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Colombia tendrá una Comisión Accidental del Agua. ¿Por qué es un paso muy importante?

En el Senado de la República se aprobó la creación de una nueva Comisión Accidental, cuya misión principal será promover proyectos de ley y una política pública de conservación y protección del agua en Colombia. ¿Cuáles serán sus principales objetivos y los retos a los que tendrá que enfrentarse? 

La Red Nacional de Agua ha identificado más de 300 conflictos socioambientales relacionados con el recurso hídrico en Colombia. / El Espectador

Por: Daniela Quintero Díaz (@DanielaQuinterd – @BlogElRio)

La semana pasada, mientras se celebraba la Semana Mundial del Agua, hubo una noticia importante que pasó casi inadvertida. Luego de varios esfuerzos, audiencias públicas y años de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, la plenaria del Senado aprobó la creación de la Comisión Accidental del Agua y Biodiversidad, un espacio que busca poner la mirada y abordar con urgencia temas relacionados con el recurso hídrico del país. (Lea: En 2050 habrá 284 grandes ciudades expuestas a escasez de agua)

La iniciativa había sido propuesta por la Red Nacional de Agua meses atrás, el 19 de marzo, en una audiencia pública realizada por la Comisión Quinta del Senado a propósito de la celebración del Día Internacional del Agua. Académicos, ambientalistas, investigadores, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y senadores manifestaron entonces la necesidad de que en el país se destinara un espacio exclusivo para impulsar proyectos de ley de política ambiental relacionados con el agua, mediar conflictos socioambientales y garantizar y promover el derecho fundamental al agua en Colombia.

Y es que en los últimos años los debates alrededor de la conservación de los páramos, las ciénagas y los ríos han tomado una fuerza sin precedentes en el país. Se han impulsado acciones internacionales por la protección de los páramos, proyectos de pago por servicios ambientales para la conservación de fuentes hídricas, y declaraciones de ríos y ecosistemas como sujetos de derechos. Sin embargo, a pesar de ser un país rico en agua, 391 municipios han sido identificados como susceptibles al desabastecimiento en época seca, según el Ideam. Más de dos millones de hogares no tienen accesibilidad física al agua, ya que no disponen de acueducto, según la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2019; y los ríos y cuencas de varias zonas del país se encuentran altamente contaminados por mercurio, metales pesados y el mal manejo de las aguas residuales.

Por eso, para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), de la Universidad de los Andes, la Comisión es una iniciativa muy valiosa. “Es una puerta que se abre para poner sobre la mesa varios puntos centrales: por un lado, hacer un diagnóstico de si el país está cumpliendo o no los objetivos de calidad del agua, contaminación, gobernanza y disponibilidad del agua plasmados, por ejemplo, en la Política Nacional de Agua, que se estableció en 2010 y vence el próximo año. Asimismo, discutir y divulgar los pilares sobre los que se orientará la próxima política de agua en el país. Por otro lado, visibilizar las problemáticas puntuales de diferentes territorios e impulsar el reconocimiento del derecho humano al agua en Colombia”.

En palabras del senador Guillermo García Realpe, presidente de la Comisión Quinta, quien llevó la proposición de la Comisión Accidental del Agua a la plenaria, el objetivo específico de este espacio es dedicarse de manera exclusiva a promover estrategias e iniciativas legislativas para proteger el agua y garantizar los derechos de los colombianos al acceso al recurso, así como impulsar un espacio de mediación de los conflictos sociales y ambientales. “El Senado debe acompañar a la sociedad colombiana en esta nueva actitud de conservación. Eso no se puede quedar solo en manifestaciones o movimientos, sino que debe convertirse en acciones efectivas, porque hay decisiones de Estado y de particulares que están atentando contra la vida y la biodiversidad, y necesitamos abordar estos temas desde lo institucional en defensa de la naturaleza y nuestros derechos”, señala.

La resolución de la creación de la Comisión, que estaría compuesta por 27 senadores pertenecientes a todos los partidos políticos representados en el Senado, está a la espera de la sanción presidencial para empezar a operar en todo su sentido y alcance. (Lea también: La crisis mundial por el agua se intensificará con el colapso climático)

¿Qué busca hacer la Comisión?

Para Juanita Ariza, cofundadora de la Red Nacional de Agua, quien expuso la propuesta de la Comisión Accidental del Agua ante el Senado, una de las intenciones principales de crear la Comisión del Agua es tener un espacio en el que se puedan elevar los proyectos de leyes ambientales de interés y resolver de manera pacífica y democrática los conflictos relacionados con el agua en Colombia.

