otros, una manera de mantenerse vigente en redes sociales. Lo cierto es que, mientras el país enfrenta una tragedia de enormes proporciones, el presidente parece empeñado en recordarnos que también sabe posar, provocar conversación y coleccionar «likes».

Pero, más allá del espectáculo, lo que sí esperaba era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: resultados.

Esperaba medidas rápidas para las familias que hoy viven en carpas improvisadas, que perdieron sus viviendas y que, en muchos casos, dependen de la solidaridad espontánea de otros colombianos para conseguir siquiera un plato de comida al día. Esa solidaridad ciudadana, admirable y conmovedora, no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad del Estado.

A estas alturas, De La Espriella ya debería tener una hoja de ruta clara, concreta y verificable para que el país empiece a superar la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su gabinete debería estar trabajando a toda máquina. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son contradicciones, improvisaciones y anuncios que dejan la preocupante impresión de que buena parte del Gobierno Nacional todavía no entiende las dimensiones reales del país que le corresponde administrar.

El presidente anunció durante su discurso de posesión que congelaría el gasto público. Perfecto. Pero entonces vale la pena preguntar: ¿cómo se congela el gasto público cuando precisamente se necesita realizar inversiones extraordinarias para reconstruir ciudades y municipios devastados por un terremoto?

Después aseguró que no tenía capacidad de endeudamiento debido, según él, al excesivo derroche del Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora aparece el anuncio de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había capacidad de endeudamiento o sí la había? ¿El gasto se congela o se descongela cuando las circunstancias políticas lo exigen? ¿Se trata de austeridad fiscal o de austeridad selectiva?

Porque gobernar no consiste en lanzar una consigna económica durante un discurso y descubrir, unas semanas después, que la realidad tiene la desagradable costumbre de contradecir los eslóganes.

Y si de contradicciones hablamos, merece capítulo aparte la ministra de Educación, Viviane Morales, quien anunció el incremento de las clases virtuales en las ciudades y municipios afectados donde varios colegios resultaron averiados, con el propósito de evitar que niños, niñas y adolescentes interrumpan sus jornadas académicas.

La intención puede sonar muy bien desde una oficina con internet de alta velocidad, computador, energía eléctrica y aire acondicionado. El problema es que Colombia no se gobierna desde una presentación de PowerPoint.

¿Se puede hablar seriamente de educación virtual para niños y adolescentes de familias que lo perdieron todo y que hoy duermen en carpas improvisadas? ¿De dónde van a sacar los dispositivos electrónicos para conectarse a una clase? Y, suponiendo que el Ministerio de Educación tenga la generosidad de entregarlos, ¿van a proporcionar uno por cada menor de edad? ¿O una familia con tres, cuatro o cinco hijos deberá organizar una especie de campeonato olímpico para decidir quién se conecta a la clase de las ocho de la mañana?

Pero hay algo todavía más preocupante: ¿cómo se implementará esta estrategia en regiones como el Chocó, donde la conectividad sigue siendo una enorme dificultad? ¿Está garantizada la señal de internet en todos los municipios afectados? ¿Se verificó el estado de las redes de telecomunicaciones después del terremoto? ¿Qué ocurrirá en las zonas donde además de las viviendas colapsaron las redes eléctricas y de comunicaciones?

Porque después de un desastre natural, la primera tarea del Gobierno debería ser conocer el territorio. No imaginarlo.

Y mientras el país intenta entender esta colección de anuncios, aparece otro episodio difícil de explicar: el descanso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta, en medio de una emergencia nacional que demanda presencia, coordinación y liderazgo. Si la imagen que se transmite es que mientras miles de colombianos duermen en carpas algunos funcionarios están disfrutando del paisaje, resulta perfectamente comprensible que la ciudadanía se pregunte dónde están las prioridades del Gobierno.

A eso se suma la desafortunada propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a las personas de Buenaventura que perdieron sus viviendas: entregarles cemento para que ellas mismas se encarguen de reconstruirlas.

Francamente, resulta difícil decidir qué es más preocupante: la propuesta o la tranquilidad con la que parece haberse formulado.

Quizá, siguiendo esa lógica, el próximo paso sea entregarles ladrillos a las víctimas, una pala, un casco y un manual de construcción para que el Estado pueda declarar inaugurada la reconstrucción sin tener que involucrarse demasiado.

