Embalse Los Besotes: un proyecto sin ninguna certeza

Aunque el Gobierno ha impulsado la construcción de este proyecto, lo cierto es que aún está muy lejos de materializarse. Mediante una consulta previa, se necesitaría el aval de las cuatro comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes han manifestado en reiteradas ocasiones que el proyecto los afectaría ambiental, social y culturalmente.

Por: Daniela Quintero Díaz (@Danielaquinterd / @BlogElRio)

Leonor Zalabata es una lideresa arhuaca, defensora de derechos humanos. Durante décadas ha representado a su pueblo en mesas de conversación tan importantes como la Constituyente de 1991 y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha luchado históricamente por el acceso a la educación y la salud de las comunidades indígenas y por preservar su territorio ancestral: la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el pico más alto hasta el mar Caribe. El 28 de julio sintió, una vez más, que su sentir y su continuidad en el territorio estaba siendo amenazada. (Lea: Gobierno anuncia obras para el Cesar y La Guajira por $4,4 billones)

A principios de este año, durante la firma del Pacto Territorial Cesar-La Guajira, el presidente Iván Duque anunció millonarias inversiones para impulsar la reactivación económica y favorecer el sector productivo de estas regiones. En total, dijo, serían al menos setenta proyectos de alto impacto que se financiarían con $4,4 billones. Entre los proyectos insignia estaba el Embalse Multiproyecto Los Besotes, una promesa que lleva siendo planeada desde 1969, que se ha incluido en los planes de desarrollo de los últimos tres presidentes del país (y en las propuestas de campaña de varias autoridades locales y regionales del Caribe), pero que, hasta ahora, solo ha dejado un arrume de estudios caducados, unas cuantas maquetas y miles de millones de pesos malgastados.

“Este es un tema que, en épocas electorales, siempre sale a relucir”, dice la lideresa indígena. “Como el embalse del río Ranchería, o la Ruta del Sol, han sido infraestructuras que no han sido sino elefantes blancos, consumos de recursos del Estado nacional y una amenaza a los pueblos ancestrales que habitan esos territorios”.

El capítulo más reciente de esta historia de medio siglo, del que se conoce como “uno de los proyectos más importantes de infraestructura en la costa Caribe”, puede resumirse así: en agosto del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación contrató a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) para realizar un nuevo perfilamiento del proyecto y su estructuración integral. El pasado miércoles, 28 de julio, ENTerritorio anunció la adjudicación de los contratos de consultoría e interventoría para hacer los estudios técnicos, sociales, prediales, ambientales, jurídicos, financieros y de riesgos del proyecto. Según su cronograma, en trece meses (hasta el 31 de julio del 2022) se completaría el plazo de la estructuración del proyecto. La “súper noticia para Valledupar”, como fue presentada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en su cuenta de Twitter, empezaba a ser, ante los ojos de muchos, un nuevo avance. Sin embargo, el proyecto aún estaría muy lejos de materializarse.

El proyecto

A solo siete kilómetros del municipio de Valledupar (Cesar), sobre la margen izquierda del río Guatapurí, estaría ubicado el Embalse Multipropósito Los Besotes. El proyecto tendría lugar en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, hogar de cuatro pueblos indígenas (kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo), en una zona declarada Reserva Forestal de acuerdo con la Ley 2 de 1959 y con potencial arqueológico identificado por el ICANH.

El Embalse, para el que se calculan inversiones aproximadas de $600.000 millones, tiene el objetivo de garantizar el suministro de agua para abastecer el sistema de acueducto de Valledupar durante los próximos cincuenta años, regular el caudal del río Guatapurí, fortalecer las capacidades agrícolas de la región a través de tres distritos de riego (en un área aproximada de 10.000 hectáreas) y generar energía a través de una pequeña central hidroeléctrica. (Puede leer: Cambios en el PNN Chingaza: aún hay muchas preguntas sin resolver)

Tendría un área de inundación de 169 hectáreas, con una represa de 1,5 kilómetros de longitud y 52 metros de altura que regularía el flujo del agua. Allí se acumularían hasta 37,7 millones de metros cúbicos que irían al acueducto de Valledupar y a los distritos de riego de Callao, Ovejas y Corazones. ¿El motivo? Desde hace algunos años, en épocas de sequía, el caudal del río Guatapurí se ha reducido hasta en un 60 %. La deforestación, la contaminación y los desvíos de su cauce para el aprovechamiento han puesto en riesgo la garantía de agua para una población de casi 800.000 habitantes. La producción agropecuaria intensiva también hizo necesario el establecimiento de distritos de riego que necesitarían ese recurso.

