En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Para nadie es un secreto que numerosos políticos, empresarios e incluso algunos colegas periodistas miran con desconfianza al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Pero, como durante los próximos cuatro años buena parte de las decisiones del país pasarán por sus manos, muchos parecen considerar que conservar sus privilegios vale más que preservar su independencia. Prefieren sacrificar la dignidad antes que arriesgar el acceso al poder, porque en ciertos círculos la cercanía con el gobernante de turno siempre ha sido una inversión más rentable que la coherencia.

Desde mi punto de vista, esa es la principal razón por la que las críticas al nuevo presidente han sido tan escasas y tibias. Lo prioritario, por ahora, parece ser congraciarse con De La Espriella, repetir los temas que le resultan agradables y alimentar una narrativa complaciente, aunque esta carezca de relevancia para los problemas reales del país. Resulta difícil encontrar una mejor muestra de esa actitud que dedicar una mañana entera de un programa radial a exaltar un vallenato de Rafael Escalona compuesto en honor al presidente electo, como si el país no enfrentara asuntos infinitamente más urgentes que discutir.

Me pregunto si Abelardo De La Espriella siente algún grado de gratitud frente a semejante nivel de complacencia. No me sorprendería que, en realidad, le resultara indiferente. Conoce demasiado bien a quienes hoy lo ovacionan. Sabe que buena parte de las élites económicas, políticas y sociales —especialmente las bogotanas— no actúan por convicción, sino por conveniencia. Son las mismas élites que, según soplaran los vientos del poder, fueron capaces de aplaudir tanto a Simón Bolívar por liberar a la Nueva Granada como a Pablo Morillo cuando la Corona española recuperó el control. La lealtad, para muchos de ellos, nunca ha sido un principio; ha sido un negocio.

Tampoco me sorprende que De La Espriella anuncie que no vivirá en el Palacio de Nariño y que prefiera establecerse en Barranquilla. Más que una decisión administrativa, parece un gesto político cuidadosamente calculado. Obligar a los grandes poderes económicos y políticos de Bogotá, Cali y Medellín a desplazarse hasta donde él se encuentre constituye una manera de reafirmar su liderazgo y de enviar el mensaje de que será el centro alrededor del cual deberá girar el establecimiento. Es, en esencia, un desafío deliberado a las élites tradicionales y una demostración de fuerza frente a quienes históricamente han monopolizado la influencia en el país.

Sin embargo, esa decisión también refleja la extravagancia que ha caracterizado su estilo público. Da la impresión de que concibe la Presidencia como una extensión de su personalidad y no como una institución sometida a límites constitucionales. Pareciera creer que, una vez asuma el cargo, él será el Estado y que donde él esté también estará el Estado. Es una visión profundamente personalista del poder, más cercana a la lógica absolutista de un Luis XIV que a la de un jefe de Estado en una democracia constitucional.

De La Espriella parece olvidar que el Estado colombiano no se reduce al presidente de la República. Está integrado por tres ramas del poder público, cada una con autonomía y competencias propias. El Ejecutivo es apenas una de ellas. Que el presidente decida residir en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Tumaco o cualquier otra ciudad no significa que el Estado cambie de sede ni que la institucionalidad se traslade con él. La descentralización consiste en fortalecer las capacidades de las regiones, no en convertir el lugar de residencia del mandatario en el nuevo epicentro del país. Confundir ambas cosas revela una comprensión equivocada del funcionamiento del Estado o, peor aún, una peligrosa tendencia a identificar la institucionalidad con la figura presidencial.

Ojalá quienes hoy hacen fila para quitarse el sombrero, hacer venias y rendirle honores al nuevo mandatario recuperen pronto la independencia que exige una democracia saludable. El papel de los dirigentes políticos, de los empresarios y, sobre todo, de los periodistas no consiste en halagar al poder, sino en vigilarlo, cuestionarlo y señalar sus errores, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quien gobierna. La crítica responsable no debilita la democracia; por el contrario, la fortalece.

