Hablamos con Juan Pablo Ruíz, uno de los miembros de la comisión de expertos que acaba de presentarle al país sus recomendaciones sobre la eventual llegada del fracking al territorio nacional. Aclaró las dudas que quedaron tras la presentación.
Por: María Paula Rubiano
Periodista Blog El Río y El Espectador
En la mañana de este viernes, Humberto de la Calle, excandidato presidencial y figura central del acuerdo de Paz con las Farc, se preguntaba confundido qué titular creer: si aquellos que aseguraban que ya había luz verde para la técnica de fracturamiento hidráulico (o fracking) en Colombia, o aquellos (como el de este medio) que aseguraban que aún no se había dado esa autorización.
De la Calle expresaba un sentimiento que muchos, especialmente en redes como Facebook o Twitter, compartían. Por eso, El Espectador decidió hablar con Juan Pablo Ruíz, columnista de este diario y uno de los 13 expertos que integró la comisión.
(Ayer, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en Bogotá, los 13 expertos presentaron sus conclusiones, que recogimos en este artículo: No hay luz verde para el fracking en Colombia (todavía)).
¿Qué se encontraron haciendo este informe?
Nosotros consideramos que hay que surtir tres etapas antes de llegar a una decisión de autorizar el fracking comercial. La etapa cero ya la suplimos, que es la visita inicial a lugares donde se pretende llevar esta técnica. Lo que nosotros hicimos fue conversar con grupos de interés y percibir el sentir de las comunidades al respecto. Allí pudimos constatar que no hay licencia social para hacer fracking en esas regiones.
¿Por qué, qué vieron?
Nos encontramos que la primera causa para que no haya licencia social es que las entidades publicas no cumplen la ley de transparencia e información pública, eso nos lo manifestó la comunidad y también desde universidades. Es más: para redactar nuestro informe, hubo un miembro de la comisión que estaba pidiendo una información pública a una entidad pública, y él tenía la certeza de que esa información estaba allí y casi no nos la dan. Si para nosotros fue así, que necesitábamos los datos para cumplir una orden del mismo gobierno, cómo será para un ciudadano común. Además, pudimos comprobar que muchas veces, cuando sí dan la información, la entregan en un formato que no es legible, que no ha sido agrupada ni organizada. Tememos que si la información no se hace pública, se puede generar un riesgo de corrupción por que entregarla puede tener un cobro.
Lo segundo que concluimos es que esa licencia social no existe porque no hay confianza en que las entidades sean capaces de hacer cumplir las normas ambientales. Y no lo decimos nosotros: en 2014, la OCDE señaló en un documento público que Colombia tiene leyes ambientales muy completas y complejas, pero que su implementación es muy baja. Un caso concreto es el de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). La Anla debe enfrentar los trámites de las empresas para hacer fracking, y para ello necesita formar a sus profesionales, cosa que sí sucede.
Pero ¿qué pasa? que el 85% de funcionarios de la Anla son contratistas. Entonces los contratistas una vez se forman, como están mejor calificados, migran a las empresas porque ellas si les ofrecen buenas condiciones laborales. Así, tenemos empresas llenas de gente preparada y una institucionalidad débil que se la pasa formando gente que no alcanza a acumular experiencias. Necesitamos que la Anla se vuelva atractiva para hidrólogos, geólogos, ingenieros de petróleos, etcétera. En los países en donde se hace fracking, vimos que tenían en común que los cargos públicos son competitivos con los del sector privado, y así se fortalecen las instituciones encargadas de hacer control.
Pero entonces, ¿en qué momento está el país?
Estamos en la etapa previa al proyecto piloto. En este momento, el país tiene que volcar sus esfuerzos en garantizar la transparencia y acceso a la información; en hacer el diagnóstico institucional que identifique las necesidades de desarrollo institucional para enfrentar esta tecnología; así como identificar la tecnología para el piloto, la cual debe ser descrita y conversada con las comunidades. Después se ejecutaría el proyecto piloto, que es la etapa en la que se complementa la información que falta en temas como sismología e hidrología.
¿Cuánto tiempo creen que se puede tardar cumplir con todas estas condiciones previas?
Esto del tiempo puede depender mucho del compromiso del gobierno para que se cumplan estas etapas previas. No se puede transformar la institucionalidad de un día para otro. El proceso para que llegue a niveles que den garantías a la sociedad es largo. Además, el proceso para que las entidades publiquen la información de forma pedagógica y legible no se hace mañana. Estamos hablando de por lo menos tres años entre la etapa previa y el proyecto de investigación piloto.
