La historia que incomoda

Un museo es, entre muchas otras cosas, una manera de contar quiénes somos y hemos sido. A través de sus objetos, sus imágenes y las historias que decide poner en relación, una sociedad construye una representación de sí misma. Allí conviven episodios que despiertan orgullo con otros que preferiríamos olvidar; acontecimientos que forman parte de nuestra identidad y testimonios que contradicen la imagen que hemos aprendido a tener de nuestro país. Tal vez por eso los museos tienen una importancia política mucho mayor de la que habitualmente les reconocemos. No se limitan a conservar el pasado. Participan, también, en la forma como aprendemos a comprenderlo.

Lo ocurrido hace algunos días en el Museo Nacional de Colombia obliga a volver sobre esa relación. Por instrucción del Ministerio de Cultura fueron retiradas decenas de piezas relacionadas con los movimientos feministas, la diversidad sexual, la violencia política, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellas se encontraban una bandera del movimiento LGBTIQ+, afiches de candidatos presidenciales asesinados, documentos sobre las luchas por los derechos de las mujeres y objetos que daban cuenta de algunos de los momentos más significativos de nuestra historia reciente. En varias salas quedaron paredes vacías, mientras el Gobierno anunciaba el comienzo de una denominada contrarrevolución cultural.

La ministra Paola Holguín ha defendido estas decisiones bajo el argumento de que el Museo Nacional no puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, ni en un espacio de apología al delito o de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia. Su planteamiento contiene una preocupación que no debería descartarse de antemano. Las instituciones culturales financiadas con recursos públicos no están llamadas a reproducir las preferencias ideológicas de quienes las administran, y mucho menos a presentar como verdades indiscutibles interpretaciones que pertenecen al terreno de la controversia política.

Sin embargo, reconocer esa preocupación no resuelve el problema. Más bien obliga a examinar con mayor detenimiento la naturaleza de las decisiones adoptadas. Porque si algo deberíamos tener claro es que ninguna exposición museográfica constituye una representación completa, definitiva y absolutamente neutral de la realidad. Toda curaduría implica seleccionar. Al escoger una pieza y no otra, al relacionar determinados acontecimientos y construir un recorrido, los museos producen interpretaciones. Esa condición no representa necesariamente una deformación de su misión. Es parte de ella.

La cuestión verdaderamente importante aparece cuando intentamos comprender quién ejerce esa facultad de selección, bajo qué criterios y con qué límites. Una cosa es que un equipo de historiadores, conservadores y curadores decida modificar una exposición a partir de nuevas investigaciones, discusiones académicas o transformaciones en la comprensión de un acontecimiento. Otra, sustancialmente distinta, es que una autoridad política determine qué expresiones deben desaparecer de las salas porque resultan incompatibles con su interpretación de la historia.

En ese punto, el debate deja de ser exclusivamente cultural y adquiere una dimensión institucional. El Museo Nacional no es una dependencia destinada a ilustrar el programa político de cada administración. Su responsabilidad consiste en conservar, investigar e interpretar un patrimonio que pertenece a la sociedad y cuya complejidad difícilmente puede reducirse a las convicciones de un gobierno. Esa responsabilidad exige independencia profesional, sin que ello signifique inmunidad frente al escrutinio público ni resistencia automática a cualquier transformación.

Hay, además, una dimensión del problema que suele pasar inadvertida. La relación entre arte y política no comienza cuando una obra transmite un mensaje partidista. También se expresa en las decisiones que organizan aquello que una sociedad puede ver, reconocer y considerar parte de su experiencia colectiva. El espacio de un museo tiene, en ese sentido, una capacidad particular para otorgar visibilidad. Cuando un objeto ingresa a una exposición pública adquiere la posibilidad de participar en una conversación social más amplia. Cuando desaparece, esa posibilidad se reduce, aunque el objeto permanezca perfectamente conservado en un depósito.

Por eso resulta insuficiente afirmar que no existe censura porque las piezas no han sido destruidas ni se ha prohibido su circulación. La censura puede adoptar expresiones menos evidentes que una prohibición formal. También puede manifestarse cuando una institución utiliza su autoridad para sustraer de la mirada pública determinadas experiencias por razones ideológicas. No toda retirada constituye censura, naturalmente. Pero tampoco basta con denominarla “revisión curatorial” para eliminar las preguntas sobre su propósito.

