Una acción popular contra la Aeronáutica Civil y Avianca S.A., fue interpuesta ante al Tribunal Administrativo del Meta por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de proteger los derechos colectivos de los ciudadanos que se han visto afectados por la falta de un plan integral o política de regulación del transporte aéreo hacia los Llanos Orientales.
La Procuraduría pidió declarar a los accionados como responsables de la violación y amenaza de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios, la libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos, su prestación eficiente y oportuna.
El órgano de control solicitó al Tribunal que ordene la adopción de una solución inmediata, mediante la formulación e implementación de un plan integral de servicio aéreo que opere de forma permanente cuando la vía esté cerrada.
Otra medida planteada por la Procuraduría fue que la Aerocivil fije una tarifa máxima razonable para los vuelos entre las dos ciudades, luego de verificar que el precio de los tiquetes de Avianca, única aerolínea que tiene autorización permanente de operación en esta temporada de afectación vial, se ha incrementado por encima del millón de pesos.
Según la Procuraduría, ese comportamiento comercial podría catalogarse como un abuso de la posición dominante o una práctica especuladora en un servicio público.
Por último, el Ministerio Público expresó que es necesaria una intervención y regulación por parte de la Aerocivil, para garantizar que en una situación de mercado competitivo la asignación eficiente de recursos logre el mayor nivel de bienestar en la sociedad.
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