La batalla cultural

Agustín Laje no inventó la expresión “batalla cultural”. La idea viene de mucho antes. Antonio Gramsci entendió que el poder no se conserva únicamente desde el Estado o mediante la fuerza, sino también conquistando el sentido común de una sociedad. Décadas después, la nueva derecha hizo suya esa intuición: si la izquierda había aprendido a disputar la cultura, la derecha debía hacer lo mismo.

De allí viene buena parte del lenguaje político contemporáneo: la disputa por la familia, la religión, el sexo, el género, la nación, la educación, el lenguaje. Todo parece convertirse en una batalla cultural.

Pero quizá Colombia debería hacerse una pregunta distinta: ¿cuál ha sido, en realidad, nuestra gran batalla cultural?

Para responderla habría que volver mucho más atrás que Gramsci.

Habría que volver a Nariño.

Y a Santander. Y a los hombres que, con todas sus contradicciones, comenzaron a imaginar una república en este territorio. No fueron liberales en el sentido partidista que adquiriría la palabra décadas después, y sería un error convertirlos retrospectivamente en militantes de un liberalismo contemporáneo. Pero buena parte de aquella generación estaba atravesada por las ideas de la Ilustración, el republicanismo, la libertad y la ruptura con la autoridad absoluta.

Había una pregunta enorme detrás de la Independencia: ¿quién debía tener la última palabra sobre nuestras vidas?

Durante siglos, la respuesta había estado en el rey, en la Iglesia, en la tradición, en la jerarquía. La modernidad política introdujo otra posibilidad: que los ciudadanos pudieran deliberar, disentir y construir sus propias instituciones.

Colombia no resolvió bien esa pregunta. La hemos respondido muchas veces con guerras.

Pero tampoco la respondió siempre con guerras.

Esa es una parte de nuestra historia que convendría recordar.

Nuestra democracia ha sido imperfecta, violenta, excluyente y, durante largos periodos, profundamente cerrada. Colombia fue durante buena parte de su historia una sociedad mayoritariamente católica, y el peso de la Iglesia en la vida pública fue enorme. El pluralismo religioso que hoy damos por descontado no existió siempre en las condiciones actuales.

Precisamente por eso la Constitución de 1991 constituye una de nuestras grandes victorias culturales.

No solamente porque cambió instituciones. Cambió la idea de lo que podía ser Colombia.

La Carta reconoció la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la igualdad de las distintas confesiones ante la ley. El artículo 19 es extraordinariamente claro: toda persona puede profesar y difundir libremente su religión y todas las iglesias son igualmente libres ante la ley.

Y hay algo hermoso en la consecuencia de esa decisión.

Gracias a esa libertad, hoy las iglesias cristianas —incluidas aquellas que no pertenecen a la tradición católica— pueden predicar, organizarse, abrir templos, formar comunidades, participar en la conversación pública y tratar de convencer a millones de colombianos.

Pueden incluso hacer política.

Y pueden hacerlo precisamente porque vivimos en un Estado que no les impone una religión oficial.

Esa es la paradoja que a veces olvidamos: la libertad religiosa no protege solamente a quienes piensan como nosotros. Protege también a quienes tienen ideas que nos incomodan.

La libertad es eso.

Y por eso cuesta entender que una parte del progresismo colombiano, que tanto ha defendido —con razón— la diversidad, la pluralidad y las libertades individuales, no siempre haya sabido reconocer que muchas de esas conquistas están inscritas en la arquitectura liberal de la Constitución de 1991.

La diversidad no nació ayer.

No la inventó el progresismo.

Tampoco la inventó la derecha.

Es el resultado de una tradición constitucional que permitió que colombianos muy diferentes pudieran existir dentro de la misma República.

Un colombiano puede ser católico. Otro puede ser evangélico. Otro judío. Otro musulmán. Otro ateo. Otro puede no saber muy bien qué cree. Todos tienen el mismo derecho a vivir de acuerdo con su conciencia.

Y eso incluye el derecho a intentar convencer al otro.

Ahí está, quizás, la verdadera batalla cultural.

No consiste en lograr que todos pensemos igual.

Consiste en construir una sociedad donde podamos pensar radicalmente distinto sin matarnos por ello.

Esto puede parecernos una obviedad en 2026. No lo es.

Colombia tiene una larga historia de guerras políticas. Liberales contra conservadores. Guerrillas contra el Estado. Paramilitares contra guerrillas. Narcotráfico contra instituciones. Y demasiadas veces la política terminó convirtiéndose en una justificación para la violencia.

Por eso uno de los grandes logros colombianos no es haber eliminado el conflicto. No lo hemos hecho.

Es haber conseguido, en distintos momentos, que una parte sustancial de nuestros conflictos políticos pueda resolverse mediante elecciones, congresos, tribunales, periódicos, universidades, libros, debates y urnas.