Mientras tanto, Abelardo De La Espriella intenta desviar parte de la conversación nacional con su famoso «Libro Blanco», mediante el cual busca impulsar una persecución judicial contra altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y contra el propio exmandatario.

Puede que ese asunto tenga importancia y que las investigaciones que correspondan deban adelantarse. Nadie está diciendo lo contrario. Pero hay un pequeño detalle que el presidente parece olvidar: hoy gobierna él.

Ya no está en campaña. Ya no es el candidato que podía recorrer escenarios, lanzar acusaciones, señalar culpables y convertir cada declaración en un espectáculo político. Ahora es el presidente de la República. Y eso significa que las excusas, los discursos incendiarios y las estrategias de distracción tienen una fecha de vencimiento: el día en que comienzan las responsabilidades.

El país no necesita que el presidente grite más fuerte en un micrófono ni que señale a más personas como corruptas. Necesita que sus funcionarios lleguen a los territorios, coordinen ayudas, reconstruyan viviendas, restablezcan servicios públicos, garanticen la educación, atiendan a las víctimas y presenten resultados.

Porque, señor presidente, gobernar no es una campaña electoral permanente.

Gobernar es tomar decisiones incómodas cuando nadie tiene ganas de tomarlas. Es reconocer los errores antes de que se conviertan en tragedias mayores. Es corregir a los ministros cuando se equivocan. Es estar donde están los ciudadanos cuando las circunstancias más lo exigen. Y, sobre todo, es responder por los resultados.

Hasta ahora, lamentablemente, los resultados que deberían llenar titulares brillan por su ausencia.

Lo que sí hemos visto es la extraordinaria solidaridad de millones de colombianos que se han puesto la camiseta para ayudar a quienes más lo necesitan. Han llevado comida, agua, ropa, medicamentos y toda clase de ayudas. Lo han hecho espontáneamente, sin que nadie se los ordene y, mucho menos, porque la primera dama, Ana Lucía, haya descubierto de repente una fórmula mágica de solidaridad nacional.

Puede que ella también esté trabajando y que su labor merezca reconocimiento. Pero la solidaridad de los ciudadanos pertenece a los ciudadanos. No puede ser presentada como un logro personal de la Casa de Nariño ni como una extensión de la imagen presidencial.

Señor presidente Abelardo De La Espriella: usted quiso ser presidente de Colombia. Lo consiguió.

Ahora le corresponde la parte menos glamorosa del cargo: gobernar.

Y gobernar implica mucho más que una alfombra roja, una fotografía perfectamente iluminada, un beso lanzado al aire, una denuncia contra el gobierno anterior o una publicación viral en redes sociales.

Mientras usted administra la imagen, miles de colombianos administran la tragedia.

Mientras usted intenta dominar la conversación pública, ellos intentan reconstruir sus vidas.

Mientras usted anuncia, ellos esperan.

Y mientras ellos esperan, el tiempo pasa.

Por eso, señor presidente, con todo respeto: menos espectáculo y más Estado; menos pose y más gestión; menos discurso y más resultados.

Porque la Presidencia de la República no es un escenario.

Y Colombia, definitivamente, no está para aplaudir una función.

Está esperando que alguien gobierne.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Para nadie es un secreto que numerosos políticos, empresarios e incluso algunos colegas periodistas miran con desconfianza al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Pero, como durante los próximos cuatro años buena parte de las decisiones del país pasarán por sus manos, muchos parecen considerar que conservar sus privilegios vale más que preservar su independencia. Prefieren sacrificar la dignidad antes que arriesgar el acceso al poder, porque en ciertos círculos la cercanía con el gobernante de turno siempre ha sido una inversión más rentable que la coherencia.

Desde mi punto de vista, esa es la principal razón por la que las críticas al nuevo presidente han sido tan escasas y tibias. Lo prioritario, por ahora, parece ser congraciarse con De La Espriella, repetir los temas que le resultan agradables y alimentar una narrativa complaciente, aunque esta carezca de relevancia para los problemas reales del país. Resulta difícil encontrar una mejor muestra de esa actitud que dedicar una mañana entera de un programa radial a exaltar un vallenato de Rafael Escalona compuesto en honor al presidente electo, como si el país no enfrentara asuntos infinitamente más urgentes que discutir.

