Por: Nicolás Pernett
En enero de 2005, en el marco del 5to Foro Social Mundial de Porto Alegre, el presidente Hugo Chávez anunció la necesaria construcción de un “socialismo del siglo XXI”, que estuviese basado en la solidaridad, la libertad y la igualdad, y que fuera menos estatal y más pluralista que los anteriores socialismos realmente existentes. A partir de ese momento, la propuesta de un nuevo socialismo se hizo presente cada vez más seguido en el discurso chavista, con gran resonancia internacional, y fue su lema de campaña en las elecciones de diciembre de 2006, cuando ganó su primera reelección. Aunque no se sabía muy bien en qué consistía este socialismo del siglo XXI, el presidente fue enfático en su defensa, apoyado por veteranos intelectuales de izquierda como Heinz Dieterich y Marta Harnecker. A pesar del escozor que producía en los marxistas más ortodoxos y en los intelectuales más liberales, el socialismo chavista, que mezclaba parábolas de Cristo con el marxismo cientificista, a Simón Bolívar con el pensamiento de los pueblos indígenas, y al ecologismo con el desarrollismo industrial, caló entre los electores y entusiastas de la revolución bolivariana, quienes tácitamente lo aprobaron como proyecto nacional al reelegir a su presidente en esas elecciones.
A los pocos días de resultar reelegido, el presidente Chávez anunció la creación de un partido único como bastión del advenimiento del nuevo socialismo: el PSUV o Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta propuesta no pasó desapercibida para quienes la vieron como el regreso de los regímenes comunistas del siglo XX, en donde la diferencia entre Partido y Estado era casi nula y en donde la oposición era terminantemente proscrita. La propuesta tuvo importantes dificultades al acentuar, en lugar de resanar, las diferencias entre el presidente y algunos partidos que, a pesar de apoyarlo, no estaban dispuestos a ingresar a un partido único para hacerlo. El Partido Comunista de Venezuela y el partido Patria Para Todos fueron algunos de los más grandes ausentes de esta convocatoria, sumando así más organizaciones y personas que abandonaban el proyecto chavista a medida que este se iba reduciendo a sus seguidores más fieles.
Después de los primeros tanteos retóricos y organizativos del socialismo del siglo XXI dados por el segundo gobierno de Hugo Chávez, la propuesta empezó a tomar forma con el impulso mediático y legislativo que el gobierno le empezó a dar al Poder Popular, como sostén del proyecto socialista venezolano, y con la expedición en 2006 de la ley que promovía la creación de Consejos Comunales en todo el país como expresión de ese poder. Ya desde el inicio de su primer gobierno, y ante la falta de una organización de base para su proyecto, el presidente Hugo Chávez había incitado a la formación de “círculos bolivarianos” de apoyo a la Revolución, que, sin contar con funciones ni parámetros organizativos claros, empezaron a aparecer en todo el país con una única función: apoyar y defender al proyecto chavista.
De este respaldo popular, amorfo y desorganizado en un comienzo, la administración sacó las bases del nuevo Poder Popular, que empezó a contar con una legislación de referencia y que se propagó en todo el territorio en la forma de los mencionados Consejos Comunales. Igualmente, se impulsó la creación de diversas formas de organizaciones comunitarias de auto-gestión y auto-gobierno como los Comités de Tierra, Mesas Técnicas de Agua, Comités de Salud, Batallones Electorales, entre otros, como una manera de asegurar la participación real y efectiva de la ciudadanía en las decisiones que los afectan a nivel local. Esta iniciativa se ha traducido en la posibilidad de que cada estado, municipio y parroquia del país se organice para tomar e implementar las decisiones, programas y directrices necesarias en su comunidad, lo que ha aumentado enormemente la participación ciudadana y la percepción de la población de la efectividad del modelo de democracia directa y protagónica. Sin embargo, la manera en que fue formulada la Ley de Consejos Comunales estipula que dependen política y económicamente del Poder Ejecutivo para su instalación y capacidad operativa, y que es el presidente quien en últimas tiene la potestad de definir la financiación y rubros recibidos por estos, lo que en la práctica, en lugar de fortalecer los mecanismos de participación y autonomía, no ha hecho sino promover la dependencia clientelista de unas bases con el gobierno central y asegurar el control y obediencia de éstas a través de la asignación de recursos e incentivos. Además de esto, la insistencia en que sólo hagan parte de estos consejos comunales simpatizantes del chavismo y miembros del PSUV, y que todos los “escuálidos” –nombre peyorativo con que se nombra a los militantes de la oposición- sean proscritos de tales agrupaciones, pone seriamente en duda la capacidad de democratización del Poder Popular tal y como está diseñado.
