Inevitable

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DE LOS BENEFICIOS PARA NUEVAS EMPRESAS

Por: Juan Guillermo Pérez Hoyos.

Con bombos y platillos y con un despliegue mediático digno de tan noble causa, se presentó en sociedad en los últimos días del año 2010 la ley de formalización y generación de empleo, lanzamiento que estuvo precedido de numerosas apariciones en los medios de la más alta representación política, apariciones en las que no cesaban de explicar cómo, a través de una serie de beneficios tributarios otorgados para las empresas que se constituyeran o formalizaran a partir de la vigencia de esa ley, nacería una norma jurídica con la que se lograría la creación de dos y medio millones de nuevos empleos y la formalización de quinientos mil puestos adicionales. Ríos de leche y miel se ofrecían con esta ley.

Un año después, en las postrimerías del 2011, el Ejecutivo expide el tan esperado decreto reglamentario de la ley de formalización de empleo. A esa altura, el discurso oficial ya había cambiado bastante y empezaba a endurecerse la posición del alto gobierno, tal vez un poco arrepentidos de haber promocionado tantos beneficios tributarios. Pesaroso por tantas gabelas otorgadas, el gobierno decide poner límites allá donde el legislativo no los había puesto.

Dice el decreto que “las rentas objeto del beneficio… son exclusivamente las rentas relativas a los ingresos operacionales u ordinarios… provenientes del desarrollo de la actividad mercantil”, limitación que no puso el legislador, pues si miramos la ley en el artículo que define la progresividad del pago del impuesto, expresa que ella se tendrá sobre la tarifa general del impuesto de renta, tarifa que aplica sobre la renta líquida gravable. Entonces, por ejemplo, si una nueva pequeña empresa realiza actividades industriales de fabricación de confecciones y percibe unos ingresos adicionales por concepto del arrendamiento de un local de su propiedad, o por concepto de rendimientos financieros de una inversión, o por concepto de una venta de materias primas no utilizadas, o por venta de retazos, o por cualquier otro concepto diferente al de su actividad confeccionista, pagará impuesto sobre la renta derivada de tales ingresos y a la tarifa general. Y no es eso lo que dice la ley reglamentada.

Luego, se consagran una serie de obligaciones formales para acceder a los beneficios tributarios de ley, que más parecen trazadas para evitar que los beneficios les sean otorgados. Estos requisitos giran sobre la entrega de memoriales en los que el contribuyente manifieste su intención de acogerse a los beneficios, lo cual desnaturaliza el principio de la ley. La ley consagró los beneficios tributarios para todos los nuevos contribuyentes y el reglamentario los redujo para quien manifieste la intención de acogerlos, proponiendo, entonces, que si la nueva empresa no dice expresamente que se acoge a los beneficios, los perderá.

A veces uno cree que en el alto gobierno no hay comunicación entre ellos. O si no, miren lo del tema de los libros de contabilidad. En el decreto reglamentario se pone como requisito sine qua non para acceder a los beneficios el haber cumplido con la obligación de registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio; eso se dijo el 26 de diciembre de 2011. Quince días después nace el famoso decreto ley anti trámites y allí se eliminó la obligación de registrar libros de contabilidad en las cámaras de comercio, por la vía de quitarle esa función a esas entidades. Entonces, si ya iban a eliminar los libros registrados ¿para qué ponerlos como requisito de los beneficios tributarios?

También se dice en el reglamentario que es requisito para obtener los beneficios el haber renovado la matrícula mercantil dentro de los primeros tres meses del año. Aquí no se entiende la relación de medio a fin, pues la ley no solo no previó algo simplemente accesorio como eso para lograr un beneficio principal, sino que ni siquiera lo puso como condición para lograr la tarifa reducida de renovación de matrícula para las nuevas empresas.

Cada vez que uno lee la reglamentación de la ley de formalización de empleo se convence más y más que con ella se pretende expulsar del régimen de beneficios tributarios, por la vía de los requisitos formales, a la mayor cantidad posible de nuevas empresas. Una cosa que construyó el legislativo con absoluta claridad y transparencia se enreda en una maraña de requisitos contradictorios y hasta inexistentes, y eso solo puede explicarse desde la perspectiva de un interés en neutralizar los beneficios de la ley. Después de matar el tigre se asustaron con el cuero.

Así, no es posible entender por qué hablan de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Muchas nuevas empresas despertarán muy pronto en la dura realidad de haber perdido unos beneficios que creían les había otorgado la ley.

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