Para María Elia Abuchaibe, gerente general de ENTerritorio, “el embalse es un anhelo que tiene desde hace años la población de Valledupar y sus alrededores y, aunque tiene unos desafíos, cada vez es más necesario. Los Besotes es el proyecto más ambicioso que estamos haciendo en este momento. Por eso estamos tan empeñados y comprometidos con él”.

El río Dwamuriwa y la Línea Negra

Sin embargo, por su ubicación, la construcción del embalse tiene muchos reparos. El área de inundación, por ejemplo, dejaría bajo el agua algunos lugares donde se hacen rituales de pagamento de los pueblos indígenas que habitan la Sierra. Además, causaría el desplazamiento de cerca de ochenta familias arhuacas de la comunidad Ikarwa, ubicada en esa zona.

“Pretender la represa Los Besotes a estas alturas, en donde hay una comunidad indígena arhuaca instalada, en un lugar de pagamento de las culturas indígenas, es una terquedad institucional que amenaza nuestros derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales, culturales colectivos y ambientales de estas comunidades”, señala Zalabata. “Se produciría un desplazamiento forzado no por actores armados, sino por una visión de desarrollo que, está demostrado, es una visión depredadora de la naturaleza y el medio ambiente, y de las sociedades más vulnerables y las comunidades indígenas”.

Y es que el proyecto se encuentra, también, dentro de la Línea Negra o Sei Shizha (establecida por el Decreto 1500 de 2018 y protegida por la Corte Constitucional), que no solo reconoce el territorio ancestral de estas comunidades, sino que también demarca sus espacios sagrados, de especial protección, valor espiritual, cultural y donde realizan sus pagamentos. Para estos pueblos, su Ley de Origen les determina la misión de cuidar la naturaleza y el universo. A la Tierra le retribuyen permanentemente sus servicios. Solo así es posible que se mantenga el equilibrio. (Podría leer: Ecoturismo comunitario: malestar por los cambios desde Parques Naturales)

El río Guatapurí, conocido por ellos como río Dwamuriwa, es la fuente hídrica más importante. Su origen glaciar mantiene vivos a más de 95.000 nacederos de agua, es la sangre de la madre tierra y les permite la vida y el equilibrio en el territorio. Por eso, luego de que el Ministerio del Interior confirmara, en mayo del 2020, la presencia de comunidades indígenas en la zona del proyecto y la presencia del proyecto dentro de la Línea Negra, se hizo evidente (una vez más) la obligatoriedad de realizar la concertación del mismo con los cuatro pueblos indígenas mediante la consulta previa.

Así, aunque todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad recién adjudicados concluyeran en el tiempo estimado, todavía habría muchos pendientes sobre la viabilidad del Embalse Los Besotes. Por un lado, tendría que hacerse un trámite de sustracción de la zona de Reserva Forestal en la que se encuentra el proyecto, tendría que presentarse un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que sería evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que decidiría si le otorga o no una licencia ambiental al proyecto y, además, necesitaría que fuera aceptado por las comunidades tras la consulta previa, quienes en reiteradas ocasiones han expresado su rechazo al proyecto.

“Estamos vivos todavía y no podemos aceptar que se irrespeten nuestras decisiones. Lo hemos dicho muchas veces: seguir interviniendo el ambiente para su deterioro y seguir intentando violar nuestra cultura y nuestras tradiciones, que están protegidas constitucionalmente, es atentar contra nosotros. Impulsar de nuevo esa represa es volver a llover sobre lo mojado. Por nuestro lado ya todo está dicho”, insiste Zalabata.

La presencia de estas comunidades en la Sierra es tan importante que el Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca Hidrográfica del Río Guatapurí, así como el plan de manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta fueron concebidos con la visión ancestral de los pueblos indígenas como principio orientador. Para ellos hay otras opciones posibles.

“El río Guatapurí tiene muchos problemas supremamente graves desde hace años, y se ve a tientas para tener agua suficiente para su cauce. Hacia arriba hay sobrepoblación humana y de animales, se contamina y se saca el agua desproporcionadamente. Pero insisten en que los indígenas somos es un obstáculo al desarrollo. Es necesario reforestar las partes altas para que se pueda mantener un estado ecológico que permita garantizar el agua, y es necesario que valoren también los conocimientos que poseemos milenariamente.”