La Palabra y la Necesidad

En el ejercicio del poder siempre emergen, acuciantes, las necesidades; esto es, los llamados in-puts o demandas de la sociedad, de los que hablara David Easton, un desafío creciente frente a las capacidades de un gobernante, que con frecuencia está presionado por la escasez de los recursos dentro del sub-sistema político; pero que en todo caso controla un arsenal de acciones y  de palabras; de modo que si faltaren las primeras, pudiese acudir al salvavidas del verbo.

El presidente y el discurso

Es de temer que, en las presentes circunstancias, el presidente del cambio se consagre sobre todo a las palabras; dicho de otro modo, al discurso, a las fórmulas rituales. Y mucho menos a las acciones, entendidas estas como decisiones, traducibles en políticas públicas con efectos transformadores. Es una consecuencia que se deriva necesariamente de la restricción de recursos; ante todo, de recursos políticos, por el hecho de que el gobierno representa apenas una minoría en el Congreso, el lugar en donde se fabrican nada más y nada menos que las leyes y las reformas constitucionales. Situación desfavorable que en más de una ocasión le puede significar alguna derrota sonora en la agenda legislativa. Como ha sido el caso de la reforma a la salud, todo un fracaso.

El hundimiento

El archivo de esta reforma ordenado por la comisión VII del Senado fue sin duda una derrota para el gobierno del cambio, tanto más resonante, cuanto que el propio Gustavo Petro la había encumbrado extrañamente como la propuesta medular de su agenda legislativa.

Y toda derrota de esta naturaleza abre un vacío político que el gobierno ha tratado de llenar inmediatamente con el discurso; es decir, con esas palabras que implican una justificación y una culpabilización del otro, no exenta de un sesgo ideológico; como si cargara sin remedio con un profundo moralismo cristiano, el que señala el mal en cabeza del adversario.

Hundida la reforma de la salud, el presidente Petro admitió el revés amargamente, para luego agregar que efectivamente fue vencido por una empresa privada, por el poder de unos extranjeros que violan la Constitución y las leyes al manejar parte de la salud, además de financiar las campañas electorales de los parlamentarios que después se le atraviesan a sus propuestas.

Se trata de una diatriba que, albergue o no algún fondo de verdad, de cualquier manera da el tono de las respuestas del gobierno ante la ingobernabilidad agobiante alrededor de su programa estratégico, el de los grandes cambios, no el de la gestión diaria de la economía, en la que mantiene un manejo adecuado: el presidente intensificará los ataques y el debate para llevar a los opositores a ese terreno en el que pueda reiterar  la crítica fácil contra las injusticias del sistema y por cierto contra los errores seculares de la élite tradicional, como un rosario de mantras que sustituya las reformas ausentes.

¿Y el margen para los hechos y las ejecuciones?

Claro está que esas reformas no acudirán al solo conjuro de las palabras; tampoco el cambio llegará bajo el sortilegio del discurso, por más ennoblecido que éste aparezca, con el barniz de la “astucia” progresista de la historia, como lo pretendía Immanuel Kant.

Es verdad que el discurso (y con él la ideología) no sirve para tapar los espacios huérfanos de realizaciones. Pero ni las reformas ni los out-puts, esas necesarias respuestas del Estado, surgen como por encanto de los sueños del Príncipe: hay que prepararlas y acometerlas, con la disposición de los actores, con las alianzas indispensables; con un sentido de su tamaño y de los tiempos; naturalmente, con la movilización de la conciencia popular, pero sin desconocer los consensos entre los que deciden.

Aunque solo restan cuatro meses para que el gobierno atraviese el ecuador de su cuatrienio, aún conserva a su favor el margen para propiciar un acuerdo nacional, si así lo quisiera; así mismo para adelantar el trámite de la reforma pensional en el Congreso; y sobre todo para concertar una reingeniería del sistema de salud, misión que ahora se convierte en una urgencia nacional, ante los graves riesgos de un colapso.

Estos se han evidenciado en la intervención estatal de Sanitas y de la Nueva EPS, algo que no augura nada claro; pero además en la solicitud de Compensar para optar por una liquidación voluntaria. Son todos ellos, hechos, que muestran la aproximación del peor de los escenarios en el sistema de salud: sin ningún tipo de reforma legal, por un lado; y con principios de quiebra financiera, por el otro. Asuntos delicados que no se solucionarán con la mera autorización de los giros directos a los hospitales y las clínicas, una salida que obviamente dará más fluidez y liquidez a estas IPS’s en los pagos, pero sin que arregle de raíz la insostenibilidad estructural ni neutralice los riesgos financieros.

En todo ello, el gobierno del cambio tiene posibilidades de reinventarse, en lugar de solo esperanzarse en el mundo mágico del discurso. El problema consiste en saber si se decidirá por los cambios posibles, en vez de optar por la simple culpabilización del contrario, por más satisfacciones que esta proporcione.