La expedición de Decreto 216 del 1 de marzo de 2021, Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, EPTMV – complementado el 28 de abril de 2021 mediante la “RESOLUCIÓN No. 0971 DE 2021 Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021” ha sido el más reciente e importante paso de la política de Estado de Colombia para la protección de migrantes, solicitantes de refugio y familias mixtas retornadas que han tenido que abandonar Venezuela a causa de la crisis multisistémica que sufre ese país.
Como se mencionó en una publicación del blog Ese extraño oficio llamado Diplomacia[1], el ETPMV ha estado precedido por múltiples medidas humanitarias adoptadas por Colombia, entre las que se destacan las siguientes:
La Resolución 5797 de 25 de julio de 2017 que creó el Primer Permiso Especial de Permanencia – PEP que logró la regularización de 383.358 personas, quienes tuvieron la posibilidad de acceder a trabajo legal, a atención básica en salud y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Registro Único de Migrantes Venezolanos RUMV y las consecuentes versiones 2 y 3 del Permiso Especial de Permanencia PEP, hasta llegar al Documento CONPES 3950 de 23 del noviembre 2018, en el cual se estableció como uno de los objetivos específicos: Fortalecer la institucionalidad existente para la atención de la población migrante desde Venezuela y a los colombianos expulsados y retornados desde Venezuela.
Así mismo, a partir de 2017 se comenzó a aplicar el enfoque de la Declaración de Cartagena de 1984 a quienes solicitaban el reconocimiento de la condición de refugiados a la luz del Decreto 1067 de 2015, frente al enfoque clásico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y se han admitido para estudio cerca de 30 mil solicitantes de la condición de Refugiado, que antes habrían sido considerarlos solo como “migrantes económicos”.
No debe olvidarse que otros países latinoamericanos se escudaron tras interpretaciones exegéticas para cerrar la puerta, no solo a las personas venezolanas, sino también a colombianos que conforman familias mixtas con venezolanos.
Finalmente, se adoptó un instrumento excepcional con la expedición de la Ley 1997 de 2019 de 16 de septiembre de 2019. “Por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano desde 2015, con el fin de prevenir la apatridia”.
Ahora, nos encontramos en el proceso de “aterrizaje” del sueño llamado Permiso de Protección Temporal PPT para que se materialice a través de la “RESOLUCIÓN No. 0971 DE 2021 Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021” de 28 de abril de 2021.
Ante dicho aterrizaje es momento de reconocer con espíritu crítico que el punto débil en todo el proceso de atención a esta crisis ha sido y sigue siendo, la atención a los colombianos retornados, que se estiman en más de 600.000.
Se consideran Colombianos Retornados a los connacionales que vivieron por lo menos 3 años en Venezuela y se vieron forzados a abandonar ese país por el caos socioeconómico y político. Muchos son miembros de familias mixtas que han conformado con nacionales venezolanos. Otros, a pesar de tener “latente” su nacionalidad colombiana de conformidad con lo prescrito por el artículo 96 de la Constitución, aún no pueden acceder plenamente a sus derechos por no haber concluido el proceso de inscripción en la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni la expedición de sus respectivos documentos de identidad.
Los Retornados están simbióticamente unidos a los migrantes y solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana, como lo demuestran las estadísticas de Migración Colombia, del Programa Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería y el Grupo Inter agencial de Flujos Migratorios Mixtos GIFMM que encabezan la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.
Estos compatriotas regresan en precarias condiciones económicas, de salud y situación psicológica, para asentarse, normalmente, en comunidades de acogida con las que tienen algún vínculo. Esto explica en parte el incremento de cinturones de miseria en ciudades como Barranquilla, Cartagena, en otras zonas de la costa atlántica y en capitales donde estiman que pueden tener mayor oportunidad de inserción económica como Bogotá / Soacha, Medellín y Cali.
Así, mientras que, al menos en el imaginario público, para los venezolanos se ha dispuesto de mecanismos y estructuras de atención socioeconómica, los Retornados “se pierden en el paisaje” de la población colombiana en estado de necesidad y no tienen un “doliente” particular. Lo anterior no solo constituye una revictimización y una doble injusticia con colombianos que lo perdieron todo en Venezuela, sino que despierta sentimientos de xenofobia e intolerancia.
El Programa Colombia Nos Une es un grupo interno de trabajo de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano que, en virtud de la Ley 1565 de 2012 (Ley de Retorno), está a cargo de gestionar el Registro Único de Retornados RUR, en su condición de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Retorno CIR (Decreto 1.000 de 2013).
Mientras los Retornados superan 600.000 personas, aquellos inscritos en el RUR apenas superan los 50.000 y que la capacidad de actuación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano con su Programa Colombia Nos Une se haya visto reducida en los últimos meses, entre otras razones presupuestales, por las limitaciones impuestas por la pandemia del Covid19 y el debilitamiento de los CRORES – Centros Regionales de Orientación de Oportunidades para el Retorno, que ganaron gran reconocimiento durante años.
Colombia, entonces, debe redoblar esfuerzos para demostrar a sus connacionales retornados el mismo espíritu humanitario y solidario que en buena hora ha desplegado para los hermanos venezolanos. Para ello es necesario entre otros, actualizar y dar amplia difusión a la Ley Retorno, visibilizar a los retornados mediante políticas de identificación, caracterización y documentación de quienes son admitidos en el Registro Único de Retorno RUR, enfocar los recursos económicos para migrantes y retornados en la inversión y creación de condiciones de desarrollo en las comunidades de acogida en que ellos se asienten.