Porque, si algo ha demostrado la historia política colombiana, es que el exceso de adulación suele preceder a las mayores decepciones. Quienes hoy aplauden sin reservas podrían ser los primeros en tomar distancia cuando aparezcan los errores inevitables del ejercicio del poder. En Colombia, escupir al cielo siempre ha sido un mal negocio: tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda. Y si el gobierno pretende convertir la llamada “Patria Milagro” en algo más que un eslogan, necesitará mucho más que aplausos, canciones y reverencias. Necesitará instituciones fuertes, resultados concretos y ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, no a rendir pleitesía.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

Su estrategia resulta, cuando menos, paradójica. El candidato que pretende asumir la responsabilidad de conducir uno de los organismos más importantes del Estado en materia de vigilancia de los recursos públicos ha optado por presentar a la institución que aspira a dirigir como una estructura ineficiente, costosa, atrasada y atrapada en un laberinto normativo. Ha cuestionado su funcionamiento, ha puesto en duda la relación entre lo que cuesta y lo que recupera y ha advertido que ha perdido terreno frente a la inteligencia artificial.

La pregunta, entonces, no es solamente qué reformas propone Laverde. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿por qué alguien que aspira a dirigir una institución considera necesario destruir su reputación antes de llegar a ella?

Porque una cosa es hacer una crítica rigurosa al funcionamiento de la Contraloría y otra muy diferente es convertir el desprestigio de la entidad en la plataforma de lanzamiento de una candidatura.

Si la Contraloría tiene problemas, deben señalarse. Si existen procesos que deben modernizarse, deben reformarse. Si la tecnología disponible no está siendo aprovechada suficientemente, debe corregirse. Si el sistema normativo requiere una actualización, el Congreso debe discutirla. Todo eso es perfectamente legítimo y, en muchos casos, necesario.

Lo que resulta difícil de aceptar es que se pretenda construir un proyecto de dirección institucional a partir de una narrativa que termina arrastrando en sus cuestionamientos a miles de funcionarios que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones políticas de quienes han ocupado el despacho del Contralor.

La Contraloría no apareció ayer. No nació con el próximo Contralor ni desaparecerá cuando termine su periodo. Es una institución que ha sobrevivido a gobiernos de diferentes tendencias políticas, a múltiples administraciones y a distintas coyunturas nacionales. En ella trabajan servidores públicos que han dedicado años de su vida profesional a investigar el uso de los recursos estatales, adelantar auditorías y procesos de responsabilidad fiscal y vigilar el patrimonio público.

Por eso, cuando un candidato afirma que la institución no ha funcionado realmente, no está cuestionando únicamente a sus antiguos directivos. Está poniendo bajo sospecha el trabajo de miles de personas que han cumplido sus funciones dentro del marco constitucional y legal existente.

Y aquí aparece el punto que Laverde parece olvidar: quien quiere ser Contralor no puede comportarse como si estuviera haciendo campaña para ser el liquidador de la Contraloría.

El país necesita un Contralor que llegue a fortalecer la institución, no uno que necesite debilitarla discursivamente para justificar su propia llegada.

Una candidatura seria debería ser capaz de explicar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué debe cambiar. Debería presentar cifras, resultados comparables, evaluaciones técnicas y propuestas concretas. Debería reconocer que una institución pública puede tener deficiencias sin que eso signifique que todo lo construido durante décadas carezca de valor.

Pero decir que el control fiscal colombiano es una «colcha de retazos», cuestionar el desempeño de la entidad y presentar sus herramientas como insuficientes puede resultar políticamente rentable, pero institucionalmente es una apuesta peligrosa. Porque una vez que se destruye la confianza en una entidad de control, se debilita precisamente aquello que se pretende defender: la capacidad del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos.

La paradoja es todavía mayor cuando se habla de modernización. Nadie discute que la Contraloría debe avanzar en inteligencia artificial, analítica de datos y herramientas tecnológicas. Pero modernizar una institución no significa declarar obsoleto todo lo que existe. La tecnología debe ponerse al servicio de la experiencia acumulada, no utilizarse como argumento para desconocerla.

Y si la DIARI requiere mayor inversión, mejores resultados o un uso más eficiente, la discusión debe hacerse con evidencia. No basta con mencionar cuánto cuesta una herramienta tecnológica para insinuar que no funciona. La verdadera discusión debería ser qué resultados produce, qué capacidades ha desarrollado y cómo puede mejorarse.

