Podrán decir los taxistas y las empresas que no todos son así, que, así como hay conductores abusivos, también los hay honrados, y que estos son muchos más. No dudo que sea cierto. El problema es que hay un viejo y conocido refrán que dice: “Cría fama y acuéstate a dormir”.

Si el uso del servicio de transporte urbano individual a través de plataformas ha aumentado de manera exponencial, mucha responsabilidad recae en los propios taxistas.

Hablemos las cosas como son: de cada diez taxis que circulan en Bogotá, ocho son conducidos por personas que no son sus dueños. En la capital del país se ha vuelto común el alquiler de estos vehículos, por los que se debe pagar una cuota bastante alta como producido, quedando el resto para el conductor del turno.

De esta manera, el propietario del taxi pone el vehículo, muchas veces, en manos de un desconocido, de quien poco sabe y sobre quien desconoce si realmente prestará un buen servicio o si, por el contrario, utilizará el carro para cometer alguna fechoría.

Lo anterior, sumado a los cobros abusivos por parte de algunos conductores que alteran el taxímetro, ha provocado una desconfianza en la ciudadanía que, lejos de disminuir, aumenta cada vez que se conoce un caso de “paseo millonario” en el que está involucrado un taxi.

Por supuesto, la consecuencia de esta situación es que gran parte de los bogotanos prefiera utilizar servicios de transporte a través de plataformas, no necesariamente porque sean más económicos, sino porque ofrecen una mayor percepción de seguridad y transparencia en las tarifas.

Si los bogotanos se inclinan por este tipo de servicios —llámense Didi, Uber u otros—, en buena medida es porque los mismos taxistas, con ciertas prácticas reiteradas, han contribuido a generar la desconfianza ciudadana y el consecuente traslado de los usuarios hacia estas alternativas.

Lo más llamativo de este panorama es que, aun con la evidente pérdida de usuarios, no se percibe una intención real de cambio dentro del gremio. Es como si a las empresas que los agrupan poco les importara la situación, y tampoco se observa en muchos conductores una voluntad clara de mejorar y corregir. Se asemejan, en cierta forma, a aquellos políticos que, aun sabiendo que las dinámicas de comunicación han cambiado radicalmente desde los años 80, se resisten a modernizarse.

En este contexto, resulta urgente que tanto las autoridades como los gremios del sector asuman un papel más activo en la regulación, supervisión y transformación del servicio. No basta con defender la legalidad del taxi tradicional; es necesario garantizar condiciones reales de seguridad, transparencia y calidad que permitan recuperar la confianza de los usuarios.

De lo contrario, el desplazamiento hacia las plataformas digitales continuará siendo inevitable. En un entorno donde el ciudadano prioriza su seguridad y su bolsillo, el servicio que no evoluciona está condenado a quedarse atrás. La pregunta no es si el cambio debe ocurrir, sino si quienes hoy integran el gremio de taxistas están dispuestos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Nota recomendada: ¿En el uribismo se avergüenzan de su expresidente Iván Duque?

Critican a Juan Manuel Santos y de inmediato pasan a criticar a Gustavo Petro. Al parecer, se olvidaron de que entre Petro y Santos estuvo Duque; es decir, el propio Centro Democrático.

¿Así de malo fue el gobierno Duque que hasta sus mismos promotores quisieran borrarlo de los libros de historia y de la memoria de los colombianos?

Sorprende que la candidata Paloma Valencia no hable ni mencione nada relacionado con el período de Iván Duque, al que tuvo que defender desde su curul en el Senado de la República no sé si obligada por las circunstancias, porque al final no se le veía muy contenta con los resultados de la gestión del entonces mandatario.

Sorprende, además, que su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, tampoco mencione al gobierno que lo hizo visible al nombrarlo director del DANE.

Sorprende también que ninguno de los miembros de la bancada de Cámara y Senado del Centro Democrático, tanto electos como en ejercicio, lo mencionen.

