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La odisea de Grecia

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Foto: Archivo El Espectador

Por: Dayrtman Fajardo[1]

Los medios de comunicación nacionales poco hablan de la actual crisis económica, social y política que se vive en Grecia. En cambio, este ha sido de los temas más tensos en el continente europeo debido a las implicaciones que ha tenido a nivel internacional, principalmente por el riesgo de que ocurra la salida de este país de la Eurozona, conocida como grexit.

La situación de Grecia, que enfrenta la contracción de su economía y la imposibilidad de pagar su deuda externa, ha sido analizada mediante la búsqueda de los diferentes culpables de su origen. Entre estos se han señalado al actual partido de gobierno, Syriza, acusado de populista, a los sindicatos y empleados públicos griegos, y en general, a un supuesto derroche de los créditos que llegaron en los años previos a la crisis.

Estos señalamientos tienen un sesgo ideológico, puesto que culpan de la situación a la tardanza de Syriza en la adopción de medidas de austeridad ante los supuestos problemas de productividad de los trabajadores griegos, asociados a unos salarios y un sistema de jubilación opuestos a las prácticas del neoliberalismo y de la “Tercera Vía”, para las cuales estos no deben variar de forma que afecten al crecimiento de la economía, al tiempo que exigen la reducción del gasto público para mantener el superávit.

Es importante recordar que el comienzo del déficit de la economía griega fue resultado de su ingreso en la Eurozona y del abandono de su moneda, el dracma, cuyo tipo de cambio (el más alto frente al dólar entre los países que formaron la Eurozona) era un factor importante para estimular las exportaciones de ese país. Al asumir una moneda fuerte como el Euro, la economía griega perdió la capacidad de emplear el tipo de cambio para defender su economía, y además, comenzó una entrada masiva de capitales baratos provenientes de otros sitios de la Eurozona.

Estos fondos sirvieron para adelantar las obras públicas que permitieron la realización de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Buena parte de estos fondos fueron dilapidados y pasaron a las arcas de las dos grandes clientelas que dominaban la política griega desde 1974: el partido Nueva Democracia, de tendencia conservadora, y el PASOK, de tendencia socialdemócrata. Las clientelas políticas de ambos partidos se habían apoderado de la burocracia y el empleo público, desde donde se apropiaron de los jugosos fondos.

Esta maniobra fue favorecida por la falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos, pues los gobiernos solían presentar cuentas fraudulentas en las que se ocultaba el déficit, para cumplir de forma aparente con las exigencias del Banco Central Europeo (baja inflación y déficit inferior al 3 %). Además, se presentaba una fuerte evasión tributaria y algunos sectores generadores de riqueza poseían privilegios y exenciones fiscales.

El panorama político y económico era claramente favorable a la búsqueda de rentas y desestimulaba la inversión en actividades productivas. Esto terminó por hacer poco competitiva a la economía griega en el contexto de la Unión Europea, aumentando su desventaja frente a países como Alemania y Francia.

Posteriormente, la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 implicó el fin de créditos baratos a Grecia y un aumento muy marcado de su déficit, lo que finalmente condujo a la revelación de las verdaderas cifras del presupuesto y la deuda de ese país, que llevaba varios años sin cumplir las condiciones impuestas por su entrada en la Eurozona.

La revelación de los datos tuvo, a su vez, la consecuencia de que Grecia se convirtiera en el primer país de la Unión Europea en recibir un fondo de rescate por parte del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea, conocidos como Troika,en el año 2010. Poco después Irlanda y Portugal también obtuvieron fondos para financiar su déficit, mientras que en 2013, Chipre se unió al grupo de países rescatados.

La llegada de los fondos de rescate estuvo acompañada por la aplicación de medidas de ajuste estructural, que tenían como objetivo sanear las finanzas del Estado griego y revertir el déficit. Estas medidas implicaron la reducción del gasto público y privatizaciones. Esto tuvo como efectos inmediatos la contracción de la economía, el aumento de la proporción de la deuda frente al PIB y una crisis social, debido a que el empleo y el estado de bienestar se vieron seriamente afectados.

Las consecuencias políticas de la aplicación del ajuste estructural fueron  protestas y enfrentamientos, además de que la propuesta del gobierno del PASOK de efectuar un referendo acerca del ajuste estructural y los fondos de rescate condujo a su caída. Al mismo tiempo, los partidos políticos tradicionales perdieron legitimidad y surgieron gobiernos impopulares e inestables encabezados por frágiles coaliciones políticas, como el del tecnócrata Lucas Papademos, que gobernó entre 2011 y 2012, y posteriormente, entre 2012 y 2015 el encabezado por Antonis Samaras.

En 2011, Papademos negoció un segundo fondo de rescate con la Troika a pesar del rechazo popular a estas medidas. Los principales gobiernos de la Unión Europea vieron con beneplácito la aprobación de estas medidas, ya que estas permitían mantener la estabilidad del Euro y evitaban la caída de los acreedores del gobierno griego. Sin embargo, esta decisión, que obedeció a imposiciones políticas tuvo un resultado económico profundo, pues los fondos, en vez de ser empleados para estimular el crecimiento y el empleo, fueron empleados para pagar las deudas vencidas del gobierno griego.

