Las Ciencias Sociales Hoy

Publicado el Las Ciencias Sociales Hoy

La hipoteca  inversa: una propuesta  oportunista, regresiva e  inconveniente

Por: María Cristina Ocampo[i]

En  el marco de una crisis sin precedentes,   cuando todos los analistas están de acuerdo en  la necesidad de re-pensar  el modelo económico y  las políticas  públicas  para devolver a los países  sus  perspectivas de crecimiento y  a los ciudadanos sus oportunidades de ingreso,  resulta  francamente  oportunista,  regresiva e  inconveniente   la propuesta de las   llamadas “hipotecas  inversas”, anunciada por el   ministro de  Vivienda como un “mecanismo de protección para los mayores de 65 años”.

Oportunista,  porque  coincide con la quiebra de miles de empresas, con  una tasa de desempleo cercana al 20%, la más alta  de los últimos quince años  que, según el DANE,  arrojó cerca de  4 millones de desempleados al mes de confinamiento  y con el pronóstico de una pérdida del   PIB,  que   estará  entre  menos 4.5 %  según ANIF y   menos   6.1%  según  la OCDE  este año,  borrando  los avances de dos décadas en la disminución de la pobreza en nuestro país, como afirma un estudio de la universidad de los Andes.  El impacto de estos indicadores se siente  no solo  entre los excluidos de siempre, sino también   entre  quienes tras  años de esfuerzo  habían llegado a   la  clase  media,   y ahora descienden  a la condición de   “pobres vergonzantes”,  cuya vivienda es el único activo, pero carecen de rentas para pagar los impuestos, los servicios públicos o los alimentos.

Más grave aún  es  la situación  de  los mayores, pues  tres  de cada cuatro  no  lograron conseguir una pensión de vejez, porque no tuvieron continuidad laboral  o nunca accedieron a un empleo formal o porque  sus empleadores no pagaron los aportes de Ley o  porque, como algunos advertimos cuando se aprobó la Ley 100,  los ahorros individuales  de las personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos,  serían insuficientes para construir una renta vitalicia.

En tan precaria condición, no sorprende que muchos viejos pasando dificultades, prefieran sacrificar el único ahorro conseguido después de inmensos esfuerzos  a cambio de  la promesa envenenada de una  renta, que como lo anuncia el ministro  en la “letra chiquita” de sus declaraciones, “ dependerá del avalúo del inmueble y no será superior al promedio de la rentabilidad esperada de los arriendos, aproximadamente el 0.3% mensual”  mientras los propietarios  deben pagar los gastos  notariales de la hipoteca y   seguir  respondiendo por los impuestos y por el mantenimiento del inmueble hipotecado.  Aunque los propietarios podrán seguir viviendo en el inmueble,  no podrán enajenarlo a  ningún título y  al momento de morir  sus herederos deberán “saldar la deuda de la hipoteca con sus recursos, vendiendo el inmueble  y pagando el saldo correspondiente,  o entregarlo como pago por la renta que recibió su familiar” (El tiempo, 06-13).  Es decir, una misma familia tendría que pagar dos veces por el mismo bien o quedarse sin herencia.

Resulta  increíble que cuando los principios de equidad y solidaridad deberían imponerse,  decretando, por ejemplo,   una renta básica orientada a  la protección de  los más pobres, iniciando por los viejos,  el gobierno anuncie  con su  acostumbrada retórica de  “ayudarle a los abuelitos”  una figura que, como la hipoteca inversa,  constituye un despojo del patrimonio familiar en beneficio, una vez más, del voraz sistema financiero colombiano.

Como tantas otras medidas dictadas bajo el amparo de la emergencia económica, esta es evidentemente regresiva y  ajena al mandato  constitucional. No solo porque pretende transferir a los más poderosos el ahorro de los hogares  más vulnerables, sino también porque   las  políticas públicas de vivienda que  iniciaron en nuestro país   desde la primera  mitad  del siglo pasado y que estuvieron orientadas a  democratizar el capital creando un país de propietarios, han  podido desarrollarse  gracias a los  enormes   recursos fiscales trasferidos como subsidios  y a los depósitos de los  ahorradores en sistemas de ingrata recordación como el  UPAC,  que a finales de los noventa también  entregó a los bancos las viviendas de millones de familias, como lo evidencian los censos de 1993 cuando 63.5% de los hogares eran propietarios por contraste con un 54.4% para el censo de 2005.

Brillan en cambio  por su ausencia, las preocupaciones del ministro de  Vivienda sobre el descenso del número de  propietarios de inmuebles  que declinó  al 48.1% según las estimaciones censales para el 2018 y  el  déficit  habitacional medido por el hacinamiento, la falta de servicios públicos domiciliarios, incluido el acceso al agua potable, y la precariedad de los materiales de construcción  en el   36.6% de  los hogares, según la Encuesta de calidad de vida  promovida por el DANE,  Planeación Nacional y , quien lo creyera,  por el  ministerio de Vivienda en 2018.

Resulta cuando menos sospechoso,  que  el ministro presente como “novedad”  el invento de alguna aseguradora norteamericana en 1961 y que el gobierno pretenda imponer por decreto  una iniciativa de la banca privada,  ensayada y abandonada en muchos países por su escasa aceptación entre los clientes potenciales.

Y es que se trata de una propuesta a todas luces  inconveniente, no solo para los propietarios en trance de pasar a mejor vida, sino  también  para la economía en su conjunto y para la renovación y mejoramiento de los espacios urbanos. Dejar inmovilizados miles de inmuebles a manera de “bienes de engorde”, cuya  valorización será capturada  a   mediano plazo  por los fondos financieros, mientras los propietarios reales y sus  herederos  asumen todos los costos y riesgos, incide negativamente en el bienestar de los hogares,  que legítimamente deberían  ser compensados  con el valor real de sus bienes en el mercado inmobiliario,  como  también de  la  industria  de la construcción que  vería disminuido el volumen de potenciales compradores de nuevas viviendas, pero sobre todo,  enfrentaría una disminución de la  oferta de tierras, con el consiguiente encarecimiento de los precios del suelo.

Como efecto colateral,  los  barrios tradicionales quedarían estancados, sin posibilidades de mejoramiento  o cambios de uso, sin siquiera la alternativa de ser adquiridos por los municipios para obras de infraestructura,  puesto que todos, inmuebles y propietarios, estarían hipotecados hasta la última morada.

[i]  Socióloga, Doctora en Sociología Jurídica, especialista en  Políticas Públicas

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