Me pregunto si Abelardo De La Espriella siente algún grado de gratitud frente a semejante nivel de complacencia. No me sorprendería que, en realidad, le resultara indiferente. Conoce demasiado bien a quienes hoy lo ovacionan. Sabe que buena parte de las élites económicas, políticas y sociales —especialmente las bogotanas— no actúan por convicción, sino por conveniencia. Son las mismas élites que, según soplaran los vientos del poder, fueron capaces de aplaudir tanto a Simón Bolívar por liberar a la Nueva Granada como a Pablo Morillo cuando la Corona española recuperó el control. La lealtad, para muchos de ellos, nunca ha sido un principio; ha sido un negocio.

Tampoco me sorprende que De La Espriella anuncie que no vivirá en el Palacio de Nariño y que prefiera establecerse en Barranquilla. Más que una decisión administrativa, parece un gesto político cuidadosamente calculado. Obligar a los grandes poderes económicos y políticos de Bogotá, Cali y Medellín a desplazarse hasta donde él se encuentre constituye una manera de reafirmar su liderazgo y de enviar el mensaje de que será el centro alrededor del cual deberá girar el establecimiento. Es, en esencia, un desafío deliberado a las élites tradicionales y una demostración de fuerza frente a quienes históricamente han monopolizado la influencia en el país.

Sin embargo, esa decisión también refleja la extravagancia que ha caracterizado su estilo público. Da la impresión de que concibe la Presidencia como una extensión de su personalidad y no como una institución sometida a límites constitucionales. Pareciera creer que, una vez asuma el cargo, él será el Estado y que donde él esté también estará el Estado. Es una visión profundamente personalista del poder, más cercana a la lógica absolutista de un Luis XIV que a la de un jefe de Estado en una democracia constitucional.

De La Espriella parece olvidar que el Estado colombiano no se reduce al presidente de la República. Está integrado por tres ramas del poder público, cada una con autonomía y competencias propias. El Ejecutivo es apenas una de ellas. Que el presidente decida residir en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Tumaco o cualquier otra ciudad no significa que el Estado cambie de sede ni que la institucionalidad se traslade con él. La descentralización consiste en fortalecer las capacidades de las regiones, no en convertir el lugar de residencia del mandatario en el nuevo epicentro del país. Confundir ambas cosas revela una comprensión equivocada del funcionamiento del Estado o, peor aún, una peligrosa tendencia a identificar la institucionalidad con la figura presidencial.

Ojalá quienes hoy hacen fila para quitarse el sombrero, hacer venias y rendirle honores al nuevo mandatario recuperen pronto la independencia que exige una democracia saludable. El papel de los dirigentes políticos, de los empresarios y, sobre todo, de los periodistas no consiste en halagar al poder, sino en vigilarlo, cuestionarlo y señalar sus errores, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quien gobierna. La crítica responsable no debilita la democracia; por el contrario, la fortalece.

Porque, si algo ha demostrado la historia política colombiana, es que el exceso de adulación suele preceder a las mayores decepciones. Quienes hoy aplauden sin reservas podrían ser los primeros en tomar distancia cuando aparezcan los errores inevitables del ejercicio del poder. En Colombia, escupir al cielo siempre ha sido un mal negocio: tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda. Y si el gobierno pretende convertir la llamada “Patria Milagro” en algo más que un eslogan, necesitará mucho más que aplausos, canciones y reverencias. Necesitará instituciones fuertes, resultados concretos y ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, no a rendir pleitesía.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

Su estrategia resulta, cuando menos, paradójica. El candidato que pretende asumir la responsabilidad de conducir uno de los organismos más importantes del Estado en materia de vigilancia de los recursos públicos ha optado por presentar a la institución que aspira a dirigir como una estructura ineficiente, costosa, atrasada y atrapada en un laberinto normativo. Ha cuestionado su funcionamiento, ha puesto en duda la relación entre lo que cuesta y lo que recupera y ha advertido que ha perdido terreno frente a la inteligencia artificial.

La pregunta, entonces, no es solamente qué reformas propone Laverde. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿por qué alguien que aspira a dirigir una institución considera necesario destruir su reputación antes de llegar a ella?

Porque una cosa es hacer una crítica rigurosa al funcionamiento de la Contraloría y otra muy diferente es convertir el desprestigio de la entidad en la plataforma de lanzamiento de una candidatura.