¿Será que se avergüenzan de Iván Duque? ¿Reconocen que su mala gestión contribuyó a que hoy el presidente sea Gustavo Petro? ¿O será, más bien, que evitan que se les recuerden episodios incómodos como el caso del Ñeñe Hernández, el escándalo de Centros Poblados, lo mismo que el de las Marionetas; la operación militar en Puerto Leguízamo (Putumayo) que provocó la muerte de un grupo de campesinos;  la reforma tributaria que detonó un estallido social, o el crecimiento territorial del ELN y de las disidencias de las Farc?

¿Es acaso Iván Duque un discípulo del que todos en el Centro Democrático prefieren no hablar, al punto de omitirlo del inventario de los supuestos logros uribistas?

Negar a los amigos cuando ya no conviene recordarlos es algo común en política. Algo similar ocurrió, según la tradición bíblica, cuando Pedro negó a Jesús para evitar problemas. Solo que, en este caso, no hay gallos que canten ni lágrimas que rediman: aquí lo que hay es un silencio cuidadosamente calculado porque, al parecer, en política hay gobiernos que se celebran, otros que se critican… y algunos que, con suficiente disciplina, simplemente se hacen desaparecer.

Iván Duque no fue presidente: fue, al parecer, un “error de imprenta” en la historia reciente que algunos preferirían corregir con corrector líquido… aunque la mancha, curiosamente, siga viéndose.

Nota recomendada: Alcalde Galán, el relato les está matando el dato

Hablo de las denuncias y señalamientos por acoso sexual en los que se menciona a periodistas de gran reconocimiento en la opinión pública, quienes han desarrollado una carrera exitosa y gozan de buena credibilidad.

Este debate es molesto, especialmente para quienes rompieron el silencio y decidieron manifestar públicamente su incomodidad por sentirse víctimas de esta inadecuada forma de actuar de quienes ostentan cierto grado de poder en los medios de comunicación —un hecho que no podemos negar, por mucho que nos duela a quienes hacemos parte del universo del periodismo—, porque resulta además injusto para quienes sienten afecto por las personas involucradas.

No solo los pone a dudar, sino que también los deja bajo la mirada de los amigos de la víctima, quienes empiezan a señalarles de avalar estas prácticas.

¿En qué momento llegamos a esto? Es posible que la misma industria de la información en Colombia, al dejarse influenciar por la tendencia de poner frente a las cámaras y micrófonos a mujeres y hombres con determinadas características físicas, haya contribuido a ello.

Esto hace que los periodistas luzcan no como profesionales en el oficio, sino como si se tratara de modelos caminando en una pasarela o de un concurso de belleza. No nos digamos mentiras: esto alimenta el morbo de personas con cierto grado de poder, que se aprovechan de quienes tienen la necesidad de asegurarse un trabajo y de escalar en su nivel profesional.

Cuando esto sucede y se da a conocer públicamente de manera involuntaria e inmediata, divide a la sociedad, porque se genera una discusión entre quienes creen y quienes no creen. Es decir, pone a las personas en la incómoda situación de tener que tomar partido.

Se han conocido señalamientos en redes sociales contra periodistas que han hecho carrera en medios privados y gozan de gran reconocimiento en la opinión pública, y también contra el gerente de RTVC, Hollman Morris. Todos estos casos han desatado la conformación de dos “ejércitos”: quienes creen y quienes no creen.

Quienes creen se ponen del lado de la persona que asegura ser la víctima y juzgan con dureza al supuesto victimario. Por su parte, quienes no creen se ubican al lado de la persona señalada y la defienden con vehemencia, incluso enfrentándose verbalmente en redes sociales con la contraparte.

Ya hemos visto a quienes celebran el retiro de presentadores y periodistas de los medios privados que están inmersos en este escándalo, sin darles el beneficio de la duda y sin pensar en el daño reputacional que se les podría causar en caso de que la investigación arroje resultados a su favor.

