El Día Mundial del Ambiente 2018 estará repleto con diagnósticos sobre la biodiversidad o la contaminación, anuncios de todo tipo de campañas, y bastante publicidad. Pero aprovechando la circunstancia, es oportuno en el caso de Colombia compartir algunas reflexiones sobre un aspecto a veces olvidado, pero de vital importancia: las relaciones entre democracia y políticas ambientales.
Es que la reciente campaña política por la presidencia tuvo el efecto positivo de colocar en debate muchas cuestiones ambientales. Varios candidatos contribuyeron en ese sentido desde sus propios programas ambientales, mientras que eventos como el derrame petrolero en Santander o la crisis con la represa de Hidroituango, también fueron decisivos.
Después de la primera vuelta a la presidencia, todos sabían que quedarían dos candidatos, y si se contara con una política más madura lo esperable hubieran sido negociaciones de quienes quedaron relegados con los triunfadores. Sin duda hay muchas razones para ellas, pero aquí me detendré especialmente en las cuestiones ambientales, y entendiendo que cualquier avance real en esa materia solo es posible en el marco del proceso de paz.
Es que si se desmorona el proceso de paz, el regreso de la conflictividad volverá a entorpecer y maniatar la posibilidad de construir políticas ambientales. Regresarán todo tipo de trabas para la movilización ciudadana, excusas para otros usos de recursos estatales, la violencia, y así sucesivamente. Por lo tanto, si un agrupamiento político tenía una agenda ambiental que sostenía era sustantiva y transformadora, eso se volvía en otro factor para apoyar la paz y negociar esa condición con los candidatos en la segunda vuelta.
Dando un paso más en la reflexión, las alternativas a los desarrollos depredadores de la Naturaleza, y en especial las que son más urgentes, como detener los extractivismos, necesitan de varios ingredientes. Entre ellos hay dos íntimamente asociados. El primero es una demanda ciudadana por cambios en ese sentido, lo que evidentemente ya existe en Colombia. El segundo son agrupamientos partidarios que tomen esos reclamos y sepan negociar, consensuar y coordinar entre ellos. Tengo más dudas sobre esta última condición en Colombia.
Es que después de una primera vuelta, se esperarían encuentros, negociaciones, tires y aflojes sobre temas de prioridad, planes de acción, incluso sobre coparticipaciones en el Poder Ejecutivo o agendas legislativas consensuadas. Todo esto es necesario para asegurar la paz, y desde allí mejorar la condición ambiental del país. Los acuerdos ambientales son indispensables para que sean lo suficientemente fuertes como para enfrentar viejos intereses políticos y empresariales.
Por ello, para un observador desde afuera, la política colombiana en ocasiones toma senderos inentendibles, tales como en unos pocos días, casi un instante en términos políticos, hay líderes que dan portazos, y con ello se les dice adiós a las coaliciones, las negociaciones, y al final de cuentas, al cambio.
Las estrategias que recortan las exigencias ambientales, liberan los aprovechamientos más intensivos de la Naturaleza, o desconocen los reclamos ciudadanos, por esas mismas características son cada vez menos democráticas. En ese extremo están cómodos los caudillos, el jefe político que toma casi en solitario las decisiones. Nada hace más feliz a los extractivismos que negociar directamente con un caudillo, y así saltearse los controles parlamentarios, las exigencias judiciales o la mirada de las comunidades locales.
Ese tipo de liderazgo individualista ocurre tanto desde la vertiente conservadora como desde la izquierda, desde la derecha clásica a los nuevos progresismos sudamericanos. Incluso se podrá tener un programa ambiental compartible en muchos aspectos, pero si al final del día el partido o la coalición se desvanece y todo queda en manos de una decisión individual, en ese mismo instante, se debilita la democracia, y con ello se dan uno o varios pasos atrás en la posibilidad de contar con políticas ambientales vigorosas.
Esto es claro en el examen del desempeño de las políticas ambientales en el continente en el pasado reciente. Lo que parece emerger es que allí donde más hiperpresidencialista fue el gobierno, o sea donde prevaleció el caudillismo individual, peores fueron los resultados ambientales. Un caso notable lo muestran los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, que se organizaron en una delegación democrática extrema, sojuzgando al poder legislativo y al judicial, e incluso a los ministros que participaban del ejecutivo. Bajo esa dinámica se impuso la liberación petrolera en la Amazonia, la avanzada de la megaminería, las medidas de control sobre organizaciones ciudadanas, la represión de movilizaciones locales, criminalizando a varios líderes. Bajo la actual administración de Lenin Moreno, la justicia está recuperando cierta independencia y los cambios ya son palpables. En ese sentido, el pasado 1 de junio, una corte aceptó una acción de protección presentada por la federación indígena Ecuarunari, y dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco. Esto hubiese sido imposible bajo el anterior gobierno.
Estas tensiones entre democracia y políticas ambientales han sido muy claras para algunos sectores del ambientalismo latinoamericano. Es que en varios países, ese movimiento surgió bajo dictaduras militares y se consolidó en los procesos de democratización. Esto ocurrió, por ejemplo en los países del cono sur (Argentina, Uruguay y Brasil) en la década de 1980, o años más tarde en Perú con la caída de A. Fujimori. No pocos ambientalistas eran a la vez militantes que luchaban por la apertura democrática en aquellos años.
En cambio, para una buena parte de la literatura sobre ecología política que proviene del hemisferio norte, la democracia en sus aspectos centrales no era una cuestión, o a lo sumo se insistía en las cuestiones instrumentales (allí aparece, por ejemplo, la enorme cantidad de estudios sobre el papel de la “democracia deliberativa” en temas ambientales). Recordemos además, las discusiones dentro del Partido Verde alemán, en la década de 1980 sobre el papel del legislativo, cuestionaban las negociaciones pero por razones muy distintas a lo que se observa hoy en Colombia.
Hoy en día, la experiencia latinoamericana muestra que se puede tener un buen programa de acción en temas ambientales, pero si no cuenta con una plataforma política que sea democrática, no promoverá alternativas hacia una verdadera sustentabilidad. Las razones son variadas y todas ellas importantes. Es necesario acordar entre actores sociales que tienen diferentes formas de valorar el ambiente y variadas concepciones sobre cuestiones como desarrollo, calidad de vida o Naturaleza. Si durante décadas hemos protestado y reclamado que se escuchara a todos, una vez que se puede incidir en un gobierno no puede caerse en la misma práctica de excluir, manipular o enmudecer a otros.
Esta exigencia democrática en las políticas ambientales está basada en actores que son colectivos, y por lo tanto no en individualismos mesiánicos, y que además están organizados, cada uno a su manera, y no en impulsos aislados. Allí están los partidos políticos, los movimientos locales o regionales, federaciones de organizaciones, sindicatos, etc. Sin duda los caudillos o líderes individuales pueden tener un rol importe, pero no puede esperarse que suplanten a todos esos colectivos; la representación siempre tiene una limitación en tanto los representados estén organizados y activamente defiendan sus ideas. Aún más, hay circunstancias donde esos colectivos son los que imponen, pongamos por caso, la necesidad de dialogar y buscar acuerdos con otros agrupamientos.
Sin que estas reflexiones sean exhaustivas, lo que queda en claro es que paz y democracia van de la mano, y ambos son esenciales para lograr políticas ambientales que permitan superar los problemas ambientales actuales. O sea, dialogar, negociar y acordar.
Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Twitter: @EGudynas