Si la Contraloría tiene problemas, deben señalarse. Si existen procesos que deben modernizarse, deben reformarse. Si la tecnología disponible no está siendo aprovechada suficientemente, debe corregirse. Si el sistema normativo requiere una actualización, el Congreso debe discutirla. Todo eso es perfectamente legítimo y, en muchos casos, necesario.

Lo que resulta difícil de aceptar es que se pretenda construir un proyecto de dirección institucional a partir de una narrativa que termina arrastrando en sus cuestionamientos a miles de funcionarios que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones políticas de quienes han ocupado el despacho del Contralor.

La Contraloría no apareció ayer. No nació con el próximo Contralor ni desaparecerá cuando termine su periodo. Es una institución que ha sobrevivido a gobiernos de diferentes tendencias políticas, a múltiples administraciones y a distintas coyunturas nacionales. En ella trabajan servidores públicos que han dedicado años de su vida profesional a investigar el uso de los recursos estatales, adelantar auditorías y procesos de responsabilidad fiscal y vigilar el patrimonio público.

Por eso, cuando un candidato afirma que la institución no ha funcionado realmente, no está cuestionando únicamente a sus antiguos directivos. Está poniendo bajo sospecha el trabajo de miles de personas que han cumplido sus funciones dentro del marco constitucional y legal existente.

Y aquí aparece el punto que Laverde parece olvidar: quien quiere ser Contralor no puede comportarse como si estuviera haciendo campaña para ser el liquidador de la Contraloría.

El país necesita un Contralor que llegue a fortalecer la institución, no uno que necesite debilitarla discursivamente para justificar su propia llegada.

Una candidatura seria debería ser capaz de explicar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué debe cambiar. Debería presentar cifras, resultados comparables, evaluaciones técnicas y propuestas concretas. Debería reconocer que una institución pública puede tener deficiencias sin que eso signifique que todo lo construido durante décadas carezca de valor.

Pero decir que el control fiscal colombiano es una «colcha de retazos», cuestionar el desempeño de la entidad y presentar sus herramientas como insuficientes puede resultar políticamente rentable, pero institucionalmente es una apuesta peligrosa. Porque una vez que se destruye la confianza en una entidad de control, se debilita precisamente aquello que se pretende defender: la capacidad del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos.

La paradoja es todavía mayor cuando se habla de modernización. Nadie discute que la Contraloría debe avanzar en inteligencia artificial, analítica de datos y herramientas tecnológicas. Pero modernizar una institución no significa declarar obsoleto todo lo que existe. La tecnología debe ponerse al servicio de la experiencia acumulada, no utilizarse como argumento para desconocerla.

Y si la DIARI requiere mayor inversión, mejores resultados o un uso más eficiente, la discusión debe hacerse con evidencia. No basta con mencionar cuánto cuesta una herramienta tecnológica para insinuar que no funciona. La verdadera discusión debería ser qué resultados produce, qué capacidades ha desarrollado y cómo puede mejorarse.

Lo mismo ocurre con el marco jurídico. Es posible que el control fiscal necesite una mayor integración normativa. Es posible que existan disposiciones dispersas que requieran armonización. Pero presentar décadas de evolución legislativa como una simple «colcha de retazos» desconoce que las normas también son el resultado de las respuestas que el Estado ha tenido que construir frente a nuevas formas de corrupción, nuevas modalidades de daño patrimonial y nuevas exigencias constitucionales.

La reforma que necesita Colombia no es la que nace del desprecio por lo existente. Es la que nace del conocimiento profundo de aquello que se quiere transformar.

Y es precisamente allí donde los cuestionamientos sindicales adquieren una dimensión que Laverde debería tomar en serio. Que las organizaciones de trabajadores de la Contraloría hayan decidido salir públicamente a controvertir sus afirmaciones no puede despacharse como una simple reacción gremial. Es, también, una señal de que existe una institución que se siente injustamente representada por el discurso de quien aspira a dirigirla.

Laverde debería preguntarse si realmente está construyendo autoridad o si, en su intento por obtener el respaldo necesario para llegar al cargo, está erosionando la legitimidad de la institución que mañana podría estar bajo su responsabilidad.

Porque hay una diferencia entre ser elegido para cambiar una entidad y ser elegido después de haber contribuido a convencer al país de que esa entidad es prácticamente un fracaso.

