De nada sirvieron las aclaraciones hechas ante el Consejo de Estado, por la Asociación de Curtidores de Villapinzón y Chocontá (Acurtir).
Campos de Villa Pinzón/ foto: Natalia Gónima E.
Según Evidalia Fernández, curtidora de cuero y vicepresidenta de esa organización, el alto tribunal rechazó las explicaciones brindadas por ese gremio en el marco del proceso que terminó en marzo pasado con una sentencia emblemática que le ordenó a la Nación salvar el río Bogotá.
Ahora, todos los curtidores y sus familias que derivan el sustento diario de dicha actividad, serán trasladadas en 2017 al Parque Industrial de Curtiembres, en Chocontá (Cundinamarca).
En las aclaraciones, algunos campesinos curtidores de piel pedían al magistrado Marco Antonio Velilla, ponente del fallo para salvar el afluente, proferido el pasado 28 de marzo, tener en cuenta las acciones que desde 2004 tomaron algunas familias curtidoras para mejorar sus procesos productivos.
Aunque desde 2004 un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligaba a entidades como el Distrito Capital, la Secretaría de Ambiente (SDA), la Empresa de Acueducto y Aguas de Bogotá (EAAB) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a adelantar y buscar los recursos necesarios para asumir esta recuperación, los esfuerzos fueron insuficientes y ni siquiera se invirtieron los $5,9 billones en los que se avaluó el rescate.
Pero sí hubo quienes asumieron su responsabilidad y avanzaron en la tarea de recuperar las aguas. En el caso de los pequeños curtidores de pieles, quienes siempre han sido señalados por su contribución en la contaminación de la cuenca alta del río, a la altura de Villapinzón y Chocontá, ese fallo en primera instancia les dio la oportunidad de modificar su Plan de Manejo Ambiental a aquellos que no estuviesen sobre la ronda del río y para quienes estuvieran instalados sobre su margen. La solución sería trasladarlos, con ayuda del Estado, al mencionado parque.
Según Mónica Sanz, bióloga de la Universidad de los Andes y quien ha trabajado con estas familias desde hace diez años, desde ese entonces se logró la reducción del uso de agua en un 68% y la disminución del 68% del uso de cromo.
Pero el problema ahora, de acuerdo con Sanz, es que el reciente fallo del Consejo de Estado para salvar el río Bogotá no tuvo en cuenta el enorme esfuerzo que hicieron estos campesinos para legalizar sus micro empresas, ya que de la manera en que está redactada la sentencia se entiende que todos los curtidores, tanto los que están sobre la ronda del río, como los que invirtieron grandes sumas de dinero para hacer producción más limpia y legalizarse, deberán trasladarse al Parque Industrial de Curtiembres de Chocontá, por sus propios medios.
Sobre el fallo del Consejo de Estado
Respecto de la sentencia que condena a 23 entidades y 46 municipios a cumplir de forma obligatoria diferentes órdenes en pro del saneamiento de las aguas del Río Bogotá el Ministerio de Medio Ambiente deberá presentar un proyecto de ley al Consejo de Estado para la creación de un Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá que se convertirá en una Gerencia Estratégica de Cuenca, en un término de seis meses.
Este también ordena a la CAR articular todos los proyectos de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá así como actualizar el POMCA (Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá) de acuerdo con los instrumentos de planeación existentes. También se le pide a la CAR que asesore al Distrito y otros entes territoriales aferentes del Río Bogotá en el actual proceso de los POTS, PBOT y EOT así como en su articulación con el POMCA.
Por otro lado, la optimización y ampliación de la PTAR Salitre junto con la construcción de la PTAR Canoas, deberán estar lista en el 2017. Según Roberto Augusto Serrato Valdés, Procurador delegado para la Conciliación Administrativa, el cumplimiento del fallo se dará mediante el comité de verificación que velará porque la providencia se ejecute debidamente desde la Contraloría. Comité que deberá formalizarse en el transcurso de esta semana.
Aunque muchos critican la decisión del fallo de crear otra entidad como si no hubiera ya suficientes, según el magistrado Marco Antonio Velilla, está claro que las entidades que hay no funcionan, razón por la que se necesita de un organismo que vaya más allá de la propia CAR y que pueda funcionar como un sistema de observación ajeno a todas las entidades.
En el foro sobre la Gestión Integral sobre el Recurso Hídrico que se llevó a cabo la última semana de julio, se concluyó que el dinero y la voluntad para salvar el Río Bogotá están pero el reto es pesar del diagnóstico a la acción. Según David Penagos, magistrado del despacho de Velilla, para la segunda semana de septiembre el fallo estará listo, luego de haber vuelto a las manos de la magistrada ponente del primer fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Presenta opción para legalizar curtiembres sin trasladarlas. El plan, que lo ejecutaría una empresa española, costaría a $35 mil millones.