Mientras el expresidente Samper acudió ante la Comisión de la Verdad para contar algunos hechos relacionados con el conflicto durante su gobierno, en la JEP las madres de Soacha pedían escuchar a los expresidentes Uribe y Santos por los falsos positivos. Pero lamentablemente ninguno tiene que hacerlo de forma obligatoria. El fuero presidencial, esa divinidad que le hemos dado a los presidentes en Colombia, los exime de responderle a la justicia transicional. 
Por: Ricardo González Duque
En Twitter: @RicardoGonDuq
En Brasil, el expresidente Lula, el más popular de su historia reciente, el que fue capaz de sacar del umbral de la pobreza a 30 millones de ciudadanos, terminó preso por corrupción. En Perú, una jugada parlamentaria polémica y la sombra de Odebrecht, obligaron a la renuncia de Pedo Pablo Kuczynski a la presidencia, pero al tiempo la acción de la justicia llevó a una orden de captura al expresidente Toledo y al impresionante suicidio de Alan García, quien iba a ser llevado a prisión. Eso sin contar con la condena en contra de su caudillo más representativo, Alberto Fujimori, por las masacres estatales al inicio de su gobierno.
En Ecuador, se atrevieron a dictar orden de captura contra el expresidente Correa y metieron preso a su vicepresidente Jorge Glas, también por la epidemia corrupta de Odebrecht. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina tuvo que renunciar mientras avanzaba la investigación de la Fiscalía y la comisión anticorrupción asignada por la ONU, en la que estuvo el colombiano Iván Velásquez.
En estos países se atrevieron a meterse judicialmente con la deidad que en Colombia significa la del presidente o expresidente, a quien a pesar de que pasen los años de haber dejado la Casa de Nariño, le siguen llamando sin el prefijo “ex”. En todas esas naciones ha habido discusiones profundas sobre la relación entre justicia y política, acompañada siempre de la palabreja que usan al pie de la letra la izquierda y la derecha: “persecución”. Pero se han atrevido. Aquí no.
En Colombia, a pesar de miles (literalmente hablando) de evidencias y cuestionamientos por la actuación de todos nuestros expresidentes en medio de la guerra que hemos padecido, solo apenas hasta este año una corte se atrevió a llamar a indagatoria a un exmandatario, a Álvaro Uribe. Sin embargo, lo que con él pueda pasar por la acusación de supuesta manipulación de testigos, no cambiará la historia y quizá solo logre profundizar la victimización que han usado sus seguidores para perpetuar su figura.
El escenario ideal para él y los expresidentes Santos, Pastrana, Samper, Gaviria y hasta Belisario, si aún estuviera vivo, es la JEP, el sistema de justicia transicional. Se equivocan quienes creen que por más llamativa que sea la imagen de un expresidente preso, eso sea lo más conveniente en un país que busca pasar la página y cerrar el horror del conflicto armado que padecimos por 60 años. Sería absurdo por esa vía, ver a Uribe tras las rejas y a Timochenko recorriendo el país como candidato presidencial en 2022.
Lo que sí sería muy valioso es que ambos fueran a la JEP a contar la verdad, a escuchar a las víctimas que directa o indirectamente causaron. Los expresidentes deberían estar en la JEP, pero ésa es solo una ilusión, porque hoy constitucionalmente, no están obligados a hacerlo.
La ley estatutaria de la JEP, de la que tanto hablamos a comienzo de año por las objeciones del presidente Duque, determinó en su artículo 62 que: “la Jurisdicción Especial para la Paz asumirá las investigaciones (…) con excepción de los terceros civiles, agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública y aforados constitucionales”. Esto quiere decir, conforme al Acuerdo Final firmado entre el gobierno Santos y las Farc, que los procesos judiciales contra los expresidentes seguirán siendo competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara. O sea, nada.
Un gobierno, un Congreso y una Corte Constitucional realmente comprometidos con la construcción de la verdad de nuestro conflicto armado, sin vetos, sin privilegios, sin figuras divinas como las que creó el fuero presidencial en Colombia; no promoverían objeciones a la ley estatutaria, sino que irían más allá de ella y en una reforma constitucional obligarían a que la JEP pudiera investigar a los expresidentes.
Cuánta verdad hubiera podido aportar en este escenario el expresidente Belisario Betancur sobre el holocausto del Palacio de Justicia, en medio de un proceso judicial serio, fundamentado, con pruebas y testimonios de las víctimas. Qué importante sería escuchar el testimonio del expresidente Gaviria sobre los episodios de La Catedral o la supuesta alianza con mafiosos para matar a Pablo Escobar.
Aunque haya ido a la Comisión de la Verdad, ya es hora de que Ernesto Samper sea confrontado con evidencias y testimonios sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y de su fantasma eterno, el Proceso 8000, ante la financiación narcotraficante de su campaña, un hecho por el que algunos consideran que Andrés Pastrana debe explicaciones. Como también frente al ‘regalo’ de la zona de despeje del Caguán a las Farc.
La Operación Orión, las chuzadas, los falsos positivos, la extradición ‘express’ de los jefes paramilitares, son algunos de los episodios por los que la JEP podría volver a sentar en el banquillo de los indagados al expresidente Uribe. E igualmente, como lo han pedido las víctimas, que Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, responda por esas ejecuciones extrajudiciales que llevaron a la cruel práctica de presentar como guerrilleros a jóvenes pobres pero inocentes.
Colombia no solo le tiene que aprender a sus vecinos que protestando es que se siguen logrando las mayores conquistas sociales de los ciudadanos, también tiene por copiar ese irrespeto en el buen sentido de la palabra al presidente o expresidente. No son dioses, no tienen amnistía, ni son inimputables por haber ocupado la Casa de Nariño. El fuero presidencial no puede estar por encima de nuestra memoria histórica.
UN PUNTO DE GIRO: Se vieron vergonzosos Enrique Peñalosa e Iván Duque sacando el retrovisor contra sus antecesores durante la ceremonia de la adjudicación del metro de Bogotá. No puede ser que sigan buscando culpables de lo mal que les va, de lo impopulares que son, cuando en el caso de Duque lleva más de un año de gobierno y en el de Peñalosa, más grave aún, esté en el ocaso del suyo.