Como si esta centralización del poder fuera poco, en 2007, el presidente Hugo Chávez y la Asamblea Nacional prepararon un conjunto de enmiendas a la constitución de 1999 que, según ellos, significaba la adopción definitiva de la “vía venezolana hacía el socialismo”. La propuesta, que incluía la modificación de 69 artículos de la reciente Constitución, propendía, entre otras cosas, por una nueva definición de la geometría del poder político y del ordenamiento territorial. La propuesta, por otro lado, contenía algunas reformas a la Constitución que generaron gran malestar y oposición dentro de amplios sectores del país: la modificación de ciertos artículos constitucionales tendiente a hacer cada vez más difícil ejercer la oposición política al aumentar los umbrales requeridos para la aprobación de referendos revocatorios se contó como una de las medidas más polémicas del paquete. Pero sin duda lo que más desconcierto generó del proyecto de reforma fue la desproporcionada cantidad de poder que le ofrecía al presidente de la República: además de declararlo autoridad absoluta en lo referente al manejo del Banco Central, las reservas internacionales del país, las Fuerzas Armadas, las “regiones estratégicas de defensa” y del nombramiento y remoción de los mandatarios de las nuevas divisiones territoriales socialistas, el conjunto de reformas le ofrecía posibilidades para gobernar por un período de siete años y contar con reelecciones inmediatas indefinidas. Tanto la radicalidad re-organizativa de algunas de las modificaciones propuestas, como la desconfianza ante el exacerbado poder presidencialista que permitía, hicieron que la mayoría de la población votara NO en el referéndum del 2 diciembre de 2007, propinando la primera derrota electoral al movimiento bolivariano en casi diez años de protagonismo en las elecciones venezolanas.
Tomando en cuenta la lección aprendida ante la negativa del electorado de aceptar un camino al socialismo tan abrupto y centralizado, el gobierno de Hugo Chávez optó por introducir algunas de las reformas propuestas en el referendo constitucional a través de la vía de leyes expedidas por la Asamblea Nacional, paulatina y concertadamente. Es así que propuestas como la redefinición de las formas de propiedad y de organización del poder popular ha visto la luz a través de sentencias del poder legislativo en los últimos años, mientras que otras fueron tomadas unilateralmente durante el período de 18 meses durante los cuales la Asamblea Nacional le dio poderes legislativos extraordinarios a Chávez con motivo de la emergencia invernal de diciembre de 2010.
Chávez no renunció tan fácilmente a la posibilidad de quedarse más tiempo en el poder, aunque fuera sin las potestades omnímodas que le ofrecía la propuesta de reforma de 2007. Para este fin, volvió a convocar a inicios de 2009 a un nuevo referendo para preguntar por la posibilidad de aprobación de la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, incluido el del presidente (la propuesta de reelección indefinida para alcaldes y gobernadores fue en un principio descartada, pero después impulsada en una estrategia vista por algunos como el modo de asegurarse una campaña exitosa por el sí en todo el territorio). La propuesta fue nuevamente sometida a votación y aprobada por estrecho margen el 15 de febrero de 2009.
Desde ese momento, el presidente Hugo Chávez ha sido escuchado en varias ocasiones vaticinando que se quedará en el poder hasta el 2021, fecha en que se conmemoran los doscientos años de la batalla de Carabobo, pero su triunfo en las elecciones de noviembre de 2012 se ha visto cuestionado por un enemigo inesperado: la enfermedad. En la actualidad, el proyecto del «socialismo del siglo XXI» no ha sido tan reivindicado por el oficialismo venezolano como el futuro político del país como lo ha sido el mito, el legado y los herederos del propio presidente Chávez.