El Cuento

Publicado el ricardogonduq

La inseguridad de Iván Duque

Robos y homicidios están ocurriendo en las grandes ciudades. Masacres y desplazamientos siguen creciendo en las regiones más afectadas por el conflicto. Y mientras tanto, el presidente Duque logra desviar la atención de su mala gestión en seguridad con acusaciones de xenofobia a la alcaldesa de Bogotá.

Por: Ricardo González Duque

En Twitter: @RicardoGonDuq

Mataron a un policía. Ocurrió cerca al Club el Nogal. En Bogotá. Esas tres características llevaron a que la conversación nacional volviera a ser sobre la “grave situación de inseguridad” en la que está la ciudad, a decir que esto “jamás había ocurrido en Bogotá” e incluso a pedir que el Gobierno Nacional intervenga en la capital del país para encargarse de los temas de seguridad. Pero el problema va más allá: otras grandes ciudades y regiones apartadas del país, están padeciendo diferentes expresiones de inseguridad.

El gobierno del presidente Duque, que traía el sello de la seguridad por su ascendencia uribista, está en la posición más cómoda: frente a los hurtos y homicidios que ocurren en las grandes capitales, responsabiliza a los alcaldes. Y ante los graves hechos que ocurren en las regiones como masacres y desplazamientos, culpa a la “maldita herencia”, como la llamaba el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo, que supuestamente dejó el acuerdo de paz con las Farc.

El asesinato de policías, como el que ocurrió en Bogotá la semana pasada, es doloroso, pero lamentablemente no es ninguna novedad. Por eso fue tan llamativo el homenaje que le rindieron en la calle 79 de la ciudad al patrullero Caro, con la inusual presencia de los ministros del interior y defensa, este último que esa noche reclamó entre líneas por la ausencia de la alcaldesa Claudia López en el sitio. Algo había también de política y retaliación en el acto. Más allá de eso, se calcula que durante 2020 fueron asesinados 36 policías en todo el país, hace menos de dos meses en Medellín mataron a un patrullero y dejaron heridos a otros tres y en 2019, el intendente Erick Cruz corrió la misma suerte también en Bogotá, al sur. A los lugares de esas muertes no fueron ministros.

 

La encuesta Invamer, que se realiza en las cinco principales ciudades del país y que mostró que el 90% de los encuestados cree que la inseguridad está empeorando, es la fiel demostración de que el problema trasciende a un alcalde y es un problema nacional que el Gobierno Duque no ha podido atender.

Un panorama rápido por las cinco ciudades encuestadas: en Bogotá mataron a siete personas en apenas cuatro días con balaceras en diferentes puntos; en Cali les quitaron la vida a una niña de un año por una bala perdida, a un estudiante universitario y a un hincha del América. En Medellín hay tiroteos recurrentes en el centro, el último que dejó seis heridos por el dominio de las llamadas ‘convivir’, además fueron encontrados seis costales de explosivos el fin de semana pasado. En el área metropolitana de Barranquilla los homicidios aumentaron un 59% en febrero y en Bucaramanga hay homicidios hasta por diferencias políticas. El caos.

En las regiones más alejadas del país, lo que algunos llaman “la Colombia profunda”, la realidad es mucho peor. La Defensoría del Pueblo documentó la semana pasada que en lo que va de 2021 se han reportado 11 mil personas víctimas de desplazamiento forzado, cuatro cada semana. A las imágenes que conocimos de niños obligados a salir descalzos de sus casas junto a padres con los menores en brazos en Murindó, Chocó, se suman lo ocurrido en los barrios de Buenaventura, en Cáceres, Antioquia; Guapi y Argelia en Cauca; en las comunidades indígenas de Nariño y en Norte de Santander, donde denuncian que esta situación ocurre todos los días.

Las masacres además tienen aterrorizados a los colombianos. Y no son solamente por enfrentamientos entre delincuentes como lo han querido hacer ver miembros de la fuerza pública: para la muestra está lo ocurrido en Buga o en Samaniego, donde las víctimas fueron jóvenes cuyo único delito era compartir en una fiesta. Según la ONU, las 76 masacres reportadas durante 2020 que dejaron 292 asesinados, es la cifra más alta desde 2014, lo anterior sin contar los homicidios a líderes sociales en los que hay un desfase entre lo informado por el Gobierno que habla de 66 víctimas y Naciones Unidas que las fija en 130.

Al presidente Duque le quedan 17 meses y hasta ahora no hay certeza de cómo va a lograr revertir el caótico panorama acá descrito. Su única estrategia es acelerar la erradicación de los cultivos de coca, a los que sigue culpando de la violencia, con la poco exitosa fumigación aérea con glifosato, que se anticipa podrá generar nuevos y más enfrentamientos.

Hábilmente por estos días este Gobierno ha conseguido concentrar la atención de la inseguridad que campea por todo el país solamente en Bogotá, por razones políticas y mediáticas: impacta más para un periodista que vive en la capital del país un tiroteo a escasos metros que una masacre a cientos de kilómetros. Pero los fenómenos de inseguridad y violencia están presentes en todo el país, agravados por la pandemia.

Decir que hay xenofobia por señalar que algunos homicidios de alto impacto son cometidos por venezolanos, es como decir que hay aporofobia por responsabilizar al desempleo y la pobreza del incremento de los delitos. Nada es mentira: el crecimiento de una migración que requiere más asistencia humanitaria y las difíciles condiciones económicas para los colombianos, ante una ayuda estatal insuficiente, han alimentado los delitos en las ciudades.

Es hora de que el presidente se levante de la comodidad del sillón de “Prevención y Acción” y ofrezca en el año y medio que le queda de mandato una solución que vaya más allá de lo mismo, como enviar más personal armado por unos meses o glifosato en el aire.

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