También vemos la publicación de una carta firmada por un grupo de mujeres que piden al presidente de la República, Gustavo Petro, no retirar del cargo de gerente de RTVC a Hollman Morris hasta que haya un veredicto por parte de la justicia. “El señor Morris no ha sido sancionado, ni penal, ni disciplinaria, ni fiscalmente, por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado”, recuerda la carta en uno de sus apartes.

Del otro lado, están quienes piden su salida inmediata y lo juzgan sin considerar que, al igual que en los casos anteriores, la justicia podría determinar su inocencia.

El acoso sexual existe, eso es cierto, es innegable. Lo digo porque lo he visto en empresas privadas donde trabajé en el área administrativa, en medios de comunicación y también en ONGs de izquierda que, irónicamente, tienen como misión la defensa de los derechos humanos.

Por lo general, las víctimas son mujeres que llegan con el ánimo de crecer profesionalmente y, a las pocas semanas de ser contratadas, se ven asediadas por hombres con poder. Vale decir también que se han visto casos de acoso hacia hombres, sin que estos puedan decir “esta boca es mía”, porque ahí no hay quien les crea.

¿Qué hacer en estos casos? Lo mejor sería informarse y preguntar por cada situación en particular, porque he visto que en ocasiones se trata de simples coqueteos o piropos que hoy en día pueden considerarse inapropiados y, en algunos casos, ser catalogados como acoso. Pero, por supuesto, también puede existir un interés real de aprovecharse de una persona en condición de vulnerabilidad; ahí es donde la justicia debe actuar.

Lo más importante es permitir que las investigaciones sigan su curso y que determinen si existe o no culpabilidad.

Nota recomendada: No mienta senadora Paloma Valencia, no mienta

Las alertas surgieron durante la más reciente asamblea de accionistas, donde socios minoritarios detectaron inconsistencias al ejercer su derecho de inspección. Según denunciaron, pese a restricciones en el acceso a documentos, lograron identificar una compleja situación financiera en la que la empresa dependería de préstamos de compañías vinculadas y de ingresos no operacionales.

En el centro de la controversia aparece el gerente Martín Nova, señalado por presuntamente autorizar bonificaciones por productividad en medio de una caída en las ventas. Fuentes cercanas indican que la compañía ha compensado su bajo desempeño comercial mediante el arrendamiento de activos, algunos vinculados a socios mayoritarios.

Otro punto clave es la relación con una empresa asociada en Barrancabermeja, desde donde se habrían otorgado préstamos a la matriz. En este contexto, la multinacional Toyota habría restringido el suministro de vehículos, lo que habría impactado directamente en la disminución de ventas.

Además, se investiga la ocupación de un predio en Bucaramanga con orden judicial de demolición no ejecutada, pese a inversiones recientes. Los denunciantes cuestionan también la inacción de la junta directiva, presuntamente cercana a la gerencia, mientras avanza la investigación del ente de control.

Nota recomendada: No mienta senadora Paloma Valencia, no mienta

Es cierto que esto es política y que, en medio de una campaña y el afán por la búsqueda de votos, las mentiras y falacias hacen parte del día a día. Sin embargo, uno no espera esto de personas por las que se siente respeto.

Por lo anterior, mi querida senadora, me tomo el atrevimiento de refrescarle la memoria.

En lo que tiene que ver con Jesús Santrich, quien, aparte de su prontuario criminal, fue además todo un farsante, le recuerdo que su extradición fue sometida a consideración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En una decisión apretada, esta aplicó la garantía de no extradición y ordenó su libertad.

Esta decisión de la Sección de Revisión de la JEP motivó la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, quien consideró que Santrich, después de la firma de paz con las Farc, siguió delinquiendo.

De esta manera, Santrich salió de la cárcel y, fingiendo enfermedad, fue sacado en una silla de ruedas. No sé si con el ánimo de inspirar compasión; sin embargo, lo que sí sé es que lo único que logró fue el repudio nacional, con excepción de unos cuantos a los que sí logró engañar. Uno de ellos: el senador Iván Cepeda Castro, quien acudió a acompañarlo a la salida de la prisión en un acto de demostración de apoyo y respaldo a la paz, mas no porque haya secundado las fechorías del líder guerrillero.