El próximo Contralor tendrá que enfrentar enormes desafíos. Tendrá que mejorar la recuperación de recursos públicos, fortalecer el control preventivo, combatir la corrupción, modernizar los sistemas de información, coordinar el trabajo con las contralorías territoriales y aprovechar las nuevas tecnologías. Para hacerlo necesitará algo que no se obtiene con discursos de campaña: la confianza de la institución que va a dirigir.

Y esa confianza comienza por respetar a quienes la integran.

No se trata de blindar a la Contraloría de la crítica. Se trata de exigir que la crítica tenga altura, rigor y responsabilidad. Un candidato puede y debe señalar los errores de una institución, pero no puede desconocer que detrás de ella hay funcionarios que han dedicado años a cumplir una función esencial para la democracia.

Es muy fácil llegar desde afuera y decir que todo está mal. Lo verdaderamente difícil es asumir la responsabilidad de demostrar, desde adentro, que se puede hacer mejor.

Por eso, si Jorge Eliécer Laverde quiere ser el próximo Contralor General, debería entender que su primera tarea no será destruir la imagen de la entidad para después presentarse como su salvador. Su desafío será demostrar que conoce la institución, que respeta a sus funcionarios y que tiene la capacidad de transformarla sin convertirlos en los primeros damnificados de su discurso.

Colombia no necesita un Contralor que llegue a pasar factura. Necesita uno que llegue a construir.

No necesita un candidato que pretenda demostrar que todo estaba mal antes de su llegada. Necesita un servidor público capaz de reconocer los avances, corregir las fallas y asumir la responsabilidad de producir resultados.

Y, sobre todo, no necesita que quien aspire a dirigir una institución tenga que pasar por encima de ella para llegar al cargo.

Porque si para conquistar la Contraloría hay que destruir la confianza en la Contraloría, entonces cabe preguntarse qué es lo que realmente se está buscando: ¿fortalecer una institución fundamental para la democracia o utilizarla como el escenario de una ambición personal?

La respuesta debería importarles, y mucho, a quienes tienen en sus manos la elección del próximo Contralor General.

Nota recomendada: Los retos que le esperan a Ecopetrol

Actualmente, no solo se habla de un supuesto hackeo a los sistemas de información de su Junta Directiva, hecho que, según informó Caracol Radio, habría permitido a los atacantes obtener cerca de un terabyte de información, equivalente a 327.095 archivos, de los cuales 11 fueron clasificados como críticos y tres como de alto riesgo.

En este asunto, Luis Felipe Henao, el mismo que hace unos meses me negó tener algún interés en llegar a un cargo de gran relevancia en la empresa y que, por cosas de la política, hoy ocupa nada menos que la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, deberá implementar mayores y mejores controles en los sistemas para evitar cualquier fuga de información que pueda generar riesgos, bien sea por un ataque informático o porque alguno de sus miembros decida filtrar información.

Por supuesto, no se puede olvidar que se debe buscar la manera de reactivar o suscribir nuevos contratos de exploración, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking bien hechos, que no generen problemas ambientales y que, al mismo tiempo, garanticen unas finanzas sanas y sostenibles en el tiempo. Esto resulta fundamental para evitar una eventual reducción en la calificación de las agencias internacionales, situación que podría generar riesgos para la empresa en la bolsa.

También se ha advertido en los últimos días, por parte de una organización conocida como Veeduría por la Verdad y la Justicia, sobre la gestión adelantada en los últimos meses por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado.

Esta organización asegura tener en su poder información que pondría en duda su paso por la presidencia y habla, además, de la existencia de un supuesto «cartel de los catalanes», razón por la cual solicita a la Fiscalía y a los organismos de control investigar y establecer si estas denuncias tienen fundamento.

En opiniones anteriores he hablado sobre la importancia que el país entero le otorga a una empresa como Ecopetrol, por lo que resulta prioritario cuidarla y protegerla. Por eso, se hace un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que, en coordinación con la Junta Directiva, nombre a una presidenta o un presidente con las calidades y el conocimiento necesarios para asumir esta responsabilidad y trabajar decididamente en el fortalecimiento de sus diferentes áreas, de manera que la labor que desarrolla en la economía nacional contribuya a un mayor y mejor crecimiento del país.