La responsabilidad de elegir malos alcaldes

La vida de ciudades y aldeas es cada vez más compleja. Las dinámicas de los procesos que se desarrollan en ellas plantean retos y problemas que no se pueden manejar exclusivamente desde el gobierno. Las instituciones municipales cumplen funciones cada vez más variadas, pero nunca suficientes. La fuerza de la sociedad, con su emprendimiento, su sentido de pertenencia, su optimismo, su capacidad creativa, y su sentido de la felicidad y del progreso, marca la diferencia.

A lo largo y ancho del país andan desatadas fuerzas que se manifiestan cada cuatro años, antes de las elecciones. Calles y caminos llevan por estos días el “adorno” de las imágenes de candidatos a los cargos de elección popular en departamentos y municipios. En algunos casos se nota demasiado la apuesta millonaria de campañas que muestran exceso de apoyo económico, de pronto inversamente proporcional a la calidad de las propuestas. O, según algunos, de los personajes.

Las motoniveladoras vuelven a recorrer, estratégicamente, los caminos veredales. En muchos parajes se convoca a reuniones que no son más que bebederos de alcohol para escuchar discursos anacrónicos sobre las desgracias de un país que, a falta de mejores argumentos, se presenta por enésima vez bajo la queja de las tradicionales condiciones de “olvido”, como si la felicidad dependiera del jefecito que llegue a hacer favores.  Poco se dedica a hacer buenas cuentas ni a plantear propósitos de avanzar sobre lo construido.

Para complementar el espectáculo desfilan las encuestas, de manera insistente, de cuando en vez haciendo gala de solemne ignorancia sobre tantas cosas respecto de las cuáles se debería indagar la opinión ciudadana, por ejemplo, en cuanto a sus aspiraciones de calidad de vida, allí donde se vive bien o mal. Y lo hacen con tanto fervor hasta que se llegan a convertir en factores electorales, como si se tratara de una carrera que, según ellas, alguien va ganando o perdiendo, por lo cual hay que apoyarlo o dejar de hacerlo.

Todas esas acciones y fenómenos son parte de un ritual del que muchos se burlan desde el pesimismo tradicional que profesan respecto de nuestras instituciones. Ritual que es mejor que exista y que afortunadamente forma parte, cada vez más arraigada, de nuestras tradiciones de transición hacia una democracia sustantiva.

Esa democracia, mestiza e imperfecta, ha tenido desde principios del Siglo XIX un marco que hemos tratado de mejorar, y que nos pone entre las naciones cuyos logros institucionales son más tempranos que los de muchos países “elegantes” a los que aquí se profesa admiración a ciegas, sin reconocer sus defectos. Porque los pesimistas insisten en que por allá son superiores, mientras aquí somos poca cosa. Con lo cual se desconoce el valor del buen juicio de nuestros propios ciudadanos, que debemos fomentar en un acto continuado de inclusión que buena falta nos hace.

La Constitución Nacional no vacila en proclamar que “Al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

Ese catálogo de mandatos inspira un conjunto de obligaciones cada vez más grande y sofisticado, que corresponde a las complejidades de la vida local. Por lo cual es preciso escoger para el oficio de alcalde a quien conozca y tenga ojalá experiencia en el manejo de aspectos fundamentales de los asentamientos humanos, y de la institucionalidad correspondiente. Al tiempo que resulta inútil, cuando no irresponsable, buscar candidatos entre desconocedores de esos temas, por más que hayan brillado en otras actividades, o con programas limitados a dos o tres aspectos de la gran variedad que forma parte de las obligaciones de un alcalde.

Ya se sabe que la clase política toma la forma del recipiente en el que se le ponga. Ese era uno de los temores respecto del proceso de aclimatación, a la hora de dar el extraordinario salto democrático que, antes de la Constitución de 1991, estableció la elección popular de alcaldes. Infortunadamente, fenómenos como el acaparamiento de la burocracia, el dominio de “familias políticas” y los “turnos de asalto al presupuesto” han hecho presencia en muchos casos, con la marca de la corrupción como una especie de “premisa” omnipresente. Como si el control de la administración local fuera un negocio y no un compromiso de servicio.

También entonces se pensó que era mejor avanzar en el proceso de democratización de la vida local, y que, poco a poco, la ciudadanía se iría apersonando de su responsabilidad hasta ser capaz de acabar con los típicos modos de actuar del clientelismo, que en sus versiones renovadas son tan repugnantes como las de siempre. Batalla que todavía no se ha ganado, pero en la cual es preciso insistir, con la convicción de que la honestidad saldrá adelante y que, además de la justicia penal y administrativa, se logren imponer el control y la sanción social como parámetros respetables.

No faltará quien piense que, bajo las condiciones anteriores, todo llamado a votar en conciencia, sin alienar esa cuota del poder de cada ciudadano, no es más que un canto a la bandera. Porque hay quienes en todas las instancias se deleitan con el canto de las sirenas apocalípticas que insisten en que todo anda mal, ha estado siempre mal hecho, y no tiene arreglo. De manera que para nada sirven tantos esfuerzos hechos por nosotros mismos para establecer, poco a poco, y mal que bien, unos parámetros para el desarrollo local que son razonables y también perfectibles.

La realidad del progreso, o del fracaso, del clima de felicidad o de angustia que se viva en un municipio, grande o pequeño, no depende exclusivamente de quien lo gobierne. Si se le deja solo, por más que lo haga bien en materia de servicios, y seguridad, y movilidad y todos esos elementos que salen a la mesa en esos debates que se vuelven reiterativos, no podrá hacer todo aquello que corresponde a los ciudadanos. Nuestras ciudades son como son, no porque algún genio afortunado las haya convertido en una u otra cosa. Pensar, y esperar, que todo dependa del gobierno no es sino concebir y reproducir una mentalidad subalterna, alienada y mendicante.

La participación ciudadana en la consolidación de la democracia local no se debe limitar a concurrir a las urnas y volver cuatro años más tarde a ver qué fue lo que se hizo o se dejó de hacer. Después de la delegación de poder en las urnas viene la tarea de controlar las acciones de los delegatarios del poder ciudadano, y la contribución de cada quién a la realización de esos actos propios que, desde los más simples hasta los más complejos, marcan, mucho más que los gestos de un alcalde, el tono de la vida comunitaria en la cual estamos inmersos por el solo hecho de habitar un asentamiento humano.

El progreso de la democracia es el de la democracia local, que fue donde se originó la idea misma del gobierno del pueblo a través de sus elegidos.