Lo mismo ocurre con el marco jurídico. Es posible que el control fiscal necesite una mayor integración normativa. Es posible que existan disposiciones dispersas que requieran armonización. Pero presentar décadas de evolución legislativa como una simple «colcha de retazos» desconoce que las normas también son el resultado de las respuestas que el Estado ha tenido que construir frente a nuevas formas de corrupción, nuevas modalidades de daño patrimonial y nuevas exigencias constitucionales.

La reforma que necesita Colombia no es la que nace del desprecio por lo existente. Es la que nace del conocimiento profundo de aquello que se quiere transformar.

Y es precisamente allí donde los cuestionamientos sindicales adquieren una dimensión que Laverde debería tomar en serio. Que las organizaciones de trabajadores de la Contraloría hayan decidido salir públicamente a controvertir sus afirmaciones no puede despacharse como una simple reacción gremial. Es, también, una señal de que existe una institución que se siente injustamente representada por el discurso de quien aspira a dirigirla.

Laverde debería preguntarse si realmente está construyendo autoridad o si, en su intento por obtener el respaldo necesario para llegar al cargo, está erosionando la legitimidad de la institución que mañana podría estar bajo su responsabilidad.

Porque hay una diferencia entre ser elegido para cambiar una entidad y ser elegido después de haber contribuido a convencer al país de que esa entidad es prácticamente un fracaso.

El próximo Contralor tendrá que enfrentar enormes desafíos. Tendrá que mejorar la recuperación de recursos públicos, fortalecer el control preventivo, combatir la corrupción, modernizar los sistemas de información, coordinar el trabajo con las contralorías territoriales y aprovechar las nuevas tecnologías. Para hacerlo necesitará algo que no se obtiene con discursos de campaña: la confianza de la institución que va a dirigir.

Y esa confianza comienza por respetar a quienes la integran.

No se trata de blindar a la Contraloría de la crítica. Se trata de exigir que la crítica tenga altura, rigor y responsabilidad. Un candidato puede y debe señalar los errores de una institución, pero no puede desconocer que detrás de ella hay funcionarios que han dedicado años a cumplir una función esencial para la democracia.

Es muy fácil llegar desde afuera y decir que todo está mal. Lo verdaderamente difícil es asumir la responsabilidad de demostrar, desde adentro, que se puede hacer mejor.

Por eso, si Jorge Eliécer Laverde quiere ser el próximo Contralor General, debería entender que su primera tarea no será destruir la imagen de la entidad para después presentarse como su salvador. Su desafío será demostrar que conoce la institución, que respeta a sus funcionarios y que tiene la capacidad de transformarla sin convertirlos en los primeros damnificados de su discurso.

Colombia no necesita un Contralor que llegue a pasar factura. Necesita uno que llegue a construir.

No necesita un candidato que pretenda demostrar que todo estaba mal antes de su llegada. Necesita un servidor público capaz de reconocer los avances, corregir las fallas y asumir la responsabilidad de producir resultados.

Y, sobre todo, no necesita que quien aspire a dirigir una institución tenga que pasar por encima de ella para llegar al cargo.

Porque si para conquistar la Contraloría hay que destruir la confianza en la Contraloría, entonces cabe preguntarse qué es lo que realmente se está buscando: ¿fortalecer una institución fundamental para la democracia o utilizarla como el escenario de una ambición personal?

La respuesta debería importarles, y mucho, a quienes tienen en sus manos la elección del próximo Contralor General.

Nota recomendada: Los retos que le esperan a Ecopetrol

Actualmente, no solo se habla de un supuesto hackeo a los sistemas de información de su Junta Directiva, hecho que, según informó Caracol Radio, habría permitido a los atacantes obtener cerca de un terabyte de información, equivalente a 327.095 archivos, de los cuales 11 fueron clasificados como críticos y tres como de alto riesgo.

En este asunto, Luis Felipe Henao, el mismo que hace unos meses me negó tener algún interés en llegar a un cargo de gran relevancia en la empresa y que, por cosas de la política, hoy ocupa nada menos que la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, deberá implementar mayores y mejores controles en los sistemas para evitar cualquier fuga de información que pueda generar riesgos, bien sea por un ataque informático o porque alguno de sus miembros decida filtrar información.

Por supuesto, no se puede olvidar que se debe buscar la manera de reactivar o suscribir nuevos contratos de exploración, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking bien hechos, que no generen problemas ambientales y que, al mismo tiempo, garanticen unas finanzas sanas y sostenibles en el tiempo. Esto resulta fundamental para evitar una eventual reducción en la calificación de las agencias internacionales, situación que podría generar riesgos para la empresa en la bolsa.