Desde hace más de siete años la Red Nacional de Agua #SomosAgua se ha venido articulando con más de 1.100 organizaciones de diversas comunidades, con las que han podido identificar más de 300 conflictos socioambientales relacionados con la accesibilidad, calidad, disponibilidad, gestión y conservación del recurso hídrico. Entre las problemáticas más comunes alrededor del agua en el país, señala, se encuentran la contaminación, la deforestación, el extractivismo, las inundaciones y la presencia de hidroeléctricas. “Estos conflictos requieren una atención especial por parte de las autoridades para que el agua no se convierta en un motivo de guerra, y para que se generen soluciones rápidamente”, explica.

Asimismo, por la naturaleza de la función del Congreso —agrega Ricardo Perdomo, abogado y cofundador de la Red Nacional de Agua—, la Comisión Accidental es la que va a permitir también impulsar debates de control político sobre el cumplimiento de las medidas para proteger el agua, y la que facilitará dar soluciones ante vacíos legales o ausencia de normativa en términos de la protección del agua y el saneamiento.

Los retos de la Comisión

Colombia ha sido un país pionero en muchas decisiones alrededor del agua. Fue, por ejemplo, el primer país en América Latina y el segundo en el mundo en declarar un río como sujeto de derechos. La Corte Constitucional también fue una de las primeras en reconocer, a través de la Sentencia T-578 de 1992, el derecho al agua como un derecho fundamental, señalando que el agua es fuente de vida y que la falta del servicio atenta contra el derecho fundamental a la vida de las personas. Aunque estas han sido decisiones importantes y simbólicas, que han motivado muchos diálogos, sus alcances no han podido llegar tan lejos como se esperaba.

¿Los motivos? Estos reconocimientos jurídicos son particulares y específicos, y no es su deber ni obligación crear políticas públicas (eso es función del Gobierno y de la rama Legislativa, como el Senado). “Eso inquieta, porque después de más de veinte años de esos pronunciamientos de la Corte seguimos con decisiones individuales, que no trascienden a políticas públicas ni generan una reforma estructural”, asegura Madrigal. Por eso, es importante que el Senado empiece a impulsar nuevas normativas y decisiones en los aspectos pendientes.

Uno de ellos, señala, es la necesidad de reconocer explícitamente en la Constitución el derecho humano al agua y al saneamiento, que desde hace años ha sido reconocido e impulsado por las Naciones Unidas. “Al reconocerlo como derecho humano en nuestra constitución se genera inmediatamente la obligación de concretar y materializar ese derecho en leyes, reglamentos y políticas”, explica. “Y esto es clave porque la nueva Política Nacional del Agua tiene que fundamentarse en los criterios del derecho al agua, en donde se incluya también el derecho al saneamiento y se integren conceptos amplios como la higiene menstrual y el desplazamiento forzado por desastres asociados al agua, entre otros”. Hasta el momento, ninguna norma ambiental en Colombia tiene relación explícita con los derechos humanos y la justicia.

Otro de los grandes retos para el país, comenta, es que la visión del agua deje de ser parcializada. “No vamos a tener agua potable sin ecosistemas sanos, así tengamos reconocido el derecho humano al agua. Por lo que no podemos seguir mirando el recurso hídrico, por un lado, como el agua potable de los servicios públicos de la que se encarga el Ministerio de Vivienda y, por otro, como la gestión del agua para la conservación desde el Ministerio de Ambiente. Si no conservamos los ecosistemas, no vamos a tener agua potable ni servicios eficientes para toda la población, principalmente, para aquellos en situación de vulnerabilidad”, explica. “Es clave pensarnos como una autoridad nacional del agua que abarque todo”. (Puede leer: Este es el invento colombiano que transforma agua salada en energía)

Asimismo, es importante que la Comisión pueda descentralizarse y enfocarse en visibilizar de manera puntual lo que está sucediendo con el agua en los territorios. Por solo nombrar algunos ejemplos, en Chocó con la contaminación de los ríos, en San Andrés y Providencia después del paso del huracán Iota, y en el macroterritorio Jaguares de Yuruparí con la contaminación por mercurio. “La Comisión no se puede quedar en reuniones y diálogos con expertos, sino que debe levantar la voz de todos los que no tienen voz y no han tenido acceso a estos espacios de participación”, afirma Madrigal.

Lo cierto es que, para las personas entrevistadas, este es el inicio de una conservación muy importante para garantizar el derecho al agua en Colombia y para construir conjuntamente de la Gobernanza de los Ecosistemas hídricos en el país. En palabras de Juanita Ariza, estamos ante una oportunidad histórica de cambiar el escenario si asumimos la tarea de trabajar juntos: sociedad civil, Gobierno, sector público y privado en toda una nueva gestión integral del agua.

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