Le recuerdo además, senadora Valencia, que ante la discusión entre la Fiscalía y la JEP, una jueza de control de garantías tomó la decisión de enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia, porque Santrich ostentaba la figura de congresista.

Fue entonces cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció el nombramiento de Santrich como congresista y el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura, a pesar de que no se posesionó en la fecha indicada.

Así las cosas, el 5 de junio, la Sala Especial de Instrucción de este alto tribunal llamó a indagatoria a Santrich por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados. No obstante, durante ese fin de semana, la Unidad Nacional de Protección informó que desconocía el paradero de este exmiembro de la antigua guerrilla de las Farc. Fue entonces cuando se produjo su fuga hacia Venezuela.

Le pregunto entonces, senadora Paloma Valencia: ¿en dónde aparece la figura de Iván Cepeda en todo este proceso, que no es sino de la justicia? ¿Cómo así que Iván Cepeda facilitó la fuga de Santrich y su salida de la cárcel? Deje de decir mentiras. El país no está para este tipo de debates de tan bajo nivel.

Dice usted que Iván Cepeda instigó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Revisando los debates en el Congreso, le diré que fueron muy pocas las ocasiones en que los dos senadores se enfrentaron en plenarias y comisiones, y que, de parte del senador del Pacto, siempre se hizo con respeto, muy a pesar de que el congresista Uribe Turbay fue bastante bélico y pasado en sus expresiones hacia el gobierno nacional y hacia los miembros de su bancada en el Senado. No nos digamos mentiras: así era Miguel Uribe Turbay cada vez que se le daba la palabra.

Y si vamos al trato que se le dio al senador Uribe Turbay, tendré que recordarle, senadora Paloma Valencia, que su bancada, especialmente quienes hicieron parte del grupo de presidenciables —entre los cuales estaba usted—, se dedicaron a hacerle el feo durante el proceso de selección del candidato uribista, y que en el Centro Democrático solo cuando fue asesinado a manos de un joven sicario se dieron cuenta del inmenso amor que le tenían y de lo buena gente que era.

Por otro lado, por favor, no siga el mal ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, quien, como presidente de la República, pudo haber hecho millones de cosas fabulosas y beneficiosas para el país, pero como expresidente le ha hecho mucho daño a Colombia con su inquina, mentiras y odios personales.

Senadora Paloma, usted es una mujer valiosa, inteligente y capaz de llevar a Colombia por una buena senda si las mayorías así lo deciden en estas elecciones. Así que, por favor, haga una campaña inteligente, con argumentos estructurados, como lo ha hecho en su tarea como congresista.

No destruya lo que ha hecho durante estos 12 años en el Senado de la República, por secundar las mentiras e inquinas de Álvaro Uribe Vélez.

Nota recomendada: Vicepresidentes para ganar pero no para gobernar

Lo anterior no ocurre porque no exista afinidad en la fórmula Valencia-Oviedo, sino porque es una alianza pensada más para ganar que para gobernar. Y algo similar sucede con las demás fórmulas del resto de candidatos: están integradas por personajes interesantes, que pueden proponer y trabajar por el país, pero que no han construido el proyecto político del aspirante presidencial desde cero.

Es por eso que la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez no dio resultado. Ni Petro estaba convencido de que la líder afrodescendiente fuera su compañera de fórmula, ni Francia —aunque siempre ha sido petrista— estaba realmente seducida por acompañar un proyecto que no surgía desde su territorio ancestral ni desde sus raíces.

Lo mismo ha ocurrido con otras presidencias. Recordemos la de Santos–Vargas Lleras, dos personajes que no se quieren mucho a pesar de pertenecer a la misma élite política. El entonces vicepresidente nunca enarboló la principal bandera de su jefe: la paz con las Farc.