También se ha advertido en los últimos días, por parte de una organización conocida como Veeduría por la Verdad y la Justicia, sobre la gestión adelantada en los últimos meses por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado.

Esta organización asegura tener en su poder información que pondría en duda su paso por la presidencia y habla, además, de la existencia de un supuesto «cartel de los catalanes», razón por la cual solicita a la Fiscalía y a los organismos de control investigar y establecer si estas denuncias tienen fundamento.

En opiniones anteriores he hablado sobre la importancia que el país entero le otorga a una empresa como Ecopetrol, por lo que resulta prioritario cuidarla y protegerla. Por eso, se hace un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que, en coordinación con la Junta Directiva, nombre a una presidenta o un presidente con las calidades y el conocimiento necesarios para asumir esta responsabilidad y trabajar decididamente en el fortalecimiento de sus diferentes áreas, de manera que la labor que desarrolla en la economía nacional contribuya a un mayor y mejor crecimiento del país.

No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

En Colombia, las altas esferas del Estado siempre habían estado reservadas para los hijos de las élites y sus cercanos, aquellos de sus mismas universidades, de sus mismos círculos, de su misma clase social. En los discursos se hacía alarde de la defensa de la democracia, pero en la práctica la forma de gobierno era más bien el nepotismo rampante de una oligarquía que se consideraba dueña de la patria. Por eso, y más, tiene lugar la constituyente del 91. La nueva carta magna ensanchaba el concepto de la nación, haciéndolo más coherente con la realidad.

Hacer de nuestro país uno más amplio, plural, en el que todos y todas tuviéramos cabida y oportunidades. Años más tarde, con avances y retrocesos, propios de las dinámicas sociales y políticas de cualquier sociedad, quizá ese es también otra de las grandes victorias del gobierno de Gustavo Petro, el haber creído en esa sociedad abierta y plural y a razón de ellos repensar el poder ejecutivo, el cual se había dejado largo tiempo a merced de la tecnocracia de pasillo, informe y escritorio. Democratizar el Estado. El Gobierno Petro miró a las regiones, y allí encontró colombianos y colombianas pertenecientes a estirpes que durante siglos por el que sus liderazgos conllevaran a acciones significativas desde el Estado.

Así que María José, samaria, nacida en el seno la clase trabajadora y formada en la universidad pública, por sus cualidades y por el camino que hasta ese momento había recorrido con esfuerzo y valor, estuvo entre las convocadas. Una superintendente mujer, hija del Caribe y de la clase trabajadora. Mejor dicho, una Superintendenta.

No es casualidad que una de las grandes apuestas transformada en logro haya sido la actualización del modelo de supervisión. Cuando María José llegó a la superintendencia el modelo con el que se supervisaba a las cooperativas, mutuales y fondos de empleados era integralmente aquel con el que la superintendencia había nacido en el año 1998. Pero Colombia no era la de casi tres décadas en el pasado, por eso el marco de supervisión ya no respondía a las necesidades y dinámicas del nuevo país.

El nuevo modelo de supervisión tiene dos componentes significativos y de alto impacto. El primero es la contemplación y puesta en marcha de enfoques diferenciales, esto partiendo de la base de que una sociedad es más justa (y por tanto mejor) en la medida en que las instituciones del Estado dejan de funcionar como un mecanismo organizado de poder en favor de una encumbrada clase social minoritaria, y se convierten en pilares de inclusión para quienes históricamente fueron espoliados o desatendidos. Basar la ética de las instituciones en la justicia social.

Una cooperativa de campesinos o pescadores en las regiones no es igual que una cooperativa de profesionales en Bogotá, juzgarlos con el mismo racero absoluto resulta en una justicia regresiva. Y el otro va encaminado a la manera en cómo se ordenaba la supervisión, en cómo se hace más transparente, de manera que los distintos mecanismos y, en general, las reglas del juego, estén lo suficientemente claras para las vigiladas. Que sepan qué es lo que la superintendencia vigila y qué deberían hacer para que sus organizaciones sean cada vez más fuertes y sostenibles.

