Por primera vez y después de un esfuerzo multilateral de más de un año, en julio de 2018 los países miembros de la ONU (a excepción de Estados Unidos), alcanzaron un importante logro con el acuerdo del texto del “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” el cual busca, entre otros, fortalecer la cooperación internacional en materia de migración, al tiempo que promover la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Este acuerdo multilateral es fruto de los avances logrados en escenarios como el “Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo”, el cual reúne anualmente desde 2007 a los países miembros de las NNUU, y los “Diálogos de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo” (2006 y 2013) que sentaron las bases para la adopción en septiembre de 2016 de la “Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes”. En ella se establece la voluntad de los Estados parte de la ONU de promover mayores desarrollos respecto de la protección de los refugiados y migrantes a través de la elaboración de un “Pacto Mundial sobre los Refugiados” y de un “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”.
Según cifras de la OIM existen en el mundo más de 258 millones de migrantes quienes demuestran que la migración es un fenómeno global que debe ser asumido conjuntamente por los gobiernos de los países de origen, de tránsito y receptores, privilegiando acciones que velen por la garantía de los DDHH; así mismo debe tomarse en consideración la relación que existe entre migración y desarrollo sostenible pues desde la adopción en 2015 de la Agenda 2030, la ONU reconoció que las migraciones internacionales tienen un impacto relevante en el desarrollo global sostenible.
El PMM, fue oficialmente adoptado durante la Conferencia Intergubernamental que se llevó a cabo en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre de 2018, está orientado por principios como: enfoque humano, fortalecimiento de la cooperación internacional, respeto a la soberanía de los Estados, desarrollo sostenible, respeto por los DDHH, enfoque de género y énfasis en la protección de la infancia, entre otros.
Este acuerdo multilateral, que no tiene carácter jurídico vinculante, establece 23 objetivos puntuales dentro de los cuales se destacan los siguientes: minimizar los riesgos que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, garantizar que los migrantes tengan documentos de identificación, salvar la vida de los migrantes, fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, reducir al máximo la detención de migrantes, ampliar la protección consular, eliminar toda forma de discriminación y fortalecer la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular.
Un aspecto importante que contempla el Pacto es la dimensión del Desarrollo Sostenible el cual está contenido particularmente en el objetivo dos del Pacto: “Minimizar las condiciones adversas y los factores estructurales que obligan a las personas a dejar su país de origen”. En este punto, los Estados firmantes del instrumento se comprometen a fortalecer las acciones para la implementación de la Agenda 2030 con el fin de evitar que las personas deban abandonar sus países de origen como consecuencia de condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales que les impidan vivir y desarrollarse en ambientes productivos, saludables y pacíficos.
Dentro de los objetivos que se dirigen específicamente a la protección de los DDHH de los migrantes, se destacan el 8) “Salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados con relación a migrantes extraviados”, el 9) y 10) dirigidos a fortalecer los controles y a prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes, y el 13) “Utilizar la detención solamente como último recurso”.
Con miras a cumplir estos objetivos se indican posibles acciones, tales como:
- Desarrollar procedimientos y acuerdos para el rescate y búsqueda de migrantes extraviados, para garantizar el debido proceso, para prohibir las expulsiones masivas y para asegurar la asistencia humanitaria.
- Promover la ratificación, adhesión e implementación del “Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, y del “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra mar y aire”, complementarios a la “Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
- Revisar legislaciones, políticas y prácticas para evitar las detenciones arbitrarias y para que dichas detenciones no sean usadas como medios de disuasión de la migración o que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Proteger y asegurar los derechos de los niños, asegurando alternativas que no impliquen detención o custodia y velando por la unidad de las familias.
Tomando en cuenta los anteriores ejemplos, no resulta extraño que el gobierno de Estados Unidos haya sido el único que manifestó su abierto rechazo al Pacto durante la fase de negociación; el ex Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson expresó en diciembre de 2017 que ese país no podía «apoyar de buena fe un proceso que socava el derecho de soberanía de Estados Unidos a reforzar nuestras leyes migratorias y garantizar la seguridad de nuestras fronteras», esto en contraste con la posición asumida por ese país en 2016 cuando, durante la administración del Presidente Barack Obama, firmó la Declaración de Nueva York aprobada unánimemente por los 193 miembros de la ONU.
Si bien ningún otro país ha manifestado de forma tan vehemente su oposición al PMM, el gobierno conservador de Scott Morrison en Australia y el Primer Ministro de Israel anunciaron que no firmarán el Pacto; otros miembros de la ONU que tampoco lo adoptaron son Polonia, República Checa, Hungría, Austria, Estonia, República Dominicana y Chile, basados principalmente en el argumento de que no se establecen garantías para discriminar la migración regular de la irregular; sin embargo otros países como Italia y Suiza no se han apartado completamente del PMM y definirán su posición luego de llevar el asunto a consideración de sus parlamentos.
Colombia por su parte participó activamente en las rondas de negociaciones y durante el proceso reiteró la posición “frente a este instrumento internacional, al exponer los principios de la Política Migratoria bajo un enfoque de Derechos Humanos” y concretó su apoyo con la adopción de este. El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo expresó la importancia que tiene para Colombia la cooperación internacional frente a la crisis migratoria, más aún si se tiene en cuenta la situación por la que atraviesa el país habida cuenta del flujo de migrantes procedente de Venezuela quienes, según cifras de la autoridad de control migratorio, superarían un millón de personas; igualmente resaltó el tratamiento que las autoridades han dado a este fenómeno con un enfoque de respeto a los DDHH, regularización y atención humanitaria. A este respecto, merece ser mencionada la expedición del documento CONPES 3950 el pasado 23 de noviembre, mediante el cual se establece la “Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela”; algunos de los puntos más importantes que comprende la estrategia se dirigen a la atención a la primera infancia y a mujeres gestantes, y a la provisión de servicios básicos de salud y educación; el CONPES define en total 68 acciones dentro de las cuales “se incluye el emprendimiento y desarrollo empresarial, la implementación del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, el fortalecimiento de las capacidades de atención a la población retornada, una estrategia contra la trata de personas y otra contra el contrabando de combustibles, entre otras.” (Fuente: Abecé CONPES de Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela. DNP, 2018).
El diseño del “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” constituye un verdadero hito para el multilateralismo en un escenario en el cual casi el 3,6% de la población del mundo es migrante, pues por primera vez se ha logrado un acuerdo que expresa la voluntad de 164 países de abordar el tema de las migraciones de una forma integral, privilegiando el respeto a los DDHH de los migrantes y a partir del reconocimiento de la responsabilidades compartidas y fundamentado en el respeto a la soberanía de las partes.
*Mónica Beltrán Espitia. Ministra Consejera de Carrera Diplomática y Consular. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. Actualmente está a cargo de las funciones consulares en Ottawa.