Tampoco dio resultado la fórmula Angelino Garzón–Juan Manuel Santos. Su vicepresidente se dedicó a incomodar con sus comentarios, declaraciones y actitud díscola.

Y así ha sucedido con el resto de fórmulas vicepresidenciales: aunque hacia afuera mostraron armonía y entendimiento, hacia adentro vivieron un mar de tensiones y conflictos que supieron disimular ante cámaras y micrófonos.

Quienes conocen a Juan Daniel Oviedo saben que es una persona a la que no le gusta ser opacada y que siempre busca llamar la atención. Es claro, entonces, que la figura presidencial podría eclipsarlo, más aún si se tiene en cuenta que, en caso de que la candidatura del Centro Democrático gane y llegue a la Casa de Nariño, detrás de cada decisión estará Álvaro Uribe Vélez. Eso es indiscutible

A Paloma Valencia le resultaría difícil tomar decisiones sin el aval de Uribe, algo que probablemente no sería del agrado de Oviedo, quien se caracteriza por su autonomía. Tampoco está claro si sería bien recibido dentro del Centro Democrático que el vicepresidente tenga vuelo propio y no acostumbre a consultar al exmandatario cada cosa que piense hacer.

Una cosa es la campaña presidencial y otra muy distinta es gobernar. Para gobernar en conjunto no basta con haber compartido tarima o repartido volantes: es necesario compartir la visión y los objetivos del programa de gobierno.

Ninguna de las fórmulas presidenciales parece cumplir plenamente con este requisito, aunque lo nieguen y posen sonrientes en las fotografías. Esto ocurre porque son fórmulas diseñadas para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar de manera conjunta.

Nota recomendada: Mi respuesta a Ricardo Rodríguez Yee y a Luis Felipe Henao

Lo ocurrido en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz #4, en Norte de Santander, es profundamente inquietante. Las sospechas sobre posibles irregularidades no han cesado. Si esto se confirma estaríamos frente a una distorsión grave del principio democrático en uno de los espacios más sensibles del posconflicto.

Aún más preocupante resulta la aparente indiferencia institucional frente a las alertas tempranas. Testigos electorales y ciudadanos aseguran haber presentado reclamaciones formales por votaciones atípicas en mesas específicas, donde la concentración de sufragios a favor de una sola candidatura supera lo razonable en contextos de competencia electoral. La ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades competentes no solo alimenta la desconfianza, sino que envía un mensaje peligroso: que incluso los mecanismos diseñados para proteger la democracia pueden volverse impermeables al escrutinio.

El Catatumbo no es un territorio cualquiera. Es una región donde el miedo ha sido históricamente un actor político, donde grupos armados han condicionado la vida cotidiana y donde ejercer el derecho al voto en libertad no siempre ha sido una garantía. Por eso, cualquier indicio de coacción electoral en esta zona debe ser tratado con el máximo rigor. Minimizarlo o ignorarlo sería desconocer el contexto y, peor aún, revictimizar a quienes precisamente estas curules pretendían proteger.

También es necesario señalar que la legitimidad no se decreta; se construye. Y en este caso, la elección de Tatiana Gaona Pinzón, más allá de su resultado formal, enfrenta un desafío profundo de credibilidad. Cuando una representación nace bajo cuestionamientos de esta magnitud, su capacidad para encarnar auténticamente la voz de las víctimas queda inevitablemente en entredicho.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los denunciantes es que por parte del otro candidato, Wladimir Gómez Becerra, también se presentaron ante los testigos electorales reclamaciones en las comisiones escrutadoras municipales y departamentales por lo que calificaron “una concentración desproporcionada de votos en determinadas mesas, lo que constituye una votación altamente concentrada y posiblemente atípica (..) lo que podría constituirse como un indicio razonable de posibles prácticas que afectan la libertad del elector.

En los documentos aportados ante las autoridades competentes, se registra que el candidato, Wladimir Gómez Becerra, evidencia que una mesa de Hacarí, Norte de Santander, con un potencial de 239 electores, 138 votos fueron para la candidata Tatiana Gaona Pinzón.