Cambiar el modelo de supervisión deviene en cambiar el paradigma estatal de la economía solidaria. En suma, ese fue el mandato popular, y apuestas logradas como esta respondieron a esa responsabilidad, cumpliéndole al país. Pero para lograr eso las instituciones requieren líderes audaces, o a veces, mejores lideresas, y eso ha sido María José en la Supersolidaria. Condición, por una parte, beneficiosa para el sector solidario, traducida en, por ejemplo, una inyección cercana $11,2 billones de pesos en créditos productivos orientados a la economía popular y microempresas, en el marco del pacto por la democratización del crédito, o en la consolidación del aporte del 4% al PIB nacional por parte del sector, vía incremento de excedentes. Y, por otra, de orgullo y reafirmación para el Caribe colombiano y para sus clases populares.

Lo más sorprendente de este asunto es que se escandalizan cuando el problema toca al sector político opuesto al suyo, pero lo niegan o se hacen los de la vista gorda cuando los afecta a ellos.

De ser cierto que, bajo la presión de las armas, se obligó a votar en las elecciones presidenciales de 2026 por el candidato Iván Cepeda en zonas donde el conflicto armado hace de las suyas día y noche, no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ni sería un hecho inédito. No se entiende por qué hasta ahora la militancia del Centro Democrático y otros sectores políticos de derecha se muestran sorprendidos.

¿Acaso se les olvidó que el fenómeno de la parapolítica, que tanto negaron y que todavía hoy se resisten a reconocer porque afectó judicialmente a muchos de sus amigos y aliados, se dio precisamente con la intermediación del fusil?

¿Por qué no hacen la misma pregunta y le piden a la Fiscalía que investigue si los actuales mandatarios locales y concejales de esos municipios llegaron al cargo por acción y efecto del voto fusil? ¿O se les olvidó que las alcaldías y los concejos de esos municipios también se obtienen en las urnas? Más aún, si alguno de sus candidatos obtuvo votación, sin importar si ganó o perdió, ¿también la consiguió mediante el voto fusil?

La parapolítica fue un fenómeno que se presentó porque candidatos a cargos de elección popular pactaron directamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que no solo se les permitiera hacer proselitismo en las zonas bajo control paramilitar, sino también para que obligaran a la población a votar por ellos.

Conozco a Iván Cepeda y sé muy bien que sería incapaz de pactar con grupos ilegales a cambio de votos a su favor, como sí lo hicieron muchos políticos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos su primo Mario Uribe, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Salvatore Mancuso.

Y, a propósito de Mancuso, hay que recordar que en diferentes ocasiones este exlíder paramilitar ha afirmado que, en el año 2002, las autodefensas apoyaron las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez de llegar a la Presidencia de la República. La respuesta del uribismo ha sido que a un criminal no se le puede ni se le debe creer. Es decir, para el uribismo hay criminales buenos, en quienes sí se puede confiar, y criminales malos, en quienes no.

Que un actor ilegal influya, en los territorios donde ejerce control, en favor de la candidatura que más le conviene no constituye ninguna novedad. Lo hicieron las AUC y también lo han hecho y lo hacen otros grupos armados. Precisamente por eso es tan importante acabar con la ilegalidad en todos los territorios del país, para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Sin embargo, una cosa es que un político haga acuerdos con actores ilegales para favorecerse electoralmente y otra muy distinta es que un grupo armado actúe por cuenta propia en favor de determinado candidato, sin que este tenga participación alguna en esa decisión.

Tratar de enlodar el nombre de Iván Cepeda con el mismo lodo que ha ensuciado a algunos sectores políticos en Colombia constituye una estrategia profundamente mezquina y baja, que debería ser castigada por los ciudadanos en las urnas.

Las emociones suelen imponerse sobre la reflexión, y el deseo de justicia puede transformarse fácilmente en sed de venganza. En ese sentido, la historia parece repetirse con un personaje que la tradición cristiana conoce muy bien: Barrabás.

De acuerdo con el relato bíblico, Barrabás no era simplemente un ladrón o un homicida condenado por las autoridades romanas. Para muchos judíos de su tiempo representaba algo más profundo: la esperanza de liberarse del dominio romano mediante la fuerza. Roma no solo era el poder ocupante; era también el símbolo de años de humillaciones, abusos, despojos, ejecuciones, persecuciones y violencia contra el pueblo de Israel.

