Breve historia de un asalto a la autonomía universitaria

Desde el pasado mes de noviembre fui elegido, por la mayoría de mis colegas exrectores de la Universidad Nacional, como su representante en el Consejo Superior Universitario (CSU); el otro candidato autopostulado fue el exrector Víctor M. Moncayo.

Participé en la designación del rector, realizada el día 21 de marzo, en una sesión que tuvo quórum de los 8 miembros con voz y voto que componen el CSU y que estuvo presidida por la ministra de educación. Se consideraron cinco candidatos y con anterioridad había tenido la oportunidad de valorar sus hojas de vida, los resultados de la consulta a la comunidad académica, los planes, propuestas y entrevista, así como la armonización de sus programas con el Plan Estratégico Institucional. En la sesión, después de 9 horas de deliberación, se eligió al profesor José Ismael Peña con 5 votos a favor y 3 en blanco.

Tan pronto como se comunicó la decisión del CSU, el presidente Petro trinó rechazando esa elección y en las semanas siguientes tanto la ministra como las dos estudiantes delegadas del presidente ante el CSU se negaron a aprobar el acta de la reunión pidiendo sucesivas correcciones para dilatar y evitar la posesión del rector elegido.

Vinieron posteriormente una serie de demandas que aún no han sido resueltas por el Consejo de Estado, principalmente para intentar “demostrar” que la metodología usada en la elección del rector fue irregular; también ha habido pronunciamientos de la Procuraduría confirmando que no se advertían irregularidades en el proceso de elección y una tutela fallada a favor del rector elegido, que en el alcance que dicho fallo constitucional tiene, encontró una violación a derechos fundamentales con la actuación del Ministerio de Educación. Entre tanto la ministra dejó claro que no firmaría y fue evidente que la estrategia de las supuestas correcciones al acta no eran más que una deliberada acción dilatoria. El profesor Peña decidió posesionarse entonces en una Notaría, acto que no me corresponde ni deseo juzgar.

A finales de abril terminó el período del representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), doctor Humberto Rosania y fue entonces cuando el exrector Moncayo, quien encabezaba el grupo de respaldo al candidato Leopoldo Múnera, apoyado por el gobierno nacional, encontró la ventana abierta para alcanzar su inicialmente fallida aspiración y logró que el CESU lo designara como su representante ante el CSU. A finales de mayo se llevó a cabo la elección de la nueva representante estudiantil, que ya había anunciado que se aliaría con el gobierno para hacer mayoría en el CSU, como efectivamente lo cumplió desde el primer minuto de su participación.  

Mi preocupación por la forma como se venían dando las cosas en la Universidad desde cuando el CSU eligió al profesor Ismael Peña como rector ha quedado reafirmada en la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 6 de junio.

Fui citado el día 5 de junio por el viceministro de educación superior, mediante un correo electrónico recibido después de las 6 de la tarde, para asistir a una sesión extraordinaria, a las 8 de la mañana del día siguiente. A pesar de mi molestia por esta forma de convocar sin la debida antelación, como ha sido costumbre en estos últimos meses, cancelé mis compromisos previamente adquiridos y asistí presencialmente como representante de los exrectores. Aun cuando la agenda decía que el único punto a tratar sería: “Decisiones sobre la designación de Rector”, el verdadero propósito, llamando las cosas por su nombre, era designar un nuevo rector.

A pesar de no haber recibido documentación alguna acompañando la convocatoria, como es debido, una resolución de 16 páginas (que no fue dada a conocer con antelación), preparada por el exrector V. M. Moncayo, se nos presentó para “justificar” esa determinación, basada principalmente en unas supuestas irregularidades derivadas de la sesión del 21 de marzo a la que él no asistió, pues no era consejero. 

Tuve oportunidad de calificar como lamentable la presentación en la que el consejero actuó como si fuese el asesor jurídico del CSU, y me abstuve de aprobar con mi voto dicha resolución en la que se concluía que el CSU debía repetir la votación llevada a cabo el 21 de marzo inmediatamente. Y lo hice porque creo que esa decisión solo la podía ordenar un juez o el Consejo de Estado y por el contrario, como lo señalé líneas arriba, los pronunciamientos emitidos por autoridades judiciales y la Procuraduría, advertían la legalidad de lo actuado; por lo que la designación del profesor Peña goza de presunción de legalidad.