Es decir: que las ideas puedan enfrentarse sin que necesariamente se enfrenten las armas.

Esa batalla la hemos ganado muchas veces.

Y deberíamos sentir orgullo de ello.

Hoy, además, buena parte de la violencia que permanece en Colombia tiene cada vez menos que ver con grandes proyectos ideológicos y cada vez más con economías criminales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control territorial y rentas ilícitas. Los datos más recientes muestran casi 30.000 integrantes de estructuras armadas y delincuenciales en el país, con organizaciones cuyo poder está estrechamente ligado al control de economías ilegales.

Eso no significa que toda nuestra violencia haya perdido contenido político. El ELN y algunas disidencias conservan discursos ideológicos. Pero sería difícil negar que el crimen organizado y las economías ilegales tienen hoy un peso enorme en la explicación de la violencia.

Y eso también es una batalla cultural: conseguir que el narcotraficante, el extorsionista, el comandante armado y el corrupto dejen de aparecer como alternativas de poder y vuelvan a ser entendidos por la sociedad como lo que son: enemigos de la libertad.

Por eso me interesa menos la batalla cultural de Laje que la pregunta que hay detrás de ella.

¿Batalla cultural para qué?

Si se trata de conquistar universidades, medios de comunicación, iglesias, redes sociales y escuelas para imponer una nueva ortodoxia, no me interesa demasiado. Ya hemos tenido demasiadas ortodoxias.

Pero si se trata de defender una cultura política en la que el ciudadano pueda creer, disentir, rezar, no rezar, votar por la izquierda, votar por la derecha, cambiar de opinión, criticar al presidente, defender al presidente, escribir un libro, fundar una iglesia, abrir un periódico, marchar, protestar y convencer a los demás sin tener que pedir permiso al poder, entonces sí: esa batalla vale la pena.

Y hay señales recientes que deberían ser recibidas con atención.

El presidente Abelardo de la Espriella, por ejemplo, ha dicho que no buscará la reelección y, ya en la Presidencia, fue explícito en que durante su Gobierno no se abrirá camino a una Asamblea Constituyente. También se comprometió a entregar el poder en 2030 a quien resulte elegido en las urnas.

Hay que señalarlo.

No porque un presidente haya dicho algo correcto debamos dejar de criticarlo. Precisamente al contrario: una democracia madura debe ser capaz de reconocer un gesto institucional.

Y hay otros gestos que merecen atención.

Hace pocos días, Viviane Morales contó públicamente que se reunió con Brigitte Baptiste y directivos de la Universidad EAN para buscar colaboración en materia educativa después del terremoto.

Puede parecer una pequeña noticia.

No lo es.

Durante años hemos aprendido a mirar a determinadas personas como enemigos culturales. Morales y Baptiste pertenecen a mundos que, en la conversación política colombiana, han sido presentados muchas veces como incompatibles.

Pero allí estaban hablando.

No estaban renunciando a sus convicciones. No tenían que hacerlo.

Simplemente estaban descubriendo algo elemental: una República no exige que sus ciudadanos tengan las mismas ideas. Exige que puedan convivir con ellas.

Esa debería ser nuestra batalla cultural.

No que Colombia deje de ser católica para convertirse en progresista.

Ni que deje de ser progresista para convertirse en conservadora.

Ni que las iglesias desaparezcan de la esfera pública.

Ni que el Estado adopte una religión.

Ni que las convicciones religiosas sean expulsadas de la conversación democrática.

Ni que las nuevas identidades sean prohibidas.

Ni que las viejas tradiciones sean ridiculizadas.

La batalla consiste en algo más difícil: hacer que todas ellas quepan dentro de una misma República.

Colombia ha avanzado mucho en eso.

La Constitución de 1991 no fue solamente un cambio jurídico. Fue una declaración de confianza en que la sociedad colombiana podía ser plural sin dejar de ser una sola nación.

Por eso quizá deberíamos agradecer un poco más aquello que hemos construido.

Agradecer que hoy un sacerdote pueda predicar, que un pastor pueda abrir una iglesia, que un ateo pueda burlarse de Dios, que una persona LGBT pueda vivir públicamente su identidad, que un conservador pueda defender la familia tradicional, que un progresista pueda cuestionarla, que un periodista pueda escribir sobre lo que desee y que un ciudadano pueda votar por quien quiera.

Todo eso forma parte de la misma victoria.

La libertad no consiste en que ganen nuestras ideas.

Consiste en que nuestras ideas tengan derecho a intentar ganar.

Y quizá esa sea la verdadera batalla cultural que Colombia ha venido librando desde Nariño hasta 1991 y hasta nuestros días: conseguir que, finalmente, las ideas y las palabras valgan más que las armas.

Esa guerra todavía no la hemos ganado definitivamente.

Pero, a diferencia de tantas otras, vale la pena seguir peleándola.