El Cuento

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El caso Uribe: ¿la justicia sastre?

La decisión que tomó el fiscal Jaimes en el caso del expresidente Uribe confirmó que las decisiones judiciales, como las noticias, se están aplaudiendo o rechazando dependiendo de a quién favorezcan, lo que le está haciendo un daño irreparable a las instituciones. Sin embargo, con la Fiscalía y más aún con los fiscales generales, hay un capítulo de politización que se debe revisar.

Por: Ricardo González Duque

En Twitter: @RicardoGonDuq

“Respete la justicia”, le pidieron congresistas del Centro Democrático a la alcaldesa Claudia López por su duro mensaje frente a la decisión que tomó la Fiscalía de pedir la preclusión en el proceso que la Corte Suprema inició contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos. El llamado de atención sería solo cómico, quizá también cínico, si no fuera porque lo que está en juego es la credibilidad de la justicia y lo que eso implica para una sociedad.

La justicia se ha convertido en la herramienta que están usando los extremos políticos en Colombia para validar realidades: absolver a los suyos y condenar a los ajenos. Esos mismos fanáticos de las ideologías presionan, señalan, intimidan y criminalizan a los jueces que intentan emular a la diosa Temis, así sea cada vez más difícil emitir veredictos con la venda y la balanza.

Hace no poco tiempo el uribismo la emprendió contra la Corte Constitucional: decía que buscaba derogar el Estado de derecho y que no respetaba el equilibrio de poderes, cuando rechazó las objeciones del presidente Duque a la JEP; además, ha insistido que nueve magistrados no pueden suplantar el “sentimiento del pueblo” al pedir que el aborto se decida en el Congreso. Desde el actual partido de gobierno también han matoneado a magistrados, a quienes señalaron de fallar sesgados en el debate del glifosato por un almuerzo con el expresidente Santos. Tanto han querido socavar la Corte Constitucional, que llegaron a proponer un proyecto de ley para que a través de referendos los ciudadanos pudieran aprobar o rechazar fallos del más alto tribunal del país. El retorno al Estado de Opinión.

Sin embargo, esa misma Corte ya no le pareció tan mala a ese sector político en mayo del años cuando falló a favor de Andrés Felipe Arias y le concedió el derecho a la doble conformidad, para que su condena a 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro se pudiera impugnar.

Al otro lado, el petrismo se comporta exactamente igual. Tanto el senador Gustavo Petro, como sus seguidores, cuestionan las decisiones de la Contraloría que lo sancionó por reducir el precio del pasaje de TransMilenio, pero destacan y aplauden al mismo órgano de control distrital cuando le da la razón en su caballito de batalla: que el metro subterráneo estaba más avanzado en estudios que el elevado. De la misma forma, desde Colombia Humana aprueban y visibilizan al Consejo Nacional Electoral cuando dice que perdió la facultad para investigar los dineros del “petrovideo” o cuando archivó la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de 2018, pero atacan con dureza y señalan al tribunal de ser político -que lo es- por no investigar la Ñeñepolítica o cerrar las causas por los dineros de Odebrecht en la campaña de Zuluaga.

Los ejemplos vuelven al uribismo con la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más odiado por los seguidores del expresidente Uribe por atreverse a enviarlo 67 días a prisión en su hacienda. La Corte les resulta legítima al momento de absolver al coronel Plazas Vega de las desapariciones cometidas después de la retoma al Palacio de Justicia, pero es persecutora cuando condena a Mario Uribe, Sabas Pretelt, Diego Palacio o María del Pilar Hurtado.

Sin que se conozcan aún los argumentos de fondo que tuvo el fiscal Gabriel Jaimes para tumbar la acusación de más de 1.500 páginas del magistrado César Reyes que llevó a Uribe a medida de aseguramiento, esa decisión de la Fiscalía -que perdió su esencia de acusadora actuando más como abogada- parece un nuevo episodio de las acciones u omisiones de los fiscales de turno para favorecer a su lado político.

Mención aparte a las altas cortes merece la Fiscalía y especialmente los últimos fiscales generales que ha tenido el país, que han pecado de egocéntricos, soberbios, pero sobre todo de politiqueros. Viviane Morales, según algunos, se ensañó con Andrés Felipe Arias para llevar su investigación a la muy dura condena que profirió la Corte. A Eduardo Montealegre lo responsabilizan de ser quien se le atravesó a la elección de Óscar Iván Zuluaga como presidente con el fabricado escándalo del hacker Sepúlveda, a Néstor Humberto Martínez lo señalan de paralizar el caso Odebrecht para conveniencia propia, pero también del gobierno del expresidente Santos y después en el nuevo gobierno se le acusó de poner en riesgo el acuerdo de paz con el entrampamiento a Santrich. Ahora, a Francisco Barbosa se le reprocha que salve al jefe y mentor de su mejor amigo.

En la Fiscalía, como en ningún otro rincón de la rama judicial, parece más evidente eso de la justicia sastre, hecha a la medida de los poderosos de turno. El daño ya está hecho: la desconfianza de los ciudadanos hacia cualquier decisión que tomen los jueces crece por la hiperinformación, la manipulación y las noticias falsas que corren por las redes sociales y los servicios de mensajería, un problema que además trasciende a Colombia, ahí está el ejemplo de Brasil donde todo apunta a que las condenas al expresidente Lula fueron principalmente por motivaciones políticas.

Suena trillado, pero sigue la deuda de una reforma judicial que les dé legitimidad a los jueces que fallan en derecho y sea severa con aquellos que se quitan la venda y tuercen la balanza.

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