El mismo escenario se repite en otra mesa de San Calixto en la que 166 votos fueron para la misma aspirante con un potencial electoral de 256 personas. Voces de esta zona adjudican a Gaona Pinzón un vínculo político muy cercano con Silvano Serrano, ex gobernador del departamento de Norte de Santander.

La democracia no solo consiste en contar votos, sino en garantizar que cada voto sea libre. Si existen dudas razonables sobre ese principio básico, la revisión no es una opción política, sino una obligación ética. Que el Consejo de Estado estudie nuevamente este proceso no debería interpretarse como un ataque a la institucionalidad, sino como una oportunidad para fortalecerla.

Las curules de paz no pueden convertirse en otro escenario de disputa clientelista. Si eso ocurre, se estaría cerrando una puerta que costó años abrir. Y en regiones como el Catatumbo, cerrar puertas suele tener consecuencias que van mucho más allá de lo electoral.

La paz no se construye únicamente con acuerdos firmados, sino con confianza. Y la confianza, una vez rota, es mucho más difícil de recuperar que cualquier escaño en el Congreso.

Nota recomendada: Mi respuesta a Ricardo Rodríguez Yee y a Luis Felipe Henao

En ese sentido, hice referencia a lo que se dice en los pasillos, lo cual, por supuesto, genera sensibilidad, pero en ningún momento constituye delito alguno por una supuesta afectación a la honra de quienes se mencionan en el texto. Insisto: estos rumores van y vienen, y estas personas, al integrar la junta directiva de una empresa donde hay recursos públicos —así no sea enteramente pública—, están en la obligación de darle claridad al país.

Pedir que se aclare este asunto, así como se le exige a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que le explique al país todos los señalamientos que enfrenta, tanto en lo judicial como en la opinión pública, no es delito. De la misma manera, solicitarle a la junta directiva de Ecopetrol claridad sobre rumores que circulan tampoco lo es.

De este modo, señores de la junta directiva de Ecopetrol, como colombiano que quiere y respeta a la empresa por todo lo que significa para el país, y que además cotiza en bolsas en los Estados Unidos hecho que le imprime protocolos de transparencia bajo la normatividad internacional, les pido dejar la sensibilidad y actuar con altura frente al momento que vive la compañía, en medio de los escándalos que rodean a su presidente. Su gestión es fundamental para cuidar y proteger la empresa, dejando de lado cualquier tipo de interés particular, porque —no nos digamos mentiras— en todos estos espacios hay intereses, y ustedes no son la excepción.

Recibí dos cartas firmadas por los señores Ricardo Rodríguez Yee y el exministro Luis Felipe Henao, en las que explican sus actuaciones al interior de la junta directiva y niegan la existencia de cualquier conducta indebida en su gestión. A esto, por supuesto, doy toda la credibilidad y agradezco la respuesta. Sin embargo, no había necesidad de enviar cartas a El Espectador advirtiendo sobre posibles demandas por supuestas calumnias e injurias; bastaba con una llamada a mi celular, porque —insisto— no es delito manifestar públicamente una preocupación frente a rumores que van y vienen y que deben aclararse por el bien de una empresa que se llama Ecopetrol.

Les recuerdo, mis queridos y apreciados Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao, que esto no es ni Cuba ni Venezuela, donde opinar y expresar una opinión es prácticamente un delito.

Nota relacionada: ¿Pesca en río revuelto? Crecen versiones sobre maniobras por el control de Ecopetrol

Crece el rumor que habla de cuatro miembros de juntas directivas vinculados a dos de las empresas más emblemáticas del país que estarían moviendo fichas para posicionarse en la eventual dirección de Ecopetrol, en medio del ruido político y judicial que rodea a la actual administración.

Según distintas fuentes, la estrategia tendría antecedentes recientes en lo ocurrido en ISA, donde terminó encargado de la presidencia Gabriel Jaime Melguizo Posada.

