Oasis de la impunidad

Hay algo inquietante en un cuerpo cuando deja de parecernos completamente humano.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.