Por otro lado, en 2013 y 2014, los gobiernos de Irlanda y Portugal resolvieron sus dificultades financieras y cerraron sus programas de rescate financiero, manteniendo a Grecia como el único país sujeto a estos programas en la Eurozona. Los líderes políticos esperaban que el país pronto retornara a los mercados financieros.

Pero la prolongada inestabilidad económica había conducido a una profundización de las contradicciones sociales y las tensiones políticas. El deterioro de la calidad de vida, el desempleo y las movilizaciones de los trabajadores contribuyeron al ascenso político de las fuerzas de izquierda no vinculadas a los partidos tradicionales, representadas por los partidos KKE (Comunistas) y Syriza (Coalición de Izquierda Radical). Al mismo tiempo, ascendieron algunas fuerzas políticas de derecha como Amanecer Dorado, partido fundado por los antiguos miembros de la dictadura militar que gobernó Grecia entre 1967 y 1974, y ANEL, partido nacionalista y euroescéptico; ambos se basaban en ideas nacionalistas, y aprovechaban la frustración, el descontento y la nostalgia de los sectores sociales que habían visto reducido su bienestar en el marco del ingreso a la Eurozona, a la que culpaban de su mala situación.

Este profundo cambio político se manifestó en las elecciones parlamentarias anticipadas de 2015, en las que los partidos políticos tradicionales cayeron ante las nuevas fuerzas políticas, en especial de la izquierda, ya que Syriza se convirtió en el partido vencedor, mientras que el KKE obtenía el cuarto puesto. Sin embargo, la división entre las fuerzas de izquierda hizo que los vencedores tuvieran que recurrir al respaldo de ANEL para formar un nuevo gobierno. Por su parte, Amanecer Dorado fue el tercer partido más votado.

Los partidos de gobierno defendían la permanencia de Grecia en la Unión Europea, a diferencia del KKE y de Amanecer Dorado que sostenían la necesidad de abandonar la Eurozona. Para los líderes de Syriza mantenerse dentro de la Unión representaba ratificar la pertenencia del país a un Europa democrática mientras que su abandono podía conducir al aislamiento internacional y al retorno del fascismo.

El gobierno de Syriza y ANEL se propuso como objetivos alcanzar el crecimiento económico, el aumento del empleo y la mejora del bienestar y la calidad de vida de la población. Para conseguir esto, esperaban negociar una reducción del monto de la deuda pública con la Troika. También plantearon la necesidad de atacar la evasión fiscal, la corrupción administrativa, el tamaño de la burocracia y el clientelismo, creando unas finanzas públicas más transparentes y sanas.

Sin embargo, los líderes políticos europeos no estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno griego, debido a que esta no se acomodaba a los planes de ajuste estructural y no tenía en cuenta la reducción del gasto público como una variable importante. Además, en las diferentes reuniones del Eurogrupo, se mostraron reacios a negociar el monto de la deuda griega, mientras que los líderes de otros países endeudados (Grecia, Irlanda, Finlandia) se negaban a que Grecia obtuviera condiciones de financiamiento más favorables que las que ellos mismos afrontaban.

La imposibilidad de conseguir una reducción de la deuda frustró los planes del nuevo gobierno e impidió que se generara el crecimiento económico, que según ellos suministraría los fondos necesarios para continuar pagando los vencimientos de la deuda externa. Además, el gobierno fue incapaz de emprender medidas exigidas por la Troika como la reducción de la nómina de empleados del Estado y de sus sueldos, mientras que los ministros pertenecientes a ANEL se negaban a reducir el gasto militar, pues de acuerdo a sus ideas nacionalistas, conllevaría la reducción de la soberanía griega.

Los crecientes desencuentros y roces condujeron al gobierno griego a llevar a cabo un referendo en el que la población se manifestó a favor de no aceptar las condiciones exigidas por los líderes del Eurogrupo, quienes en respuesta se negaron a seguir financiando el déficit griego. En este contexto, se decretó el corralito financiero (la restricción a los movimientos de dinero) para impedir el colapso del sistema financiero de ese país.

Pocos días después, el gobierno tuvo que aceptar y endurecer las condiciones exigidas por la Troika, a cambio de lo cual obtuvo un tercer fondo de rescate, ya que de lo contrario se hubiera expuesto a abandonar el Euro, distanciarse aún más del resto de la Unión Europea y agravar la crisis del sistema democrático. El resultado inmediato de esta decisión fue la división de Syriza y la caída del gobierno, que se vio en la obligación de adelantar nuevas elecciones el pasado mes de Septiembre, en las cuales se ratificó el dominio de las fuerzas que componían el gobierno.

En los próximos años, la prolongación de la crisis de la deuda y el agravamiento de las condiciones que profundizaron la crisis podrían conducir a una creciente polarización, surgida con la ruptura de Syriza, entre quienes están dispuestos a permanecer en la Eurozona, con los costos que implica, y los sectores que promueven el abandono del Euro y el “resurgimiento” de una Grecia soberana. Por su lado, los líderes políticos europeos, que esperaban a finales de 2014 la pronta resolución de la crisis de la deuda griega, observan que esta será imposible de resolver en el corto plazo, y que sin una reestructuración profunda, esta se puede agravar, arrastrando al Euro con ella. La mediación y el diálogo que busca establecer Syriza, por lo demás, deberá ser tenida en cuenta a mediano plazo por los dirigentes de la Troika financiera, en lugar de prolongar la confrontación.


[1] Historiador

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