El Cuento

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Los esfuerzos por tapar la verdad de los falsos positivos

Lo que parecía una percepción de las víctimas de los falsos positivos sobre el ocultamiento de la verdad que perjudicaba a generales acusados de esos delitos, se convirtió en una indagación formal de la JEP para saber quiénes y qué motivaciones tienen los que presionan para cambiar las versiones. Esos obstáculos para conocer la verdad de la mayor violación de derechos humanos en la historia del país no encuentran rechazo en el Gobierno Nacional.

Por: Ricardo González Duque

En Twitter: @RicardoGonDuq

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando el Ejército lo mató. Su pesadilla comenzó una tarde de agosto de 2008 en el sector de Cafam Floresta en Bogotá, donde él se turnaba entre la venta de dulces y el oficio de limpiavidrios en un semáforo. A ese lugar le llegó la propuesta de un trabajo mejor, fuera de Bogotá: ir a recoger café a una finca en Norte de Santander. A esa finca llegaron dos meses después sus familiares a identificar los cuerpos de unos supuestos guerrilleros muertos en combate. De ahí surgió la dolorosa pero no única afrenta del Estado colombiano con sus familias: «No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde», le contó al país en ese momento el entonces y muy popular presidente Uribe.

La verdad sobre el reclutamiento de Jaime y unos jóvenes de Soacha que fueron mostrados como muertos en combate con el Ejército y las evidencias de que en el caso de Jaime le dispararon a metro y medio de distancia y de espaldas, aún no encuentran resultados judiciales sobre la pregunta del millón que se repiten sus familiares: “¿Quién dio la orden?”.

Una de las mujeres que repite esa pregunta es Jaqueline Castillo, que lleva estampado el cuestionamiento en una camiseta negra -y ahora en unos tapabocas- con las caras de algunos generales acusados de falsos positivos y un número que hoy lamentablemente tiene que aumentarse: no fueron 5.763 asesinatos de civiles entre 2000 y 2010, sino 6.402 víctimas entre 2002 y 2010, según las primeras evidencias de la Jurisdicción Especial de Paz.

Esa cifra que ha generado todo tipo de publicaciones en redes sociales corre el riesgo de quedarse así, solo en un número y no en el hallazgo de la verdad. Hace unos meses, en una pausa de sus funciones como enfermera, Jaqueline me respondió algunas preguntas sobre el horroroso caso de su hermano y apuntó a una teoría a la que hoy la JEP le sigue la pista: la presión a los militares que para que cambien su versión y no involucren a generales en falsos positivos.

“Ante la JEP lo que anhelamos es saber la verdad -respondió Jaqueline sobre el Caso 03- Nos hemos dado cuenta de que no hay verdad plena. Ellos, los militares, han estado con documentos en mano condicionados a decir lo que pueden decir, como lo deben decir, hasta donde lo deben decir y dicho por ellos mismos: que hay que contar la verdad, pero hay que saber contarla”.

La hermana de Jaime dejó que esa percepción, que compartía con otras madres de los falsos positivos sobre las audiencias de los militares, hiciera carrera en los magistrados de la JEP que finalmente pidieron a la Fiscalía y la Procuraduría determinar si habría encubrimiento e incluso fraude procesal en lo denunciado: “aducen prácticas de preparación de miembros de la fuerza pública ante la JEP con el fin de incitar al ocultamiento de la verdad y de crímenes graves de lesa humanidad cometidos”, se lee en un auto que la JEP no ha hecho público.

El obstáculo para llegar a la verdad no tiene una motivación simplemente de solidaridad de cuerpo, aquí no son simplemente bomberos evitando pisarse las mangueras. Hay claramente una motivación política, como se demuestra en la reciente columna de Yohir Akerman que identifica al abogado Fernando Vargas Quemba -cercano a Alejandro Ordóñez y al uribismo- como uno de los que estaría incitando a los militares en “jornadas pedagógicas” para no perjudicar a generales acusados de asesinar civiles inocentes.

La cereza en el pastel sobre la anhelada verdad de los falsos positivos, que no solo quieren ocultar sino desprestigiar, llegó de la mano del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, con su enigmático trino de la semana pasada que no recibió desautorización del Gobierno Nacional.

Paradoja: el presidente Iván Duque le pidió este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que rechace los crímenes atroces que comete el régimen de Maduro, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales. Pero ni una palabrita hubo sobre la impresentable comparación de Zapateiro que ofende a las víctimas y a la inteligencia del país. ¿Siendo el jefe de Estado y entendiendo que los falsos positivos son la mayor violación a los derechos humanos cometidos por el Estado colombiano en su historia, tiene Duque algún impedimento para decir algo sobre estos hechos?

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