En esta línea, vale la pena recordar la experiencia de Turquía, país en el que se desarrolla desde hace una década la mayor crisis de migrantes en el mundo. Turquía ha recibido aproximadamente cuatro millones de “refugiados” (que ellos denominan, personas en necesidad de protección internacional), de los cuales 3.6 millones son sirios, 170.000 afganos, 142.000 iraquís, además de iranís y somalís, entre otras nacionalidades.
Turquía diseñó un marco legal compuesto por la Ley sobre Extranjeros y Protección Internacional (aprobada en 2013) y la Regulación sobre Protección Temporal (en 2014) con base en el cual ha logrado generar un ecosistema de apoyo económico internacional, a través del que ha recibido más de nueve mil millones de euros desde 2015, (Cuatro mil de ellos solo para educación y reinserción social de niños[2]) lo que equivale a 501.18 USD por cada “persona en necesidad de protección internacional”.
Así mismo, en otros escenarios, para la atención de migrantes en países como Sudán del Sur y Birmania se han desembolsado recursos superiores a los dirigidos para el apoyo de los venezolanos en Colombia. “Para la atención de 1,4 millones migrantes en Sudán del Sur se recibieron USD 700 millones, es decir, USD 500 por migrante. Y para la atención de 900.000 migrantes en Myanmar se recibieron USD 682,1 millones, es decir, USD 757,89 por migrante”.
Estos ejemplos contrastan con lo manifestado por el Enviado Especial de la ONU para la atención de la crisis migratoria venezolana[3] para quien Colombia se encuentra “desfinanciado” en un 70% frente a la dimensión de la migración venezolana.
“Si dividimos lo recibido hasta el momento por Colombia con el llamamiento de la ONU, que son USD 96 millones, por el número de migrantes venezolanos que hay en el país, significa que por cada migrante se han recibido USD 68,18 este año. (2019) Esta cifra dista mucho de otros llamamientos que ha hecho la ONU para la atención de crisis migratoria en el 2018”
Así las cosas, es pertinente que, tal como en su momento se tuvo como referencia la experiencia de Turquía como guía para el diseño del ETPMV, se tengan ahora en cuenta los mecanismos a través de los cuales se gestiona la ayuda para sus migrantes. Por ejemplo:
- El sistema de registro, identificación y documentación personal de los migrantes y solicitantes de refugio. Así como la subsecuente implementación de las medidas para atender los temas de seguridad, educación, salud o trabajo.
- Las políticas para promover, orientar y asegurar el asentamiento de migrantes en zonas de baja densidad poblacional o en las cuales su aporte pueda contribuir mejor al desarrollo nacional.
Iii. La inversión de los recursos económicos destinados a la atención del problema, con enfoque principal en las comunidades de acogida, buscando crear las mejores condiciones para mayor desarrollo local, y para la inserción socioeconómica de los migrantes, retornados y solicitantes de refugio.
En suma, es evidente la necesidad de vincular el destino de los Retornados al de los Migrantes venezolanos, de manera que los recursos aportados por la comunidad internacional se orienten también a mitigar sus necesidades, que en general se entrelazan o son las mismas.
El próximo 17 de junio de 2021, Canadá acogerá virtualmente la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en colaboración con los colíderes de la Plataforma Regional (R4V), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cabe recordar que el mismo GIFMM en el “Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés) para el año 2021, solicita 641 millones de dólares para responder a las crecientes necesidades de la población refugiada y migrante venezolana, los colombianos retornados y las comunidades de acogida”.
Colombia tiene el deber de vincular esta segunda mayor crisis mundial de migrantes, que a 31 de enero de 2021 reportaba 1.742.927 venezolanos en necesidad de protección, a la primera, que es la de refugiados procedentes de Siria en Turquía. No resulta lógico ni jurídico que a una misma situación de hecho se deje de aplicar una misma solución de derecho.
Un escenario ideal sería que, en el futuro más inmediato posible, se adoptaran estándares mínimos y de obligatorio cumplimiento, como ya se ha hecho en varias Convenciones Internacionales y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que los acuerdos posteriores sean siempre progresivos.
En dicho escenario, un nivel de base de la atención humanitaria a una crisis migratoria generada por hechos violentos de los seres humanos o de la naturaleza, sería por ejemplo el construido por Colombia para atender a los migrantes venezolanos, estructurado sobre tres pilares: una acogida de brazos abiertos, una integración equitativa de la población migrante y un crecimiento inclusivo de la comunidad de acogida. Todo bajo los enfoques de derechos humanos, protección de la infancia y género. Mientras que la línea base de la contribución económica solidaria per cápita de la comunidad internacional, podría ser la que estén destinando a la crisis de migrantes sirios en Turquía. Se trata de una invitación a que soñemos con los ojos abiertos.
*Rafael Quintero Cubides. Ministro Plenipotenciario de Carrera Diplomática. Abogado de la Universidad Gran Colombia con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Actualmente presta servicios en la Embajada de Colombia en Turquía
[1] https://blogs.elespectador.com/actualidad/ese-extrano-oficio-llamado-diplomacia/la-respuesta-colombia-la-crisis-migratoria-venezolana-estatuto-temporal-proteccion
[2] CRIS/ABAC Commitment references. Total cost EU Contribution EUR 400 million (EUR 400 million under 2018 appropriations) Budget 22.020302 – Line IPA/2018/041-603)
[3] Eduardo Stein, enviado especial de la ONU para la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela el 20 de agosto de 2019. (Cancillería de Colombia)