Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del pasado domingo marcaron un punto de inflexión en la política colombiana, dando paso a la reconfiguración del mapa del poder en el país. No solo se definió la composición del Congreso para los próximos años, sino que también se trazó el escenario en el que se disputará la próxima elección presidencial. Los resultados permitieron entrever que el nuevo Congreso llega dividido y sin mayorías claras, mientras en el tablero presidencial se perfilaron, ahora, con mayor claridad, los principales liderazgos que tendrán posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño. La derecha salió fortalecida de la jornada. El centro confirmó, una vez más, sus dificultades para convertirse en mayoría. Y la izquierda, desde su silencio político en esta jornada, ratificó algo que ya venía perfilándose con claridad: llegará a la primera vuelta con una base electoral sólida que responderá mayoritariamente al liderazgo de Iván Cepeda.

En la baraja de presidenciables, la votación de Paloma Valencia la proyecta como una figura con capacidad real para disputar el liderazgo de la derecha y entrar con fuerza en la conversación principal de la primera vuelta. En ese contexto, la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, precedida además por un clima de expectativa favorable, podría ayudarle a atraer, tanto en primera como en una eventual segunda vuelta, una parte importante de los votos dispersos del centro. Su incorporación también inclina la candidatura de Paloma Valencia hacia la moderación y reduce significativamente el margen de maniobra de Sergio Fajardo en ese mismo electorado. Queda, además, un capital electoral que no conviene perder de vista: el que se expresó en las otras dos consultas. Aunque muchos puedan considerarlo menor frente a la magnitud de la consulta de la derecha y la solidez electoral de Iván Cepeda, allí persisten apoyos que pueden resultar estratégicos en una elección tan estrecha como la que hoy se perfila.

Ahora, si las consultas ayudaron a ordenar el panorama presidencial, las elecciones al Congreso dejaron ver con igual claridad el tipo de gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La jornada legislativa volvió a mostrar un Congreso sin hegemonías claras, con varias fuerzas de tamaño relevante, pero incapaces de dominar por sí solas el panorama legislativo. En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición salen de estas elecciones con la posibilidad de controlar el Congreso por cuenta propia. Por eso, quien llegue a la presidencia tendrá que gobernar en un contexto de negociación constante, con bancadas dispersas y con la necesidad permanente de construir coaliciones.

Ese dato importa no solo por lo que dice sobre la gobernabilidad futura, sino también por el contraste que revela. Las urnas dibujaron un mapa político que obligará a la negociación y a la construcción de acuerdos. Sin embargo, muchos de los discursos que se consolidaron después de la jornada parecen ir en sentido contrario. En vez de asumir la evidente necesidad del otro, justo cuando la realidad institucional exige mayor disposición al entendimiento, al cierre de las consultas, persistió la alusión a la derrota del adversario como principal movilizador de las emociones colectivas.

En algunos casos, se habló de derrotar al proyecto que hoy ocupa el gobierno. En otros, de derrotar a las fuerzas que, durante las últimas décadas, han encarnado la tradición política de la derecha colombiana. Incluso desde posiciones que se presentan como superadoras de la polarización reaparece una fórmula semejante: derrotar simultáneamente a quienes dominan el debate político nacional. Casi todos, al final, terminan enlazados por una lógica similar: convertir al otro en una amenaza y a la política en un campo de eliminación simbólica. Y ese, en la historia colombiana, es un lenguaje peligroso.

Lo más revelador es que esa lógica se manifiesta, incluso, entre sectores que leen el país desde perspectivas muy distintas. La izquierda tiende a mirar el país desde la gramática de los derechos, la inclusión y la justicia social, y por eso percibe cualquier retroceso en las libertades o en las conquistas sociales como una amenaza. La derecha lo hace desde la defensa del orden, la seguridad y la confianza en reglas estables para producir e invertir, y por eso reacciona ante la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de la autoridad o la hostilidad hacia el mercado. El centro, por su parte, se afirma en la prudencia en la toma de decisiones, la técnica y la sostenibilidad institucional y teme que el país quede a merced de la improvisación, de promesas inviables y de la erosión de las capacidades del Estado.

Esas diferencias, en lugar de abrir el camino al reconocimiento mutuo, terminan subordinadas a una misma idea: asumir que el rumbo del país solo podrá corregirse mediante la anulación simbólica del adversario. No el diálogo, ni la posibilidad de reconocer las diferencias, ni la construcción paciente de un lenguaje común, sino la derrota del otro como único horizonte imaginable. Sin embargo, el país que emerge de las urnas difícilmente puede reducirse a esa lógica.

La Colombia que se asoma desde los resultados electorales no cabe en la simple lógica de la derrota del otro, porque en ella conviven preocupaciones distintas, todas ellas reales, sobre el rumbo de la democracia. El problema comienza cuando los partidarios de un proyecto son presentados como radicales irresponsables; los del otro, como enemigos de cualquier transformación; y quienes intentan ubicarse en el centro del debate, como ingenuos, tibios o irrelevantes. Poco a poco, el contrario político deja de ser un interlocutor y empieza a convertirse en una amenaza.

En este orden de ideas, la realidad de gobernar el país exigirá algo mucho más difícil que ganar una elección. Exigirá reconocer que en el otro —en ese adversario político que tantas veces se caricaturiza— también existen preocupaciones legítimas sobre el país que queremos construir. Quien llegue a la presidencia tendrá que comprender que gobernar Colombia no podrá constituirse en una suerte de derecho adquirido tras la conquista ni en la consumación de una derrota sobre otros. Gobernar, en un país como este, deberá significar algo mucho más exigente: escuchar las diferencias, abrir los diálogos necesarios, tender puentes entre sensibilidades distintas y acercar las múltiples realidades legítimas que atraviesan la vida nacional. Solo desde ese reconocimiento será posible construir la estabilidad que Colombia necesita y hacer de la presidencia no el trofeo de una facción, sino un verdadero gobierno para toda la nación.

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