Por: Jorge Coronel López
Economista, Magíster en Economía
«¿Y qué es lo que hace todo candidato? Promete, por lo pronto, a sus buenos electores todo lo que pueda halagarles. Así jura Fouché proteger el comercio, defender la propiedad, respetar las leyes; como en Nantes sopla más el viento de la derecha que el de la izquierda, truena con mayor elocuencia contra los partidarios del desorden que contra el viejo régimen».
Stefan Zweig
Tras la reciente contienda política de Estados Unidos, que sirve como telón de fondo para esta reflexión, vale la detenerse un momento a pensar sobre lo siguiente: ¿Cuál es el marco de referencia ético que guía la actividad política?
Voy a partir del hecho de que toda persona que persigue regir asuntos públicos lleva sobre sus hombros unos intereses, los cuales pueden provenir de sus francas luchas o sencillamente de la necesidad de defender su status quo. Sin embargo, los intereses per se no son malos. La política y la sociedad se mueven gracias a ellos. Así se consiguió abolir la esclavitud y se encontraron mejores métodos de justicia, quedando atrás la hoguera y la guillotina. El peligro está cuando la sociedad se deja permear y compra unas ideas –intereses– que le son vendidas como buenos fines, pero que por detrás esconden su propia guillotina.
Con este breve preámbulo, se podría empezar diciendo que un primer marco de referencia ético podría estar determinado por el cumplimiento de normas. Esto quiere decir que un gobernante se siente éticamente complacido cuando cumple las leyes. Sin embargo, esta idea presupone que dichas leyes están dentro del campo de la ética y resulta que abundan los casos en los que las leyes dejan serias dudas sobre su sentido ético, tanto por la forma como son concebidas y decretadas, como por las motivaciones e intenciones que encarnan.
Esta fe normativa no está siendo el mejor aliado: primero, porque las normas no van a la velocidad requerida; y segundo, porque la manera como se han permeado los cuerpos legislativos pues han puesto a las normas por fuera de su campo ético. Por esta vía se han construido aparatos normativos sobre contratación estatal, participación ciudadana, participación política y transparencia; que valdría la pena revisar bien si han logrado su propósito ético.
Un segundo marco de referencia está asociado con la concepción que se tenga de la democracia. Aquí los gobernantes se sienten éticamente satisfechos por la simple razón de salir elegidos. Este marco de referencia sería ideal, pero resulta que todavía se tiene una idea reducida de democracia, pues ella no empieza ni termina con el proceso electoral. Además, abundan los casos donde las elecciones son puestas en cuestión por conductas fraudulentas, que van desde la manipulación al elector, hasta vínculos con estructuras y aparatos mafiosos: intereses representados luego en gobiernos.
Aquí es donde las elecciones terminan legitimando la ilegalidad y donde el poder político es cooptado por ellos. Aquí la democracia electoral funciona como validador antiético y bastaría imaginar en lo que podría derivar un gobierno alzado sobre los hombros de la deshonra. Estas actuaciones son dañinas porque conducen a que los ciudadanos descrean de la democracia y se pierdan dentro del laberinto político que la misma entraña.
Un tercer marco de referencia ético puede estar determinado por los Derechos Humanos y las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–. También es una buena ruta, pero como la aplicación de los Derechos Humanos y la búsqueda de los ODS no están plenamente democratizados, pues es un marco de referencia que se torna conflictivo. En todas partes del mundo se puede apreciar cómo los líderes de derechos humanos son perseguidos. Además, los mecanismos que se han construido para materializar derechos suelen tener elevados costos sociales y trabas para los ciudadanos, quienes cada vez que intentan acceder o reclamar un derecho, tropiezan con múltiples barreras. Derrumbarlas es una forma de avanzar, no sólo en materia de justicia social, sino también en el marco de la ética política que aquí se presenta.
No obstante, el marco de Derechos Humanos también suele reducirse y minimizarse. Todavía no se ha podido avanzar plenamente en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC– y lejos se está de incluir en las discusiones todo lo concerniente a la genética, el medioambiente, el cambio climático y la inteligencia artificial. Es urgente emprender una agenda de derechos que pretenda la protección de la humanidad por los daños que ella misma podría causarse. Este sería un buen marco de referencia ético para la política, pues los ODS per se, no son suficientes, además porque algunos entrañan contradicciones cuando no se interpretan bien; por ejemplo, el ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico.
Esta afirmación se justifica así: primero, el trabajo decente es mucho más que la interpretación de indicadores básicos: empleo y desempleo. Segundo, está probado que el aumento del empleo no es plena garantía de que las cosas laboralmente vayan bien. De hecho, puede ser todo lo contrario, pues se ha visto cómo de la mano de empleo ha crecido la precariedad laboral. Esto indica que el empleo hace rato dejó de ser una forma de combatir la pobreza, incluso está en el filo de ser reproductora de la misma, debido a las condiciones sobre las cuales se realizan los trabajos y su remuneración.
Además, es consabido que pretender un crecimiento económico sin haber evaluado los impactos de las actividades al calentamiento global –a través de la emisión de Gases Efecto Invernadero–, pues conduciría a la promoción de un crecimiento que atenta el medio ambiente, lo que representan costos sociales muy altos. He aquí entonces el problema que representa el ODS 8 debido a la manera simple de entender el trabajo decente y a la peligrosa forma de promover el crecimiento económico.
Finalmente, otro marco de referencia ético puede estar determinado por las ideas económicas y el paradigma dominante que existe sobre la forma de entender los desajustes laborales, la desigualdad y la pobreza. Las ideas económicas cooptaron la actividad política, en el sentido de que todas las decisiones políticas pasan por el cedazo de la economía. De allí que cuando se piensa en resolver cualquier problema social a través de una política de gasto, siempre se tropieza con el fantasma del déficit fiscal. Adicionalmente, las ideas que se tengan sobre propiedad, precios, mercados, tributación y tamaño del Estado, son las que determinan el plan de gobierno y los canales de diálogo entre gobernantes y gobernados. Por eso es tan difícil que logren comprender y reconocer que existen formas diferentes de organización a un club y que existen comunidades, colectividades y grupos minoritarios que son capaces de autogestionar sus propios recursos bajos sus propias costumbres. Esto sí sería un marco de referencia ético para la política; pero mientras la economía no recoja las discusiones sobre otras formas de propiedad diferente a la privada y haya abandonado discusiones propias de la economía política, pues le seguirán haciendo falta fichas a este rompecabezas ético.