Reencuadres

Publicado el Manuel J Bolívar

Código rojo

El expresidente Uribe aportó provechosa información en la conversación que sostuvo con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Voy a dar un rodeo para explicar mi interpretación.

Cuestión de honor (1992) es una película escrita por el aclamado guionista Aaron Sorkin y protagonizada por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson en el papel del coronel Nattan R. Jessup. 

Cuenta la historia del asesinato del marine Santiago a manos de un soldado y un cabo, en un acto de obediencia debida. Se trataba de infringirle un castigo contemplado en lo que se denominaba, en voz baja, Código Rojo, una especie de sanción que no figura en los manuales y está prohibida en los discursos pero que en la práctica se aplica a aquellos soldados que faltan al honor militar. El tempestuoso coronel Jessup, la máxima autoridad en la Base Militar de Guantánamo donde ocurren los hechos, argumentó que tal código no existía, y agregaba: «Algunas veces los hombres toman el problema en sus manos».

Durante el juicio la verdad va surgiendo. El coronel colabora a regañadientes en la investigación mientras desconoce la legitimidad del abogado defensor de los acusados —Kaffee (Tom Cruise)— para adelantar el proceso. En todo momento hace notar su poder. Afirma que en la Base se cumplen sus órdenes porque de eso depende la vida de todos. Y además Santiago era un soldado deficiente. «No tengo que dar explicaciones a los hombres que viven y comen bajo la protección que yo les proporciono y luego cuestionan cómo se las proporciono», afirma Jessup, «…sería mejor que me dijera gracias y me dejara en paz». 

El abogado Kaffee lo interpela: «Ayúdeme a entender: si sus órdenes se cumplen al pie de la letra, cómo es posible que dos marines tomen la iniciativa de  sancionar a otro»; «Quiero la verdad». Jessup reacciona con furia: «¡Por supuesto que di la orden!». 

De inmediato, el coronel es apresado. 

La escena de la conversación entre el tempestuoso expresidente y el apacible padre De Roux tiene un parecido sorprendente con la película. Uribe comienza su exposición dejando en claro que no le reconoce legitimidad alguna a la Comisión de la Verdad y en general a las instituciones creadas a partir del Acuerdo de Paz. «Yo llegué con el carácter, la personalidad y la determinación que siempre he tenido de producir resultados con toda la ética». A continuación se explaya en la descripción de sus logros: resultados en la educación, en la economía. Agrega que es estricto y hacía seguimiento minucioso a sus programas de gobierno. Que gracias a este estilo logró que se terminaran el Aeropuerto de Rionegro y la segunda pista de Eldorado, disminuyeran la pobreza y los indicadores de criminalidad, diezmara la guerrilla y se entregaran 35000 paramilitares. No dejó dudas de que, en su opinión, había resuelto problemas históricos y estructurales del país. 

Al escuchar sus méritos como ejecutor y líder, y el cúmulo de medidas tomadas, el padre le pregunta por qué no fue posible, entonces, detener los falsos positivos, la connivencia entre militares y paramilitares durante sus gobiernos. A lo que replica Uribe: «Porque esas investigaciones toman mucho tiempo, no era posible desmontar un entramado de tanto tiempo de la noche a la mañana». Tanto, respondió De Roux, que se tardó desde el 2002, cuando se presentaron las primeras denuncias, hasta el 2007, cuando se ordena el retiro de 27 mandos militares y paró la masacre. Cinco años y 6402 muertos después.

Desalienta la respuesta. Después de recorrer la lista de los monumentales problemas que solucionó durante sus gobiernos, es diciente que aquel que se refería a la vida de inocentes no haya sido resuelto a tiempo. «Mis soldados me engañaron», concluye Uribe.

Parecería que el código rojo de aquella época fueran los falsos positivos. Hasta ahí llegan las semejanzas entre la película y la entrevista. Los desenlaces son diferentes.

Pero el dilema ético que plantean es el mismo. Hasta dónde se puede actuar éticamente cuando hay presiones poderosas para defender el honor u obtener resultados. Los mismos soldados, allá y aquí, interpretan por alguna razón que eso es lo que se espera de ellos.

Tanto Uribe como Santos afirmaron casi al unísono ante la Comisión que cuando recibieron las primeras denuncias no las creyeron. «Daba dificultad aceptar que las Fuerzas Militares estuvieran cometiendo delitos». Lo interpretaron como una campaña de desprestigio contra ellas, aupada por Amnistía Internacional. Por eso se limitaron durante mucho tiempo, como suelen hacer los funcionarios públicos, a anunciar medidas y conformar comisiones inútiles, mientras la sangre corría y las estadísticas favorecían la política de la Seguridad Democrática.

En literatura hay una teoría del cuento que encaja bien en la narrativa de estos expresidentes con respecto a los falsos positivos. Postula que en un cuento se narran dos historias: la contada y la no contada; la segunda circula subrepticiamente por debajo y en buena parte es creada por el lector gracias a las señas e indicios de la primera, a las migajas de pan que el autor va dejando en el bosque. 

Pues bien, con sus declaraciones y silencios ante la Comisión es posible recrear la historia completa de lo que aconteció en aquellos años. Estos paladines de los resultados y genios de la ejecución, maestros de la microgerencia y planificadores de la impecable operación de rescate de Ingrid Betancur, según sus propias palabras, han descrito la parte visible del iceberg. Con esos elementos, los ciudadanos podemos imaginarnos la parte sumergida y redondear la historia. 

Es improbable que Uribe y Santos ordenaran las ejecuciones extrajudiciales. Su propósito político era derrotar a la guerrilla, no auto engañarse inflando estadísticas. Pero en su afán de mostrar resultados con cifras y datos, en su desbordada confianza y pleitesía a los militares, no se preocuparon por las conductas que la presión y los incentivos podían estimular en las tropas. Desataron un monstruo.

Por eso creo que estas audiencias fueron reveladoras. Aportaron piezas del rompecabezas. Nada puede adelantar la justicia con sus declaraciones. Pero al menos los ciudadanos hemos sido advertidos de la existencia de un complejo y poderoso entramado jurídico-político-militar; nos permitió entrever el contexto que facilitó la ocurrencia de estos asesinatos. Todo por boca de quienes estaban a cargo del diseño, ejecución y seguimiento de la política de seguridad.

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