El Cuento

Publicado el ricardogonduq

El coronavirus revivió al Estado (no al Gobierno)

La cuarentena obligatoria, la renta básica para sobrevivir a la crisis, el no pago de servicios públicos, la posible nacionalización de empresas, el control de precios, la prohibición de exportar elementos de primera necesidad e incluso la inyección de liquidez a empresas y bancos, son acciones para enfrentar la pandemia que reivindican el papel del Estado, al que algunos economistas daban por muerto ante un triunfo mentiroso del mercado.

Por: Ricardo González Duque

En Twitter: @RicardoGonDuq

Quienes sienten repulsión por la intervención del Estado en la sociedad deben estar padeciendo el coronavirus con mayor intensidad. Ningún gobierno del mundo está respondiendo a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sin una actuación contundente del sector público para evitar profundizar la recesión que ya se anticipa. El dejar hacer, dejar pasar como fórmula para enfrentar el virus solo llevaría a la muerte a millones de personas y así lo han entendido incluso los mandatarios más conservadores.

La lección no quedó aprendida con la crisis de 2008 que demandó una reingeniería del capitalismo en momentos en que su apellido de “salvaje” debió haber quedado en el olvido. El fantasma del papel del Estado vuelve a asustar a quienes lo mataron con amenazas que en Colombia conocemos muy bien: “la comunista y la socialista”.

Nos demoramos un par de semanas poniendo en una balanza la salud y la economía antes de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena obligatoria, una necesaria y clara intervención del Estado que paralizó más del 90% de la economía con un único objetivo: salvar vidas. Si la decisión se la hubiéramos dejado al mercado, hoy millones de colombianos seguirían en la calle aumentando infinitamente los contagios. Incluso, muchos de los que incumplen el decreto 457 lo hacen por la sed de lucro de empresas que exigen a sus empleados que sigan trabajando.

Más de 2.500 millones de ciudadanos en todo el mundo están confinados por orden de sus gobiernos, en lo que es una clara victoria de la salud sobre la economía, pero ante esa parálisis que afecta a quienes trabajan por horas en países del primer mundo o en la informalidad en naciones como la nuestra, la respuesta no ha sido dejar morir de hambre a la gente, sino darles una renta básica, idea que seguramente cobrará legitimidad después de esta crisis.

En Colombia el Gobierno Duque anunció aportes de 160 mil pesos para 3 millones de familias y en Bogotá se ha hecho con más contundencia: 450 mil pesos para 350 mil hogares. La medida, sin embargo, no es exclusivamente criolla o de un gobierno de izquierda: en EEUU la administración Trump propuso un pago de 3.000 dólares (¡12 millones de pesos!) para afectados por la pandemia.

El respiro que el mundo le está dando al consumo tiene a las grandes empresas pensando en masacres laborales, la salida más fácil para evitar que sus dueños dejen de ser un 10 o 20% más ricos, como planteaba el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero ante esa tentación, el Estado también ha metido la mano y en países como Italia ha prohibido completamente los despidos durante dos meses. Lo propio ha hecho Colombia, que está por expedir un decreto del Ministerio del Trabajo que deja muy claro que el COVID-19 no es un motivo de fuerza mayor para terminar contratos.

En España e Irlanda los gobiernos han tomado control del sistema privado de sanidad para atender la emergencia. Esas clínicas y hospitales no representarán recursos adicionales para sus empresas propietarias y los pacientes de regímenes públicos y privados serán atendidos de igual manera, un acto que no se entiende como una expropiación sino como una manera de garantizar la prestación de servicios de calidad para todos. Sin la intervención del Estado, el mercado haría una selección natural económica, brindándole atención solo a quien tenga con qué.

El sistema de salud en Colombia, que tuvo un reciente incremento de 8% en el presupuesto nacional, está por vivir su mayor prueba de fuego y el Gobierno tendrá que decidir si replica el modelo de los países mencionados, algo que en Bogotá ya se anticipó con la “toma” de cuatro de estos centros de salud que hará la Alcaldía. Una decisión que se hace imperativa en todo el territorio por el pésimo estado de los hospitales públicos y por las indignas condiciones en las que trabajan los médicos bajo contratos precarios.

Las nacionalizaciones, que son vistas como un demonio comunista en nuestros países, también están en la receta de países europeos como Francia para recuperar la economía después de que pase la pandemia. Es más, en la crisis financiera de 2008, Estados Unidos lo hizo con la General Motors considerado un activo estratégico para garantizar el empleo de buena parte de sus ciudadanos.

Decisiones como el no pago temporal de servicios públicos, que la han tomado algunos países del mundo para ayudar a sus ciudadanos durante las cuarentenas, serían más fáciles de adoptar si el Estado tuviera el control de sectores clave como la energía, el agua y el gas natural domiciliarios. En momentos como este se entiende la gravedad de haber vendido compañías como Isagen o el hecho de que en la capital del país solo el servicio de acueducto sea completamente público.

El control de precios de alimentos y medicamentos que ejerce de forma estricta la Superintendencia de Industria y Comercio; la restricción para exportar 24 bienes que serán esenciales durante esta crisis, como jabones, antibacteriales y alcohol, que decretó el Ministerio de Comercio; o la controvertida inyección de liquidez para empresas y bancos prevista en el decreto 444, son intervenciones que se hacen necesarias para enfrentar las consecuencias sociales del COVID-19, que no podría realizar otro actor diferente al Estado.

No se equivocan ni exageran quienes repiten que el mundo no será el mismo después de que pasemos la crisis de este contagioso coronavirus, y aunque algunos alertan porque una segura recesión económica causaría la proliferación de regímenes dictatoriales por todo el mundo como ocurrió en el siglo XX, quizá nos podamos ahorrar la repetición de esa historia y regresemos a la era en la que puedan convivir mercado y Estado, y en la que el objetivo básico de este último sea garantizar, sobre todas las cosas, el bienestar de sus ciudadanos.

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