Durante su paso por la compañía, y de acuerdo con versiones internas, se habrían producido movimientos en cargos clave y ajustes administrativos que algunos sectores interpretan como una reorganización de poder dentro de la empresa.

Entre esos cambios también se mencionan decisiones relacionadas con la supervisión de contratos en Perú y Chile, donde aparece la empresa Ventus, señalada por algunos analistas de tener presuntos vínculos con Juan Emilio Posada.

En ese contexto, diversas versiones apuntan a que la estrategia política y corporativa podría estar siendo articulada por Carlos Raúl Yepes, junto con nombres como Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao y el propio Posada.

La hipótesis que circula en algunos círculos empresariales es que el actual escenario de controversia alrededor de Ricardo Roa podría ser utilizado para presionar cambios en la dirección de Ecopetrol, lo que eventualmente abriría espacio para un reacomodo de fuerzas dentro del sector energético, con sectores políticos cercanos al uribismo y al duquismo buscando recuperar influencia en la compañía.

Por ahora, se trata de versiones que circulan en el entorno político y empresarial y que deberán ser contrastadas con hechos y decisiones oficiales en los próximos meses. Sin embargo, no sería extraño que algo de cierto exista en todo este tipo de comentarios que van y vienen y que una vez más deja ver el interés de algunos sectores por controlar a Ecopetrol aprovechando el momento de tempestad que vive su actual presidente.

Nota recomendada: Colombia no está para el fanatismo de Abelardo De La Espriella

Por lo anterior, el periodista que lo entreviste debe jugar de una forma bastante inteligente, cosa de que De La Espriella no cumpla su objetivo de sacarlo de casillas con sus frases y palabras hirientes que utiliza en sus discursos con el único objetivo de apoderarse de la audiencia.

De todos los candidatos que puntean en las encuestas, Abelardo De La Espriella es de los que menos conoce las necesidades de un país de territorios como el nuestro, porque sus viajes en los últimos años no han sido precisamente a las veredas del Vaupés, Arauca, Chocó o Amazonas. No, lo que muestra en sus fotos son sus largas estadías en París, Florencia, New York, Miami, y todos aquellos lugares del mundo donde ha podido hacer alarde de sus acostumbradas extravagancias.

Las mismas extravagancias con las que se deja ver ahora que si visita alguna ciudad o municipio, pero no para conocer sus necesidades sino para que le conozcan a él, caminando unas cuantas cuadras antes de llegar a la tarima, en medio de un sequito de escoltas que no permiten que lo toquen y desde donde el solo mira detrás de sus gafas oscuras, sonríe y levanta al brazo, como si fuese el gran Faraón a quien los egipcios consideraban el dios sol.

El sabe y es consciente de su gran desconocimiento de los problemas que durante décadas han padecido los territorios, y es por esto que este vacío intelectual lo tapa agrediendo verbalmente al actual gobierno y a todo lo que suene a izquierda o que no comparte su discurso lleno de generalidades y poco profundo.

Acude a despertar emociones y pasiones negativas en la gente que lo escucha porque sabe muy bien que es lo más fácil de lograr en el pueblo colombiano y que lo difícil es convencer con inteligencia, explicando lo que implica un bombardeo sin antes estar seguro del blanco a afectar; las aspersiones de glifosato a través de un avión fumigador y un sin fin de etceteras que un pasado no muy lejano terminaron por perjudicar a instituciones del Estado como el Ejército y la Policía, por ejemplo.

Es por esto que guerra no la gana el fanatismo como el de Abelardo De La Espriella, que solo ve el éxito en el número de muertos que arrojen las balas, sino en la eficaz inteligencia y táctica militar y policial combinada con la debida y rápida aplicación de la justicia.

Ese fanatismo de Abelardo De La Espriella francamente me llena de desconfianza, porque este país no está para ser gobernado por una persona imprudente, que por su folclórica manera de hacer las cosas podría provocar un estallido social peor que el provocó Iván Duque con su reforma tributaria, y su negativa a escuchar a las comunidades.

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