Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Estado no responde por captación ilegal

Tomado de Dinero:—

El Estado no asumirá las pérdidas de víctimas de captadoras ilegales

Un fallo concluyó que el Estado colombiano no deberá pagar los $20 billones por la demanda impuesta por un grupo de víctimas de las captadoras ilegales de dinero. La Superfinanciera reiteró el llamado a no caer en estos “negocios de dudosa credibilidad”.

En el año 2009 un grupo de personas víctimas de captadoras ilegales de dinero, demandaron al Estado colombiano. Según los demandantes, hubo omisión por parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones.

Por estos hechos, los demandantes exigían alrededor de $20 billones, correspondientes a los recursos entregados a las captadoras y los intereses que les prometieron.

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Este jueves, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y otras entidades demandadas, anunciaron que evitaron que el Estado pagara dichos $20 billones tras un proceso judicial.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones de la demanda y advirtió que no puede atribuirse la culpa al Estado «el cual en todo momento alertó a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad».

De las 564 demandas contra la Superfinanciera desde el año 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, unas 270 han terminado con sentencia favorable al Estado colombiano.

El fallo del Juzgado Segundo concluyó que fueron los demandantes quienes,“atraídos por un negocio sin precedentes en el país y bajo la promesa de unosintereses altísimos, asumieron el riesgo y el daño que sufrieron”, sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado.

Tras este acontecimiento, las entidades demandadas aseguraron que el Estado colombiano “demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio”.

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El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, resaltó en una rueda de prensa que todos los fenómenos de captación ilegal han afectado directamente al Estado, pero que los jueces han sido precisos en indicar que el principal responsable de la disposición de esos recursos, es el propietario de dichos recursos.

Además, hizo un llamado a los colombianos a tener responsabilidad a la hora de invertir los ahorros, “el dinero no crece en los árboles, de eso tan bueno no dan tanto; es lo que hemos venido diciendo de diferentes formas y estos fallos marcan un camino claro en la responsabilidad del Estado y en la responsabilidad de todos los individuos en la administración de sus dineros”.

Por su parte, el director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, aseguró que esta es una excelente noticia para el país, recordando que una demanda en contra de la nación “es una demanda que pagamos todos los colombianos y que cualquier peso que se utilice para pagar una decisión de estas, es un peso menos que se puede destinar a la inversión social, a los hospitales, carreteras, colegios o la salud”.

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Comunicado de Superfinanciera:—

ESTADO COLOMBIANO NO ES RESPONSABLE POR DINERO QUE INVIRTIERON PERSONAS EN CAPTADORAS ILEGALES

  • Fallo concluyó que fueron los demandantes quienes, en ejercicio del libre derecho de disposición de su dinero, atraídos por un negocio sin precedentes en el país y bajo la promesa de unos intereses altísimos, asumieron el riesgo y el daño que sufrieron, sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado
  • Los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, cosa que no ocurrió con las personas que entregaron sus patrimonios en estos negocios ilícitos
  • Se evitó el pago de 20 billones de pesos, gracias a una estrategia de defensa coordinada y asertiva de las entidades del Estado

Bogotá, 29 de junio de 2017. – Gracias a una exitosa estrategia de defensa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades demandadas evitaron que el Estado pagara alrededor de 20 billones de pesos en un proceso judicial por el fenómeno de las captadoras ilegales.

En 2009 un grupo de personas demandó al Estado colombiano debido a que algunas empresas, bajo la fachada de que eran legalmente constituidas, captaron de forma ilegal su dinero. Según ellos, hubo omisión de parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones.

Por estos hechos y argumentando supuestos daños, los demandantes exigían alrededor de 20 billones de pesos correspondientes a los recursos entregados a la captadora, los intereses que les prometieron y al perjuicio moral que según ellos padecieron.

Al igual que en casos anteriores, el Estado colombiano demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio.

En esta oportunidad y tal como ya lo han hecho otras instancias judiciales, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó todas las pretensiones de la demanda y advirtió que no puede atribuirse culpa alguna al Estado que, en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad.

Vale la pena indicar que de las 564 demandas presentadas contra la Superfinanciera desde 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, cerca de la mitad han terminado con sentencia favorable al Estado colombiano (220 en primera instancia y 50 en segunda instancia).

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