Aprovechando la nueva composición del CSU la decisión adoptada por la mayoría fue votar para elegir un rector entre los 5 candidatos que habían sido considerados el 21 de marzo, cuando tres de los consejeros no estuvieron presentes, dos de ellos por no ser consejeros del CSU en ese entonces y el viceministro que no fue delegado por la ministra para asistir, como es lógico y costumbre en la designación del rector de la Universidad.

Anuncié entonces que, sin vislumbrar argumento jurídico alguno que nos permitiera decidir o siquiera deliberar sobre el tema, me negaba a participar, dejando claro que no estaba de acuerdo y que por lo tanto me abstenía, haciendo salvamento de voto y me retiré de la sesión, abandonando la sala. En la misma forma actuaron el representante de los profesores, Diego Torres y la representante del Consejo Académico, la decana de la Facultad de Minas, profesora Verónica Botero. 

Unos 10 minutos después se informó que por unanimidad de los 5 consejeros presentes: el Viceministro Álvarez, el exrector V. M. Moncayo, las estudiantes designadas por el presidente María Alejandra Rojas y Danna Garzón, y la representante de los estudiantes Laura Quevedo, había sido elegido el profesor L. Múnera. Al poco tiempo el presidente Petro estaba felicitando al nuevo rector desde su cuenta de X.

Después de ofrecer este breve relato no sobra añadir que es sorprendente observar cómo se ha perdido la naturaleza académica del Consejo Superior, y que el propio Ministerio de Educación y los miembros del CSU que mencioné en el párrafo anterior lo han pretendido convertir en la arena de controversias jurídicas contaminadas por las tensiones y los intereses políticos nacionales, que han contribuido a aumentar la pugnacidad y avivar la polarización interna. 

Tampoco se vislumbra un posible giro para recuperar a corto plazo la reputación académica de la institución, situación que han provocado el Ministerio de Educación y el candidato hoy “elegido”, con su negativa a reconocer la decisión del 21 de marzo, anteponiendo su interés personal de la mano y con el apoyo del gobierno, sobre el interés colectivo.

Ante este panorama no considero posible que pueda yo defender la institución de los evidentes intereses políticos o evitar ya, después de este zarpazo a la autonomía, la toma del CSU que lleva a cabo el gobierno en asocio con los consejeros antes mencionados. 

Por otra parte, soy víctima de todo tipo de injurias que lanzan continuamente y sin pausa las hordas de activistas que se han empeñado en arruinar mi reputación y buscar mi desprestigio mediante improperios, temerarias calumnias, descalificaciones, infamias, e injuria sobre supuesta corrupción, que además han causado daño moral a mi familia y han acabado con la tranquilidad que antes disfrutaba.

No se tomaron el tiempo de averiguar que no tuve participación alguna en la creación de ninguna de las corporaciones que han salido en medios de comunicación como inmersas en posibles irregularidades. La única en la que, con orgullo puedo ratificar que determiné su creación, fue la que permitió la operación del Hospital Universitario Nacional y ofreció el consecuente lugar idóneo para que nuestra Facultad de Medicina y los demás programas del área de la salud, volvieran a contar con un espacio propio de práctica y de investigación científica para los profesores y estudiantes, que se había perdido en el pasado con el cierre del Hospital San Juan de Dios. Una corporación, que valga la pena resaltar, ha protegido a la Universidad de los efectos de la crisis por la que atraviesa el sector salud en nuestro país.

Por lo anterior y porque además no estoy dispuesto a seguir presenciando la falta de argumentos académicos sustituidos por una fuerza mayoritaria que arrasa las normas vigentes, he informado a los colegas exrectores que he decidido presentar mi renuncia a ser su representante ante el CSU, agradeciendo el respaldo y confianza que me han ofrecido, con la esperanza de que haya otro de nosotros que pueda contribuir en mejor forma a superar los problemas que aquejan hoy a la Universidad. 

@MantillaIgnacio