Foto: Banco de la República
Por: Andrés Felipe Hernández Acosta
Al abrirse de par en par el siglo XX, Colombia se enfrentaba con la guerra civil más salvaje de su historia: la Guerra de los Mil Días (1899-1902) que dejó 100.000 muertos en tan solo tres años. Finalizando esa guerra perdió Panamá, su brazo hacia el mundo, en 1903. Las circunstancias no podían ser más difíciles y fue en medio de este desolador paisaje que ascendió al poder, el 4 de julio 1904, el conservador Rafael Reyes, quien permaneció un quinquenio en la presidencia.
Desde un comienzo el Partido Nacional (Conservador) lo vio como un dictador, hecho confirmado por las persecuciones y reclusiones que hizo a sus rivales políticos. En 1904 cerró el Congreso para así tener facultades extraordinarias en el ejercicio de su gobierno, perdiendo el apoyo de algunos miembros de la facción histórica del conservadurismo que lo apoyaban. En 1905, al ver la fuerte oposición que se le hacía a su gobierno de decretos, creó una Asamblea Nacional Constituyente que le dotó de más poderes y le prolongó la presidencia hasta 1914. Con otras medidas logró restarle influencia a las regiones, y abrirle espacios al liberalismo (secciones de este partido lo apoyarían hasta el final). A partir de 1906, se sumó otra oposición a Reyes: la del conservadurismo antioqueño, que estaba inconforme por las medidas proteccionistas y el centralismo del gobierno. Finalmente, el arregló conciliatorio que hizo con Panamá y Estados Unidos, independiente desde el 4 de julio de 1776, unificó a la oposición, que todavía sufría la pérdida del istmo.
Con toda esa presión encima, Rafael Reyes presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional Constituyente en los primeros meses de 1909. Para completar el periodo presidencial de 6 años fue elegido por el congreso Ramón González Valencia, quien presidió las celebraciones de los 100 años de independencia de España el 20 de julio de 1910. Su gobierno se caracterizó por el respeto a los debates y un discurso pacifista. El 6 de noviembre de 1909 se intenta por primera vez reformar la Constitución de 1886, pero es el 25 de febrero de 1910, como nos lo informa el historiador Jorge Orlando Melo, por presión de la Unión Republicana y 140 cuerpos colegiados, cuando el gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Entre las medidas de esta reforma se pueden destacar las siguientes: la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, la elección directa del presidente (con la exigencia de alfabetismo e ingresos anuales superiores a 300 pesos o propiedad raíz superior a 1.000 pesos), la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya no por el presidente sino por el Congreso. Además la corte pasó a decidir si las leyes que se aprobaban en el congreso eran constitucionales o no (gran innovación para la época); se prohibió la reelección inmediata del presidente, se instauró la responsabilidad del presidente por toda violación a las leyes constitucionales, se eliminó la vicepresidencia y en sustitución se creó la figura del designado, elegido por el Congreso y finalmente, se abolió la pena de muerte. Es claro que esta reforma quería limitar el poder del presidente, evitar las dictaduras y ampliar algo más que algo la participación democrática. Los impulsores de esta reforma asumen la presidencia de la república, con la investidura de Carlos E. Restrepo el 15 de julio de 1910. Vale la pena aclarar que La Unión Republicana era un partido que buscaba menguar la polarización del país entre los dos partidos tradicionales. La reforma fue importante ya que no era el resultado de la imposición de un orden constitucional de un partido sobre otro, no era de vencedores sobre vencidos, como había ocurrido en 1863 y 1886, ya que fue acordada por cuerpos colegiados y tuvo una participación liberal, aunque minoritaria.
Podemos establecer algunas comparaciones con nuestro tiempo presente, tomando como eje el proceso que desemboca en la reforma constitucional de 1910. En efecto, cien años después de Rafael Reyes, el gobierno de Álvaro Uribe, quien nació un 4 de julio, buscó, como el primero, adquirir más poderes y acentuar el presidencialismo, y los peligros de una dictadura se hicieron visibles. Los dos gobiernos, con 100 años de diferencia, recibieron un país que se sentía ad portas de considerarse fallido, el segundo se pudo prolongar más porque en vez de cerrar el congreso lo cooptó con notarías y puestos públicos, además, pudo hacer una reforma de un “articulito”, llamado también reelección presidencial, en 2005, y no se inventó una Asamblea Constitucional para prolongarse en el poder. Podemos decir, entonces, que los gobernantes sí saben de historia: no repiten las mismas tácticas que han sido fallidas para los mismos fines. Entre las dos reformas, una hecha a la constitución conservadora de 1886 y otra a la constitución progresista del 4 de julio de 1991, hay una distancia: la primera reforma es progresista y la segunda es conservadora. Sin embargo, Álvaro Uribe al intentar una segunda reelección se encontró con la Corte Constitucional que la impidió. Como conclusión, podemos establecer que en los dos momentos históricos la tradición y la defensa histórica del republicanismo en Colombia se hizo palpable, por una actitud ya característica de sectores de la élite colombiana. Santos se reeligió pero quiso hacerse pasar por una reedición de Carlos E. Restrepo al intentar incluir por medios pacíficos a sectores con los que existía una oposición violenta, como ha sido el caso del acuerdo de paz con las Farc.