¿Qué tanto sabemos sobre acuíferos y aguas subterráneas? Es un tema que inquieta a muchos
Estos acuíferos los conocemos a poca profundidad, porque los que usamos para el consumo humano y agrícola. A las profundidades del fracking desconocemos el comportamiento y la forma como existen esos acuíferos. Pero eso es información que solo podemos construir con el piloto. Simultáneamente en ese periodo del piloto es indispensable que se vaya dando el diseño de la institucionalidad requerida para hacer control para la exploración y explotación comercial, y en esos años tendríamos que empezar a crear y financiar esa institucionalidad.
Precisamente esa es otra gran pregunta. Se mencionó que la información es casi nula en temas clave y que esta se debía recoger durante el piloto, ¿no debería hacerse antes?
Nosotros creemos que el piloto nos ayudará a completar esta información esencial que tiene que ver con acuíferos, sismología, ecosistemas, porque si no es durante el proyecto de investigación, no hay recursos para hacerlo. La idea es que buena parte de los recursos en esos pilotos se use para financiar esas investigaciones que son esenciales. Además, el proyecto nos ayudará a generar una información que hoy no tenemos porque es inherente a esta actividad.
Pero la gran pregunta es que si estos pilotos los van a operar empresas del sector, pues lo más obvio es que al final ellas entreguen información favorable para su negocio, ¿no?
Precisamente por eso es tan importante construir una institucionalidad muy fuerte antes de esos pilotos. Estas dudas sobre la información y su lectura se resuelven con mayor capacidad institucional para que las personas capaces de leer y controlar esos datos en el piloto asesoren a la autoridad ambiental. En estos tres años es obligatorio que Colombia trace una hoja de ruta para que nuestra institucionalidad alcance niveles competentes, al nivel de los países que ya están haciendo fracking.
Entonces, ¿luz verde sí o no?
Sin duda es apresurado hablar de fracking en Colombia, pues la luz verde solo podría existir después del proyecto de investigación, que se tardaría como mínimo otros dos años. Además, el fracking se haría dependiendo de si, después del piloto, se establece que las características biofísicas de Colombia, un país tropical, lo permiten. Porque puede que el modelo piloto arroje que hay zonas del país en los que no se debe hacer fracking.
¿Cómo habría titulado usted la noticia?
Yo habría dicho que hay condiciones para preparar al país al fracking.
Me imagino que hubo información de los medios que lo sorprendió
No es que el contenido del documento haya sido tergiversado, pero sí he visto que los titulares no corresponden al contenido de lo que están titulando. Por ejemplo, el titular de El Tiempo dice que la comisión permite el fracking, pero justo abajo ponen las condiciones. Ese titular no se corresponde con el contenido. Y todos sabemos que el peso del titular es enorme: después de ver esa noticia en El Tiempo, muchas personas me llamaron alarmadas pidiendo explicaciones.
Hay un término que llama mucho la atención, por lo novedoso, y es el tema de la licencia social, ¿a qué se refiere la comisión con este concepto?
Que las comunidades estén de acuerdo en avanzar con una actividad porque considera que sus beneficios son mayores que los costos. La idea es que las comunidades se beneficien de manera neta de estos proyectos, que los beneficios no solo sean para el agente productivo sino para las regiones. En ese sentido creemos que debe haber una transferencia de excedentes de la actividad a la región, porque cuando no es así, muchas veces lo que sucede es que las comunidades asumen riesgos y costos, pero no perciben beneficios.
¿Pero es como un documento?
Tiene que estar acordado de manera escrita. Antes del piloto hay que hacer conversaciones con las comunidades para que den el aval del piloto, y durante el piloto la elaboración de la licencia social implica llegar a acuerdos sobre cómo se va a compartir la información de lo que se está haciendo y sus impactos; así como establecer con la gente la forma en la que se generarán los beneficios y cómo los van a recibir en una explotación comercial. Son puntos muy concretos que deben quedar por escrito.
¿Ya han recibido opiniones del Gobierno frente a sus recomendaciones?
Ayer hicimos la presentación, pero el documento oficial escrito aún no está listo. Cada uno de los sectores que representamos tiene a su cargo un anexo extenso de 50 0 60 páginas, que estamos trabajando y esperamos entregar en unos 10 días. Por esta razón no hemos conversado con el gobierno sobre su reacción.
Si quiere contactarse con nosotros escríbanos a: [email protected]
Twitter: @BlogElRio @Pau_erre