Por: Jerónimo Carranza Bares
Cien años se conmemoran de la reforma de Córdoba, en Argentina, cuando la juventud estudiantil obtuvo la autonomía de la cátedra universitaria. En esa misma forma la representación de la Universidad pública de Colombia se manifestó en la plenaria del Senado el 9 de octubre de 2018.
La economista Jennifer Pedraza expuso claramente el déficit de la educación superior, mientras que el presidente del Senado solo atinó a callarla, antes de decir una pena de frase a la líder estudiantil.
La Universidad ha vuelto a las calles después de años sin atraer la atención, esta vez por causa de los reclamos que se alzan desde todos los sectores de la sociedad.
En 2011, a inicios del gobierno de Juan Manuel Santos, la protesta fue a causa del proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, el estatuto de la educación. La reforma consistía en convertir a las instituciones de educación superior en empresas privadas, rompiendo el principio constitucional de garantizar el derecho fundamental del estudio. La convocatoria sostenida por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- obligó al archivo de este proyecto de ley.
Repasando la movilización histórica de los estudiantes, a comienzos del Siglo XX los alumnos de las contadas carreras de las instituciones públicas protestaban en favor del laicismo y en contra de la imposición de la Iglesia en la enseñanza. En el origen de espacios democráticos de la sociedad moderna, el estudiantado fue articulando sus reclamos en la primacía de la Nación como base de estas posturas.
Al sobrevenirse una dictadura militar en la figura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el 9 de junio de 1954, el Batallón Colombia, recién llegado de la Guerra de Corea, abaleó a una multitud de estudiantes que marchaban a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar en protesta por la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez en los predios de la Universidad Nacional el día anterior, en una manifestación en recuerdo de Gonzalo Bravo, quien fue asesinado en una movilización en contra de la corrupción conservadora en Bogotá, el 7 de junio de 1929.
A finales del Siglo XX, las movilizaciones estudiantiles pasaron por una confrontación contra el Estado, y en esa medida la batalla fue muy perjudicial para el movimiento, por cuanto esta situación de beligerancia en el contexto internacional de la guerra fría dio pie para la intervención de la Universidad. En el año de 1984 hubo un cierre prolongado y el fin las residencias estudiantiles, que habían permitido la permanencia en el campus de miles de alumnos de todo el país.
Los excesos juveniles de la revolución hicieron de las residencias un espacio de agitación y abusos que dieron pie a los motivados funcionarios para acabar con esta realidad perdida, al que siguieron el de la cafetería subsidiada, y a partir de entonces, cada uno de los intereses en favor de los estudiantes.
Pocos años después, y puesta en contra de los intereses de las élites nacionales desde tiempo atrás, la universidad pública recibió el golpe del cobro parcial de la matrícula y de acuerdo a la declaración de renta del hogar de cada estudiante.
Esto hizo que la misión enfocada en la oferta universal para un número establecido de cupos, diera paso al factor de la demanda, tratando el estudio como un bien del mercado en libre competencia. Lógicamente, los estudiantes de menores recursos fueron disminuyendo en el porcentaje de matriculados y de egresados, mientras que los afortunados que lograran graduarse debieron ver cómo se privilegiaban los posgrados para solventar buena parte de la inversión universitaria, con los costos plenos asumidos por los profesionales en sus estudios avanzados.
A diferencia de las movilizaciones anteriores, se despierta hoy la simpatía o compasión frente a la coyuntura de la educación pública, e incluso resurge la ética liberal, porque los estudiantes de las universidades privadas también marcharon en su favor.
La gente sufre el impacto social del deterioro de la educación superior, tanto por la limitación de los aspirantes para acceder y sostenerse durante la carrera, como por la desaparición de los servicios ofrecidos por los centros universitarios, espacios de aprendizaje donde se enseña y practican las profesiones para el bienestar del país.
Se trata de hospitales, consultorios jurídicos, proyectos y obras civiles, exposiciones de artes, presentaciones de orquestas, el uso de los laboratorios, el trabajo de la investigación, la conquista de ciencia y el poder de la tecnología. ¿Acaso no se debe invertir el presupuesto nacional en estas riquezas?
Hace un par de años se desplomó el techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Se trata de uno de los edificios erigidos en el campus de la Ciudad universitaria inaugurada en 1935, en aquél entonces a las afueras por el occidente de la capital y hoy patrimonio de la Nación.
Igualmente, el edificio de la facultad de arquitectura, premio nacional de esa categoría, era un enorme poliedro de amplios corredores, patios, auditorios, aprovechados por la comunidad estudiantil con cine clubes, conferencias, presentaciones artísticas. Todo esto yace en ruinas.
Por eso, escuchar la propuesta de la senadora Paloma Valencia de que los egresados de la universidad pública tributen un 20% de su salario durante 10 años para financiar la educación superior, suena inverosímil y provocadora.
La ingeniosa idea del impuesto la confrontó un representante universitario en un programa radial, pidiéndole a la Senadora que cediera el 50% de su salario, de 30 millones de pesos y el 75% de su unidad legislativa para aportar a ese noble fin, dando un magnífico ejemplo.
No sería la más atroz de las medidas fiscales de este gobierno ejemplar de hacienda, si, por ejemplo, las gruesas y hermanadas fortunas de los egresados millonarios estuvieran representadas por la plata del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ingeniero de la Nacional y que ha obtenido las mejores calificaciones de esa facultad, según dice la leyenda, y del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, abogado de la Universidad de Antioquia y miembro aventajado de ese gremio que le hará donar su patrimonio legal al fondo caritativo.
Pero, sin duda, ellos quemarían sus diplomas antes que sacrificar sus ganancias, porque de los salarios ya no se vive.
Frente a las protestas que se sintieron simultáneamente en 21 ciudades, el presidente Duque ha anunciado la partida adicional de un billón de pesos y aumentar tres y cuatro puntos de manera progresiva el presupuesto por encima del índice de precios al consumidor (IPC), pero vemos la voluntad de los estudiantes de volver a las calles en la protesta programada el 31 de octubre.
Por lo pronto, nos han quitado el gusto de despertar la conciencia del hombre más rico de Colombia, y del político más poderoso a su diestra, para que la Universidad pública deje de joder una vez por todas y saciar el gustico de Paloma, o de perturbar la economía del país, en su defecto.