Una carpeta puede contener una historia que tardó décadas en ser escuchada. Un registro, una denuncia, una fotografía, el documento producido por una organización campesina o el testimonio de una comunidad pueden terminar siendo, con el paso del tiempo, mucho más que papeles: pueden convertirse en la evidencia de lo que ocurrió cuando el país todavía no estaba preparado para mirar de frente su propia violencia.

Esa es la dimensión que tienen los archivos de derechos humanos que custodia el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una colección documental construida durante décadas por víctimas, comunidades, organizaciones sociales y campesinas, entidades judiciales y académicas. El 29 de septiembre, el CNMH completó la entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de una copia de respaldo de estos archivos, en cumplimiento de una orden judicial.

La decisión está contenida en el Auto AT611 del 3 de agosto de 2026, proferido por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, dentro de la Medida de Protección de Información MPI 001-18, vigente desde 2018. La orden dispuso que el CNMH remitiera una copia con el propósito de asegurar la conservación y preservación de la información. El cumplimiento de la decisión judicial era obligatorio para la entidad.

La entrega se hizo en dos momentos. El primero ocurrió el 6 de agosto, con cuatro discos duros externos y sus respectivos inventarios documentales. El segundo, este 29 de septiembre, con otros dos discos duros, una vez terminado el procesamiento técnico de la información requerida. En total fueron remitidos 33 fondos documentales: 28 en la primera entrega y cinco en la segunda. Entre ellos se encuentran archivos de organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, además de documentos de entidades judiciales y académicas.

Pero existe una diferencia fundamental que conviene subrayar: la JEP recibió una copia de respaldo, no los archivos originales. Los documentos permanecen bajo custodia del CNMH, que conserva su administración y la responsabilidad legal sobre su conservación, protección, organización y acceso.

La magnitud de ese archivo permite entender mejor lo que está en juego. El Archivo y la Colección Bibliográfica de Derechos Humanos del CNMH hacen parte del Registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Actualmente reúnen 148 fondos documentales y más de 573.000 registros, con información que va de 1946 a 2024. Su protección está regulada por la Ley 1448 de 2011 y por el Protocolo de Gestión Documental expedido por el CNMH y el Archivo General de la Nación.

La cifra impresiona, pero quizá no explica por sí sola lo que significa conservar estos documentos. Un archivo de derechos humanos es también la huella que dejaron quienes decidieron documentar lo ocurrido cuando hacerlo podía implicar riesgos; es el registro de comunidades que quisieron dejar constancia de una desaparición, un desplazamiento, una persecución o una forma de resistencia; es el trabajo de organizaciones que durante años recopilaron información mientras Colombia intentaba comprender una violencia que muchas veces parecía destinada a quedar sin testigos.

Por eso la protección de un archivo no consiste solamente en conservar unos documentos en condiciones adecuadas. Consiste en mantener abierta la posibilidad de que una sociedad pueda volver sobre su pasado. Un expediente puede servir para una investigación judicial, pero también para un historiador, un periodista, una víctima que intenta reconstruir su propia historia o una comunidad que necesita preservar la memoria de lo ocurrido en su territorio.

La entrega a la JEP introduce justamente esa doble dimensión. Por un lado, está el cumplimiento de una decisión judicial orientada a garantizar la conservación y preservación de información relevante. Por otro, permanece el deber del CNMH de custodiar los originales y garantizar que esos documentos continúen protegidos y disponibles. La operación no significa, por tanto, que los archivos originales salgan del CNMH, sino que una copia de respaldo queda también en el marco de las medidas de protección de información ordenadas por la jurisdicción de paz.

Colombia ha pasado buena parte de su historia intentando reconstruir aquello que la violencia quiso borrar. Durante décadas fueron las víctimas, las comunidades, las organizaciones sociales, los investigadores y los periodistas quienes conservaron testimonios que podían haberse perdido para siempre. Hoy el país enfrenta otro desafío: proteger esa memoria acumulada y convertirla en un patrimonio que pueda ser consultado por las generaciones que todavía no han nacido.

Con la entrega de esta copia, el CNMH cumple la orden de la JEP sin renunciar a su responsabilidad sobre los archivos originales que le han sido confiados. Es una distinción jurídica, pero también una distinción histórica. Porque detrás de los 148 fondos, de los más de 573.000 registros y de las miles de cajas, páginas y documentos no existe solamente información: existe una parte de la historia de Colombia que alguien decidió conservar para que el tiempo, esta vez, no pudiera borrarla.

Diego Aretz Avatar

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