El resultado de la elección presidencial en Estados Unidos ha marcado un nuevo hito en su política exterior. Temas como el acuerdo nuclear con Irán, las tensiones con China, el acuerdo de París y la relación bilateral con Colombia pueden experimentar cambios sustanciales. En cuanto al último aspecto, vemos que la administración Biden no ha establecido contacto directo con el presidente Iván Duque, lo cual puede percibirse como una señal negativa para la relación entre ambos Estados. Por lo tanto, el objetivo central de este artículo es analizar los desafíos de la relación bilateral colombo-estadounidense, teniendo en cuenta la reciente elección del presidente Biden. Lo que se argumenta es que el principal reto que afronta la relación bilateral se encuentra en asuntos como la implementación del proceso de paz y la lucha contra el narcotráfico, donde el consenso bipartidista del congreso norteamericano y la cooperación dependiente asociada son variables fundamentales. Para desarrollar lo planteado se abordará, en primer lugar, el estado del proceso de paz y el fenómeno del narcotráfico, aspectos que continúan siendo desafíos para la administración Duque. En segundo lugar, se examinará el consenso bipartidista del congreso estadounidense que ha sido una constante histórica en las relaciones colombo-estadounidenses. En tercer lugar, se analizará la cooperación dependiente asociada en la cual Colombia empieza a ser un “exportador de seguridad” a terceros países mediante un esquema triangulado.
El estado del proceso de paz y el fenómeno del narcotráfico
El cuarto informe del Instituto Kroc[1], relativo al acuerdo para la terminación del conflicto, plantea algunas oportunidades generales para fortalecer su implementación. En primer lugar, promover la participación transversal en el proceso de implementación del acuerdo final. Aquí los espacios de participación son particularmente relevantes en la formalización y ordenamiento social de la propiedad, en la ejecución de la Ruta Unificada de los PDET, el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Garantías de Seguridad, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los mecanismos de justicia transicional y el Capítulo Étnico, entre otros. En segundo lugar, se plantea priorizar la articulación interinstitucional alrededor de los compromisos del Acuerdo Final para asegurar una implementación efectiva. Finalmente, se recomienda implementar el Acuerdo Final de manera integral dado que las diferentes disposiciones son interdependientes. Ahora bien, son preocupantes, tanto para la comunidad internacional como para la administración de Biden, los informes que Colombia ha entregado sobre la situación del narcotráfico que se experimenta en el país, dado que el aumento en los cultivos ilícitos muestra una tendencia al alza más que una disminución. Según un artículo de la Silla Vacía[2], hay una contradicción entre lo que afirma el gobierno y la Comisión de Política de Drogas para el hemisferio occidental:
Una de las conclusiones más importantes del informe es que cuestiona la efectividad de la aspersión con glifosato -que fue una de las estrategias del Plan Colombia y la que el Gobierno Duque argumenta, en contra de varios estudios, es indispensable para luchar contra el narcotráfico y frenar la violencia que crece en las regiones- y les da un espaldarazo a algunos puntos del Acuerdo de Paz que su Gobierno se ha resistido a implementar. La Comisión retoma estudios que han hecho expertos sobre la fumigación -como Vanda Felbab-Brown, Daniel Mejía y Adam Isaacson- que muestran la aspersión aérea no es efectiva, es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al Estado como “un actor opresor que busca matarlos de hambre y empobrecerlos” (Pérez, 2020).
El consenso bipartidista del congreso estadounidense
Una de las variables a la que más atención debemos prestar quienes estudiamos la política exterior colombiana es el consenso bipartidista del congreso estadounidense. A lo largo de la historia, esta variable ha definido una relación positiva y dinámica entre Colombia y Estados Unidos. Podríamos citar, por ejemplo, el caso del TLC durante la segunda administración Uribe cuando el congreso, representado en su mayoría por demócratas, impidió su ratificación[3]. Por otro lado, se percibe como un error que el actual gobierno haya asumido que Trump ganaría las elecciones y apoyado su campaña. Esto podría tener repercusiones en las relaciones bilaterales, teniendo en cuenta las diferentes narrativas que ambos dirigentes (Biden y Duque) manejan. No obstante, aunque sería apresurado hacer un balance al respecto, es importante que el gobierno se adapte a esta coyuntura y mantenga una relación fortalecida con Estados Unidos. Para esto es necesario que el presidente conecte su discurso de la paz a nivel internacional con la preocupante situación a nivel doméstico. Es necesario que los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes que se reinsertaron a la vida civil tengan mayores garantías de protección. Adicionalmente, la actual estrategia de la lucha contra el narcotráfico es una preocupación para el recién electo presidente Joe Biden dado que se contradice con lo que afirma el presidente de Colombia. Ahora bien, el congreso estadounidense esta conformado actualmente por 435 escaños de los cuales los demócratas ocupan 222 sillas, los Republicanos 212 sillas y 1 silla indeterminada.
La cooperación dependiente asociada
De acuerdo con Morales & Tickner (2015)[4], en situaciones caracterizadas por la asimetría, un comportamiento más autónomo del país débil no necesariamente riñe con ser dependiente del fuerte. Sin embargo, los autores concluyen que la “cooperación dependiente asociada” entre Colombia y Estados Unidos, que parece configurar una relación bilateral más estratégica y de menor subordinación, no está exenta de contradicciones. Dicha categoría se pudo ver materializada durante las administraciones de Santos y Obama cuando Colombia comenzó a ser percibida como “exportadora” de seguridad a terceros países. Estados Unidos proveía la financiación, el apoyo logístico, el acompañamiento técnico y el vetting por antecedentes en derechos humanos de los receptores de terceros países que reciben entrenamiento, mientras que Colombia brindaba entrenadores, los insumos técnicos y equipos, y a veces los espacios físicos. Seguramente con la administración Biden se seguirá este esquema de cooperación dependiente asociada, en aras de que Estados Unidos no se vea involucrado en vulneraciones a los derechos humanos.
*Carlos José Arcila es politólogo con énfasis en Gobernabilidad Democrática e Integración al Sistema Internacional de la Universidad Javeriana Cali. Dentro de sus intereses de investigación se destacan la política exterior colombiana, los procesos de integración regional, la gobernanza global y el multilateralismo, la globalización, los procesos de paz, el conflicto armado, la política exterior norteamericana y el debate en las Teorías de las Relaciones Internacionales
** Las opiniones expresadas en el blog son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen ni a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.
[1] Kroc Institute for International Peace Studies. (2020). Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. París: Universidad de Notre Dame.
[2] Pérez, J. P. (2 de diciembre de 2020). La Silla Vacía. Obtenido de La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/informe-firmado-asesores-biden-contradice-politica-antidrogas-duque-79379
[3] Dado que no respetaba las garantías laborales a los sindicatos,
[4] Morales, A. T. (2015). Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos. Colombia Internacional, 171-205.