El caso colombiano resulta especialmente inquietante por la naturaleza de algunos de los objetos retirados. Exhibir un afiche de Carlos Pizarro no significa reivindicar la lucha armada del M-19. Mostrar la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa tampoco obliga a compartir las posiciones de la Unión Patriótica. Del mismo modo, incorporar testimonios de las luchas feministas o de la diversidad sexual no equivale a exigir que todos los visitantes adopten una determinada concepción moral de la sociedad. Estos materiales permiten conocer acontecimientos, reconocer trayectorias históricas y comprender conflictos que efectivamente formaron parte de nuestra construcción nacional.

Confundir la exposición de un acontecimiento con su aprobación política introduce una dificultad enorme para cualquier institución dedicada a preservar la historia. Bajo ese razonamiento, buena parte de los episodios más dolorosos de Colombia terminaría siendo imposible de representar. La memoria de la violencia, las guerrillas, el narcotráfico, las dictaduras o los enfrentamientos ideológicos tendría que someterse permanentemente a un juicio sobre la conveniencia de mostrar aquello que incomoda a quienes gobiernan. Y un país que solo puede exhibir los acontecimientos moralmente aceptables para sus autoridades termina construyendo una versión extraordinariamente limitada de sí mismo.

Esto tampoco significa que las exposiciones existentes sean intocables. Es legítimo revisar los relatos sobre el conflicto armado, discutir si determinadas piezas reciben una contextualización suficiente o incorporar perspectivas que hayan quedado marginadas. Incluso sería saludable preguntarnos si nuestros museos han sabido representar adecuadamente otras tradiciones políticas, religiosas y culturales cuya importancia histórica merece reconocimiento. El pluralismo exige precisamente esa disposición a ampliar las narraciones disponibles, sin reemplazar una interpretación dominante por otra igualmente excluyente.

Aquí el problema está en el método. Las salas intervenidas fueron el resultado de procesos de investigación y renovación que se extendieron durante diferentes administraciones, no únicamente durante el pasado periodo presidencial. Alterar esos contenidos sin presentar previamente un nuevo planteamiento curatorial, sin explicar las razones particulares de cada retiro y sin permitir una deliberación profesional suficientemente transparente difícilmente contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones culturales. Por el contrario, instala la sospecha de que el criterio decisivo no fue el conocimiento histórico, sino la afinidad política.

Y sería un error pensar que esta exigencia de independencia debe aplicarse únicamente al gobierno actual. En administraciones anteriores también hemos visto cómo los símbolos patrimoniales adquirieron protagonismo dentro de las disputas políticas, como ocurrió con la espada de Bolívar y su utilización en la escenificación del poder presidencial. Aunque se trate de situaciones diferentes, ambas recuerdan la facilidad con que los bienes culturales pueden terminar convertidos en instrumentos de legitimación política. La defensa de la autonomía institucional pierde buena parte de su sentido cuando depende de nuestras simpatías por quien ocupa transitoriamente la Presidencia.

La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como una nación pluralista y diversa. Esa definición no puede quedar reducida a una declaración jurídica sin consecuencias para la manera en que nuestras instituciones representan la sociedad. Precisamente porque existen interpretaciones contradictorias de la historia necesitamos lugares capaces de hacerlas visibles, contrastarlas y someterlas a discusión. La función de un museo público no consiste en resolver definitivamente esas contradicciones, sino en ofrecer las condiciones para comprenderlas.

El Estado tiene, por supuesto, la responsabilidad de orientar la política cultural, asignar recursos y garantizar que las instituciones cumplan su misión. Pero esa facultad no debería confundirse con el derecho a determinar qué versiones del pasado merecen permanecer ante los ojos de los ciudadanos. Gobernar implica tomar decisiones políticas; ejercer responsablemente el poder también exige reconocer los ámbitos en los que la autoridad debe encontrar límites.

De ahí que la discusión sobre el Museo Nacional no pueda agotarse en la pregunta de si fueron retiradas treinta o cincuenta piezas, ni siquiera en determinar si estamos ante un episodio de censura. Lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones culturales para preservar una relación crítica con el poder que las financia. Una democracia necesita museos que puedan revisar sus propios relatos, reconocer sus omisiones y confrontar nuestras certezas, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el gobierno de turno.

Quizá esa sea la responsabilidad más difícil del Estado frente a la cultura: comprender que proteger el patrimonio también significa aceptar que su interpretación nunca estará completamente bajo su control. Porque la memoria de una nación no pertenece a quienes administran temporalmente sus instituciones. Pertenece a una sociedad cuya historia, afortunadamente, siempre será más extensa, contradictoria y compleja que cualquier proyecto político.