En un contexto semejante, un hombre dispuesto a combatir al imperio con las armas podía convertirse fácilmente en un héroe para quienes habían acumulado décadas de sufrimiento.

Jesús, por el contrario, representaba un camino radicalmente distinto. Predicaba el Reino de Dios, llamaba al arrepentimiento, enseñaba el amor al prójimo y el perdón incluso hacia los enemigos. Su mensaje devolvía la esperanza espiritual a un pueblo desesperanzado, pero no respondía a las expectativas políticas de quienes anhelaban un libertador militar semejante a David. Muchos esperaban un mesías que derrotara a Roma con la espada; Jesús les hablaba de transformar el corazón. Mientras Barrabás prometía responder a la violencia con más violencia, Jesús proponía romper ese ciclo mediante el perdón y la reconciliación.

Por esa razón, cuando llegó el momento de escoger entre ambos, buena parte del pueblo prefirió a quien encarnaba su rabia antes que a quien representaba la misericordia. Eligieron al hombre que expresaba sus emociones más profundas y no al que les proponía una verdad más difícil de aceptar. El deseo de ver castigado al opresor terminó pesando más que el llamado a construir una sociedad distinta.

Algo parecido ocurre hoy en Colombia. Nuestro país ha acumulado durante décadas un inmenso dolor causado por asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, despojo de tierras, violencia sexual y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por diferentes actores armados. Ese sufrimiento ha dejado heridas profundas que explican por qué muchos ciudadanos reciben con entusiasmo a quienes prometen mano dura, cárcel, exterminio del delincuente o incluso la eliminación física del adversario.

No se trata de negar el derecho de las víctimas a exigir justicia. La justicia es indispensable para la convivencia y para la reparación. El problema surge cuando el discurso político deja de buscar justicia y comienza a alimentar el resentimiento como principal herramienta para conquistar el poder. En ese momento, el dolor deja de ser un llamado a reconstruir el país y se convierte en un instrumento para movilizar emocionalmente a los ciudadanos.

Las palabras perdón, reconciliación, diálogo y entendimiento suelen perder fuerza frente a mensajes que ofrecen respuestas inmediatas al sufrimiento colectivo. Resulta paradójico que muchos de quienes se identifican como cristianos o católicos, que cada domingo proclaman su fe y oran diciendo: “Señor Jesús, ilumíname con tu verdad y guíame con tu Espíritu”, encuentren más atractivo un discurso centrado en el castigo que uno inspirado en el perdón que enseñó Cristo. Esa contradicción invita a una profunda reflexión sobre la distancia que puede existir entre profesar una fe y vivir de acuerdo con sus principios.

Mientras Colombia siga permitiendo que el miedo, el resentimiento y la indignación sean los principales motores de la política, siempre aparecerá un nuevo “Barrabás”: un líder dispuesto a prometer una patria redentora mediante la confrontación, explotando las heridas abiertas de la sociedad para alcanzar el poder. Y una vez instalado en la Casa de Nariño, ese mismo líder puede terminar olvidando las promesas que lo llevaron allí, mientras quienes votaron movidos por la emoción continúan padeciendo las mismas carencias en municipios, pueblos y veredas.

La gran lección del relato bíblico no consiste únicamente en recordar que un pueblo escogió a Barrabás en lugar de Jesús en medio de un arresto al hijo de Dios promovido por una conspiración de los líderes de la Iglesia de ese entonces. Consiste en reconocer que las sociedades, cuando son gobernadas por el miedo, el odio o el deseo de venganza, corren el riesgo de elegir siempre a quienes reflejan sus heridas antes que a quienes ofrecen el difícil camino de la reconciliación. La historia demuestra que la venganza puede producir satisfacción momentánea, pero rara vez construye una paz duradera. La reconciliación, aunque exige más sacrificio y paciencia, sigue siendo el único camino capaz de romper definitivamente el ciclo de la violencia.

Nota recomendada: Los cinco errores de la campaña de Iván Cepeda

Las respuestas que he recibido coinciden en varios puntos y, debo admitirlo, comparto buena parte de esos análisis. Durante la campaña del Pacto Histórico se cometieron errores que hoy tienen a sus dirigentes lamentando no haber atendido las advertencias que se hicieron a tiempo. Entre ellos, destacan los siguientes:

1. La fórmula vicepresidencial

No entiendo a quién se le ocurrió la idea de escoger a la senadora Aída Quilcué como compañera de fórmula de Iván Cepeda, ya fuera por decisión del propio candidato o por recomendación de su equipo. Lo cierto es que allí comenzaron algunos de los errores más evidentes.

No se trata de descalificar a la líder indígena, quien posee grandes méritos gracias a su lucha por los derechos de las comunidades indígenas y de las víctimas del conflicto armado. El problema radica en que no es una figura que conecte fácilmente con la opinión pública. Con frecuencia se mostró distante frente a la prensa y pareció desconocer que quien ejerce funciones públicas y aspira a un cargo de elección popular está obligado a responder preguntas y rendir cuentas, incluso cuando estas resulten incómodas. Además, nunca logró motivar, cautivar o entusiasmar al electorado como sí lo hizo Francia Márquez durante la campaña de 2022.

2. La ausencia en los debates

Confiarse en una competencia electoral suele ser uno de los peores errores que puede cometer un candidato. Aunque Iván Cepeda afirmaba que asistiría a los debates, en repetidas ocasiones rechazó invitaciones de gremios económicos, universidades y medios de comunicación que promovían espacios de discusión entre los aspirantes. Parecía convencido de que tenía asegurado el triunfo en primera vuelta.

Esa estrategia terminó pasándole factura. El costo político fue evidente en la primera vuelta y, cuando intentó corregir el rumbo en la segunda, Abelardo De La Espriella ya había fortalecido su posición y logró imponer condiciones que evitaron escenarios que pudieran favorecer una eventual remontada de Cepeda.

3. Una campaña anclada en el pasado

Aunque a muchos no les guste, la política moderna se trasladó en gran medida a las redes sociales. Es allí donde millones de personas se informan, debaten y conocen las propuestas de los candidatos.

Hoy, las tarimas y los discursos tradicionales tienen un impacto limitado si no están acompañados de una estrategia de comunicación adaptada a los nuevos tiempos. A diferencia de Abelardo De La Espriella, quien construyó una marca política reconocible y la posicionó con éxito en plataformas digitales, Cepeda desarrolló una campaña que parecía sacada de los años ochenta: sin una narrativa atractiva, sin una identidad visual sólida y sin un mensaje capaz de conectar emocionalmente con amplios sectores del electorado.

4. El fantasma de la Constituyente

Aunque Iván Cepeda insistía en que no impulsaría una Asamblea Constituyente y que, por el contrario, promovería un gran acuerdo nacional, la recolección de firmas para convocar una Constituyente durante sus recorridos y actos públicos terminó enviando un mensaje contradictorio.

La percepción pública suele construirse más a partir de los hechos que de las declaraciones. Por eso, para muchos ciudadanos, las acciones observadas durante la campaña hablaron más fuerte que las explicaciones posteriores.

5. La intromisión de Gustavo Petro

Los constantes mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X terminaron convirtiéndose en un factor que jugó en contra de la campaña. Lejos de fortalecer a Cepeda, en algunos momentos generaron dudas sobre el grado de autonomía que tendría un eventual gobierno suyo e incluso llevaron a ciertos sectores a preguntarse si el presidente realmente estaba comprometido con la candidatura de su supuesto sucesor.

Hay que reconocerle a Iván Cepeda, sin embargo, que mantuvo distancia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, así como de otros dirigentes cuya presencia podía afectar la imagen de su campaña. Esa decisión reflejó coherencia con su discurso de transparencia y rectitud, atributos que incluso sus adversarios suelen reconocerle.

La derrota de Iván Cepeda no puede explicarse por una sola causa ni atribuirse exclusivamente a los errores de campaña. Sin embargo, los factores mencionados contribuyeron de manera significativa a debilitar una candidatura que, en otros momentos, parecía tener opciones reales de triunfo. Si el Pacto Histórico aspira a recuperar la confianza de una mayoría de colombianos en futuras elecciones, deberá hacer una revisión profunda de sus estrategias, escuchar las críticas con mayor atención y entender que las campañas modernas se ganan tanto con propuestas sólidas como con una comunicación efectiva y una lectura acertada del momento político. La principal lección de esta elección es que ningún proyecto político puede darse el lujo de ignorar las señales de advertencia cuando aún está a tiempo de corregir el rumbo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Mis preguntas a Abelardo De La Espriella